EXPLICATIVA
Giammattei no puede ser extraditado sin retirarle la inmunidad
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El expresidente Alejandro Giammattei Falla goza de inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Esto significa que no puede ser extraditado a Estados Unidos sin que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decida antes retirarle su derecho de antejuicio.


Giammattei perdió la inmunidad, el domingo 14 de enero, tras la transmisión de mando presidencial. Pero la noche del martes 16 volvió a recuperar este derecho, luego de su juramentación como diputado del Parlacen.

El Decreto 85-2002 Ley en Materia de Antejuicio establece que este derecho es una protección constitucional para algunos funcionarios del Estado a quienes les otorga inmunidad judicial. La razón de este derecho es evaluar si la causa es válida, antes de que estas personas enfrenten un proceso judicial.

Alejandro Giammattei durante su juramentación en una asamblea virtual extraordinaria del Parlacen la noche del 18 de enero de 2024. Fotografía: Captura de pantalla.

Ahora que Giammattei es diputado del Parlacen, si Estados Unidos o cualquier otro país lo hubiere investigado y lo requiriera para procesarlo por algún delito, debe seguir el proceso de solicitarlo al Estado de Guatemala a través de la Cancillería.

La acusación deberá remitirse al Ministerio Público (MP) y será esta entidad la que hará una solicitud a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que le retiren la inmunidad. Esta será acompañada por la acusación y si la CSJ considera que los señalamientos son legítimos puede resolver favorablemente el antejuicio. 

Antecedentes en Guatemala y Honduras

En Guatemala ya hay un antecedente. En julio de 2023 el diputado suplente del Parlacen, Freddy Arnoldo Salazar Flores, perdió la inmunidad. Estados Unidos pidió la extradición de Salazar por posibles vínculos con el narcotráfico y la CSJ consideró válidos los indicios y decidió retirarle ese derecho.

En abril de 2022, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, semanas después de que la Corte Suprema decidió entregarlo por acusaciones de narcotráfico. 

Hernández había dejado la Presidencia el 27 de enero de ese año y un día después fue juramentado por videoconferencia ante el Parlacen, igual que Giammattei. Dos semanas después estaba detenido por la acusación de Estados Unidos. 

La abogada Wendy López explica que cada país aplica su legislación en los casos de solicitudes de extradición de Estados Unidos, en este caso contra diputados del Parlacen. Según establece la legislación guatemalteca, los diputados que representan a Guatemala ante ese órgano regional gozan del derecho de antejuicio.

«Giammattei sigue siendo funcionario público en un ente a nivel centroamericano. Los diputados del Parlacen gozan de ciertas prerrogativas e inmunidad, que se deben complementar con la ley interna de cada país», indica López.

Giammattei, Martínez y empresarios rusos

Giammattei fue sancionado dos días después de asumir como diputado centroamericano por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con el retiro de la visa a él y a sus tres hijos, por vínculos con hechos de corrupción durante su mandato. Se desconoce si ese país tenga una investigación penal en contra del expresidente. 

Alejandro Giammattei y sus tres hijos perdieron la visa de Estados Unidos, luego de que el expresidente fue señalado por actos de corrupción. Fotografía: Publinews.

Giammattei fue señalado en 2021 de recibir dinero en efectivo envuelto en una alfombra por parte de empresarios rusos que pretendían tener privilegio en el puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal, para su conglomerado empresarial minero Solway. El caso fue conocido como alfombra mágica.

En noviembre de 2022, el conglomerado minero señalado de entregar los sobornos fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky y congeló sus bienes hasta enero de 2024. 

En diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro anunció que a Miguel Martínez, hombre de confianza del expresidente Giammattei, también le aplicó la Ley Magnitsky por hechos de corrupción y señaló principalmente la compra de ocho millones de vacunas rusas por la pandemia por el COVID.

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