Después de las tormentas
Artículo 19
La violencia contra periodistas aumentó durante el gobierno de Alejandro Giammattei
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La organización Artículo 19, que promueve el respeto y el avance de los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información en México y Centroamérica, presentó un informe en el que evidencia la censura, las amenazas, las coacciones y los delitos contra la vida de los periodistas en Guatemala.


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“Guatemala es un país donde ejercer el periodismo es riesgoso”. Así lo señala la organización Artículo 19 en su informe Guatemala: Estado contra la prensa y la libertad de expresión. Según la publicación, la violencia contra periodistas ha aumentado en los últimos años. Los principales ataques registrados son la coacción y las amenazas.

Artículo 19 es una organización que trabaja en México y Centroamérica y que promueve y defiende el avance de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información. El informe, que presentaron el 3 de mayo, fue elaborado por Evelyn Blanck, Ana Carolina Alpirez y Marvin Del Cid, periodistas guatemaltecos que también describen en el documento las dificultades a las que se enfrenta la ciudadanía para ejercer su derecho al acceso a información pública.

“La violencia se ha agravado en el primer año de Gobierno del presidente Alejandro Giammattei en comparación al último año del expresidente Jimmy Morales”, asegura Blanck, directora del Centro Civitas, organización que trabaja por la protección a periodistas en Guatemala.

En 2019, el Ministerio Público registró 119 denuncias de delitos contra periodistas. En 2020, durante el primer año de gobierno de Giammattei, se reportaron 139: veinte más que en el último año de Jimmy Morales. Los delitos de coacción y amenazas han sido los más denunciados en la última década.

Además, el “Observatorio de periodistas” de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) documentó 149 casos de agresiones a periodistas en 2020. Esta asociación acompaña casos que no siempre terminan en denuncia.

Según el informe, en los últimos cinco años (de 2015 a 2020) se han presentado 646 denuncias en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, creada en 2011. De estas, solo 29 llegaron a sentencias condenatorias. En 11 casos se emitió una sentencia absolutoria. Más de la mitad de los casos —57%— han sido desestimados y un 34.9% siguen abiertos.

En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró que las campañas de estigmatización contra la prensa provienen de altas autoridades del país. En el informe se expone que la violencia viene de instituciones que están obligadas a proteger.

En los últimos diez años “desde los poderes del Estado se ha criminalizado y atacado discursivamente a la prensa, se ha perseguido a las radios comunitarias, se ha descalificado a periodistas en redes sociales, se ha manejado la pauta gubernamental a los medios con criterios antidemocráticos y se ha favorecido a los monopolios de medios”, concluye el informe.

“El periodismo es fundamental en todo régimen democrático. Este ejercicio, hoy, se da en condiciones adversas en Guatemala por los ataques a quienes lo practican”, comentó Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos, durante la presentación del informe el 3 de mayo. “Me preocupa mucho la situación de los periodistas en el interior del país” remarcó Rodas.

La violencia contra periodistas mujeres y contra quienes trabajan en departamentos alejados de la capital son dos problemáticas que persisten en Guatemala, según el informe.

Acoso sexual, discriminación y restricción al trabajo de las mujeres son algunas de las violencias que las periodistas experimentan en su trabajo según el estudio, que no detalla a cuántas periodistas entrevistaron. La organización señala con preocupación el hecho de que este tipo de violencias en la mayoría de casos no son denunciadas, por falta de conciencia y organización gremial.

Periodistas departamentales denuncian la falta de garantías y de protección como uno de los motivos por los que se agrava su vulnerabilidad. A diario, recoge el informe, se enfrentan a los poderes locales, narcoactividad y crimen organizado.

La ausencia de mecanismos como un programa de protección a periodistas, permite que la violencia continúe y se mantenga impune. El Gobierno del Partido Patriota asumió el compromiso de crear este programa en 2012. Ocho años después, sigue sin ver la luz. El presidente Alejandro Giammattei se reunió con asociaciones de prensa en marzo de 2020 y aseguró que se le daría seguimiento, pero desde entonces no se ha hecho público algún avance.

Los periodistas entrevistados para esta investigación aseguran que Alejandro Giammattei ha tenido trato confrontativo y descalificador con los periodistas y los medios de comunicación. Según el informe, señalan que el actual gobierno ha cerrado espacios para conferencias de prensa, entrevistas o diálogos con el mandatario.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, asegura que la criminalización contra la prensa en la región mesoamericana va en aumento. La crítica y represión contra la prensa, por parte de los jefes de Estado, además de la autocensura son “anclajes autoritarios que venimos arrastrando en la región”, comentó durante la presentación virtual de este informe.

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El desinterés del Estado

Entre 2011 y 2020, el Ministerio Público registró 21 asesinatos, 28 homicidios y 67 casos de lesiones contra periodistas en Guatemala. El mismo informe señala que, a pesar de estas cifras, “el Estado ha ignorado diversas recomendaciones de organismos internacionales, nacionales y grupos de la sociedad civil organizada para la creación de leyes”. Por ejemplo, una ley general de archivos, para resguardar documentos y facilitar el acceso a ellos o iniciativas que regulen las radios comunitarias, que despenalicen la radiodifusión sin licencia o que regulen la publicidad oficial. Esto, según Artículo 19, evidencia falta de voluntad política para el fortalecimiento de la democracia.

Artículo 19 publica que, entre 2009 y 2020, la inversión reportada por el Estado de Guatemala en materia de protección a periodistas fue de Q109 millones aproximadamente. Es decir, una media de Q9 millones por cada año, lo que para varias unidades representa solo el salario anual de una persona.

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Guatemala se encuentra en el puesto 116, de 180, en la clasificación mundial de la libertad de prensa de 2020 que publicaReporteros sin Fronteras. Esta clasificación mide el riesgo de ejercer periodismo y la obstaculización para la libertad de prensa.

El informe de Artículo 19 recomienda la fiscalización de los poderes estatales desde la ciudadanía y desde el Procurador de los Derechos Humanos, el seguimiento a los casos en el Ministerio Público, la incorporación del enfoque de género y de diversidades en las coberturas y redacciones de los medios, y la formación de niñas, niños y adolescentes en materia de libertad de expresión.

En el documento también se cuestiona el poco acceso a la información pública, a pesar de que existe una ley aprobada en 2008. Las instituciones no siempre cumplen los tiempos de entrega, algunas se niegan a entregar datos públicos y existen cobros injustificados por la entrega de datos.

“Es un camino complicado cuando se busca trabajar con poderes abusivos como los que tenemos en América Latina, con dictaduras cuyos intereses son contrarios a la democracia. Se necesita una consciencia y un respaldo social fuerte”, dice Blanck sobre el panorama en la región.

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