La Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la capital de Guatemala, aún conserva en el suelo algunas pintas del día anterior. “Mi cuerpo, mi primer territorio de defensa”, “Ni una menos” escribieron mujeres manifestantes sobre el cemento, el 8 de marzo de 2022.

A unos metros de la bandera nacional, un cordón rojo rodea el altar con 41 cruces que, desde hace cinco años, organizaciones sociales y mujeres han conservado para recordar a las  niñas y adolescentes que murieron quemadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. 

El altar y las pintas, desteñidas, son lo único que recuerdan que un día antes, en esta misma plaza, cientos de mujeres protestaron, gritaron y exigieron que se respetaran sus derechos, sus cuerpos, sus decisiones. Que cesara la violencia. Que el Estado responda.

Ahora, a las ocho de la mañana, el escenario ha cambiado. En el lugar hay más de 2 mil sillas plásticas, blancas, ordenadas de 100 en 100. Sobre el suelo, un vinil engomado de unos dos metros de diámetro con el lema”#GuateEsVida. Capital provida de Iberoamérica”. Todo está listo para celebrar el “Día por la vida y la familia”. 

Hace un mes, el 9 de febrero, el Congreso de la República aprobó una ley que declara cada 9 de marzo el Día por la Vida y la Familia. El decreto nació de una iniciativa presentada por la Presidenta del Congreso, Shirley Joanna Rivera Zaldaña, del partido oficialista VAMOS.

Esta ley obliga a los tres organismos del Estado a realizar actos conmemorativos que “resalten la importancia del respeto por la vida y la familia, el no aborto y el no a la violencia” y a promover políticas que respondan al mismo objetivo”.

Políticas como la “Política pública de protección a la vida y a la institucionalidad de la familia” que se aprobó en julio de 2021, en la que asegura “la protección de la niñez desde su concepción” y en la que se promueve la abstinencia como el método más efectivo para reducir embarazos en niñas y adolescentes.

Esta política, de hecho, será presentada más tarde, en el Palacio Nacional, donde también se declarará a “Guatemala capital iberoamericana provida”.

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A las ocho de la mañana, las calles y avenidas que colindan con la Plaza de la Constitución, dos cuadras a la redonda, están cerradas con vallas de metal. Decenas de policías nacionales civiles, policías militares y personal de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) custodian el lugar. Impiden el paso de vehículos y peatones. Quienes ingresan a la plaza deben pasar por detectores de metal y por los perros que detectan explosivos.

Según información de la Policía Nacional Civil (PNC) facilitada a Ocote el 29 de marzo de 2022, 12 días después de la publicación de este reportaje, se desplegaron 185 agentes, tres inspectores, dos subinspectores y un comisario.

Los puestos de vacunación y testeo de COVID-19 que había frente al Palacio Nacional ya no están. En su lugar hay una tarima y tres pantallas gigantes que reproducen en bucle un resumen del informe presidencial 2021 y destacan lo que, asegura la Presidencia, son los “mayores logros del gobierno”.

Las pantallas también proyectarán mientras dure el evento un video de Steve Daines, senador republicano de Montana, en el que felicita a Alejandro Giammattei, por “defender la vida de los bebés no nacidos y la familia convencional”.

No es casual la aparición del senador republicano en el evento organizado por Giammattei. En enero de 2022, el Gobierno de Guatemala informó de la contratación de servicios de cabildeo o  “lobby”, con la firma Ballard Partners, en Estados Unidos,  para “promover sus intereses”. El contrato se realizó por 900 mil dólares que fueron donados por Taiwan.

Ballard Partners es una firma vinculada al expresidente Donald Trump y al Partido Republicano, al que pertenece Daines.

Además, el senador ha sido impulsor de proyectos de ley en Estados Unidos que buscan prohibir el uso de recursos federales para financiar clínicas de salud que asisten a mujeres que necesitan abortar dentro de las universidades.

También ha apoyado iniciativas como la Ultrasound Informed Consent Act, en Texas, en la que se busca obligar a las clínicas a reproducir el sonido del corazón del feto a las mujeres que van a realizarse un aborto. Ninguno de estos proyectos de ley ha sido aprobado. 

Las palabras de Daines evocan a lo sucedido el día anterior: el Congreso de la República aprobó la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que endurece las penas a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, a organizaciones o personas que lo promuevan y prohíbe el matrimonio homosexual y las políticas o programas educativos que tiendan a “desviar la identidad según el sexo al nacer o enseñar conductas sexuales distintas”.

Esta ley, que una semana después fue archivada, no solo vulnera varios principios constitucionales. También tratados internacionales que el Estado de Guatemala ha ratificado, como  el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño.

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El 10 de marzo, en un mensaje a la población, transmitido en redes sociales, Giammattei se desligó de la ley. Aseguró que la iniciativa no surgió del Ejecutivo, que viola convenciones internacionales y la Constitución de la República. También anunció que, de llegar a sus manos, sería vetada.

En ese mensaje, el presidente también dijo que el Decreto 18–2022 no tiene relación con que se haya declarado a Guatemala como “capital provida de Iberoamérica”.

Para Stephanie Rodríguez, abogada y miembro del Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la celebración, la ley y todas las acciones del Ejecutivo no pueden entenderse como un hecho aislado. Están relacionadas con una estrategia y una agenda antiderechos por parte del Estado.

Se le denomina antiderechos porque, como explica Rodríguez, el Gobierno y el Congreso de Guatemala han abanderado discursos religiosos y conservadores que buscan criminalizar y restringir los derechos de las mujeres y de las comunidades LGBTIQ+.

Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, coincide con ella. Sabe que en política no existen las casualidades. Para él, esto es además una estrategia de Giammattei para recuperar la credibilidad que perdió por el mal manejo de la pandemia, por el aumento de casi un 5.4% en los casos de desnutrición aguda respecto al año anterior y por los escándalos de corrupción que lo involucran a él y sus funcionarios.

Escándalos como el señalamiento de haber recibido sobornos de empresarios rusos y las recientes filtraciones acerca de cómo el Gobierno ha favorecido a la Compañía Guatemalteca de Níquel para explotar minerales en El Estor.

Para el Procurador no hay muchos aspectos positivos que se puedan decir de la gestión Giammattei en temas de salud, educación, justicia o seguridad. Es por eso que “el gobierno apela a temas subjetivos vinculados a la moralidad o la religión. Un discurso que suena bonito y cala entre los sectores ultraconservadores” afirma.

El congreso por la vida y el evento del Gobierno

Desde hace meses, las redes sociales del Gobierno y del Congreso de la República anunciaron como un logro la declaración del país como la tercera sede del “Congreso Iberoamericano por la vida y la familia” que se realizó del 9 al 11 de marzo.

Este congreso está promovido por organizaciones religiosas evangélicas de más de veinte países de América. Surgió en 2017 en México, a raíz de la Iniciativa Ciudadana por la vida y la Familia y su presidente es el pastor evangélico mexicano Aarón Lara. Lara también es parte de la junta directiva del portal “Evangélico Digital” un medio que se dedica a la difusión de noticias sobre “el no aborto”, la defensa de la familia formada por el hombre y mujer y las críticas a la homosexualidad.

En 2016, Lara organizó marchas ante la cámara de diputados de México en las que pedía la modificación del Código Civil de ese país para que se definiera el concepto de matrimonio como la unión única de un hombre con una mujer. También ha pronunciado discursos en contra de lo que él llama “ideología de género” y la educación sexual integral.

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El congreso por la vida propuso cuatro eventos en Guatemala. La declaratoria de Guatemala como capital provida de Iberoamérica el 9 de marzo, en el Palacio Nacional; la asamblea del congreso, realizada en la Universidad Panamericana en la que se llevó a cabo el Simposium “Cuestiones de vida o muerte”; y la  cumbre internacional de organizaciones provida y el encuentro de la unión iberoamericana de parlamentarios cristianos, que se hicieron en el Teatro Nacional.

Para inscribirse en los eventos, en la página oficial del congreso se publicó un enlace a un formulario de Google. Una vez ingresados los datos en el formulario, se informaba del costo de la entrada: 150 dólares y 90 dólares más si se requería hospedaje en el Hotel Barceló. 

César Ayala, pastor de la Iglesia del Nazareno Evangélica de Guatemala y presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala aseguró a Ocote que el cobro se planteó solo para delegaciones de otros países. Dijo que a las otras agrupaciones religiosas de Guatemala no les exigieron un pago, sino que solo les llegó una invitación del congreso por la vida.

El 21 de marzo, cuatro días después de la publicación de este reportaje, Pedro Tarquis, responsable de prensa del congreso iberoamericano, respondió las preguntas de Ocote sobre la organización del evento. Tarquis aclaró que este congreso “no recibe subsidios ni de gobiernos, ni de partidos políticos, ni de ninguna entidad o institución religiosa” y que “se auto sostiene con donaciones de particulares, entre ellas con cuotas de recuperación como las inscripciones al evento que realizamos en Guatemala”.

El responsable de prensa añadió que este evento no incluyó las actividades del Gobierno de Guatemala, como la declaratoria del Día Nacional por la Vida y la Familia, “que fueron eventos públicos y por lo tanto gratuitos para los asistentes”. “Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación corrieron por cuenta de cada asistente. El 60 por ciento de los asistentes a las actividades propias del Congreso Iberoamericano obtuvieron una beca del cien por ciento de la inscripción, por lo que de 240 extranjeros que visitaron Guatemala, solo alrededor de cien pagaron cuota de recuperación”, concluyó.

Liza Alvarado, encargada de comunicación de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) afirmó a Ocote que el Gobierno no tuvo nada que ver con el cobro por la inscripción al evento. Aseguró que el congreso organizado por las agrupaciones evangélicas coincidió con las actividades públicas del Ejecutivo en el Día por la Vida y la Familia.

Alvarado, igual que Tarquis, aseguró que el evento del Gobierno fue público, pero en la Plaza de la Constitución no pudo entrar cualquier persona.

Hubo tres opciones de ingreso: con la invitación exclusiva del congreso iberoamericano por la vida y la familia; con una entrada previamente comprada a la misma agrupación; o con la invitación del Gobierno de la República, que se gestionó a través de los ministerios y de algunos líderes religiosos.

Según Alvarado, se consultó a organizaciones civiles y religiosas y “se consideró hacer las invitaciones a ellos”. Julio Lara, asesor de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, aseguró que fue Segeplan quien coordinó las invitaciones y que no tenían más información del proceso.

Entre los asistentes a la celebración del Día por la Vida y la Familia hubo empleados de varios ministerios. También estudiantes del Instituto Adolfo V. Hall Central, de la Escuela Técnica Militar de Aviación y del Escuela de Comunicaciones del Ejército.

Los jóvenes a los que les consultamos no sabían por qué estaban ahí. “La verdad no sé, solo nos trajeron”, “sabemos que es por el Día de la Familia, nada más”, dijeron algunos.

Además, había personas de iglesias evangélicas como El Shaddai, Casa de Dios y El verbo. Afirmaron que el presidente Giammattei y los pastores de sus iglesias los habían invitado. 

El Gobierno al servicio del discurso antiderechos

El maestro de ceremonias del evento es Javier Arnoldo Maldonado, asesor de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que hasta enero de 2022, recibía Q14,032 mensuales por la prestación de sus servicios profesionales en el renglón 029.

Maldonado anuncia la llegada de Giammattei, su gabinete presidencial, la presidenta del Congreso y líderes religiosos.

Minutos más tarde, Shirley Rivera, la presidenta del Congreso leerá frente a los asistentes la ley que declara el 9 de marzo como el día por la vida y la familia en Guatemala. Destacará que el Estado de Guatemala se ha caracterizado por defender la vida desde la concepción al firmar el Consenso de Ginebra.

Este consenso es una declaración “sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia”, que el Gobierno de Donald Trump presentó ante Naciones Unidas y al que se adhirieron 32 países, entre ellos, Brasil y Arabia Saudí.

El documento afirma que el aborto no debía ser promovido como método de planificación familiar y que “cualquier medida o cambio relacionado con el aborto dentro del sistema de salud solo puede determinarse a nivel nacional o local de acuerdo con el proceso legislativo nacional”.

La declaración también indica que los Estados deben mejorar el acceso a la salud, sin incluir el aborto, y que “no existe un derecho internacional al aborto, ni ningún derecho internacional obligación por parte de los Estados de financiar o facilitar el aborto”.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, afirma que este consenso es un síntoma de los discursos populistas y ultraconservadores de algunos gobiernos, como el de Trump.

Además recuerda que esta declaración no tiene efectos jurídicos, ya que no se trata de ningún convenio que haya pasado por el proceso de ratificación por el Estado de Guatemala según el Derecho Internacional. Es únicamente “una declaración política de un grupo de gobiernos afines ideológicamente”.

La escena en la plaza pronto parece evocar una celebración religiosa. Una misa, un culto evangélico. Javier Arnoldo Maldonado repite varias veces, en voz alta, casi gritada, que “este país se caracteriza por ser una nación de fe y de paz que defiende la vida desde la concepción”.

Les pide a las personas que se pongan de pie, que cierren los ojos, que oren. Lo hace la mayoría: los jóvenes militares en la plaza, los trabajadores de los ministerios y los líderes religiosos que están en una especie de “palco” cercado con vallas de metal, frente al escenario.

El sacerdote José Luis Colmenares, representante del Arzobispado, y el pastor Juan Manuel Castañeda, de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, toman el micrófono para hacer una oración en el acto público.

Decenas de veces, las personas que intervienen en el evento  invocan a Dios. En la plaza está Aarón Lara, el presidente del Congreso Iberoamericano por la vida y la familia. Toma la palabra y agradece a “Dios Todopoderoso por declarar esta capital como capital Iberoamericana de la vida”.

Los funcionarios del Gobierno también se unen al discurso. Luis Lam, embajador de Guatemala ante Naciones Unidas, asegura después de leer un versículo bíblico, que “el aborto no es un derecho humano como algunos grupos lo quieren hacer ver”, y vuelve a citar el consenso de Ginebra.

Stephanie Rodríguez explica que esto atenta contra el Estado de Derecho y los principios de laicidad del Estado. “La Constitución de la República habla en el artículo 36 de la libertad de religión y las sentencias de la Corte de Constitucionalidad han dejado claro que ningún funcionario puede utilizar el aparato estatal para fomentar alguna religión” recuerda.

Además, considera que es una forma de violencia simbólica ejercida desde la Presidencia, pues se utilizan los recursos y el aparato estatal para “imponer una sola idea sobre la moral, en este caso, la cristiana, y de esa forma deja fuera a quienes profesan otro tipo de espiritualidad, o quienes no profesan ninguna religión”. 

En el portal Guatecompras, aparecen algunas adjudicaciones para el evento que suman, al menos, 134,798 quetzales. Entre ellas, el alquiler por Q39,899 de una pantalla LED  por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia que se instalará en el Palacio Nacional para la actividad en la que se declarará a Guatemala como “capital provida” ; y el alquiler de un equipo de audio al mismo precio.

Para la actividad en la Plaza de la Constitución, quien realizó las compras fue Segeplan. La justificación se describe como: “En el marco de las actividades de divulgación de la Política Pública de protección a la vida y la institucionalidad (…) que se llevará a cabo en el Congreso Iberoamericano por la vida”. También alquilaron pantallas LED a Q55 mil.  

A través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, se solicitó al Ministerio de Gobernación información de cuántos miembros de la Policía Nacional Civil se movilizaron para el evento y qué presupuesto se destinó a la actividad. Cuando la institución envíe los datos se incluirán en este texto.

“Dejen de protestar”

Unos gritos se escuchan desde afuera de la plaza. “Aquí afuera nos están matando”. “Hipócritas, no les importa la vida, en este país los niños se mueren de hambre”. “Antiderechos”.

Son mujeres de las organizaciones Mujeres Transformando el Mundo, de OTRANS y del Consorcio de Derechos Sexuales y reproductivos. Llegaron al lugar desde temprano para protestar en contra del evento y de la ley que aumenta las penas de aborto.

“¡Esta capital es muerte, este país no defiende la vida!”, grita Alma Odette Chacón, aunque su voz no alcanza a los asistentes del evento.

A este grupo se unirá más tarde otro de jóvenes, mujeres, personas de las comunidades LGBTIQ+ y estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad San Carlos.

Cuando Giammattei toma el micrófono, el público de la actividad celebra y los gritos de protesta afuera se hacen más fuertes.

Frente al atril, el Presidente reitera las palabras que Lara también afirmó: “Este país está comprometido con la vida desde la concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas”.

“Hoy es un día para celebrar que tenemos un país que aprende, enseña, y hace todo lo posible por respetar su vida desde su concepción”, añade. Lara, desde su asiento, asiente y comienza a aplaudir. Lo siguen algunos ministros y los asistentes.

Ni Giammattei, ni ninguno de los que habló antes de él mencionan la ley que el Congreso aprobó el día anterior y que provocó protestas ciudadanas que se seguirán realizando los días siguientes. Aunque el presidente termina su mensaje así: “Somos un país que respeta a los disidentes. Oímos a los que protestan”.

Voltea por un segundo su cabeza hacia el lado izquierdo, hacia la manifestación, y vuelve a dirigir los ojos al público. Aprieta su mano en un puño y finaliza: “Aunque les decimos que dejen de protestar y nos unamos”.

El patio de la “vida”

La actividad en la plaza es solo el comienzo de la celebración. Giammattei,  su Gabinete, los líderes religiosos y algunos asistentes entran al Palacio Nacional. Adentro, solo dejan ingresar a algunos periodistas. Ocote intentó acceder, pero personal de SAAS le negó el paso argumentando haberse cumplido el aforo limitado. Medios de comunicación como El Periódico y la Hora, y la misma transmisión del Gobierno en sus redes sociales, reportaron después lo que pasó adentro.

Entre el público había caras conocidas para el Presidente. Consuelo Porras, la Fiscal General, señalada por extrabajadores, fiscales y por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una aliada  de la corrupción que ha favorecido al crimen organizado; Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno; o Cash Luna, pastor de Casa de Dios y señalado por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.

La presencia de estas personas no es casual. Según Jordán Rodas, “hay que comprender que la batalla contra la corrupción de hace algunos años tocó fibras delicadas e intereses políticos y económicos. Esto logró unirlos para acuerparse”.

[Escucha aquí el episodio de Las Recias sobre Claudia Escobar] 

Uno a uno, líderes de diferentes religiones pasan al frente y se forman a los lados del Presidente: Fransico Montesino Padilla, nuncio apostólico del Papa Francisco en Guatemala; Monseñor Gonzalo De Villa, arzobispo Metropolitano de Guatemala; y el pastor evangélico Juan Manuel Castañeda, el mismo que pronunció la oración afuera.

También se alista Elder Lorenzana, de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos días; Mohamed Shalia, guía espiritual de la comunidad musulmana en Guatemala y David Russek, líder de la comunidad judía, quien se dirige a la silla que hasta ahora ocupaba Keila Gramajo, la titular de Segeplan. Ella le cede el asiento, busca dónde sentarse pero todos los lugares ya están ocupados por los religiosos, así deja el escenario principal.

Para Stephanie Rodríguez, que Giammattei haya decidido llamar al frente a líderes religiosos

“es más un acto político de carácter simbólico. Está queriendo decir que él está con ellos y ellos están con él. Y se van a apoyar a toda costa”. Rodríguez considera que se trata de un acto populista para ganar y reforzar la confianza de los sectores más conservadores del país.

La abogada recuerda además que el Gobierno no llamó al frente a ningún líder espiritual maya: “No es de sorprenderse, los pueblos indígenas han sido históricamente excluidos de cualquier tipo de evento o toma de decisiones”.

Pablo Ortiz, presidente de la Asociación la Familia Importa (AFI) inicia la actividad: “En el 2019 el presidente Giammattei, cuando era candidato, firmó una declaración preparada por la Asociación la Familia Importa, en la que se compromete a cumplir los valores por la vida y la familia. Al día de hoy lo ha cumplido muy bien”, lo felicita. Después celebra las declaraciones del presidente frente a la OEA y Naciones Unidas en las que defendió la vida desde la concepción.

Cada uno de los líderes religiosos da un discurso en el que agradecen el esfuerzo de Giammattei por defender la vida desde la concepción y la familia nuclear.

A ellos se suma Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana. Herrera, miembro de iglesias evangélicas, se ha pronunciado públicamente en contra del derecho a las mujeres a decidir sobre sus embarazos y la identidad de género.

Giammattei destapa el nuevo monumento que presidirá el espacio central del Palacio Nacional de Guatemala. El Patio de la Paz, nombrado así en 1997 tras la firma de los Acuerdos Paz, ahora es el Patio de la vida.

Nota de edición: El 31 de marzo de 2022 a las 12:05 horas se actualizó este texto con la respuesta del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia y con los datos entregados por la Policía Nacional Civil, que habían sido solicitados por la Unidad de Acceso a la Información Pública.