«¡Voy a mandar la clavícula y el omóplato izquierdo!», grita Willi Guerra. El arqueólogo forense y dibujante de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) está en el fondo de una fosa de cuatro metros de profundidad y dos de ancho.
Es jueves, 2 junio de 2022. El agujero desde el que Guerra grita está sobre una explanada. El terreno no tiene árboles y apenas está cubierto con un poco de maleza. A su alrededor está el campo de fútbol, el instituto de secundaria y el centro de salud de Choatalum, una aldea de San Martín Jilotepeque, en el departamento de Chimaltenango, a unos 70 kilómetros de Ciudad de Guatemala.
Hoy, en la comunidad rodeada por montañas boscosas, apenas se asoma el sol. Hace frío y las nubes grises oscurecen el paisaje.
Sobre la fosa, que un día fue un pozo de agua, hay una polea con una cuerda de la que cuelga un gastado cubo de plástico, que alguna vez contuvo pintura. En éste hoy suben los huesos.
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En Choatalum viven unas 300 familias. La mayoría son kaqchikeles y se dedican a la agricultura. Algunas calles del centro son de concreto y otras de asfalto. El resto son de terracería.
Según el alcalde, Bartolomé Chocoj Camey, todas las personas en Choatalum tienen acceso a agua y electricidad. El dato contrasta con las cifras de San Martín Jilotepeque. El Censo de 2018, estableció que solo el 56% de las personas del municipio cuentan con tuberías de agua. El 93% tiene energía eléctrica.
En la explanada de la que hoy salen huesos, a inicios de los ochenta funcionó un destacamento militar. Otro más de los 247 destacamentos militares que se instalaron en Guatemala durante el conflicto armado, de acuerdo con “La Ocupación Militar en Guatemala (1978-1985)”, un estudio elaborado por la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
[Lee aquí: “La Ocupación Militar en Guatemala (1978-1985)”]
El destacamento militar de Choatalum se instaló en 1982 y operó hasta 1992. El lugar funcionó como un centro de control de los habitantes de la aldea.
Mientras observa la exhumación, María Magdalena Cajti recuerda la llegada de los militares a la comunidad. Ella es parte de la Asociación Q’anil Maya Kaqchikel, conocida como Asoq’anil, que agrupa a familiares de las víctimas del conflicto armado en Chimaltenango.
Magdalena tenía 26 años cuando los soldados llegaron. «Nosotros no podíamos ir a ningún lado sin que nos dieran un papel que nos daba el permiso para salir, y cuando regresábamos (a la aldea) teníamos que informarles que habíamos vuelto», dice ahora, con 66 años.
Además, el destacamento de Choatalum también fue uno de los lugares donde el Ejército de Guatemala reclutaba civiles que, junto con soldados, capturaban a habitantes que pasaban por los puestos de registro, que estaban en sus casas o que se ocultaban en las montañas. Ahí, realizó torturas, interrogatorios y ejecuciones de personas consideradas aliadas de la guerrilla.
Así quedó demostrado en el juicio celebrado en 2009 contra Felipe Cusanero Coj, excomisionado militar, que fue condenado a 150 años de prisión por la desaparición forzada de seis personas: Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena Chajchaguin, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay Cajtí.
De acuerdo con los testimonios que se presentaron en el juicio, entre noviembre de 1982 y octubre de 1984, Cusanero detuvo a estas personas y las acusó de ser parte de la guerrilla. Luego las entregó al destacamento militar de Choatalum y desde entonces no se supo más de ellas.
El caso contra el excomisionado militar supuso la primera condena por el delito de desaparición forzada en Guatemala. Se desconoce cuántas personas más fueron enviadas al destacamento de Choatalum. De algunas, todavía no se sabe el paradero.
Magdalena se unió a Asoq’anil porque, al igual que otras personas de Choatalum, perdió a un familiar en la guerra. El Ejército se llevó a su esposo en los ochenta. Llegaron por él a su casa y lo acusaron de colaborar con la guerrilla. Su nombre era Catalino Osorio y tenía 27 años. Cuando lo detuvieron, ella se refugió en las montañas con sus tres hijos. Ninguno tenía más de seis años. Ahí se escondieron por un año. «Comimos guayabas verdes, jocotes, hierbas crudas», dice.
No recuerda la fecha en que encontró los restos de su esposo, solo sabe que fue después de que se firmaran los Acuerdos de Paz, en 1996. La gente halló una fosa en el caserío La Plazuela, contiguo a Choatalum. Adentro estaba Catalino. Ella lo reconoció de inmediato por la ropa que usaba y más tarde las pruebas de ADN confirmaron que era él.
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—¿De qué color son los calcetines? —pregunta Selket Callejas, la arqueóloga forense de la FAFG a cargo de la exhumación.
—Son amarillos —contesta su compañero Willy Guerra, que sigue dentro de la fosa.
Callejas llena a mano un formulario en el que se describe cada hueso que se saca de la fosa en el cubo de pintura, cada prenda de ropa y cada objeto que han encontrado en la exhumación. Los dos arqueólogos creen que estos son los restos de un hombre, por el grosor de la osamenta y la camisa blanca con líneas verticales negras.
Dentro de la fosa no hallaron rastro de ningún pantalón o de calzoncillos. Solo un pedazo de algo que parece cuero y que posiblemente fue una billetera.
José Suasnavar, subdirector de la FAFG, explica que la excavación que se realiza hoy en Choatalum se debe a una solicitud que los vecinos de la comunidad le hicieron al Ministerio Público en 2021.
Los habitantes de la aldea explicaron a los investigadores que los restos podrían ser de un hombre que trabajaba como guardia del centro de salud y que desapareció después de que los soldados llegaran a la comunidad. Recuerdan que le llamaban Pascual.
Según explicaron, en la guerra se comentaba que un hombre había sido lanzado a un pozo cerca del centro de salud del que no recordaban su ubicación exacta. Así, la FAFG logró delimitar el terreno de exploración.
La exhumación empezó el domingo 29 de mayo. La fosa, explica Selket Callejas, la arqueóloga forense, la encontraron a través de un georradar de penetración. Es un aparato que detecta los hundimientos en la tierra, y que suele usarse en búsquedas como esta.
Desde entonces, algunos hombres de la comunidad, bajo la supervisión de la FAFG y un representante del Ministerio Público, excavaron con piochas y palas para que los arqueólogos forenses pudieran dar con la osamenta. Hoy esos hombres los auxilian pasándoles herramientas o ayudándolos a salir del fondo de la fosa.
El cráneo es una de las últimas piezas en subir. Cada hueso es colocado en una bolsa de papel manila, donde escriben con marcador una descripción de lo que contiene. Los investigadores llevarán los restos al laboratorio de la FAFG, donde analizarán cualquier marca que les diga algo más de lo que le pasó a esta persona.
—¿La osamenta tiene alguna señal de violencia visible? —se le pregunta a Guerra.
—Solo con el hecho de que esté aquí abajo, ya es una señal de violencia —responde.
Estos huesos no son los primeros que se encuentran en este terreno donde se construyó el destacamento militar. A finales del año 2000, la FAFG exploró este terreno en Choatalum y encontró 22 osamentas dentro de otro pozo, a unos 20 metros de la fosa que se terminó de excavar hoy.
A 30 metros de la exhumación también fue hallada otra fosa en 2001. Así lo relata José Silvio Tay, de 46 años, vecino de la aldea e integrante de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), que representa legalmente a sobrevivientes de la guerra. El hallazgo se dio mientras se construía el instituto de secundaria. Los albañiles empezaban a escarbar para fundir las bases del establecimiento cuando encontraron ropa entre la tierra.
Tay cuenta que en ese momento decidieron llamar de nuevo a la FAFG para que llegara al lugar y lo excavaran. Suponían que podría tratarse de una fosa. Sus sospechas fueron confirmadas. Dentro encontraron los huesos de dos personas.
Entre 1982 y 1983, Tay perdió a su abuelo Margarito y a dos tíos: Domingo y Tomás. Los tres vivían en Choatalum. A su abuelo lo llegaron a traer a su casa. De sus dos tíos solo supo que el Ejército se los llevó cuando estaban fuera de la comunidad.
Según datos de la FAFG, con la que exhumaron hoy, en el lugar se han encontrado 32 osamentas. Solo entre el 2000 y 2001 encontraron 26.
Selket Callejas, la arqueóloga forense de la FAFG, dice que en los próximos días empezarán una exploración a medio kilómetro de esta fosa. Los vecinos creen que hay otro pozo en el que pudieron enterrar a otros habitantes de la aldea.
A 20 kilómetros de Choatalum, en San Juan Comalapa, otro municipio de Chimaltenango, se instaló otro destacamento militar en el que también se torturó y ejecutó a los habitantes durante la guerra. En 2003 hallaron ahí los restos de 220 personas.
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Los días oscuros en Choatalum también quedaron registrados en el informe Guatemala: Memoria del Silencio, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Según recoge el documento, en octubre de 1982, en Choatalum « miembros del Ejército de Guatemala capturaron y torturaron a Julián Tay Estrada» quien era catequista de la aldea y colaborador de la guerrilla. Fue liberado ocho días después de su detención.
El informe también recoge el cruento allanamiento en la casa de María Cusanero Tzián. Ella «acababa de regresar a la aldea después de haber permanecido un año en las montañas escapando de la violencia desatada». En la descripción de los hechos se estableció que un grupo de soldados la asesinaron, a ella y a sus hijas Irma Julieta, Dora Alicia y María Teresa Culajay Cusanero, que tenían cuatro, dos y un año, respectivamente. Las mataron estrellándolas contra las piedras.
En Guatemala se estima que durante la guerra hubo 200 mil muertos y desaparecieron a 45 mil personas. Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el 93% de los crímenes fueron cometidos por el Ejército.
Los vecinos de Choatalum creen que varias de estas personas pueden estar en la aldea, enterradas en fosas.
