Una entrevista con Juan Francisco Sandoval en el Foro Centroamericano de Donantes 2021.
Juan Francisco Sandoval dirigió durante casi seis años la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público. Trabajó de la mano con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el excomisionado Iván Velásquez y con la exfiscal general, Thelma Aldana.
Durante este tiempo, investigó y reveló casos de corrupción que alcanzaron a altos funcionarios de los tres poderes de Guatemala. Estas investigaciones hicieron que decenas de empresarios y funcionarios, como el expresidente Otto Pérez Molina y varios de los ministros de su gabinete, enfrentaran a la justicia.
Después de que el expresidente Jimmy Morales decidiera no renovar el mandato de la CICIG en 2018, Sandoval continuó las investigaciones y en los últimos años reveló casos donde se acusó a funcionarios de delitos como financiamiento electoral ilícito, abuso de autoridad, asociación ilícita, fraude o lavado de dinero.
En julio de 2021, Consuelo Porras, la actual fiscal general, nombrada en mayo de 2018 por Jimmy Morales, decidió destituir a Juan Francisco Sandoval. En la conferencia de prensa posterior a su destitución, el exfiscal denunció intentos de Porras de interferir en sus investigaciones y una semana después planteó un amparo por considerar que su despido había sido ilegal.
Sandoval tuvo que salir de Guatemala y actualmente está en Estados Unidos. Se convirtió en otro funcionario judicial que, igual que Thelma Aldana, Claudia Escobar o Gloria Porras, ha tenido que salir al exilio.
Esta entrevista, que reproducimos a continuación en texto, fue realizada el 28 octubre de 2021 en el espacio de Radio Ocote podcast del Foro Centroamericano de Donantes (CADF) 2021, un encuentro organizado por Seattle International Foundation que busca crear redes para promover el desarrollo y los esfuerzos de la filantropía en Centroamérica y que reúne a líderes de empresas, Gobierno y organizaciones.
¿Cómo analiza su destitución hoy, cuatro meses después? ¿De qué manera cree que ha podido afectar a los casos que están abiertos y que usted lideró en el Ministerio Público?
Considero que se han afectado las investigaciones, pero quiero poner una situación en contexto. Yo asumo mi destitución como uno de los eventos que ha marcado mi vida, pero es más de todo un plan que existe en Guatemala para desarticular los esfuerzos contra la impunidad.
En 2015 teníamos mucha esperanza en el país. Se había trabajado con esfuerzo desde el Ministerio Público, la CICIG, otras instituciones del sector justicia, había un esquema de jueces de mayor riesgo, la Corte de Constitucionalidad… Se tenía esa visión de que estábamos avanzando.
Pero en el momento en que fueron tocados determinados sectores, a partir de las investigaciones, iniciamos con un ambiente retrospectivo. Un plan integral que abarcó la decisión de no permitir el reingreso a Guatemala del excomisionado Iván Velásquez y la toma del Ministerio Público por la mafia, y que se concretó en mayo de 2018 con la llegada de Consuelo Porras como Fiscal General, quien avanzó los planes para criminalizar a las personas que lucharon por realizar esos esfuerzos.
Ante la comunidad internacional y con el propósito de tratar de ganar alguna imagen de legitimidad, se sostuvo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, con muchas limitaciones, que yo denuncié el 23 de julio, cuando fui destituido en forma arbitraria e ilegal. La remoción de los fiscales debe estar precedida de un proceso, pero este era un capítulo más en este avance y profundización de desarticulación del legado que en su momento dejó la CICIG.
Podemos ver cómo otras instituciones del sector justicia están afectadas. Hay un ambiente de persecución que se ha encarnizado y que hoy tiene a por lo menos 10 operadores de justicia en el exilio, lo cual no es normal en una sociedad que se vende ante el mundo como una democracia.
Retiro de expedientes, remoción, traslado de fiscales… Es una situación sumamente compleja, si se suma además con la criminalización de defensores de los derechos humanos, quienes también luchan por situaciones como el ambiente, la tierra o la prensa independiente.
¿Volvemos ahora a una etapa como la que estábamos antes de la llegada de la CICIG, donde no se llevaban a cabo estas investigaciones, no se perseguía la corrupción en el Estado?
Creo que sí. Así como lo dice. De repente no volvimos al 2014, creo que retrocedimos aún más. Vea la situación que viven hoy los medios de comunicación. Vea la posición que tienen ahora las organizaciones de la sociedad civil con la vigencia de esa Ley de Organizaciones No Gubernamentales que se constituye como un nuevo instrumento para callar voces disidentes. Vea la situación de los jueces de mayor riesgo, del Procurador de los Derechos Humanos, de la Fiscalía de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
Es una situación que día con día se va profundizando. Ejemplos claros de ello son la actitud de las fuerzas de seguridad del Estado con la asociación (de veteranos militares) en el Congreso de la República, la nula respuesta estatal; y la reacción contra de la población campesina en el municipio de El Estor.
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Esto nos muestra la manera en la que está diseñado el Estado de Guatemala, para proteger a actores que están cercanos al círculo de poder y que despiertan interés en la clase gobernante.
Esto lo vemos no solo en Guatemala, también en otros países de la región. Vemos el exilio de los operadores de justicia, de periodistas y oposición; agresiones y detención de periodistas en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras ¿Es posible revertir esta situación?
Cuando en 2015 se vivía en Guatemala otro ambiente, se delegó la responsabilidad de abanderar los cambios en el país al Ministerio Público y a la CICIG, que lograron demostrar fenómenos que afectaron y siguen afectando la institucionalidad del Estado. Se detectaron fisuras.
Las reformas necesarias correspondían a los actores con voluntad política. A quienes podían hacer esas reformas en El Estado, en instituciones de fiscalización, de control, de democratización… Pero no se avanzó en ese sentido.
De la manera en que se han venido deteriorando las instituciones, la luz de la esperanza está en la ciudadanía. En la medida en que la población ejerza esa soberanía que constitucionalmente corresponde al pueblo, en ese momento es que se van a visualizar los cambios.
Se critica mucho a Nicaragua, pero hacía allá vamos y yo creo que ya estamos en esos niveles. En Guatemala han ocurrido situaciones como las que se están viviendo en Nicaragua, la participación de determinados candidatos, la Ley de Organizaciones No Gubernamentales, la represión a la población…
No sé si existen vasos comunicantes entre los gobernantes de los cuatro países del área norte de Centroamérica, pero sí existe un fenómeno del cual han sido contagiados nuestros países.
Cuando ahora se habla de la lucha contra la impunidad en Guatemala y en Centroamérica parece que ya no se mira a las fiscalías, sino que se gira la mirada hacia Estados Unidos. ¿La lucha contra la corrupción ya está perdida en Centroamérica?
Está en proceso de destrucción total. Usted ve como se ha instrumentalizado en el caso de Guatemala al Ministerio Público para perseguir a quienes le resultan incómodos a la clase gobernante. Cómo el discurso que maneja la actual Fiscal General va en sincronía con lo que anuncian los net centers, con lo que anuncia una fundación, con lo que anuncia el gobernante, con lo que anuncia la Corte Suprema de Justicia. Es una situación alarmante, y posiblemente ese sea el principal motivo por el que estamos pidiendo auxilio en otras partes del mundo.
Hoy (28 de octubre de 2021), por ejemplo, tuve una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tratamos que se pusiera atención en la situación que están viviendo los operadores de justicia en Guatemala. Durante estos días hemos tenido alguna gira virtual por Europa donde también les estamos diciendo: “Vean lo que está ocurriendo en el país”.
Quienes son detractores de la lucha contra la impunidad dirán: “Bueno, entonces están pidiendo injerencia extranjera”. Pero de lo que se trata es de poner voz a la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que sufre día con día las consecuencias de un sistema injusto, inequitativo, donde únicamente se protegen los intereses del poder.
El Gobierno de Estados Unidos anunció la integración de una Fuerza de Tarea Anticorrupción en Centroamérica. ¿Considera que realmente podría hacerle frente a la corrupción y la impunidad en la región?
Las autoridades de Estados Unidos pueden hacer lo que está en el ámbito de sus facultades, lo que les permite su normativa, pero la principal responsabilidad está del lado guatemalteco.
La funcionaria que hoy está a cargo del deslegitimado Ministerio Público indicaba que las autoridades de Estados Unidos se circunscribieron a aceptar información que les dieron “determinadas personas que están evadiendo la justicia en Guatemala”. Era una clara alusión a su servidor y a la exfiscal general Thelma Aldana. Pero, imagínese, ¿qué poder deberíamos tener para que solo se aceptara la versión de nosotros? Entiendo que las autoridades de Estados Unidos son acuciosas y están realizando las acciones que les competen.
Han emitido una orden de captura y ya anunció el Presidente de la República que van a ir más acciones en mi contra. El propósito es que me calle, y yo no me voy a callar. Porque más que lo que yo he vivido, está la situación de los guatemaltecos. No me parece que vivamos en pleno siglo XXI y aún estemos tratando de avanzar en la construcción de mínimos necesarios para la supervivencia de la población.
Creo que eso es lo que llora sangre en un país que tiene los recursos y el potencial, y donde el hecho de seguir adelante en todos los ámbitos está impedido por quienes quieren manejar el Estado de Guatemala como si fuese su finca.
Hace unas semanas se hizo público que la Policía había llegado a su casa, a la vivienda de sus padres a buscarle. ¿Este tipo de acciones de persecución han continuado hacia su familia?
Hacia mi familia y hacia mí. En ocho ocasiones se ha rechazado un simple memorial de comparecencia al juzgado donde ha sido emitida orden de captura en mi contra. Los net centers tienen más información de las causas en mi contra que la propia abogada que ejerce mi defensa.
Cuando se fue a consultar al Ministerio Público sobre ese hostigamiento del que es objeto mi familia, la única respuesta que se dio es que pidieron información al Instituto de Migración y que no aparece información sobre mi salida.
Entonces se trata de jugar con el formalismo para acosar. Un acoso constante en redes, un acoso al equipo de trabajo, una descalificación de la que yo no tengo memoria histórica que se haya hecho antes. Además de lo injusto, porque es una injusticia, una ilegalidad la que cometió Consuelo Porras en el momento en que decidió mi destitución. Lamento mucho que otros operadores de justicia estén en este momento siendo afectados.
¿Ha tenido conocimiento de que continúen los ataques e intentos de intimidación o de injerencia por parte de la Fiscal General o de otros actores, hacia los fiscales del Ministerio Público?
Hace apenas dos semanas hubo 12 movimientos de fiscales, como mínimo. Está el caso de Hilda Pineda (exfiscal de Derechos Humanos, quien fue trasladada a la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros). Es un mensaje para los fiscales.
Hace cuatro meses, no se comentó algo, pero se destituyó a fiscales y recibimos información del propio Ministerio Público de que era un ensayo. No podían destituir a fiscales de la manera que lo hicieron, pero estaban ensayando cómo actuar en mi contra.
¿Cómo se explica la cantidad de operadores de justicia que están afuera? ¿Cómo se explica la cantidad de atropellos que se han cometido dentro del Ministerio Público, y que se actúa con desidia en otras instancias en donde se pueden hacer reclamos? Porque lo que existe es un plan orquestado donde están involucradas la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Eso significa que se cerraron los espacios y la población guatemalteca es la víctima de todos los desmanes que se están cometiendo.
¿Considera que el hecho de que se continúe todavía sin elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones representa una cooptación del sistema de justicia?
Es una cooptación del sistema de justicia, la captura del Estado. Hoy el Estado de Guatemala indica que esa prolongación de funciones de los magistrados es producto de una resolución de la anterior magistratura de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué no le preguntan los magistrados a esta magistratura de la Corte de Constitucionalidad para verificar qué posición tiene? Porque nuevamente se trata de deslegitimar a determinados actores, a determinadas instituciones.
Es decir, si 20 años prolongan sus funciones, siempre va a ser responsabilidad de la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad porque esto responde a un plan orquestado de la mafia, para tratar de legitimar sus actuaciones arbitrarias e ilegales.
Se dice por ejemplo que yo fui denunciado por el informe que se remitió al Congreso de la República, relacionado con la investigación de Comisiones Paralelas 2020. Pero resulta que ese informe es producto de un amparo que interpuso la actual Fiscal General, pero a ella no se le responsabiliza de nada. El informe lo remitió la Fiscal General, pero el criminalizado soy yo, y la titular de la persecución penal es la Fiscal General.
Esa es la incongruencia con la que actúan las autoridades en Guatemala, pero que son incongruencias muy convenientes, porque benefician a determinados sectores.
Usted que está ahora en Estados Unidos, ¿cómo se ve desde allá la situación actual de Guatemala y de la región? Con una fiscal general y un secretario general del Ministerio Público que aparecen en la Lista Engel, con ese apoyo mutuo entre Consuelo Porras y Alejandro Giammattei, con una Corte Suprema de Justicia que se niega a retirar la inmunidad a la Fiscal General a pesar de estos antejuicios, o con las declaraciones de la Fiscal General que dice que el Departamento de Estado quiere obstruir la acción penal de Guatemala.
Por una parte se ve a una persona que cumple órdenes, mandatos, deseos… Porque el Ministerio Público se está dirigiendo desde afuera. La directriz que viene del Ejecutivo es la que cumple la Fiscal General.
Lo que se percibe es que ha instrumentalizado al Ministerio Público para perseguir a detractores, para tratar de aniquilar nuestras acciones y para tratar de desbaratar y deslegitimar la lucha que por más de 10 años se hizo desde el Ministerio Público.
Pero qué más que este país, que es el que tiene más influencia a nivel mundial, la haya designado como una funcionaria corrupta. Y esto no fue por información que hayan podido dar personas que fueron objeto de persecución política. Eso es todo un proceso de conformidad con la legislación de este país (Estados Unidos). Son listados y decisiones que pasan inclusive por el Congreso de este país.
Entonces esa es la percepción que existe, que Consuelo Porras es corrupta y que es el brazo instrumental de la mafia.
¿Cómo ve la situación que están pasando los periodistas y los medios de comunicación en Guatemala, como elPeriódico, por ejemplo, con esas amenazadas de la fiscalía de realizar allanamientos, de embargo de cuentas y reactivaciones de investigaciones?
Sin conocer el fondo del asunto, esa instrumentalización del Ministerio Público que va dirigida contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos abarca también a la prensa independiente. Vea también lo que ocurrió con el periodista de Prensa Comunitaria allá en el municipio de El Estor.
elPeriódico por ejemplo ha sido uno de los medios de comunicación que ha denunciado las barbaridades que se cometen en la administración pública, y se utiliza entonces nuevamente al órgano encargado de la persecución penal para acallar voces.
Para usted, ¿cuáles son los riesgos más preocupantes que corren los operadores de justicia en la región?
Que se esté utilizando la intimidación como instrumento para evitar que realicen acciones de investigación. Si la consecuencia que tuve que pasar por señalar que la Fiscal General estaba asumiendo un papel ilegal al asignar investigaciones de gran relevancia que podían involucrar al gobernante, a una persona que no podía actuar por prohibición de la Ley del Organismo Judicial, y mi consecuencia es estar hoy fuera, criminalizado, con todo el aparato estatal completamente dirigido en mi contra, ¿cómo se van a exponer el resto de operadores de justicia a vivir esa situación?
No van a arriesgar su vida, su seguridad personal, laboral, a sus familias… Ese es el motivo por el que se utilizan estas estrategias de criminalización, para intimidar. Entonces ya los fiscales en el Ministerio Público prefieren no actuar, porque saben que hay una Fiscal General que, en abierta disposición de las directrices de las mafias, se va a ir en contra del propio personal de la institución.
¿Qué consecuencias puede tener la cooptación del sistema de justicia para la ciudadanía? ¿Por qué debería preocupar lo que sucede en el sistema de justicia actualmente?
Porque lo que está en juego es el futuro inmediato de Guatemala. De hecho hay que verificar cómo están funcionando todas las instituciones fiscalizadoras: qué está pasando con la democracia, cuál es el papel del Tribunal Supremo Electoral, cómo fue diseñado, quién está detrás de cada uno de los magistrados, qué acciones tuvieron que desarrollar para ser electos, si se cumplió con todos los requisitos para su elección, a quiénes denuncia el Tribunal Supremo Electoral, a quiénes está favoreciendo…
Porque el Tribunal Supremo Electoral es una institución que debiera encargarse de defender la pureza de los eventos electorales, pero es una institución que vea cómo está conformada, cómo ha actuado en incongruencia de criterios ante circunstancias similares, pero esto responde a una línea directa de conveniencia de lo que va a ser el futuro.
¿Considera que puede haber cierta apatía de la población en los últimos años?
Hay cansancio, hartazgo y además los estrategas de la alianza criminal han sabido difundir un discurso que recuerda a décadas ya superadas. Usted se da cuenta cuando ya no avanza la discusión. Se sobreponen aspectos ideológicos. Discriminar por un tema ideológico es hasta delictivo, pero se utiliza ese sesgo con el propósito de menospreciar las voces que señalan las arbitrariedades que se cometen desde las autoridades que ejercen el poder.
No podemos exigir que la ciudadanía únicamente se dedique a manifestar, pero en todo caso es la responsabilidad del guatemalteco. Yo creo que sobre eso se debe empujar, a educar para que el ciudadano ejerza el verdadero poder que le corresponde, porque ya vimos que los políticos no tienen ninguna voluntad de caminar para el fortalecimiento de las instituciones.
¿Podemos ver algunas luces en la situación actual, que hagan ver que se puede revertir?
Sí, hay luces. Aunque se cierren espacios, debemos recordar que la población guatemalteca ha sobrevivido a esa clase dominanteque la ha mantenido sometida, por lo menos desde hace unos 500 años.
No debemos olvidar que la población guatemalteca es la que ha dado luces y bríos en algunas épocas al país y a la población para salir adelante. La ciudadanía guatemalteca es la gran esperanza, los pueblos. Yo no olvidaré algunas imágenes de julio, donde era la población, sobre todo del altiplano del país, la que en un ejercicio ciudadano, sin responder a ningún tipo de presiones, en forma espontánea, dio una muestra de la fuerza que tiene.
Creo que la clase dominante en el país, los gobernantes, no deben de ninguna manera menospreciar la fuerza que tiene el pueblo, porque el poder está en la ciudadanía.
