Después de las tormentas
COVID-19
En Guatemala se comercia dióxido de cloro, aunque su venta es ilegal
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El dióxido de cloro o CDS (solución de dióxido de cloro en inglés) no está autorizado como medicamento por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Tampoco lo ha autorizado ninguna agencia reguladora de medicamentos en el mundo. Aun así, en Guatemala se vende a través de Facebook como una posible cura de la COVID-19.


Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, organizaciones, políticos, influencers y hasta médicos han promovido el uso del dióxido de cloro como una falsa cura de la enfermedad y como un medicamento para consumir preventivamente. También se ha promocionado a través de bulos que circulan en redes sociales, sin sustento científico.

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Sin embargo, este producto no está autorizado como medicamento y su venta en Guatemala es ilegal.

En agosto de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió un comunicado en el que indicó que se habían detectado publicaciones que señalaban el uso del clorito de sodio o dióxido de cloro y un producto denominado “Solución Mineral Milagrosa” como medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19.

En el documento, la institución informó que el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines (DRCPFA) no ha autorizado ningún registro sanitario de medicamentos que tenga en su formulación dióxido de cloro, clorito de sodio o sus derivados y, por lo tanto, su venta no está autorizada. “El uso de dicha sustancia pone en grave riesgo la salud del consumidor”, expuso entonces el Ministerio de Salud.

El 29 de abril de 2021, el DRCPFA emitió una circular en la que reiteró lo que había señalado ocho meses antes.

A pesar de que hace más de un año desde que se publicó la primera advertencia, en Fáctica, el proyecto de fact checking de Agencia Ocote, identificamos al menos 24 anuncios que vendían dióxido de cloro de manera ilegal en Guatemala.

¿Qué es el dióxido de cloro?

El dióxido de cloro es un derivado del clorito de sodio. El MSPAS define este producto químico como un gas color amarillo utilizado como ingrediente activo en desinfectantes, como blanqueador en el proceso de fabricación de papel, entre otros usos industriales.

La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos explica que el dióxido de cloro se usa “para matar gérmenes y descontaminar edificios públicos”. Aseguran que también se utiliza este producto químico en plantas de tratamiento de agua potable en algunos países (Guatemala no es uno de ellos) y que su uso está regulado por científicos para proteger a la población de efectos perjudiciales.

Marvin Lima, encargado del Programa Nacional de Farmacología del DRCPFA, explicó a Fáctica que algunas personas, “a través de un método no estandarizado ni aprobado”, mezclan el gas con agua y ácido clorhídrico. Esta mezcla, enfatiza, no ha sido estudiada y por tanto no está recomendada para consumo humano.

Desde julio de 2020, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó no usar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, pues no existe evidencia que avale su eficacia. Al contrario, su ingesta o inhalación podría ocasionar graves efectos adversos como “irritación en la boca, el esófago y el estómago, náuseas, vómitos y diarreas, además de graves trastornos hematológicos”, indicó la OPS.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), a esos efectos se suma también la deshidratación severa.  La FDA asegura que es falso que el vómito sea una prueba de que el producto está surtiendo efecto, como algunas etiquetas de este producto aseguran. Recalca que este producto no está hecho para ser ingerido por personas.

Erwin Calgua, fármaco epidemiólogo y coordinador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de San Carlos (Usac), indicó a Fáctica que al consumir este producto existen riesgos de sufrir daños en las paredes del tracto intestinal, aun si se consume diluido en agua. Asegura que puede causar daño en los riñones, el hígado, el sistema gastrointestinal, e incluso en los ojos y el cerebro, por su toxicidad.

En el especial titulado “Científicamente comprobado”, el medio peruano Salud con Lupa publicó que el dióxido de cloro no figura en los estudios clínicos como un posible tratamiento de la COVID-19 “porque el conocimiento científico ya establecido aporta información suficiente sobre sus riesgos o sobre la improbabilidad de encontrar beneficios”.

“Si me comprás tres frascos te baja el precio”

El dióxido de cloro no se consigue en las grandes cadenas de farmacias de Guatemala. Fáctica contactó a nueve empresas farmacéuticas diferentes y aseguraron no vender el producto químico.

Uno de los puntos de venta de esta sustancia ilegal está en internet. En el apartado de Marketplace de la red social Facebook se encuentran decenas de anuncios que comercializan dióxido de cloro y ofrecen servicio a domicilio para su entrega.

Los precios y las ofertas son diversas. Un frasco de 250 mililitros se consigue en promedio por Q120 ($15). Pero algunos vendedores proponen rebajas si se compran varias unidades. Por ejemplo, uno de los anunciantes ofrece un frasco por Q100 ($13), pero si la compra es de 20 frascos, se pagan Q1 mil ($130), equivalentes a Q50 ($6.5) por frasco. “Lo vendo así por si querés cuidar a toda tu familia”, dice el vendedor.

Fáctica contactó con algunas de las personas que venden dióxido de cloro en Facebook, para conocer qué tipos de productos ofrecen y con qué sustento. No mencionamos los nombres de los vendedores porque los contactamos como potenciales compradores, sin identificarnos como periodistas, con el fin de verificar la facilidad para conseguir dióxido de cloro en Guatemala. Además, tampoco compartimos los enlaces de las publicaciones, para no promover el uso y la compra de este químico.

La mayoría de los anuncios no especifica públicamente que este producto puede ser usado como tratamiento para la COVID-19. Algunos lo ofrecen como desinfectante de verduras y de superficies, y como exterminador de bacterias, hongos y “virus”. Otros se limitan a comentar que se brindará asesoría al contactar con ellos.

Pero al comunicarnos con los vendedores por llamada telefónica, presentaron el dióxido de cloro como una alternativa de prevención y de tratamiento contra enfermedades.

Una de las vendedoras en Ciudad de Guatemala aseguró que lo comercia como tratamiento para la COVID-19 e indicó que “sirve también para curar el cáncer y para desintoxicar el cuerpo”. “No necesita vacunarse —dijo—. Yo no estoy vacunada y no me he contagiado porque lo tomo”.

“Yo lo tomo desde hace tres años porque me dijeron que curaba 500 enfermedades. Siempre me ha gustado prevenir la salud”, indicó otro de los vendedores desde Mazatenango, Suchitepéquez. Esta persona dijo ofrecer envío a domicilio con empresas de transporte.

Al preguntarle acerca de sus fuentes de información, este vendedor indicó que su padre es médico y que lo avala. Además, ofreció una copia digital (en PDF) del libro Salud Prohibida, de Andreas Ludwig Kalcker, en la compra de un frasco.

Kalcker es un promotor internacional del dióxido de cloro como tratamiento para la hipoxia, la sepsis y la COVID-19. En su sitio web y en medios de comunicación se presenta como investigador biofísico y asegura que la fórmula de este “cloro en forma acuosa o CDS” es suya.

En una investigación de Chequeado sobre la venta del dióxido de cloro en Argentina, se asegura que la mayoría de páginas que venden el producto en el país sudamericano utilizan imágenes de Kalcker como promoción.

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El dióxido de cloro está permitido para el tratamiento de agua en Estados Unidos, siempre que esté manipulado por personal autorizado y que se utilice en una concentración de 0.8 miligramos de dióxido de cloro por cada litro de agua. Es decir, 8 ppm (partes por millón). La mayoría de frascos que se venden en internet para consumo humano dicen tener 3 mil ppm, que equivaldrían a 3 mil miligramos (o tres gramos) de dióxido de cloro por litro de agua.

Se consultó a uno de los vendedores acerca de cómo consumir esta sustancia. El anunciante dio unas instrucciones, que no replicamos en este texto, y que, según explicó, podían variar a criterio del consumidor y en función de cómo se sintiera después de tomar el producto.

***

Algunos de los anuncios identificados por Fáctica llevaban semanas publicados en Facebook, a pesar de que la venta del dióxido de cloro no está permitida.

Ricardo Blanco, miembro del equipo de Comunicación de Facebook para América Latina aseguró a Fáctica, vía correo electrónico, que según las determinaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus propias políticas: “No admiten afirmaciones falsas sobre la cura o prevención de la COVID-19”. Según Blanco, en Facebook trabajan con una combinación de tecnología, revisión humana y reportes de la comunidad para “actuar sobre este tipo de contenido”.

Sin embargo, la mayoría de vendedores pueden pasar desapercibidos porque no hacen mención de que su producto se utiliza para tratar la COVID-19. Una de las vendedoras identificadas, por ejemplo, titula su anuncio como “Dioxido D3 C1or0”.

Según Blanco, desde marzo de 2020 han eliminado más de 12 millones de publicaciones en Facebook e Instagram “por contener información errónea que puede provocar daño físico, como contenido relacionado con falsas medidas preventivas o curas milagrosas/exageradas”.

Aun así, hay decenas de publicaciones a las que es posible acceder con una búsqueda rápida. Blanco solicitó a Fáctica los enlaces para revisarlas e invitó a los usuarios de Facebook a reportar o denunciar estas ventas. 

Las consecuencias de vender un producto ilegal

Otro de los vendedores aseguró a Fáctica que “queda al criterio de cada persona” si consume o no el dióxido de cloro. Según su opinión, aunque no existe registro sanitario para este producto, venderlo no es una actividad ilícita. “Las personas tienen que poder decidir”, dijo.

Sin embargo, Karem Sagastume, gestora de calidad de la Unidad Técnico Normativa del DRCPFA, del Ministerio de Salud, reitera que la venta de cualquier producto no registrado por el Ministerio de Salud es ilegal.

“El dióxido de cloro no es apto para consumo humano. En este departamento también regulamos los productos afines, como los que requieran contacto humano así sea para desinfectar superficies. Comercializar productos que no tienen registro es ilegal”, afirma. Además, enfatiza que las personas que venden productos medicinales deben contar con licencia sanitaria.

El registro sanitario de los productos farmacéuticos se consigna en su empaque, donde también debe constar el número de lote y la fecha de expiración. Esta es una forma práctica para que la ciudadanía verifique que un producto ha sido autorizado por el Ministerio de Salud.

Según el Acuerdo Gubernativo 712-99, entre las funciones del DRCPFA están otorgar registros sanitarios y realizar inspecciones para asegurarse que no se vendan productos sin el mismo.

El Código de Salud establece en su artículo 228 que comerciar con medicamentos o productos farmacéuticos, estupefacientes, psicotrópicos o plaguicidas de uso casero sin contar con el registro sanitario “constituye un caso especial de infracción contra la recuperación y rehabilitación de la salud”. La normativa también considera una infracción envasar, distribuir y comercializar medicamentos sin atender las normas reglamentarias.

El Ministerio de Salud contempla diferentes sanciones, según la gravedad y la reincidencia, que van desde multas económicas a la prohibición de ejercer temporalmente una actividad u oficio. Sagastume no dio detalles de las sanciones impuestas por la institución hasta la fecha. 

Además, según Juan Pérez Trabanino, abogado penalista, las personas que comercian productos sin registro sanitario, como el dióxido de cloro, pueden incurrir en varios delitos.

Entre estos, el envenenamiento de agua o de sustancias alimenticias o medicinales, que tiene una sanción de dos a ocho años de prisión, según el Código Penal; la elaboración peligrosa de sustancias alimenticias, con una pena de uno a cinco años; y la comercialización de sustancias nocivas a la salud, medicamentos adulterados, contaminados o prohibidos, con prisión de seis a diez años.

“Incluso podrían incurrir en un delito por el lugar dónde lo estén fabricando. De no contar con permisos, puede considerarse un establecimiento o laboratorio clandestino”, añade Pérez. Según el artículo 303 quinquies del Código Penal, quien utilice un establecimiento sin contar con licencia o permisos para fabricar, almacenar, etiquetar, distribuir o vender un medicamento o  producto farmacéutico puede ser sancionado con prisión de seis a diez años y una multa de Q50 mil a Q500 mil.

Karem Sagastume, del DRCPFA, comenta que desde el inicio de la pandemia COVID-19 en marzo de 2020, se ha denunciado penalmente a seis personas por la venta de este compuesto químico. Asegura que no puede dar detalles de estos casos por tratarse de procesos que están en investigación. Se consultó al Ministerio Público acerca de qué fiscalía investiga estas denuncias y en qué fase están las mismas, pero al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

Sagastume asegura que, por tratarse de ventas a través de internet, el departamento del Ministerio de Salud no siempre tiene acceso a ellas, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía. En sus comunicados, el MSPAS invita a la población a denunciar cualquier establecimiento que venda productos no autorizados a través del correo electrónico: monitoreodrcpfa@mspas.gob.gt.

Las intoxicaciones por dióxido de cloro en Guatemala

En Guatemala, el Departamento de Toxicología de la USAC ha dado seguimiento a las intoxicaciones causadas por consumir el dióxido de cloro. “Procuramos informar a la gente sobre lo perjudicial del dióxido de cloro a través del Centro de Información y Asesoría Toxicoloǵica de Guatemala”, comenta Carolina Guzmán Quilo, química farmacéutica, especializada en toxicología y jefa del Departamento de Toxicología.

Este centro investiga, monitorea, asesora y brinda información relacionada a la toxicidad de sustancias biológicas, físicas y químicas. También estudia medicamentos y apoya al gremio médico en el diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones: toman muestras en el laboratorio, las analizan y comparten resultados al personal de salud.

Hemos conocido casos de personas que se inyectan el dióxido de cloro en la sangre, lo toman como bebida, tienen contacto con las manos e incluso lo inhalan al destapar los frascos” asegura Guzmán.

La química farmacéutica dice que han documentado declaraciones de personas que creen que esta sustancia es un tratamiento contra la COVID-19, y que también cura el autismo, el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) o el cáncer.

“Por eso hemos trabajado en conjunto con otros centros de información y asesoramiento toxicológico (CIATs) de América Latina para profundizar en el tema”, añade.

El 10 de agosto de 2021, la OPS publicó un estudio elaborado por ocho CIATs (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Uruguay) sobre pacientes que se intoxicaron con dióxido de cloro después de utilizar el compuesto como supuesto tratamiento para la COVID-19.

El grupo de científicos identificó 56 casos de intoxicación por ingesta de dióxido de cloro, registrados entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre de 2020. De estos, tres eran de Guatemala.

Tres de las personas identificadas fallecieron por falla multiorgánica, coagulación en las venas y falta de oxígeno. En dos de los casos se desconoce el volumen de dióxido de cloro ingerido y el tercero tomó 2 mililitros en medio vaso de agua durante diez días.

Los síntomas más comunes registrados por exposición al químico fueron problemas gastrointestinales, respiratorios, hemorrágicos, neurológicos y cardiovasculares. Además, algunos presentaron hipotermia, trastorno hematológico e irritación ocular.

Los centros de información concluyen en la importancia de “obtener información veraz y con respaldo científico, en especial en lo relacionado con sustancias químicas, dentro del contexto de la pandemia por la COVID-19”.

“Es necesario seguir estudiando el producto, pero también que las personas dejen de consumir productos que no tienen evidencia. Que no se arriesguen a consumir este producto que se distribuye de forma ilegal”, puntualiza Guzmán.

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