El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas señaló en un informe publicado el 18 de mayo que la privación de libertad de la …
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas señaló en un informe publicado el 18 de mayo que la privación de libertad de la exfiscal Virginia Laparra no solo es arbitraria. También contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Este grupo está integrado por cinco expertos independientes que investigan conjuntamente casos individuales y elaboran informes y opiniones. Se reúnen tres veces al año en Ginebra, envían llamados urgentes a los gobiernos, realizan misiones sobre terreno y presentan un informe anual al Consejo de Derechos Humanos.
Virginia Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022 en su casa, en Quetzaltenango. La captura se dio después de una denuncia presentada en 2018 por el entonces juez Lesther Castellanos y quien hoy es Relator de la Oficina de Prevención contra la Tortura, un mecanismo que por ley es independiente de cualquier organismo del Estado.
Castellanos presentó esa acción en su contra porque Laparra había planteado varias denuncias administrativas en contra de él y el exjuez consideró que la fiscal no tenía autoridad para hacerlo.
[Escucha aquí el podcast «No ver la luz, el caso de Virginia Laparra]
Después de casi ocho meses en la cárcel, la jueza Oly González, del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, condenó a Laparra en diciembre de 2022 a cuatro años de prisión, por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.
A pesar de que la pena era conmutable (podía quedar en libertad a cambio de pagar 14,600 quetzales), la jueza González decidió que Laparra no podría dejar la prisión hasta que la sentencia quedara en firme.
Por ahora no lo está: hay varias apelaciones tanto del Ministerio Público —que pedía una pena mayor— como de la defensa de Laparra —que no está de acuerdo con la sentencia condenatoria—.
Además, existe un segundo caso en contra de la exfiscal, que impide que pueda recuperar su libertad. A la fecha lleva un año y cuatro meses en prisión.
El pasado 3 de febrero, Amnistía Internacional se pronunció en su cuenta de Twitter acerca del estado en el que se encuentra Laparra. «Las autoridades deben tomar medidas para garantizar su salud», afirmaron. Dijeron que era necesaria su atención médica urgente.
#Guatemala: Estamos preocupados por la salud de #VirginiaLaparra, prisionera de consciencia
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) February 3, 2023
Tenemos información de que Virginia está sufriendo una emergencia médica y requiere atención urgente
Las autoridades deben tomar medidas inmediatas para garantizar su salud. pic.twitter.com/lRElLXdnM2
La institución —un movimiento internacional que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos— considera a la exfiscal como «presa de conciencia» y se ha pronunciado varias veces para exigir su liberación.
En abril de este año alertó de que se habían violado las garantías procesales en el caso en su contra. También dijo que no se había respetado su derecho a un juicio justo.
Desde su detención, el 23 de febrero de 2002, Laparra ha permanecido detenida en la prisión de Mariscal Zavala durante los primeros meses y actualmente en Matamoros, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
Una detención arbitraria
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas se dedica a investigar casos en los que se haya dado una privación de libertad de manera injusta.
Si identifican una detención arbitraria, envían comunicaciones y hacen llamamientos urgentes a los gobiernos para aclarar estos casos y solicitar su atención.
La defensa de Laparra presentó una denuncia ante este grupo de la ONU, para señalar la situación de la exfiscal.
En su informe publicado en mayo, el grupo de trabajo de la ONU confirmó que «la privación de libertad de Lilian Virginia Laparra Rivas es arbitraria». Para afirmar esto, los especialistas se apoyan en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entre los motivos para considerar arbitraria su detención, el grupo de expertos argumenta que el MP pidió que permaneciera en prisión por riesgo de fuga, aunque no presentó ningún indicio para sustentar este temor.
«No se explicó la necesidad de aislarla de la sociedad detenida, sin abordar hechos específicos ni considerar medidas preventivas alternativas. El Gobierno no proporcionó razones suficientes para lo que parece ser una medida preventiva excesiva», expone el informe.
Esto, explican, viola el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos textos establecen que «nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado» y que todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad personales.
El grupo de trabajo se apoyó en la información proporcionada por una fuente —no se especifica ni quién es ni cómo la eligieron—, cuyos argumentos se añaden al inicio del informe.
Esta fuente alerta de que se mantuvo a Laparra en prisión preventiva alegando que la exfiscal había presentado varios recursos. Los expertos de la ONU remarcaron en sus conclusiones que no se puede aceptar «que la privación de libertad en tal situación sea una respuesta adecuada y proporcional».
Esto, indican, contraviene el artículo 14 del Pacto, que dice que toda persona tiene derecho a defenderse personalmente o estar asistida por un defensor de su elección.
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Claudia González, abogada defensora de Laparra, explica que plantearon la denuncia ante la ONU por las irregularidades que ocurrieron en el caso, específicamente en el tema de las medidas sustitutivas.
«El Grupo de Trabajo determinó que se han cometido arbitrariedades en el caso de Virginia porque ella podría haber tenido uno, dos o más casos penales sin necesidad de estar privada de libertad, porque son garantías constitucionales y convenios internacionales firmados por Guatemala en donde explican que se puede aplicar esta garantía», agrega González.
La abogada recuerda que este pronunciamiento se suma a los cuestionamientos que han realizado como equipo legal de cómo «en casos de crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y corrupción se están otorgando medidas sustitutivas y en el caso específico de Virginia Laparra no ha ocurrido».
El estado de salud de Laparra
Los expertos detallan en el informe que Laparra ha tenido una serie de padecimientos médicos, por problemas de hipertensión arterial e hipotiroidismo, hipertrigliceridemia, hiperuricemia y neuralgia del trigémino.
«En los últimos meses desarrolló una serie de tumores uterinos que recientemente fueron diagnosticados como miomatosis. La miomatosis ha provocado severas hemorragias que han tenido impacto en la situación de salud de Laparra», mencionan.
En la información recolectada por el Grupo, se detalla que, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, el equipo jurídico de la exfiscal solicitó en al menos cinco ocasiones que se le enviara a un centro hospitalario para ser evaluada.
«Laparra Rivas no obtuvo la atención requerida sino hasta después de más de tres meses. En primer lugar, porque fue enviada a un hospital en el que se negaron a atenderla y, más tarde, porque se le concedió cita para casi dos meses después, con un médico general en lugar de un especialista», especifica el informe.
El Grupo de Trabajo deja constancia en el documento de su «grave preocupación por el estado de salud física y mental».
Solicitan que se haga una investigación
En el informe, los especialistas hacen una serie de demandas al Gobierno de Guatemala. La primera, que «adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Laparra Rivas sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes».
El Grupo de Trabajo también pidió al Gobierno de Guatemala que lleve a cabo una «investigación exhaustiva e independiente» sobre las circunstancias que llevaron a Laparra a la «privación arbitraria». Además, que se adopten las medidas necesarias contra los responsables de la violación de sus derechos.
Según detallan en el informe, el 2 de diciembre de 2022, previo a la condena, solicitaron información sobre el caso al Gobierno. El Gobierno pidió una extensión del plazo para responder. Lo hizo el 20 de febrero de 2023, casi tres meses después.
En su respuesta, según el grupo de trabajo, el Gobierno asegura que en el caso de Laparra se respetó tanto la Constitución, como la Ley del Ministerio Público y el Código Penal. También el derecho de defensa y el debido proceso.
Además, asegura que Laparra ha presentado «un cúmulo de recursos» para retrasar el proceso o para «obstruir la investigación» en su contra.
La agrupación de la ONU demanda al Gobierno que difunda el informe, con la opinión emitida del caso de Virginia Laparra «por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible».
Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido otra. El 13 de junio, Mario Búcaro, ministro de Relaciones Exteriores, dijo durante una conferencia de prensa que el Gobierno de Guatemala ha tomado nota de lo expuesto por el Grupo de Trabajo, pero que por ningún motivo permitirán ningún tipo de «injerencia o situación que afecte la soberanía y principalmente la independencia de poderes del Estado de Guatemala».
«Esto es una opinión consultiva, que no es jurídicamente vinculante al Estado, que se emitió por un grupo de expertos independientes y que dentro del procedimiento el Gobierno de Guatemala, en cumplimiento estricto al derecho internacional, ha informado debidamente a través de la Copadeh (la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos) todo lo necesario para que esta opinión tenga la verdad sobre caso en específico», añadió Búcaro.
Por su parte, Ramiro Contreras, director ejecutivo de la Copadeh, explicó en la conferencia de prensa que realizarán reuniones con actores que consideren «relevantes» en el caso para dar a conocer las recomendaciones de los expertos de la ONU.
Contreras agregó que no pueden adelantar a qué conclusiones van a llegar con las instituciones, pero aseguró que van analizar con las mismas el contenido del documento «respetando la independencia de poderes».
Ocote consultó con la oficina de comunicación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Organismo Judicial, si conocerán y atenderán las recomendaciones de los expertos. Al momento de la publicación de esta nota no se había obtenido respuesta.
Oswaldo Samayoa, abogado e integrante del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad (FOSS), explicó que si bien las opiniones de un grupo de trabajo de la ONU no son vinculantes, lo que se expresa en este informe sí está relacionado al marco del derecho internacional de Derechos Humanos donde Guatemala es un Estado parte en la mayoría de tratados.
«Cuando el Grupo de Trabajo advierte de esta situación, lo que está adelantando es que el Estado de Guatemala está incumpliendo con sus obligaciones que ha adquirido a partir de la ratificación de las ratificaciones de las convenciones internacionales», afirmó Samayoa.
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Claudia González asegura que seguirán insistiendo con los recursos legales necesarios para que su defendida pueda obtener una medida sustitutiva y recupere su libertad.
El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que informe sobre las medidas que se pudieron aplicar ante las recomendaciones emitidas. Les dan un plazo de seis meses para hacerlo.
También invitan al Gobierno a que informe si existen dificultades para aplicar las recomendaciones y que indiquen si es necesario de una asistencia técnica adicional por medio de una visita de los expertos.
A la defensa, le solicitan que pueda informar si se ha puesto en libertad a Laparra, si se ha considerado una reparación o si se ha aplicado alguna medida para atender las opiniones expresadas en el informe.
El segundo caso contra la exfiscal actualmente está en la etapa de debate oral y público en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango. El Ministerio Público la señala del supuesto delito de revelación de información confidencial.
El denunciante en este caso es también Lesther Castellanos y, como ocurrió en el primer proceso, Omar Barrios y Ricardo Méndez Ruiz Falla, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, se establecieron como querellantes.
