Igual que otros países de la región, Guatemala basó su plan de contención de la COVID-19 en dos vías para conseguir las vacunas: las donaciones y las compras. 

Según el cálculo realizado con datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) mediante la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, en total, en Guatemala entraron 28,395,060 vacunas compradas o donadas entre el 25 de febrero de 2021 y el 24 de diciembre de 2022. El último ingreso registrado es una donación del gobierno de Suiza, de 288 mil unidades de Moderna.

La última compra que ingresó a Guatemala fue de 302,400 unidades de la farmacéutica Pfizer, el 19 de diciembre de 2022 (cinco días antes de la última donación), mediante el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX por sus siglas en inglés).

A Guatemala llegaron 54 lotes de vacunas: 20 por donación, 24 mediante compra bilateral (compra directa con la farmacéutica) y 10 a través del mecanismo COVAX. En total, fueron 28,395,060 unidades adquiridas: el 45.35% gratis.

Las vacunas donadas fueron 12,878,620 de las cuales 8,500,060 se recibieron de los Estados Unidos (el 66%) y el resto de España, Suiza, Corea del Sur, Canadá, México, India e Israel. El monto de los aportes de esos ocho países suma Q 396,451,028.37, según las estimaciones del MSPAS.

Las compras bilaterales (compra directa a la farmacéutica) fueron de 11,000,300 vacunas: con el Centro Nacional de Investigación Ruso fueron 8,000,300 Sputnik-V y 3 millones con AstraZeneca, de Reino Unido. Estas se adquirieron por un valor total de Q 799,314,330, según las cifras oficiales.

Según el reporte de información pública, de Rusia se recibieron 20 embarques de primera y segunda dosis de Sputnik-V, entre mayo y diciembre de 2021. De AstraZeneca fueron cuatro embarques entre noviembre de 2021 y febrero de 2022.

Mediante el mecanismo COVAX  se compraron 4,516,140 vacunas, por un costo total de Q 377,480,338.

A través de este procedimiento de la Organización Panamericana de la Salud se recibieron diez lotes (tres de AstraZeneca y siete de Pfizer) entre mayo de 2021 y diciembre de 2022.

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Las compras podrían haber alcanzado para vacunar al 81% de los 17.6 millones de la población guatemalteca con dosis completa. Pero la realidad fue otra. La campaña de vacunación en Guatemala fue pobre y también lo fue la logística para llegar a todo el país. 

Meses después de que en otros países iniciaran con la vacunación, el 25 de febrero de 2021 la enfermera Magdalena Guevara González, de 47 años, se convirtió en la primera persona en Guatemala en recibir la vacuna contra el coronavirus. Para entonces, ya se habían registrado 173 mil personas contagiadas y 6,300 habían fallecido producto de la infección. 

Según los datos del Ministerio de Salud, al 23 de octubre de 2023, suman 1,278,426 casos registrados y 20,264 muertes derivadas del virus.  

Sin embargo, el doctor Edwin Asturias, quien dirigió la Comisión Presidencial contra el COVID (Coprecovid), aseguró desde 2020 que las cifras podrían ser hasta 18 veces más de lo reportado y planteaba dos razones.

La primera es porque en Guatemala no hubo la cantidad necesaria de pruebas para detectar la enfermedad. Las que entraron no fueron distribuidas para alcanzar a la mayor cantidad de población posible en todo el país. Además de todos los casos que no fueron reportados al MSPAS.

La segunda razón es porque hasta el 50% de contagios de COVID pudieron haber sido asintomáticos, por lo tanto, desde el inicio fue difícil contrarrestar el virus con personas que se relacionaban con los demás sin mostrar síntomas.

El subregistro en fallecimientos también es alto. El físico matemático Pedro Morales Almazán analizó el total de fallecimientos documentados en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) entre 2015 y el primer semestre de 2021, y encontró un «aumento anormal» de 30 mil defunciones entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021. 

[Lee aquí: El Renap registra 371 más fallecidos por COVID-19 que el Ministerio de Salud]

Aunque el Inacif no reporta muertes por COVID, sino por la enfermedad que el virus permite al debilitar el organismo infectado, según Morales Almazán «comparar los datos totales de defunciones nos da una perspectiva del impacto de la pandemia en el país».

Pero el subregistro no solo ha ocurrido en Guatemala. Según el estudio de un grupo de científicos, publicado por la revista científica de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, en ese país solo el 40%  de los contagios y fallecimientos habían sido registrados.

Las vacunas vencidas

En febrero de 2022, un año después de iniciada la vacunación, el ministro Francisco Coma, ofreció una conferencia en la cual aseguró que las dosis se vencieron porque la población guatemalteca rechazaba vacunarse. 

«Hemos tratado de poner al servicio de la población todas las vacunas de las diferentes marcas. Lamentablemente, hay un rechazo de la población a la vacunación. De ninguna manera es una justificación, pero hay que decirlo», dijo Coma a la prensa.

Sin embargo, según la opinión de especialistas y organizaciones dedicadas a verificación de transparencia, la realidad es otra: el Ministerio de Salud no fue capaz de crear un sistema de vacunación eficiente que alcanzara a toda la población.  Y producto de ello, 7,783,144 vacunas, el 27.41% del total, se vencieron en las bodegas. 

Un ejemplo es el embarque con 2,040,900 de segundas dosis de Sputnik que llegó a Guatemala el 30 de diciembre de 2021. Venían dos lotes con fechas de vencimiento el 31 de marzo y el 30 de abril de 2022. De esas, el Ministerio de Salud solo distribuyó 24,970 unidades a unas áreas de salud.

En noviembre de 2022, el doctor Asturias reclamaba en su cuenta de Twitter/X que la mayor barrera para vacunarse en trabajadores agrícolas en Guatemala fue el acceso a las vacunas. Según él, de la población entrevistada, el 20% aseguró que no se había vacunado por no tener acceso a las dosis, contra el 1% que de la población que la rechazó. 

[Revisa aquí la base de datos del MSPAS sobre la adquisición de las vacunas contra el COVID-19]

En opinión de Nancy Virginia Sandoval Paiz, infectóloga y expresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), «es inaceptable perder y tener que desechar vacunas. Hizo falta una urgente mejora en el proceso de entrega por tema de vencimiento, inventario, la devolución y optimizar la movilización a sitios con más rotación o demanda». 

«El acceso a las vacunas fue muy tarde, de forma irregular y poco acertada. La comunicación de los beneficios fue sin pertinencia cultural, a través de medios que no alcanzaban a la población más lejana o rural», añade la especialista.

«Por otro lado, el plan de vacunación fue diseñado más bien para una población urbana con acceso a internet y a carreteras. A la fecha seguimos sin refuerzos de vacunas actualizadas y nuestras tasas de vacunación se quedaron en las más bajas de la región. Hay mucha evidencia de la eficacia de las vacunas contra COVID-19 para prevenir complicaciones y muerte», asegura Sandoval.

Hasta el 24 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud registraba 8.9 millones de guatemaltecas y guatemaltecos vacunados con primera dosis, el 50.56% de los 17.6 millones de habitantes estimados para 2023. Sin embargo, el esquema completo (dos dosis) se le aplicó solo a 7.1 millones, el 40.34% de la población.

Guatemala es el país con menos porcentaje de vacunación de su población, con primera dosis y con dosis de refuerzo de Centroamérica, según cifras de Our World in Data de la Universidad de Oxford, Inglaterra.

Los departamentos con más población inmunizada con esquema completo son Guatemala (73.4%) y Sacatepéquez (63.7%); mientras que los que menos protegidos están son Alta Verapaz (25.2%), Izabal (29.3%) y Quiché (31.8%).

Alicia Chang, médica infectóloga y presidenta de la AGEI, afirma que de haberse aplicado todas las vacunas se hubieran evitado muertes: «Se pudo haber informado mejor a la población, comunicar claramente para qué sirve la vacuna y cómo ayuda a nuestro sistema inmune. Se debieron buscar alianzas con líderes en cada comunidad para ganar confianza y credibilidad, así las personas podían aceptar la vacunación».

«No es normal y no es aceptable (haber tenido que tirar todas esas vacunas) si Guatemala es un país con un sistema de salud tan débil en el cual nuestra única apuesta segura es prevenir», concluye.

Nadie se responsabiliza por las pérdidas millonarias por vacunas vencidas

Según los datos obtenidos del MSPAS, y calculando el valor de mercado de los biológicos que fueron desechados, casi 7.8 millones de unidades vencidas representaron 505,872,541.70 de quetzales, según la información proporcionada por el ministerio.

«La pérdida de millones de quetzales en torno a la vacunación es lamentable y más en un país como Guatemala, con serios problemas de desnutrición y pobreza», afirma la doctora Nancy Sandoval.

Pese a esa pérdida de dinero, «faltó contratación y mejora de condiciones laborales en el personal sanitario. Fue insuficiente el apoyo económico y social a la población para reponerse de la pandemia». 

También hubo una «ausencia de clínicas de seguimiento a nivel nacional para pacientes con secuelas de COVID o Long Covid. Inexistencia de centros o unidades móviles accesibles y disponibles para pruebas diagnósticas de COVID-19».

La doctora Alicia Chang, por su parte, es tajante al decir que «no creo que haya justificación por haber perdido todo ese dinero». Y reclama a las autoridades de Salud que «hubo falta de transparencia, de comunicaciones claras, de apertura para colaborar con ellos».

«Como médicos estábamos rebasados en cuanto a nuestras capacidades físicas y mentales, había momentos en los que ya no nos daba ni el cuerpo, ni la mente, creo que debimos haber exigido un trato humano para nosotros también», añade Chang.

Durante una entrevista, ya estando fuera de la Coprecovid, Edwin Asturias aseguró a La Hora que «ciertamente, otros países han desechado millones de vacunas, pero más del 70% de su población está vacunada. En Guatemala solo el 35% de la población tiene el esquema completo». Esas cifras eran de junio de 2022 y ahora, un año y tres meses después, los inmunizados representan el 40%.

Se intentó conocer la versión de las autoridades del Ministerio de Salud. En repetidas ocasiones se buscó entrevistar a las coordinadoras de los departamentos de Epidemiología y de Inmunizaciones, a través del departamento de Comunicación Social, pero no accedieron a dar declaraciones. En una de esas ocasiones, la encargada del área de Inmunizaciones, que ya había concretado la fecha para la entrevista, la canceló de último momento.

Los tiempos ajustados

Sobre el vencimiento de tantas dosis, Óscar Chávez, director de Laboratorio de Datos, asegura que además de la mala gestión de compra y la ineficiencia en la aplicación, se suma que en el último trimestre de 2021 llegó a Guatemala la mayor cantidad de vacunas por lo que fue imposible distribuir tantas en tan corto tiempo debido a que su vencimiento estaba previsto para el primer trimestre de 2022.

«El problema de Guatemala fue que no pidió entregas periódicas de cada 15 días o cada mes. Una gran cantidad de entregas de Sputnik se hicieron en el último trimestre de 2021. Lo mismo pasó con las donaciones de Moderna de Estados Unidos», asegura.

Entre octubre y diciembre de ese año, ingresaron siete embarques de Rusia con 2.2 millones de primera dosis y 3.1 millones de segunda dosis de Sputnik, el 67% de la compra total a ese país. 

La particularidad de esta vacuna es que requiere la aplicación de ambos componentes para ser efectiva, pero al necesitar al menos tres meses en la aplicación de una y otra, fue imposible con los tiempos que se manejaron.

Según los registros del MSPAS, la mayor donación de Estados Unidos también fue en ese momento. 2 millones de Moderna fueron enviados en noviembre y otros 2 millones en diciembre. Estas tenían vida útil hasta marzo y abril de 2022. Del segundo lote se vencieron 1.5 millones de unidades.

«Cuando se gestionaron las de Estados Unidos tampoco se tuvo control de que entraran de manera periódica y en cuestión de meses entraron millones de dosis y el Gobierno no tuvo la capacidad de administrarlas», afirma Chávez.

Considera que existe una responsabilidad del Estado en esta pérdida, la cual debería ser investigada y deducirse a las personas que correspondan. Para ilustrarlo recuerda que cuando empezaron a ingresar las vacunas, las mismas autoridades de Salud hicieron responsables a las enfermeras y a los puestos de salud y de vacunación sobre el vencimiento.

«En este momento se evidencia que las vacunas se vencieron en las bodegas del Centro Nacional de Biológicos. Eran tantas que las guardaron y se vencieron. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad?, obviamente no es de las enfermeras que nunca las recibieron. Todo fue pésimamente gestionado», asegura.

Otros 600 millones perdidos con las Sputnik-V que nunca llegaron

La negociación que el Ministerio de Salud realizó con el gobierno de Rusia para la adquisición de 16 millones de primeras y segundas dosis fue cerrada al público desde el inicio. Nunca se ha conocido el contenido del contrato y, según datos del mismo MSPAS, sólo ese país entregaron a Guatemala solo la mitad de los biológicos: 4 millones de primera y 4 millones de segundas dosis.

Alejandro Giammattei hizo público el 5 de abril de 2021 que había firmado con el Fondo Ruso de Inversión Directa un documento con el Fondo Ruso de Inversión Directa, mediante el cual ese país «se comprometió a surtirlas en las próximas semanas», según el portal de noticias del Gobierno de Guatemala. 

Según la información oficial, «para fines de ese año (2021) se tendría inmunizado «a por lo menos ocho millones de personas en Guatemala, de acuerdo con el calendario del Plan Nacional de Vacunación». Para ello, pagaron por adelantado la mitad de los 160 millones de dólares (unos 1,229 millones de quetzales) que representó la negociación.

Sin embargo, llegó junio de 2021 y Rusia apenas había entregado 150 mil unidades. En medio de la crítica general por el mal manejo de la pandemia y el escaso abastecimiento de las inyecciones, el Gobierno trató de renegociar el contrato.

El 27 de julio de ese año, Giammattei, junto con la entonces ministra de Salud, Amelia Flores, anunciaban que se había acordado adquirir sólo 8 millones de unidades a Rusia, y que con eso ya no se pagaría los otros 80 millones de dólares pendientes.

La ministra Flores fue destituida, al igual que su antecesor Hugo Monroy, por mala gestión, y en su lugar llegó el viceministro Francisco Coma. En múltiples ocasiones, diversos medios de comunicación le han preguntado y diputados lo han citado al Congreso, pero se ha negado a revelar los detalles de la compra.

En octubre de 2021, contradijo a Flores e indicó a diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza que Guatemala seguía comprometida a comprar los 16 millones de Sputnik que se habían pactado inicialmente. En febrero de 2022, volvió a cambiar la versión. En conferencia de prensa dijo que el compromiso era de 4 millones, además de los 8 millones iniciales, cuya entrega se había completado en diciembre de 2021.

Desde mediados de 2022 hasta ahora, cuando se le pregunta sobre la negociación, el ministro Coma asegura que no puede emitir opinión y que el área jurídica del ministerio realiza un análisis para determinar lo que procede. Se desconoce las condiciones por las cuales Guatemala aún debe cumplir con el contrato.

A mediados de septiembre, el ministro Coma aseguró que en octubre esperaban recibir un lote de 50,000 vacunas a través de COVAX las cuales no han llegado. Mientras tanto, Estados Unidos ya autorizó y aplica una vacuna actualizada. Según medios internacionales, «la gravedad de la pandemia de COVID-19 se ha desvanecido, pero todavía hay miles de hospitalizaciones y cientos de muertes en Estados Unidos cada semana».

Ante la falta de información a través del departamento de Comunicación, en octubre se hicieron dos consultas vía Ley de Acceso a la Información Pública. Una para saber si este año se habían comprado más vacunas y otra para actualizar los vencimientos. 

En su respuesta indicaron que el Centro Nacional de Biológicos no había adquirido vacuna COVID-19 en el presente año y que «en 2023 no se venció ninguna vacuna contra la COVID-19». 

También se pidió acceso al contrato con Rusia para la adquisición de las vacunas COVID, a la renegociación del contrato y a información sobre si Rusia había incumplido con la entrega de alguna cantidad de vacunas pese a haberse hecho algún pago por adelantado.

El departamento de Comunicación aseguró que la Dirección de Asuntos Jurídicos manifestó «que la información solicitada forma parte de las negociaciones que gozan de confidencialidad por ser información proporcionada bajo garantía de confidencialidad».

«Además, derivado de denuncias que han sido planteadas con relación a la adquisición de las vacunas, el Ministerio Público realiza las investigaciones de mérito, por lo que resulta imposible acceder a lo solicitado», añaden en el documento enviado a Ocote, con firma del ministro Francisco Coma. 

Se hicieron las consultas a los departamentos de Comunicación Social del Ministerio Público y de la Contraloría General de Cuentas (CGC), para saber si buscan deducir responsabilidades por el vencimiento de los millones de vacunas o por la mala negociación por las vacunas rusas. 

El vocero del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, indicó que «la investigación que desarrolla la Fiscalía contra la Corrupción está directamente relacionada a la compra de las vacunas rusas. Este caso se encuentra en investigación». Al momento de esta publicación, la CGC no había dado respuesta.