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El consultor uruguayo Ibáñez, del Barçagate a mejorar la imagen de Odebrecht   

A través de las empresas de NS Group, el uruguayo Carlos Ibáñez participó de operaciones de difamación e inteligencia para instituciones políticas y deportivas de España y América Latina.

Leandro Fernández y Javier Revetria, La Diaria Arte de portada: Miguel Méndez Poco se sabe de Carlos Ibáñez Constantino. A diferencia de otros en su rubro, él mantiene un bajo …

Leandro Fernández y Javier Revetria, La Diaria

Arte de portada: Miguel Méndez

Poco se sabe de Carlos Ibáñez Constantino. A diferencia de otros en su rubro, él mantiene un bajo perfil. Tal vez el “Barçagate” haya sido el traspiés en el que por primera vez el público haya escuchado su nombre vinculado a campañas de desprestigio y conversación artificial en redes.

Pero este reportaje, parte de Mercenarios Digitales, una investigación en alianza con 20 medios, cinco organizaciones especialistas en investigación digital y estudiantes de maestría de Columbia University, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, revela que Ibáñez ha estado detrás de otras campañas inauténticas en redes sociales en varios países de América Latina y que los servicios tecnológicos que les ha vendido a gobiernos de la región han levantado sospechas por problemas que van desde la ineficiencia hasta el espionaje.

Barçagate

El 1 de marzo de 2021 los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, allanaron las oficinas del F.C. Barcelona y llevaron detenido a su entonces presidente, Josep María Bartomeu, junto a otros dirigentes del club. Entre la documentación incautada se encontraban los contratos donde se lo vinculaba a Ibáñez a operaciones en redes sociales.

Un año antes, en febrero de 2020 la cadena SER española informó que el Barça había contratado a la empresa I3 Ventures, parte del grupo Nicestream, propiedad de Ibáñez, para mejorar la imagen pública del club y sus autoridades. La publicación derivó en una investigación judicial surgida de una denuncia presentada por la asamblea de socios por el gasto de un millón de euros por este servicio. La irrupción de la policía en la sede del club fue una bomba mediática en España.

A pocos días de la elección en la que la directiva se jugaba la renovación de sus cargos, la policía halló los contratos que vinculan a I3 Ventures con otras empresas satélite. Según ese medio español, a pesar de que las facturas de pago a la empresa fueron trituradas previo a la llegada de los investigadores, se pudo demostrar con la documentación encontrada que el gasto fue dividido entre distintas dependencias en seis órdenes de compra con valor inferior a 200.000 euros, para que el egreso pasara desapercibido por la asamblea de socios, que debe autorizar todo tipo de gasto mayor a esa cifra. Todo este escándalo mediático sumado a la crisis deportiva por la que atravesaba el club derivó en la apresurada salida de Bartomeu de la presidencia meses más tarde para eludir una posible moción de censura.

La investigación policial apuntó a que lo que fue camuflado como un servicio de análisis de redes y opinión pública era en realidad un gran entramado de cuentas generadoras de contenido difamatorio cuyo papel era replicar la información. Los objetivos de estos ataques eran dirigentes opositores y jugadores del club, entre los que se encontraba Lionel Messi, lo que según especuló la prensa española habría sido uno de los motivos por el que el argentino decidió marcharse al París Saint Germain.

Ibáñez confesó ante la justicia española en 2021 que él y sus empresas habían estado detrás de esta operación. Incluso, declaró que “atacábamos a Guardiola [anterior entrenador del equipo] porque este atacaba al Barça”.

¿Qué se sabe de Carlos Ibáñez?

Sus rastros en prensa se remontan a 2002, cuando una nota de radio El Espectador presentaba a Ibáñez como el entonces flamante representante en Uruguay de Initiative Media, una multinacional que, en tiempos donde no existían las redes sociales, se dedicaba al “pautado de publicidad en medios”, según el artículo. Lo acompañaba el director para América Latina, Jean Christophe Petit. Petit e Ibáñez presentaron un novedoso software que, en base a datos cuantitativos, calculaba una estrategia de medios con la que aseguraba a los anunciantes que lograría una maximización de alcance publicitario al mejor costo-beneficio.

Luego, en 2007, ya como vicepresidente de negocios del grupo, fue designado presidente de la filial mexicana, integrada por las empresas Initiative, Initiative FCBm, Brand Connection, Emerging Media Consulting y Fastbridge.

En 2009, según el Linkedin de Ibáñez, fundó el grupo Nicestream (también conocido como NS Group o NSG Corp) con el cual, a través de empresas dependientes, se terminaría vinculando al argentino Gastón Douek e ingresaría al mercado de las campañas políticas. Douek, conocido por la prensa de su país como el “Señor de los Trolls”, admitió en entrevista con el diario La Nación haber generado 150.000 cuentas falsas durante la campaña electoral de 2012 en México. Además, fue asesor de Sergio Massa, en momentos en que el ahora candidato peronista estaba enfrentado al kirchnerismo. Más recientemente se lo señaló como asesor del político radical Facundo Manes y como responsable de difundir mentiras en contra de Horacio Rodríguez Larreta en momentos en que ambos precandidatos se enfrentaban en la interna del macrismo para competir por la legislatura porteña. Además, de acuerdo al registro de empresas de la Provincia de Buenos Aires, Douek es socio de Guillermo Seita, asesor de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a través de la empresa argentina Smart Consumers S.A., conocida por su marca Prosumia.

En 2019, Prosumia generó la web “donde.voto.ar”, que ofrecía a los votantes poder consultar el circuito correspondiente en las elecciones generales de octubre de ese año. Sin embargo, la web estaba colmada de publicidad del Frente de Todos, plataforma kirchnerista que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia. Este hecho fue revelado a través de Twitter por el periodista argentino Julio Ernesto López, quien además detalló que las oficinas de Prosumia coincidían con las de NS Group, empresa matriz que integra a Nicestream.

Igualmente, en ese momento, Carlos Ibáñez negó mantener relación con Douek, a pesar de que las empresas de ambos compartían entonces domicilio en Buenos Aires, ubicadas en la dirección Camacua 413 del barrio de Olivos.

Mismo rubro, distintas etiquetas

El NS Group está integrado por distintas marcas que manejan distintas carteras de negocios. Una de ellas, y la que vinculó directamente a Ibáñez con Douek, es Illuminati Lab, de la cual ambos empresarios son cofundadores. Se presentan como una empresa de análisis conversacional en redes y han publicado reportes de redes sobre diversos debates públicos tanto en Uruguay como en la región. Buena parte del material publicado en su sitio web fue dado de baja luego de la polémica del Barçagate, según puede constatarse a través de la web archive.org y que permite aún visualizar el contenido. Recién retomaron las publicaciones a partir de mayo de 2022 con un reporte sobre las últimas elecciones en Paraguay, en lo que pareciera un relanzamiento público de la empresa luego de pasada la polémica. Por ejemplo, el último informe publicado el pasado 30 de junio analiza el debate sobre la crisis hídrica que afecta a Uruguay. Entre los servicios estrella que ofrecen se encuentra Eyewatch, una plataforma de análisis de redes presentada como una “solución de big data para ecosistemas digitales”. De acuerdo a su web, el software permite un “análisis competitivo que permite evaluar contenidos y rendimiento”, así como “enriquecimiento inteligente de perfiles” y “automatización de perfiles, conversaciones e interacciones en Twitter”, entre otras virtudes.

Por último se encuentra la ya mencionada Nicestream, su marca comercial más conocida, y que manifiesta contar con la experiencia de más de “20 casos de gestión de crisis institucional y ambiental, imagen pública y gestión de problemas”. Además, en la propia web de la compañía afirman contar con “la mayor red de oficinas de Social Big Data a lo largo de Latinoamérica y España”.

De acuerdo a una exposición de Carlos Ibáñez en Panamá del año 2019, NS Group tenía entonces oficinas en cinco países y presencia en otros 21. Además, manifestó generar iniciativas que impactaron en 310 millones de personas y mantener un monitoreo de conversaciones respecto a 770 entidades que son clientas del grupo. Allí mismo anunció que estaba abocado a la apertura de sus oficinas en Panamá con miras al mercado centroamericano.

De acuerdo al registro mercantil de Panamá, NSG Panamá fue fundada en febrero de 2019 y, además de estar integrada por Ibáñez, tuvo en su directorio a Michelle Sitton, jefa de campaña del Partido Revolucionario Democrático, mientras que el registro de la empresa fue hecho por por María Fábregas, ex viceministra de la presidencia (2009-2012), a través de su firma Moreno & Fábrega. Asimismo,según el sitio de OpenCorporates, el apoderado de la empresa es Rodrigo Ziegner, quien de acuerdo a la prensa española fue integrante del departamento financiero del F.C. Barcelona.

Además, Sitton está registrada desde 2014 como presidente de la agencia de marketing TR3E S.A. en conjunto a Demetrio Papadimitriu, ex ministro de la presidencia de Panamá durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) al tiempo que Fábregas ocupó la vicepresidencia. Papadimitriu enfrentó acusaciones por el caso Odebrecht luego de que su madre, Maria Bagatelas, recibiera una transferencia de 2,1 millones de dólares por parte de la constructora a una cuenta en la Banca Privada de Andorra. A todas estas conexiones se suma que NS Group presenta como dirección la misma que TR3E Marketing, la Sortis Business Tower en Ciudad de Panamá, aunque en diferentes pisos.

Operaciones para el gobierno de Rafael Correa

En 2013 el grupo se vio relacionado en un caso que involucró a dos de sus marcas, Illuminati Lab y EyeWatch, además de Emerging Media Consulting de México, que en ese entonces era dirigida por Ibáñez. Emerging MC fue contratada por el gobierno de Rafael Correa a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia que, de acuerdo a un documento de febrero de 2013 firmado por su director, Pablo Romero, autorizó a Illuminati Lab a oficiar de intermediario como “representante e interlocutor exclusivo para la demostración, evaluación y contratación de servicios” entre el organismo y la empresa italiana Hacking Team.

La información publicada entonces por el diario ecuatoriano El Universo afirmaba que el gobierno de Correa contrató a la empresa para atacar una web de contenido opositor, BananaLeaks, y logró dar de baja el contenido publicado en la red. El servicio incluyó además crear una web similar que confundiera a los lectores para que ingresaran a la página falsa. Un documento interno de la compañía explica la “Operación Walquiria”, como fue conocido el procedimiento, donde se detallan las distintas etapas, metodologías y grupos de trabajo que participaron de las tareas.

Ese mismo año, la compañía efectuó el “Operativo Goliat”, cuyo objetivo era lograr, a través de una campaña de desprestigio, la extradición de uno de los principales opositores de Correa, Galo Lara, quien se encontraba prófugo en Panamá acusado de homicidio. Por el servicio se abonaron 6,7 millones de dólares a Emerging MC S.A., una sociedad constituida en 2009 y cuyos titulares eran Ibáñez, Gastón Douek y otros dos socios.

Esta marca también efectuó servicios para PEMEX, la petrolera estatal mexicana, los cuales aparecen referenciados la web de Nicestream. De acuerdo al portal de transparencia del gobierno mexicano, esta sociedad cobró unos 2,6 millones de pesos mexicanos (unos 250.000 dólares actuales) por tres meses de servicio.

Tanto Douek como Ibáñez fueron contactados por CLIP respecto a los episodios relatados. Al momento de esta publicación Douek no había emitido respuesta. Ibáñez respondió por correo electrónico, pero aclaró que no podía responder las preguntas debido que el proceso judicial derivado del Barçagate sigue en curso y “no puede revelar información concerniente al mismo o que de alguna manera pueda interpretarse como una acción tendiente a perjudicar el proceso de investigación”, que de acuerdo a Ibáñez apoyó “desde el inicio”.

Sin embargo aclaró que “una vez finalizado el proceso, que esperamos que sea lo antes posible, con mucho gusto me podré extender en detalle sobre un tema en el cual—campañas de desinformación, juicios mediáticos, posición mediática dominante, etc,—es justamente parte de nuestro trabajo profesional”.

Clientes de renombre

A pesar de que buena parte de la información de la empresa fue dada de baja de las diversas webs que dependen del grupo, es posible reconstruir su vasto portafolio gracias a los rastros que quedaron en internet y en redes sociales.

A su labor para el F.C. Barcelona, en España se suman trabajos para las entidades bancarias Santander y Caixabank, así como también para el Partido Popular. Según informó El País de Madrid, Ibáñez fue al menos dos veces a la sede del partido en la calle Génova a ofrecer sus servicios con un costo de 1,4 millones de euros, propuesta que habría sido rechazada. Sin embargo, además de ser incluido en su portafolio web, es posible encontrar infografías que la empresa elaboró en la campaña de Mariano Rajoy de 2015. De hecho, en marzo de 2021 Emili Rousaud, quien fuera vicepresidente del club catalán durante el Barçagate, declaró en una radio catalana que la propuesta de contratar a I3 Ventures (filial española de Nicestream) llegó por parte de personas del entorno de Soraya Sáenz de Santamaría, la que fuera vicepresidenta del gobierno español durante el mandato de Rajoy.

Si bien Rousaud no precisa quién fue la persona que hizo el acercamiento, en un artículo de El Nacional de Cataluña insinúan que podría ser el empresario Jaime Malet, vinculado a la Societat Civil Catalana, una organización creada para rechazar el Procés de independencia y que también fuera cliente de los servicios de Nicestream.

Tanto I3 Ventures SL como NSG Social Science Ventures, ambas a nombre de Ibáñez, fueron registradas en España en mayo de 2015 y enero de 2019 respectivamente, previo al comienzo de la campaña electoral para las elecciones generales de ese país. Además, ambas comparten domicilio fiscal con un estudio contable ubicado en el segundo piso de las oficinas de la calle Zurbano N°10 a escasos metros de la sede del Partido Popular en Madrid.

En México, sin especificar el servicio ofrecido, el grupo Nicestream trabajó para el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dominantes de la política mexicana hasta la victoria de Morena en 2018. Asimismo, como fue mencionado más arriba, Ibáñez trabajó para la estatal PEMEX. Cabe recordar que, de acuerdo a Douek, a través de Illuminati Lab se crearon miles de cuentas falsas en la campaña presidencial de 2012.

También afirman haber trabajado para la constructora brasileña Odebrecht, célebre por el caso del entramado de sobornos conocido como Lava Jato. De acuerdo a la web de la empresa, se manejó la crisis de imagen en un contexto de posibles cancelaciones de proyectos en curso. La estrategia consistió en generar un relato en que se presentaran las voces de los empleados como “víctimas del conflicto”, así como lograr que el público cambiara su punto de vista sobre el tema. Para ello se apuntó a cuatro públicos objetivos “sobre los cuales actuar”, integrados por la clase política, periodistas, audiencia en general y empleados. Asimismo, manifiestan haber efectuado más de 17.000 horas de monitoreo de la presencia de la empresa en medios y redes sociales. Luego de 12 meses de trabajo, según afirmó la empresa, las menciones favorables a la constructora habrían pasado de 1% a 35%.

En Chile, Nicestream recibió en 2017, a través de su filial NSG Chile SpA, un contrato con la Municipalidad de Providencia encabezada por Evelyn Matthei, ex candidata a la presidencia por la Unión Democrática Independiente (UDI). El documento establece un acuerdo de “gestión de redes sociales, aplicación de reporte ciudadano, y evaluación de servicios” por un plazo de cinco meses.

Para el acuerdo se creó una “unión temporal de proveedores” en donde a NSG Chile la acompañó Futuric SA, razón social de Nicestream en Uruguay, representada por el uruguayo Diego Barcia. Los titulares de NSG Chile son Felipe Morandé, ex ministro de telecomunicaciones de Sebastián Piñera, y su esposa Carola Zuñiga, dueña también de Zeta Comunicaciones. Morandé además fue jefe de programa de Matthei cuando era candidata a la presidencia.

De acuerdo al portal del gobierno de Chile, un representante de NSG Chile se reunió el 11 de julio de 2019 con Juan Pablo Longueira, asesor en el Ministerio de Obras Públicas, para presentarle “servicios para el análisis y levantamiento de bigdata e inteligencia social, y asesoría en comunicación digital”. El lobbista era Sebastián Pizarro Cristi, hijo del senador Jorge Pizarro, quien fuera procesado por el “Caso SQM” debido a la emisión de facturas falsas de servicios de comunicación que nunca brindó. Estas boletas eran emitidas por la Sociedad Química Minera de Chile para desviar fondos a financiamiento de campañas.

Barcia, por su parte, declaró en una entrevista con El País de Uruguay haber trabajado en relevamiento de redes sociales para la campaña de Piñera, servicio que no está destacado en ninguna de sus webs. Esto habría coincidido en tiempo con el contrato con la Comuna de Providencia, firmado por Matthei el 5 de septiembre de 2017, dos meses antes de la primera vuelta.

Jugando de locatario

Nicestream trabaja en Uruguay bajo el paraguas de Futuric S.A., razón social registrada a finales de 2014 con Diego Barcia como administrador. Si bien Carlos Ibáñez no aparece en ninguna de las publicaciones de la empresa, a partir de mayo de 2020, luego de que explotara el Barçagate, pasa a estar registrado como presidente de la empresa pero con Barcia siendo la cara visible. Además, la hija de Ibáñez, contadora, es directora financiera de la empresa, cargo similar al que figura en la filial de Panamá.

De momento se desconocen en el país operaciones como las denunciadas en el exterior y la empresa cuenta con un amplio portafolio de clientes entre los que se destacan la Asociación Uruguaya de Football, Fábricas Nacionales de Cerveza, las intendencias de San José, Montevideo y Canelones y el Banco República. Además de haber trabajado en la campaña del candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, en 2019, Ibáñez afirmó haber asesorado a José Mujica. De acuerdo a un trabajo de grado de la Universidad Católica referente al uso de big data en campañas políticas, la empresa se habría acercado a todos los comandos de campaña ofreciendo sus servicios, trabajando finalmente para los colorados.

Entre las licitaciones estatales más destacadas está la que ganó Futuric S.A. en la Intendencia de Canelones el 21 de diciembre de 2018, que la contrató para llevar adelante un “servicio técnico profesional para desarrollar y profundizar un proyecto de cercanía digital con la ciudadanía”. En el pliego, el gobierno departamental solicitó que ese servicio esté integrado por una “plataforma de articulación ciudadana” en la que los “vecinos” podrán comunicarse con la Intendencia para generar reportes con “reclamos, desperfectos, vandalismos, solicitudes, iniciativas y otros temas”.

Además, requirió una “plataforma de automatización de mensajes, que permita la comunicación con determinados grupos de vecinos con características similares, o afectados a determinadas obras del Gobierno Departamental”. En tercer lugar, el servicio también debía incluir “un servicio profesional que brinde conocimiento basado en su experiencia en la construcción de nuevas formas de comunicación con la ciudadanía en forma bidireccional, utilizando la información disponible en la organización”.

Luego de que compitieran tres empresas en el llamado, la Intendencia de Canelones designó a Futuric S.A. como ganadora y le pagó 216.903,50 dólares por el servicio requerido. Sin embargo, en una resolución del gobierno departamental del 8 de febrero de 2019, se puede ver que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, el órgano de control externo de Uruguay, observó el gasto que realizó el gobierno departamental, es decir que lo objetó.

El argumento es que el gasto no se ajusta a los dispuesto en el artículo 15 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), que dice que “no podrán comprometerse gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible”, con la excepción de que el motivo sea para cumplir con sentencias judiciales, laudos arbitrales o “situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República”. A pesar de la observación del TCR, la Intendencia resolvió reiterar el gasto bajo el argumento de que debe “cumplir con las obligaciones adquiridas por el Gobierno de Canelones”.

El servicio incluyó el desarrollo de una plataforma web y una aplicación móvil bajo la marca “1828 Canelones”. Las plataformas, que fueron lanzadas en febrero de 2020 ya no se encuentran operativas al día de hoy. La web 1828canelones.uy no está disponible, así como las redes sociales, y la app no se actualiza desde su lanzamiento. Asimismo, en la página de Facebook se volcaron varias quejas de ciudadanos de Canelones debido a que no se atienden los reclamos cargados a la plataforma.

Resulta llamativo que la app se encuentre alojada en la biblioteca de APK Android del desarrollador Eyewatch.me, compañía mencionada en los operativos para el gobierno ecuatoriano. Allí se alojan también las apps desarrolladas para la comuna chilena de Providencia, la Intendencia de San José y el municipio CH de Montevideo.

Todas estas aplicaciones fueron elaboradas tomando como base la plataforma de Kit Urbano, presentado como un software de atención ciudadana y que pertenece a Gastón Douek. Kit Urbano ofrece en su biblioteca de Play Store más de 300 aplicaciones vinculadas a municipios y partidos políticos locales de todo Latinoamérica. En el caso de Uruguay tiene asignadas aplicaciones a la totalidad de las intendencias del país, a pesar de que no figuran registros de que las comunas hayan contratado la plataforma. Además, Douek tiene registrados al menos 102 dominios web a su nombre a través de un correo de la empresa que, en la mayoría de los casos, están asociados a municipios latinoamericanos y organizaciones políticas, como es el caso de al menos doce dominios creados en 2015 relacionados a Juntos por el Cambio de Argentina.

Además, en diciembre de 2019 Futuric S.A. recibió por parte del Banco República de Uruguay la adjudicación de un contrato bajo llamado licitación pública por un “servicio de agencia digital para el desarrollo integral de la estrategia de comunicación digital y campañas en medios digitales”. El monto, que de acuerdo a Barcia en entrevista con el diario El País fue la oferta más baja, ascendió a 54 millones de pesos (unos 1,8 millones de dólares) por dos años de servicio. Asimismo, el contrato fue renovado por igual período, tal como estaba posibilitado en el pliego.

Descargue aquí un Glosario que precisa los significados de palabras o frases referentes a los fenómenos digitales usados en esta investigación

Mercenarios Digitales

Mercenarios digitales es una investigación de Chequeado (Argentina), UOL y Agência Pública (Brasil), LaBot (Chile), Colombiacheck y Cuestión Pública (Colombia), CRHoy, Interferencia y Lado B (Costa Rica), GK (Ecuador), Factchequeado (EEUU) Ocote (Guatemala), Contracorriente (Honduras), Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Confidencial y República 18 (Nicaragua), Ojo Público (Perú), El Surti (Paraguay), La Diaria (Uruguay) y tres periodistas investigativas (Bolivia y España/Colombia); las organizaciones de investigación digital Cazadores de Fake News (Venezuela), Fundación Karisma (Colombia), Interpreta Lab (Chile), Lab Ciudadano (Honduras) y DRFLab (EEUU); y estudiantes del curso de maestría Using Data to Investigate Across Borders de la profesora Giannina Segnini (Universidad de Columbia EEUU), con la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Revisión y asesoría legal: El Veinte.
Con apoyo financiero de Free Press Unlimited, el programa Redes contra el silencio (ASDI), Seattle International Foundation y Rockefeller Brothers Foundation.

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