Los países del norte de Centroamérica tienen graves carencias históricas en materia de ciudadanía social. La pandemia por COVID-19 evidenció aún más estas deficiencias y las incrementó en perjuicio de las poblaciones que ya estaban en situación de vulnerabilidad, especialmente en áreas cruciales para una vida con dignidad: pobreza, salud y educación. 

La forma en que la pandemia fue afrontada por estos países podría implicar en el corto y mediano plazo una reducción del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, al menos en estas áreas centrales del desarrollo.

Un reciente estudio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) pretende aportar al conocimiento de las áreas de política pública que deben ser potenciadas por los países del norte de Centroamérica para mejorar la inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad que continúan desprotegidas en sus derechos. 

Esta investigación incluyó el análisis de los presupuestos nacionales para entender el peso que las políticas de salud, de educación y de alivio a la pobreza tuvieron dentro de las agendas de gobierno. 

El informe evidenció que estos países no están haciendo lo suficiente para garantizar a la población el disfrute de sus derechos. 

Al mismo tiempo y por la forma en que manejaron la pandemia, se prevén mayores carencias en materia de salud y educación, así como retrocesos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Todo ello agravado por la corrupción desde las más altas instancias gubernamentales. 

Uno de los principales hallazgos indica que las acciones emprendidas por El Salvador, Guatemala y Honduras para evitar los contagios y atender la salud de la ciudadanía fueron dispersas y descoordinadas. 

La opción favorita fue tomar medidas con un enfoque policial y militar, que trajeron consigo amplias denuncias de agresiones a la población más vulnerable, así como un retroceso en transparencia, que condujo a la expansión de la corrupción y actos que lindan con el saqueo del Estado. 

El 2020 deja a los países del norte de Centroamérica con altas tasas de endeudamiento y una democracia aun más deficitaria.

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Por otra parte, las políticas contra la pobreza centradas en transferencias monetarias y entrega de alimentos e insumos de bioseguridad, no siguieron el marco de cumplimiento que establecen los derechos económicos, sociales y culturales y fueron insuficientes para frenar el aumento de la pobreza extrema. 

Es necesario reconocer que, al momento de la pandemia, ninguno de los países tenía un sistema de protección social fuerte que incluyera a la población más vulnerable. 

Tampoco respetaron la dignidad, la autonomía y la capacidad de agencia de las personas beneficiarias, ya que no se establecieron mecanismos efectivos de participación de la ciudadanía afectada. 

Además, se ignoró el impacto diferenciado de la crisis en las poblaciones más vulnerables y no se realizaron acciones estratégicas para evitar que se incrementaran las brechas existentes entre los grupos históricamente discriminados. Peor aún, hubo denuncias de abuso de poder de las autoridades contra la población indígena y personas de escasos recursos económicos. 

Pese a que abundan datos sobre cómo la pandemia afecta de manera diferenciada a niñas y niños, en ninguno de los países se tomaron acciones para prevenir la violencia basada en género en los hogares, ni se establecieron sistemas de alerta temprana que permitieran identificar a niñas violentadas en sus casas o que se encontraban en riesgo de abandono de la escuela, ya sea por embarazos o por asumir roles de cuidado y oficios domésticos.

Como resultado, es muy probable que la brecha de desigualdad haya aumentado notablemente durante este período.

[Lee aquí el especial «Violentadas en cuarentena»]

El informe de PADF señala que durante el confinamiento se reportaron graves violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas: el embarazo adolescente aumentó hasta en un 79% en niñas entre 10 y 14 años. 

Asimismo, se experimentó un retroceso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) referidos a mortalidad materna, especialmente para El Salvador y Honduras, que ya habían alcanzado su meta antes de 2020. Durante los meses de confinamiento, los feminicidios fueron mayores que las muertes por COVID-19 en los tres países. 

El análisis apunta a que el gran reto para los países del norte de Centroamérica es lograr que los servicios en salud y educación se acerquen más a los atributos de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Esto implica mejorar en la disponibilidad de servicios, en los bienes e instalaciones ofrecidas por los Estados, en el acceso a los mismos sin discriminación alguna, así como en la aceptabilidad y la calidad, desde el punto de vista científico y técnico. 

En este sentido, es fundamental que las políticas de alivio a la pobreza formen parte de una estrategia integral, coherente, coordinada y con una perspectiva de género, y estén basadas en el respeto a la dignidad, la autonomía y la capacidad de agencia de las personas que viven en pobreza, así como en los principios de igualdad y no discriminación, dando prioridad a las personas y grupos en condición de vulnerabilidad. 

Finalmente, es indispensable asegurar la transparencia, el acceso a la información pública y a la rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos, de tal forma de atajar situaciones que favorezcan la corrupción y que distorsionen las políticas públicas, desviando recursos y fomentando prácticas clientelares. 

Mejorar en ciudadanía social e inclusión va a demorar varios años, y requiere del concurso de los diferentes actores de la vida nacional y del planteamiento de nuevos escenarios para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Sin embargo, no es tarde para comenzar.

Carolina Quinteros es maestra en Sociología con especialidad en política social. Especialista en análisis de género, derechos humanos, derechos laborales, política social, diálogo democrático y responsabilidad social corporativa. Actualmente, labora en la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) como directora del proyecto «Acción Colectiva para prevenir el trabajo infantil, trabajo forzado y otras condiciones de trabajo inaceptables en El Salvador, Guatemala y Honduras». 

Anteriormente, trabajó como investigadora para el proyecto de Derechos Humanos y Democracia de PADF y como directora para El Salvador para este mismo proyecto. 

Se ha desempeñado también como analista en políticas sociales y públicas. Es especialista en diálogo democrático y docente universitaria. Ha realizado publicaciones sobre el análisis de cadenas globales de producción y su incidencia en los derechos laborales. Asimismo, ha trabajado como defensora de derechos laborales desde redes transnacionales de activistas, en favor de las mujeres trabajadoras de la maquila.