Jahaira Ramírez tiene muy claro por qué hace 25 años se enamoró de inmediato cuando conoció el Humedal Nacional Térraba Sierpe (HNTS), el más grande de Costa Rica con 30.650 hectáreas. “Amo el humedal. Adoro estar ahí. La paz que se siente en medio del silencio, el ruido de los árboles con el viento. Un pájaro. Un coyote”, describe. “Yo me transformo. Me voy a otro planeta”. 

Su enamoramiento no es cosa del azar. El ecosistema alberga el 43% de todos los bosques de mangle de Costa Rica, según registros del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie). Es también uno de los más importantes de Centroamérica y, desde 1995, es reconocido como sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional. Se ubica, además, en la Península de Osa, zona en donde también se encuentra el Parque Nacional Corcovado, con el 2.5 % de la biodiversidad mundial, según datos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica. 

Hoy, 25 años después de que Térraba Sierpe la flechó, Ramírez vive igual de enamorada. La diferencia es que, ahora, también está preocupada. 

Varios informes y análisis de instituciones del Estado de Costa Rica, como del Área de Conservación de Osa (Acosa) y del Instituto Tecnológico Costarricense (TEC), así como de organizaciones no gubernamentales como Marviva, alertan sobre las amenazas a la sostenibilidad del humedal. Uno de esos riesgos es la siembra de palma aceitera cerca y dentro de sus límites que ha causado drenado de los humedales que lo conforman, pérdida de bosque y contaminación del agua. Otras actividades productivas como la ganadería y el cultivo de arroz también se han convertido en un problema. 

Las hectáreas sembradas de palma crecieron un 73 % entre 1997 y el 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica. De acuerdo con la última Encuesta Nacional Agropecuaria, publicada en el 2020, la palma ocupaba 72.900 hectáreas. Ese dato la ubica como el segundo cultivo de mayor extensión, antecedido solo por el café con 80.000 hectáreas. 

De hecho, las últimas alertas de instituciones académicas y del divisiones del Ministerio de Ambiente y Energía por daños ocasionados por palma han girado en torno a los impactos en el Humedal Nacional Térraba Sierpe. 

Desde el 2010 y el 2011, las autoridades ambientales del país ya conocían sobre los riesgos. 

Sin embargo, las instancias judiciales y administrativas del país documentan escasas sanciones a empresas y personas palmicultoras por perjuicios ambientales en este y en todos los ecosistemas, a pesar del incremento de las áreas de cultivo de palma aceitera en Costa Rica. 

Llama la atención que, a pesar de las alertas de ONG y academia, ninguno de los pocos casos documentados en las autoridades del Estado tiene que ver con el HNTS. Ese fue uno de los hallazgos de la alianza periodística Tras las huellas de la palma. El equipo solicitó detalles de los casos sancionados e investigados por daño ambiental entre el 2010 y el 2021 al Ministerio Público (MP), al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En ese periodo de  tiempo, solo se han documentado con detalle dos casos.

En el primero, sancionado en el 2019 por el Juzgado Penal, un trabajador de Palmatica, la empresa productora y procesadora más grande del país, ordenó drenar 11 hectáreas de un humedal en Piedras Blancas de Osa, también en el Pacífico Sur de Costa Rica, con retroexcavadoras para sembrar palma. 

El segundo es del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), órgano adscrito al Minae que sanciona por la vía administrativa las violaciones a las leyes que tutelan el ambiente y los recursos naturales. Tras la investigación del caso, en el 2011, multaron a un hombre por la tala, sin autorización del Minae, de 14 árboles para sembrar palma en Laurel de Corredores, una comunidad limítrofe con Panamá. 

El TAA especificó que registra otros siete casos entre el 2010 y el 2021, sin embargo, no detallaron el presunto delito de cada expediente ni la ubicación de la afectación. Compartieron una lista  y dijeron que “la información es de manera general siendo la única forma en que podemos compartirla, específicamente en aquellos casos que se encuentran aún en etapa de investigación”.

Acceder a los registros no fue fácil. Según el departamento de prensa del Ministerio Público, su sistema informático solo le permite hacer búsquedas aportando el número de expediente o nombres de las partes. Esta alianza periodística brindó una lista de empresas y personas asociadas al cultivo y procesamiento de la palma, pero no hubo hallazgos. 

Para atender nuestra petición, el Ministerio Público apeló a la memoria de los fiscales especializados en la materia. El único resultado fue el drenado del humedal ya mencionado. 

Esta alianza también acudió al sistema de búsquedas del Poder Judicial que recopila, entre otros, las resoluciones judiciales. Tampoco se obtuvieron resultados. La mayoría de casos sobre palma tenían que ver con incumplimiento de derechos laborales y pagos de impuestos. 

Con entrevistas a fuentes expertas, académicas, de la sociedad civil, a la principal empresa que se dedica a este cultivo y a funcionarios públicos, se pudo constatar que las últimas alertas sobre los impactos de este cultivo a los ecosistemas en Costa Rica tienen que ver con el Humedal Nacional Térraba Sierpe: altas concentraciones de fertilizantes provenientes de la palma en los cuerpos de agua y sembradíos ilegales de palma dentro del ecosistema. 

¿Por qué no se registran sanciones por esas afectaciones? Vacíos en la legislación, dificultad para vigilar los ecosistemas, conciliaciones entre partes y denuncias que no ascienden a investigaciones formales son solo algunas de las razones. 

Parches de palma que arrasan con bosques 

El Área de Conservación de Osa (Acosa), una de las 11 dependencias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) del Minae, detectó que bosque secundario fue deforestado para convertirlo en cultivos de palma en el 2020. El delito se realizó dentro de tres áreas protegidas del Pacífico sur: el Humedal Nacional Térraba Sierpe (HNTS), el Parque Nacional Peñas Blancas (PNPB) y la Reserva Forestal Golfo Dulce (RFGD). Sin embargo, hasta el momento los funcionarios del área natural protegida no han confirmado el número de hectáreas afectadas.

“Los resultados más impactantes para mí fueron los del humedal [HNTS] y del Parque Nacional Piedras Blancas, porque eran tierras que no podían tener ese cambio de uso. No hay ninguna explicación que justifique ese cambio [de bosque a palma]”, relató el director técnico de Acosa, Guido Saborío. “La gente está cortando manglar y metiéndose [en áreas protegidas] para sembrar palma y arroz”, lamentó.

Según dice, esta es una actividad completamente ilegal. Aunque sí es posible que haya fincas privadas —y por tanto que esto suceda— en una zona protegida como la RFGD, no es así en el humedal y en el parque nacional que son, en su totalidad, tierras del Estado costarricense. 

A raíz de los hallazgos, y según Saborío, Acosa inició procesos legales contra personas que usurpan las tierras y también planteó rutas para la recuperación de la cobertura forestal. En el momento de ser entrevistado, Saborío no tenía claro cómo avanzan esas acciones, pero aseguró que todos los informes de daños ambientales que detectan en la institución, se elevan a la fiscalía ambiental de la zona. 

Ronny Romero, el fiscal ambiental competente en el área y que trabaja en ese puesto desde el 2013, dijo que si bien conoce los casos de invasión de áreas en el Térraba Sierpe, la mayoría suceden por expansiones de arroz y ganadería. Romero dijo que “esos terrenos no han sido aptos para la siembra de palma”, distante de lo que han identificado otras instituciones como el Sinac y Marviva y lo que aseguraron las demás fuentes de este reportaje como la investigadora y docente universitaria en el TEC Laura Hernández y el geólogo y ambientalista Allan Astorga. 

“A mi el Sinac no me ha presentado algún informe de que las invasiones se estén dando por cultivo de palma. Es importante lo que me informa”, dijo el fiscal y agregó que el Ministerio Público debe solicitar que estas usurpaciones sean denunciadas. “Puede ser que exista alguna denuncia, pero que esté tramitada por parte mía, no”. 

Con respecto a la palma, dijo que solo recordaba el caso del drenado del humedal que el Ministerio Público compartió a esta alianza periodística. “Ahorita no tengo ningún caso activo de palma. Recuerdo la invasión en áreas de protección, ríos, quebradas, nacientes. No tengo denunciado un cambio de uso de suelo, que es la eliminación del bosque para sembrar palma”, aseguró. 

Para Saborío, que la Fiscalía no se haya referido a más casos es una información sorpresiva. “Sí conozco denuncias que se han puesto referentes al tema y las sanciones registradas son  sorpresivamente bajas”. 

Áreas protegidas rodeadas por palma

La invasión de zonas protegidas no es la única amenaza de la palma al Humedal Térraba Sierpe.

Jahaira Ramírez forma parte del Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirena), grupos de voluntarios de las comunidades que trabajan de la mano con el Sinac en la vigilancia y protección del ambiente. 

Donde ella vive, en un pueblo llamado Puerto Cortés de Osa, también en el Pacífico Sur costarricense, los cultivos que hasta hace unos 10 años estaban dedicados al arroz ahora son de palma. Ese es uno de los cantones —división administrativa costarricense— en donde la empresa Palmatica tiene su producción, según constató a esta alianza el gerente general de la compañía, Alfredo Villavicencio. 

El gerente también detalló que la compañía, subsidiaria de la antes llamada United Fruit Company y ahora Chiquita Brands Internacional, posee 22.000 hectáreas (un 30 % del cultivo total del país) y compra el fruto de la palma a unos 1.000 pequeños y medianos productores, quienes suman otras 20.000 hectáreas. Es decir, Palmatica se encarga de procesar aproximadamente el 60 % de toda la palma de Costa Rica, según los datos que brindó Villavicencio. Otros cálculos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en años anteriores, han señalado que es del 75 %. El empresario añadió que el 80 % de la producción de aceite se exporta.

De acuerdo con Ramírez, el comité en el que colabora detectó que en algunas zonas la palma está sembrada incumpliendo los límites a las orillas de los afluentes. “La palma está metida hasta pegar con zonas protegidas [estero Tawall y río Térraba]”, precisó. 

La misma situación la detalló Guido Saborío, de Acosa. Según él, navegar por el río Sierpe es el ejemplo más claro. “Lo que usted ve a ambos lados, la mayoría es palma”, describe y explica que es evidente que no están respetando las áreas de protección del río, es decir, la distancia mínima para que no haya impacto directo sobre el ecosistema. 

La empresa Palmatica aseguró a esta alianza periodística que ellos no tienen palma dentro del Humedal Nacional Térraba Sierpe (HNTS), sin embargo, no descartaron que los pequeños y medianos productores a quienes le compran el fruto sí ocupen hectáreas del área protegida. 

“Nosotros no tenemos siembras ahí. Estamos cerca”, dijo su gerente general. “Productores nuestros podrían estar, y muy posiblemente si están colindando es porque su título de tenencia de tierra antecede al establecimiento del área del humedal”, dijo Villavicencio. 

Según él, la empresa posiblemente no renovará más la compra de la fruta a esos palmicultores. “Si ellos preceden el [reconocimiento del] humedal [como área protegida] puede que estemos aceptando la fruta pero en un futuro, cuando tengan que renovar, les diríamos: ‘miren señores, en esta nueva generación no les vamos a comprar’”. 

¿Por qué las autoridades ambientales costarricenses no detectaron los cambios en el uso de suelo a tiempo? Para Saborío, esto se debe a una cuestión de capacidad operativa y de personal de las instituciones para identificar esas invasiones. También considera que otra razón puede ser la lentitud de las resoluciones de delitos en el sistema judicial.

“Todo el humedal está rodeado por campos de cultivo y controlar cuándo una persona, cada año, expande unos metros más su finca hacia dentro del humedal es muy difícil”, añadió. Con imágenes satelitales y fotointerpretación ahora las autoridades tienen más herramientas para detectar estos cambios, “sin embargo, sigue siendo difícil. No disponemos del equipo [humano y tecnológico] para hacerlo cada mes, cada dos meses o cada semestre”. 

El fiscal ambiental Ronny Romero sugiere que “al ser tan amplios los cultivos, tal vez en la parte trasera donde había bosque o humedal colindando con la palma, han rellenado y ampliado el terreno agrícola”. 

Insistió en que, tras las consultas de esta alianza periodística, se trabajaría en monitorear la situación. “Es una inquietud de interés y me lo llevaré y lo tomaré en cuenta para reuniones con dirigentes que se dedican a hacer estos análisis y poder tener una respuesta más clara”, dijo. 

El humedal se asfixia

El aumento de los cultivos de palma  y su constante cercanía a los márgenes del humedal va más allá del cambio de bosques de manglares por palma: los fertilizantes están limitando al ecosistema su capacidad de purificar el recurso hídrico, afirmó Laura Hernández, investigadora del Instituto Tecnológico Costarricense (TEC). 

Por eso, cuando Jahaira Ramírez supo que uno de los últimos estudios en el país sobre los impactos de la palma en el humedal se refería a la proliferación de flora acuática, le encontró sentido a la cantidad exagerada de plantas sobre el agua que su familia ve en el sector del humedal por donde vive. “Ahora ya puedo entender por qué hay tanto lirio. ¡Hay que ver cómo se satura de lirios! Se pone tan denso que ni con machete se pueden quitar”, recordó.

Ramírez se refiere a un estudio de un equipo de investigación del TEC que, entre el 2019 y el 2020, monitoreó el impacto de los fertilizantes aplicados a la palma en el humedal. Lo hicieron en un sector del río Sierpe, uno de los afluentes que alimenta al HNTS. 

De acuerdo con Laura Hernández, investigadora principal del estudio, el impacto de la palma no proviene principalmente por el uso de plaguicidas, sino por la fertilización. Según lo que detectaron en el trabajo de campo, que coincide con estudios internacionales, entre un 30 y un 50 % de los fertilizantes, termina siendo arrastrado por las lluvias hasta las fuentes de agua.

“Prácticamente no es tóxico para el ser humano, pero es terrible para los ecosistemas”, subrayó. “Las plantas acuáticas empiezan a consumirlo, crecen, tapan la superficie del agua, no pasa la luz del sol, y empieza un proceso de descomposición por el exceso de plantas”. 

El equipo de investigadores primero analizó el nivel de nitrato (componente de los fertilizantes) en los drenados que hacen los productores de palma para extraer el exceso de agua, y después hicieron la misma medición en el río Sierpe. “Vimos altos contenidos, de unos 20 mg por litro, que es una cantidad muy grande en un río grande, y estaba directamente asociado a la palma y no al arroz, porque el arroz usa más que todo plaguicidas”, precisó la investigadora. 

Cuando las plantas acuáticas crecen, disminuye el crecimiento del manglar y también se deteriora el que ya existe, ocasionando que el humedal pierda su capacidad como sistema ecológico purificador del recurso hídrico. 

Hernández recuerda que el crecimiento de las plantas acuáticas era tan alarmante que, durante las visitas al humedal, no podían siquiera avanzar en la lancha debido a la gran cantidad de lirios. 

“El escenario [si no se interviene esto] es perder completamente el ecosistema. Esa práctica es insostenible y no hay regulación en Costa Rica para la cantidad de fertilizante”, explicó. Hernández aseguró que este tipo de afectaciones se llaman contaminación difusa, “no se sabe quién la produjo y es muy difícil poner una sanción, porque hay muchos productores haciendo lo mismo. ¿Quién aportó qué? Uno puede detectar pero, ¿a quién culpamos?”, agregó. 

Según el gerente de Palmatica, ellos se enteraron sobre este estudio, pero consideraron que los datos no eran concretos y no se podía especificar que los nitratos provenían de la palma. No obstante, la investigadora Hernández descartó que los químicos vinieran de otros cultivos, porque eran componentes específicos de los fertilizantes de la industria palmicultora. 

“Independientemente de eso, estamos abiertos a sentarnos a discutir”, dijo Villavicencio de Palmatica.

Un quejido que pocos oyen

Las primeras afectaciones por cultivos al humedal empezaron a documentarse entre el 2011 y el 2012, cuando el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) identificó daños a este y otros ecosistemas del Pacífico Sur que calificaron en rueda de prensa como “alarmantes”: arrozales que llegan hasta los márgenes de los ríos sin dejar ni un metro de zona de protección, vegetación arrasada, quema y tala para la siembra de palma, humedales desecados y manglares destruidos para extender cultivos agrícolas. Sin embargo, a través de pedido de información no fue posible acceder a expedientes judiciales completos y corroborar si alguno de ellos tiene que ver con este tema.

Esta alianza periodística solicitó una entrevista con el TAA actual, nombrado en el 2021, pero que aún tramita casos desde inicios del 2010 e incluso de los 2000, pero a través del departamento de prensa del Minae indicaron que no hablarían del tema.

El expresidente del TAA, entre 1999 y 2014, José Lino Chaves, sí accedió a la entrevista. Actualmente se desempeña como abogado independiente y consultor ambiental.

“Puntualmente de memoria no doy con los expedientes, pero con el Térraba Sierpe, durante cuatro años seguidos, la parte hídrica visible, el espejo de agua, se había reducido [por drenados e invasión del área]”, recordó. “Se hicieron varios trabajos en el campo y se dieron medidas cautelares (…) de quitar los drenajes. ¿Se hizo? Sí recuerdo que se hizo”, comentó, pero aseguró que no recordaba a la empresa señalada con estas infracciones. 

Por su parte, el gerente de Palmatica, Alfredo Villavicencio, se refirió al caso que el Ministerio Público sancionó por el drenaje de un humedal ordenado por uno de sus empleados. “Hubo una falla de supervisión”, admitió el empresario. También agregó que, aunque el daño no fue dentro de tierras propiedad de la empresa, le solicitaron al empleado que excluyera esa área de lo que vendía a la compañía. 

Villavicencio señaló que, en ese entonces, Palmatica todavía no era parte de la Mesa Redonda sobre el aceite de palma sostenible (RSPO), programa de certificación internacional sobre la sostenibilidad de la palma y del que ahora ya es integrante. 

A pesar de esto, el director técnico de Acosa, Guido Saborío, cuestiona la calidad de esas certificaciones. “Cuando uno ve los resultados como el del (río) Sierpe, para mi es evidente que los estándares que están siguiendo ahora no son suficientemente rigurosos, considerando que no hay cómo detectar que hay un propietario que está haciendo cambio de uso de suelo”. 

Para él, es urgente una voluntad política de los sectores productivos y de las instituciones del Estado para ejecutar cambios que realmente busquen la conservación de los ecosistemas. “Son temas que a nivel local uno no va a resolver”, añadió.

También dijo que otro grave problema es el ordenamiento territorial del país. “[Se] le da un uso que no es el mejor que usted puede tener en un área protegida tan frágil, como es el Humedal Nacional Térraba Sierpe (…). La palma, que no respeta los límites de zona de protección del río como tal, que siempre tiene que haber, no es necesariamente el mejor cultivo que usted debería de tener al lado de un humedal”, considera. 

La Política Nacional de Humedales 2017-2030 de Costa Rica calificó la cuenca y al HNTS como una de las áreas en condiciones de mayor vulnerabilidad. En uno de sus ejes de acción plantearon evitar la contaminación producida por los sectores productivos y regular el uso de agroquímicos. 

Por temas como ese es que el geólogo y ambientalista Allan Astorga cree que hay que hacer cambios sustanciales en la legislación ambiental de Costa Rica, porque los drenados en los cultivos de palma son avalados por las instituciones del ambiente. 

“Se ha permitido el drenado porque esas zonas de llanura tienen el nivel de agua muy somero”, explicó Astorga y añadió que los canales favorecen la erosión y la carga de sedimentos a las fuentes de agua. 

¿Cómo solucionarlo? Para el experto es una cuestión de modernizar la legislación en temas ambientales. “Para probar que alguien drenó un humedal o que lo impactó se sigue el procedimiento clásico de buscar testigos, evidencias, documentarlo, probarlo y llevarlo a un juez”. Para él, la persecución de daños al ambiente debería aprovechar mucho más las tecnologías, como los satélites que orbitan y que pueden reflejar todos los cambios que hay en el planeta. 

Independientemente de la metodología, el objetivo de las comunidades que luchan por el cuidado de los recursos naturales seguirá siendo el de asegurar un hogar en el futuro para sus familias. 

“A mi me ha dejado mucho sinsabor [lo que ocurre con el HNTS], pero creo en lo que estoy haciendo, de algún día dejar mi huella y mi herencia para mis hijos y mi nieta”, dice Jahaira Ramírez. “No se trata de riqueza material, sino de naturaleza”, e insiste en que seguirá firme en la defensa del humedal más grande de Costa Rica. 

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*Tras las huellas de la palma es una investigación transfronteriza coordinada por Mongabay Latam en alianza con Agencia Ocote de Guatemala, La Barra Espaciadora de Ecuador, France 24 en español por Colombia y Contracorriente y Colectivo Linea 84 de Honduras.

Edición general: Alexa Vélez, Antonio Paz, Thelma Gómez, María Isabel Torres. Coordinación periodística: Antonio Paz. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Yuli Santana, Karla Mendes, Carmen Quintela, José David López, Jennifer Ávila, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel, Alexis Serrano Carmona y Diego Cazar. Reporteros: Antonio Paz, Karla Mendes, José David López, Carlos Alonzo, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel y Alexis Serrano Carmona. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias y Daniel Gómez. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.