El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, acudió este martes a una citación en el Congreso, a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos, para rendir cuentas sobre su gestión, sobre los fondos recibidos, para informar sobre personal contratado y dar detalles sobre el proceso de transición. 

La citación fue convocada el 26 de julio, para conocer información de auditoría interna de PDH, que según el diputado Manuel Conde Orellana, del Partido Avanzada Nacional (PAN), podrían ayudar a «acompañar el proceso de transición para que al nuevo procurador no se le oculte información».

En la reunión participaron 15 de los 19 integrantes de la comisión legislativa. También llegó José Alejandro Córdova Herrera, el procurador electo y quien tomará posesión el próximo 20 de agosto. Córdova fue señalado en 2020 por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de haber participado en «posibles negociaciones ilícitas con el privado de libertad Gustavo Adolfo Alejos Cámbara». 

La fiscalía solicitó entonces que se le retirara la inmunidad a Córdova Herrera, quien era magistrado de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia. El 7 de julio, la Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo del Ministerio Público que buscaba reactivar su solicitud de antejuicio.

Rodas cuestionó desde el inicio de la citación el hecho de que algunos diputados de la comisión solicitaran acompañar el proceso de la transición en la PDH. El procurador señaló que esta no es competencia de la comisión —aunque la misma sí debe trasladar informes y gestiones del PDH al pleno del Congreso—, y recordó que «la misma ley dice que (el procurador) no está subordinado a ningún organismo del Estado».

Aun así, Alejandro Córdova aseguró que solicitará el acompañamiento de la comisión legislativa.

«Sería un proceso inédito. La lógica es que si la PDH rinde informes al Congreso, este a través de la Comisión puede acompañar. Si existe un acuerdo entre procurador saliente (Rodas) y entrante (Córdova), lo mejor es hacerlo en vías de la transparencia», comenta Raquel Zelaya, economista y presidenta de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (ASIES). 

Para Bernardo Arévalo, diputado de la bancada Semilla, «esta citación es una vendetta de algunos miembros de la comisión contra Rodas, por desacuerdos políticos, más que con su gestión. En el Congreso deberíamos estar legislando en favor de los derechos humanos y no persiguiendo a un procurador». El Congresista considera que este proceso busca pervertir la gestión de Rodas ante la sociedad civil.

Jordán Rodas comentó a Ocote que este miércoles 3 de agosto Córdova se presentó a las oficinas de PDH para conversar sobre la transición de mandos.

La sesión permanente

El PDH entregó el informe a la comisión el martes 2 de agosto a las 10 de la mañana. Ocote solicitó al personal de comunicación de PDH copia del mismo, pero aseguraron que el documento no se hacía público.

En la citación tampoco se pudo conocer el contenido del informe, a pesar de que, según congresistas como Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, la reunión se había convocado precisamente para analizar y evaluar los resultados. 

Los congresistas insistieron en aplazar la citación, para tener más tiempo para analizar el informe del PDH. Once de los quince diputados presentes votaron a favor de esto. Antonio Arenales Forno, presidente de la comisión, explicó que en el transcurso de esta semana se definirá una nueva fecha. 

Según el diputado Bernardo Arévalo, esto implica que en cualquier momento podrán ser citados nuevamente por el presidente de la comisión, para conocer el informe del PDH. 

Hay que tomar en cuenta que faltan apenas dos semanas y media para que Rodas deje su cargo. «El objeto de la citación es que la rendición de cuentas se haga como procurador. Son los funcionarios los que están sujetos a esta normativa, así que si él entrega el cargo no podría seguir sujeto a la Comisión de Derechos Humanos”, explicó Arévalo.

Primer cuestionamiento: el presupuesto

A pesar de que no leyeron los resultados del informe, varios congresistas hicieron una serie de cuestionamientos al PDH durante la citación. El primero, el presupuesto.

El diputado de VIVA Aníbal Rojas, vicepresidente de la Comisión, cuestionó el traslado de Q20 millones a la PDH «porque el presupuesto supuestamente no alcanzaba».

En enero de 2020 el Congreso aprobó una solicitud de ampliación al presupuesto de PDH por este monto para «cumplir con compromisos adquiridos». 

Jordán Rodas explicó que este aumento presupuestario no fue un favor del Congreso, sino un cumplimiento de orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) para concluir con el periodo fiscal del personal de PDH.

Sin embargo, el 24 de noviembre de 2021 el Congreso volvió a aprobar un aumento presupuestario, pero este no fue recibido por la PDH. Según la diputada Sonia Gutiérrez, el proceso se ha obstaculizado porque el Ministerio de Finanzas asegura que no se puede trasladar ese monto dado que no se contempló en el presupuesto inicial del Congreso. Explica que haría falta una orden de la CC para que se traslade, como sucedió en 2020. «Lastimosamente, este procedimiento perjudica a PDH en su labor», critica.

Segundo cuestionamiento: las donaciones 

El diputado Julio López Escobar, de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), inició la citación cuestionando al director financiero de la PDH, Henry Buldemaro, sobre las donaciones recibidas por la institución en los cinco años de gestión de Jordán Rodas; de 2018 a 2022. 

El congresista preguntó cómo se habían utilizado esas donaciones realizadas por entidades de otros países, a lo que el diputado Aníbal Rojas agregó que es necesario que la PDH entregue un desglose detallado de las donaciones durante toda su gestión.

Rodas y Buldemaro argumentaron que el desglose estaba en el informe, pero López Escobar insistió en que los cuadros del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) que se añadieron en el documento dificultaban la lectura del presupuesto.

A la salida de la citación, el PDH comentó que esperará a recibir la nueva solicitud de la comisión para entregar el nuevo presupuesto detallado, «según los tiempos que establece la ley». 

Además, el diputado Manuel Conde hizo énfasis en que Rodas debe entregar un listado de las oenegés que reciben ayuda financiera de la institución. “Si ninguna (organización no gubernamental) recibe dinero de PDH, pues no”, concluyó.

Conde es uno de los promotores en agenda legislativa de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, que aumenta el control financiero de las organizaciones de sociedad por parte del Estado y permite al Ministerio de Gobernación retirar sus permisos si considera que esta está violando el orden público. 

Tercer cuestionamiento: la indemnización

El diputado Álvaro Arzú Escobar, de la bancada Unionista, cuestionó a Jordán Rodas si accedería a ser indemnizado por su trabajo de cinco años al frente de la PDH. 

La indemnización es una compensación monetaria equivalente a un sueldo por año de trabajo, que recibe un trabajador al ser retirado de un cargo.  Según el Código de Trabajo, la indemnización es un derecho para quienes terminan su período de trabajo sin causa justificada, algo que para el economista Edgar Balsells ha sido interpretado desde diferentes criterios en la administración pública.

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) explica que «No existe normativa específica sobre indemnizaciones de funcionarios públicos. Para empleados públicos, la Ley de Servicio Civil refiere a lo establecido en el Código de Trabajo».

«Algunas entidades tienen normativa propia, por ejemplo el Banco de Guatemala o la SAT. Los dignatarios de la nación, otros cargos de elección popular o funcionarios electos por períodos fijos y preestablecidos, no tienen derecho a indemnización por renuncia voluntaria o vencimiento del período», añadió.

Como precedente, en 2017 el entonces PDH, Jorge De León Duque, rechazó recibir su indemnización. De León argumentó que, por tratarse de un período específico de trabajo, no correspondía una indemnización. Sin embargo, su antecesor Sergio Morales Alvarado sí recibió una indemnización por Q523,677.08 según un reportaje de No-Ficción. Diferentes especialistas consultados por Ocote coinciden en que no hay certeza jurídica sobre si debe, o no, recibir este beneficio un procurador. 

Arzú mencionó el ejemplo de De León Duque para argumentar que Rodas no debería recibir la indemnización por tratarse de un cargo con una duración estimada, de cinco años. 

El procurador contestó que no había pensado en esto y no dio una respuesta. Agregó que su salario base es de Q50 mil, más Q6 mil de honorarios, lo cual considera un salario digno. «No es mi prioridad si cobro o no una indemnización… agradezco su punto de vista y lo respeto, pero hay cosas más importantes», concluyó.