«Aquí había un patio donde mi hijo jugaba con su bicicleta y aquí al lado estaba mi cocina. Ahora ya no están. Todo eso se fue para abajo», dice Paulina …
«Aquí había un patio donde mi hijo jugaba con su bicicleta y aquí al lado estaba mi cocina. Ahora ya no están. Todo eso se fue para abajo», dice Paulina Vásquez.
Es una mujer de 65 años, que vive en Santa Cruz una aldea a ocho kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, en el municipio de Chinautla.
Paulina es maya poqomam, igual que la mayoría de los pobladores de Santa Cruz. Sus viviendas, la mayoría de bloques de hormigón y techos de lámina, están esparcidas entre cerros y algunos terrenos llanos de la aldea.
La casa de Paulina está sobre una pendiente, a unos cien metros del río Chinautla. La zona habitada de Santa Cruz se extiende a lo largo y a ambos lados de este río. Además, los ríos Las Vacas y Saljá también atraviesan y rodean la aldea. Son los mismos que traen a la comunidad toneladas de desechos desde la Ciudad de Guatemala.
Con los años, la mujer ha visto cómo los cimientos y muros de su vivienda han cedido ante el deslizamiento del suelo.
Paulina señala un espacio que alguna vez fue el muro de su cocina. Hoy es una gran grieta. Entre la tierra, el musgo y la humedad todavía se distinguen las ventanas y la puerta de esa habitación donde cocinaba.. «No era pequeña, mi esposo la construyó grande. Era bonita», dice. Es junio de 2023 y hace más de diez años que el muro de Paulina se cayó.
Paulina no es la única con este problema en Santa Cruz y los vecinos señalan directamente a los que dicen son responsables de los deslizamientos: dos areneras que operan en el lugar.
Su señalamientos no son infundados. Estudios realizados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dejan ver la posibilidad de que estas dos compañías extractoras hayan incidido en el deslizamiento del suelo de la aldea.
Un problema que no es de hoy
En la década de los noventa dos extractoras de arena y piedrín se instalaron en la aldea de Santa Cruz. Arenera la Primavera comenzó sus operaciones en 1996 y Piedrinera San Luis, en 1997.
Las empresas llegaron a una zona con un suelo rico, de arena blanca, sedimento volcánico y rocas desprendidas. Una composición que da poca estabilidad, según la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, pero que da buenos recursos a las areneras. Estas se dedican a extraer materiales que luego son utilizados por empresas constructoras.
Santa Cruz también es conocida por su alfarería, una de las principales actividades comerciales de la aldea y que incluso fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. De los ríos de donde extraen la arena, también se toma el barro para hacer los objetos.
No pasó mucho tiempo desde que las dos empresas se instalaron en Santa Cruz hasta que empezaron las tensiones con la aldea. En los registros públicos aparecen denuncias contra esas compañías desde 2003.
Ese año, Oscar Rolando Escobar Godínez, un vecino de la aldea, le pidió a la Conred que realizara una inspección en su vivienda. Sus muros se habían agrietado y parte de su terreno se había hundido.
El vecino señaló como responsable a la Arenera la Primavera. Decía que la extracción de arena en el río Saljá, que está cerca de su vivienda, había causado los desperfectos.
En otro expediente hecho en la finca del vecino no se dan muchos detalles, pero la Conred explica que el terreno por el que se accede a la casa de Escobar Godínez es propiedad de la arenera y la empresa no dejó ingresar a su personal para hacer una evaluación.
En ese informe de 2003, la Conred concluyó que existe una «deformación» al cauce natural del río. La institución adjuntó fotografías de unos cortes que la empresa había realizado a los terrenos cercanos a la casa del vecino.
Aun así, no determinó si la arenera era responsable de los daños en su casa y terreno.
Un año después, en otro informe, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) expone que, después de hacer un estudio de campo, observaron derrumbes y deslizamientos «por inestabilidad de talud». Además, advirtió que estos seguirían activos. Esa proyección, que fue hecha hace 19 años, no se equivocó. Hasta hoy siguen.
El Insivumeh aseguró que «la extracción de material no es la principal causa de los derrumbes y deslizamientos» cercanos a la cuenca del río Las Vacas. Aun así, recomendó a la empresa que evitar extracciones en una parte del río sin detallar el por qué.
En 2006, la Conred hizo un nuevo análisis enfocado en 26 deslizamientos detectados alrededor del río Chinautla, otro de los que atraviesa la aldea y que es el más cercano a la casa de Paulina Vásquez.
Aunque en este estudio sigue sin vincular directamente a las areneras con los daños sufridos en Santa Cruz, deja ver que la extracción sí alteró el comportamiento del río.
El informe concluye que el río ha removido las bases de las laderas y las ha vuelto «inestables» y explica que esta «dinámica no puede ser considerada natural, ya que la extracción de arena a lo largo del río indudablemente altera artificialmente el comportamiento hidráulico».
La Conred aclara que «no se observaron evidencias de campo que indiquen que los deslizamientos están directamente relacionados con las fallas» geológicas que están en el área. Sin embargo, asegura que es probable que unos hundimientos cercanos a la carretera que une a Jocotales y Santa Cruz si pudieran estar «influenciados» por la estructura geológica del área.
Según los vecinos, a lo largo de estos 20 años las areneras y la Municipalidad de Chinautla han justificado los hundimientos alegando que es una consecuencia de la conformación geológica de la zona. Es decir, que por el tipo de suelo, es inevitable que se erosione.
Pero los vecinos aseguran que eso no ocurría antes de las areneras, que incluso había playas donde los pobladores iban a bañarse y pescar.
Con esa excusa, dicen los vecinos, han desligado la actividad extractiva de los deslizamientos.
En otro informe elaborado ese mismo año por la Conred, se concluye que es «evidente que los trabajos de extracción de arena han ido dañando de forma acelerada el entorno natural de la aldea». También señala que las empresas que ahí operan —no menciona nombres— «no cuentan con una metodología adecuada sobre la implementación del mantenimiento y conservación de los suelos».
Este estudio afirma que «la extracción masiva de arena ha generado alteración sobre el cauce del río Chinautla reduciendo el mismo». Eso, explica el informe, puede contribuir en crecidas que «dañen severamente las viviendas cercanas al río».
Otra de las conclusiones del estudio es que el cauce del río Las Vacas «ha sido cambiado en repetidas ocasiones por las areneras, con el objeto de facilitar la extracción de arena». Además, señala que su operación en el área había contribuido en «la formación de un taponamiento del puente Chinautla», algo que ponía en «alto riesgo» su estructura. Ese puente se ha desplomado en distintas ocasiones. En 2018, se registró un daño severo. En la actualidad se utiliza uno provisional.
Un de las recomendaciones que la Conred hizo en este estudio es que la Municipalidad de Chinautla «suspendiera en su totalidad la extracción arenera en el sector» hasta que se coordinara, con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), una regulación adecuada de los recursos mineros. Ocote consultó con esas instituciones si esto había ocurrido, pero hasta el momento de la publicación, sus equipos de comunicación, que ofrecieron una respuesta, no habían respondido.
Actualmente, la Municipalidad de Chinautla es dirigida por Brenda del Cid Medrano, sobrina del exalcalde. La funcionaria fue reelecta con Vamos, el partido de Alejandro Giammattei, en los comicios de 2023.
En entrevista con Ocote, Del Cid Medrano indicó que no podía adelantar una respuesta sobre si es necesario o no detener la operación de las areneras. «Para todo eso se tienen que hacer estudios, y eso lo mira el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente», asegura.
Aun así, la alcaldesa aseguró que los deslizamientos se han dado lejos de donde se extrae arena y que lo que ha incidido son las fallas geológicas del lugar.
Cuando se le mencionó que en sus estudios la CONRED ha señalado que la extracción de ese material pudo haber incidido en el movimiento del suelo, la funcionaria puso el foco en la población. Respondió que también debería analizarse si no incide que los habitantes de Santa Cruz permitan que se arroje ripio a los ríos.
«Lo otro que pasa es que hay personas particulares que sacan arena, pero de forma artesanal, sin los permisos del Ministerio de Energía y Minas. Lo hace en polígonos no autorizados. Entonces, ¿eso causa o no causa problemas?», cuestionó Del Cid Medrano.
La alcaldesa cuestionó que los líderes de la aldea impidan que la municipalidad busque soluciones conjuntas con los vecinos. «No dejan», dijo. Considera que las personas se negarían a irse de su territorio y por esa razón, a su criterio, la reubicación no sería una opción.
El informe más reciente que aparece en los archivos que la Conred entregó a Ocote por medio de información pública, es de 2018.
En este documento se señala que «la constante explotación de arena en el área y las condiciones geotécnicas del lugar ha incrementado el nivel de susceptibilidad y de exposición» de la aldea. Además, menciona que las actividades extractivas han sido realizadas por «empresas y personas particulares».
También se indica que aún está vigente un acuerdo gubernativo de 1984, en el que se establece un «peligro inminente» al que se encuentra expuesta la población de la comunidad. No se dan detalles de cuáles son los riesgos para los habitantes. La institución también asegura que es la Municipalidad de Chinautla la que debe dar «el monitoreo y seguimiento respectivo».
«Solo que usáramos bombas atómicas se podría provocar un derrumbe», asegura en una llamada Luis Bran de León, titular de la Arenera La Primavera, sobre los deslizamientos que se dan en la aldea Santa Cruz y los informes de Conred que apuntan a que la extracción de arena podría ser uno de los factores que contribuyen en estos.
El representante de esta empresa también afirma que el lugar es inhabitable por las fallas geológicas y afirma que las personas no deberían seguir construyendo en el área. «Y ahí siguen, haciéndole con palitos. Es inevitable», dice.
Después de insistirle en las conclusiones que arrojan los estudios elaborados por Conred, Bran de León afirma que el cuenta con estudios de la institución que eximen a la empresa de cualquier responsabilidad.
Sin embargo, luego de que tratamos de leer uno de los hallazgos de los informes, deslizó que los especialistas de Conred podrían estar coludidos con los líderes de Santa Cruz. «Déjeme que le cuente algo —dijo—. A los empleados de Conred nosotros tuvimos que sacarlos casi que, perdóneme la expresión, a punta de pistola. Estaban en propiedad privada. Estaban pagados por los COCODES (Consejos Comunitarios de Desarrollo de la aldea)».
Con Laura Albertina Avalos Figueroa, titular de la Piedrinera San Luis, no logramos comunicarnos para plantearle las mismas preguntas que a Luis Bran. Ella colgó la llamada luego de explicarle los puntos principales del reportaje.
Señalamientos de extracciones ilegales
En el estudio de la Conred de 2006 también se señala que «se observaron varios sitios de extracción ilegal de arena en el lecho del río, los cuales aparentemente operan sin ningún control y sin utilizar ningún método planificado de extracción».
Se consultó en el Ministerio Público si la Fiscalía contaba con algún expediente relacionado con esta extracción ilegal, pero al cierre de edición de este texto no habían entregado la información.
En los registros del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), solo aparece una denuncia contra la Piedrinera San Luis. Esta fue presentada en 2021 y fue archivada. Se desconoce el contenido de la misma y la fecha en que fue cerrada. El ministerio no detalló esta información en la respuesta a la solicitud de información pública que hizo Ocote. Se hizo la consulta en el MARN para obtener mayores detalles, pero tampoco al cierre de edición tampoco habían contestado las dudas.
En el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no aparece ninguna denuncia contra las dos empresas.
En los archivos del MEM únicamente aparece una denuncia contra Constructora Lagunilla S.A., que fue señalada de «explotación ilegal de arena» también en el municipio de Chinautla, pero no en Santa Cruz. Eso implicó que se elaboraran seis informes por «explotación ilegal de recursos mineros». El expediente se abrió en 2014 y, según la institución, todavía está en trámites administrativos.
Constructora Lagunilla es una de las empresas que habría usado el exalcalde Arnoldo Medrano para desfalcar a la Municipalidad de Chinautla, de acuerdo con una investigación que reveló la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Otra de las sociedades usadas por el exfuncionario es Multitel, S.A., que provocó una crisis de agua en Santa Cruz desde 2017.
[Lee aquí: Así fue cómo la corrupción dejó sin agua una comunidad]
Una batalla legal a la vista
El informe de la Conred de 2006 también recomienda declarar como zona de riesgo al área urbana de Santa Cruz, debido a esos deslizamientos. Hasta ahora, eso no ha ocurrido. La aldea no aparece en una base de datos de la institución sobre los lugares que fueron incluidos en esa categoría, entregada a Ocote en 2022. Los vecinos también aseguran que no les informaron de que la zona hubiera sido declarada de riesgo.
Ocote consultó con el vocero de la institución, Rodolfo Flores, por qué aún no se había hecho esta declaratoria. El funcionario dijo que consultaría, pero hasta el cierre de edición de esta publicación no se tuvo respuesta.
«Cada día nos estamos hundiendo más», dice Alicia Jerónimo, otra vecina de Santa Cruz, de 32 años. Su casa se encuentra a unos 30 metros de la vivienda de Paulina Vásquez.
Como prueba de lo que ocurre con sus terrenos, muestra las nuevas gradas que dan a la entrada de su casa. Su familia las construyó hace un par de semanas porque parte del suelo sobre el que estaba su vivienda, se ha desprendido con el paso de los años. El concreto con el que están hechas todavía se ve de un tono gris claro que contrasta con el resto.
Alicia dice que esas gradas son lo único que han construido con cemento desde hace meses. Explica que han reemplazado con láminas metálicas las paredes que han cedido a deslizamiento del suelo. El costo es más bajo y la han podido reutilizar a diferencia de los blocks y el cemento.
«Este patio se fue yendo, entonces fuimos a acarrear tierra para rellenarlo, así no se miraba antes», dice mientras señala una superficie más o menos plana en la que deambulan sus gallinas y su perro.
Paulina tomó una decisión parecida en su casa. Hoy buena parte de los cimientos de la vivienda están construidos con llantas de camiones y trailers. Dice que su esposo y ella prefieren no invertir en cemento ni hierro porque creen que con el tiempo se desprenderán junto con el suelo.
La carretera que está cerca de la casa de Alicia y Paulina también se hundió. En uno de sus bordes quedan rastros del asfalto que algún día se colocó de forma uniforme y que ahora está separado por al menos un metro de altura.
El deslizamiento del suelo en Santa Cruz no solo ha supuesto que sus pobladores gasten dinero para reconstruir sus viviendas. Algunos se han visto obligados a abandonarlas. Hasta ahora no hay un censo ni de las casas dañadas ni de las personas, que dejaron la aldea. Los vecinos de Alicia Jerónimo, por ejemplo, abandonaron su casa. «Hace un par de años se fueron», dice.
Las licencias de explotación
Otra de las personas que culpa a las areneras es Juan Carlos Ramírez, una de las autoridades indígenas de la aldea. «Por la explotación de las tierras, estas se fueron deslizando. Muchas familias se quedaron sin terreno. En mi caso, por donde yo vivo, el lugar era plano, pero como se fue moviendo el terreno la casa se volteó porque se fue hundiendo», dice.
Juan, que ha tenido que reconstruir su vivienda, dice que lo más probable es que nunca les paguen los daños que han sufrido. Tiene una exigencia: que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) cancele las licencias de explotación que tienen las dos areneras para que no continúe el deslizamiento de tierra.
Según el MEM, la licencia de explotación para las dos empresas se autorizaron por un plazo de 25 años. La de Arenera la Primavera fue aprobada el 14 de diciembre de 1996 y finalizaba en 2021. Mientras que la de Piedrinera San Luis fue otorgada el 26 de junio de 1997 y terminaba en 2022. Sin embargo, la institución afirma que estas siguen vigentes debido a que ambas compañías presentaron «en tiempo las solicitudes de prórroga».
A pesar de que el ministerio blinda la actividad de las empresas, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos considera una posibilidad para detener las operaciones.
La organización, que también ha acompañado a la comunidad en los problemas de acceso al agua, explica que en Santa Cruz no se realizó una consulta comunitaria para poner en marcha los dos proyectos extractivos. Esto está establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En ese acuerdo, al que está suscrito Guatemala, se establece que los gobiernos deben «consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente». Como Santa Cruz es territorio del pueblo poqomam, puede acogerse al convenio 169.
Sobre esto, Jorge Bran, titular de la Arenera La Primavera, considera que no tienen por qué someterse a ninguna consulta comunitaria.
Además, antes de concluir la entrevista, expresó que había hecho una excepción al contestar las preguntas de Ocote, pues únicamente debe responder al Ministerio de Energía y Minas.«Todo lo hacemos apegados a derecho», concluyó.
Rubén Domínguez, abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, afirma que aún analizan si presentarán en el MEM un memorial en el que se opongan a las prórrogas que el ministerio concedió en 2021 y 2022 o si plantearán ante la Corte de Constitucionalidad una solicitud de amparo.
«La consulta es un derecho de los pueblos indígenas, por eso se debe hacer de buena fe. Es obligación del Estado consultar sobre toda sobre toda obra o infraestructura que vaya a impactar o alterar la vida de los pueblos indígenas», dice el abogado.
Mientras eso ocurre, la vida en Santa Cruz sigue igual. En la aldea apenas reciben agua, sus viviendas siguen hundiéndose y las toneladas de basura no dejan de llegar.
