La mañana del 17 de febrero, un grupo de adolescentes subió al techo de una casa en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Dentro se escuchaban ruidos y gritos. Varias llamadas entraron a la línea 110 de la Policía Nacional Civil. Había sospechas de que algo pasaba.

La casa es uno de los hogares de protección de niñas y niños a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS): Zafiro I.

Casi a mediodía, las alertas se intensificaron y dos patrullas de Policía llegaron al lugar. Desde arriba, las adolescentes gritaban. Decían que sufrían maltrato. Se quejaban de que las insultaban, de que la comida estaba en mal estado, de que les daban pastillas para drogarlas, para dormirlas. “Uno se queda doblado en la cama. Ni levantarse puede, ni abrir los ojos”, contaba una de ellas.

Mostraban pancartas, hechas con cartulinas amarillas: “No somos delincuentes”, habían escrito con marcador.

En minutos, todo se descontroló. Una persona, no se sabe quién era ni de dónde llegó, trajo una escalera, la apoyó en la pared de la casa y una a una, diez adolescentes bajaron por ella y empezaron a correr. Se esparcieron por las calles. Se les perdió el rastro en segundos.

La Secretaría de Bienestar Social emitió 10 alertas Alba-Keneth, las que se activan cuando una persona menor de 18 años desaparece. Ellas tenían entre 14 y 17 años.

Según la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, hasta el 2 de marzo de 2021, cinco de ellas habían sido localizadas y otras cinco seguían desaparecidas.

Carlos Gómez, subsecretario de Protección de la Secretaría, asegura que una de las cinco adolescentes localizadas volvió a un hogar de protección, pero ya no a Zafiro I. Las otras cuatro regresaron con sus familias.

Del 9 de marzo de 2017 al 14 de febrero de este año, la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth había activado 1,217 alertas a solicitud de la Secretaría de Bienestar Social. Doscientas cincuenta todavía no se han desactivado.

Suilma Cano, jefa de la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, explica que las alertas se desactivan cuando se localiza a las personas. Si no aparece, siguen activas aunque cumplan 18 años.

Muertes, abandonos de proceso y denuncias que antecedieron el incendio

La protesta en Zafiro I ocurrió un mes antes de que se cumplieran cuatro años del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. La escena en la zona 1 recordó a la que narraron entonces las sobrevivientes y testigos: las adolescentes también se habían quejado en 2017 de comida con gusanos y en mal estado y de maltrato. En el Hogar Seguro, además, habían señalado violencia sexual, física y psicológica.

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Durante los siete años que estuvo abierto, en el Hogar Seguro se registraron varias muertes de niños y niñas.Del 30 de junio de 2012 al 22 de noviembre de 2015, el Inacif practicó seis necropsias a cuatro niños y dos niñas que estaban en la institución. Tenían entre dos meses y 14 años. Uno murió por edema cerebral, una por estrangulación, y tres niños y una niña por neumonía.

A la niña que murió por estrangulación la mataron en 2013. En 2018 fueron capturados 16 extrabajadores de la Secretaría de Bienestar Social, presuntamente implicados en los delitos de abuso de autoridad, homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes. Todavía no hubo sentencia.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue inaugurado en 2010 y, tras el incendio, lo cerraron el 30 de abril de 2017 por orden de la Sala de la Corte de Apelaciones de Niñez y Adolescencia. El Consejo Nacional de Adopciones había presentado un recurso en el que indicaba que el lugar “no llenaba los requisitos para abrigar a la niñez y adolescencia”. En la resolución, se ordenó que se reubicara a las niñas, niños y adolescentes en un plazo de 15 días.

Este cierre dio paso a la apertura de las casas de modelo residencial, como Zafiro I o como Zafiro II, un centro que también está en la zona 1. El 29 de junio del año pasado, una niña de 12 años murió en Zafiro II. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), determinó que la causa de muerte había sido una “hemorragia alveolar difusa”.

La Jefatura del Departamento de Atención Especial de la Secretaría argumentó por medio de una entrevista telefónica que la niña murió porque tenía el síndrome de alcoholismo fetal. Dijeron que durante el embarazo, su madre había consumido bebidas alcohólicas y esto había causado daños psíquicos y emocionales en ella.

Según los estudios que le hicieron en el Inacif, ella no tenía ninguna enfermedad previa que pudiera haber causado la hemorragia.

El caso está hoy en la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público, que no ha dado detalles del expediente, por estar en investigación.

El MP ha conocido 18 expedientes en los que la Secretaría de Bienestar Social aparece como agraviada por robo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo, hurto y fraude. Además, hay cuatro expedientes en los que aparece como sindicada: dos por incumplimiento de deberes y dos por hurto.

Desde la misma Secretaría se han presentado 23 denuncias penales contra trabajadores de marzo de 2020 a febrero de 2021. Los señalamientos van desde amenazas, violencia contra la mujer, coacción y hasta propagación de COVID-19.

Hasta el 31 de diciembre del año pasado, había 537 menores de edad en estas casas administradas por el Estado: 296 niñas y 241 niños, según el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), que supervisa los hogares públicos y privados.

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Agencia Ocote preguntó a Carlos Francisco Molina Morales, secretario de Bienestar Social, y a Carlos Gómez, subsecretario de Protección por qué las adolescentes habían escapado de Zafiro I. Los dos argumentaron que, generalmente, las jóvenes “quieren estar con sus papás”, a pesar del maltrato al que puedan estar expuestas en sus casas.

“No quieren estar en hogares de protección, porque ese es el último recurso que debería tener un niño”, dice Molina. Carlos Gómez añade que la institución creó un equipo de respuesta inmediata para agilizar los procesos de reunificación familiar.

Los funcionarios zanjan la discusión sobre las acusaciones de las adolescentes. Gómez asegura que no hay indicios de maltrato. Dice que realizaron supervisiones en el lugar, que retiraron al personal para hablar con las jóvenes por grupos y que no encontraron hallazgos. Esto es parte de las acciones que regularmente realizan para identificar si existen indicios de maltrato por parte del personal.

En la protesta del 17 de febrero, las adolescentes también se quejaron de la comida en el hogar de protección. Decían que era “shuca”, que estaba en mal estado por la apariencia y el sabor. La alimentación de Zafiro I la provee desde 2019 la empresa Presto, registrada con el nombre Banquetes de Guatemala, Sociedad Anónima.

Francisco Molina explica que no han cambiado de proveedor porque no habían tenido denuncias de comida en mal estado, a pesar de los señalamientos de las adolescentes. Cuenta que hace un par de semanas él y su equipo llegaron sorpresivamente a Zafiro I en el desayuno y confirmaron que la alimentación estaba en buen estado. Sin embargo, a raíz de las denuncias de las adolescentes, han solicitado al subsecretario de Protección que realice las investigaciones para tomar las medidas necesarias.

El subsecretario Carlos Gómez añade que, de momento, trabajan para mantener “la calidad, cualidad e inocuidad” de la comida y que ya se han reunido con el personal técnico-operativo, con los nutricionistas y los encargados de la logística de Presto para que la comida llegue en buen estado.

El funcionario explica que las nutricionistas de los hogares reciben y evalúan la alimentación. Si existe un problema, dice, se reporta a la empresa para resolver el inconveniente.

El conflicto entre Secretaría y sindicato

En la entrada a la Secretaría de Bienestar Social, en la zona 11 de Ciudad de Guatemala, y dentro de las instalaciones, hay al menos cinco pancartas con el rostro del secretario Francisco Molina. También hay un mensaje: “El pronto cumplimiento del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de acuerdo a lo confirmado por la Corte de Constitucionalidad, a favor de los trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social”.

Este no es un tema nuevo. Desde hace más de seis años hay un conflicto entre el sindicato y las autoridades de la Secretaría. Lilian García, la secretaria general del sindicato, asegura que las autoridades no responden ni atienden las solicitudes que plantea el sindicato. No tienen herramientas para trabajar y les dan una mascarilla para no enfermarse de COVID-19 a veces cada tres, a veces cada ocho días, pero no diariamente como esperarían. No hay botiquín de primeros auxilios ni extinguidores, no reconocen las actividades de la asamblea para que los trabajadores puedan asistir y tampoco tienen uniformes.

El 17 de febrero, el día que las diez adolescentes se escaparon de Zafiro I, cuando Francisco Molina llegó al lugar, Lilian García ya estaba ahí. Frente a periodistas que había llegado a cubrir el conflicto, ella le recriminó que no les daba insumos y que era el responsable de que las niñas estuvieran en esas condiciones.

Molina trató de evadirla. Le dio la espalda e ignoró sus gritos. Ese mismo día, el secretario dijo que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la “manipulación”, que García ejerció sobre las niñas, para provocarlas. El 4 de marzo, Molina fue consultado nuevamente sobre esa denuncia. Prefirió no proporcionar mayores detalles y argumentó que está en manos de la Fiscalía.

El secretario de Bienestar Social explica que el 17 de febrero, García estaba dentro del hogar de protección y muestra imágenes que lo confirman.

Lilian García desmiente que haya manipulado a las adolescentes. Dice que se presentó a Zafiro I después de recibir el mensaje de un afiliado en el que le hablaba de un conflicto que había empezado desde la noche anterior. Este trabajador le comentaba que en la casa había solo tres trabajadoras para atender a 30 adolescentes, que estaban quebrando vidrios y que las autoridades no habían prestado atención a las alertas.

Carlos Gómez, subsecretario de Protección, confirma que sí supieron de una discusión interna entre adolescentes una noche anterior, por eso tomaron la decisión de cambiar a dos de ellas a otra residencia. Esto molestó a las demás jóvenes, que creyeron que se habían agilizado sus procesos para regresar con sus familias.

Lilian García asegura que el secretario se molestó porque quedó evidenciada la forma como administra los hogares.

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Francisco Molina, Carlos Gómez y Omar González, quien ha sido el director interino de los hogares (entre estos Zafiro I) desde hace cuatro meses, estuvieron en la Subsecretaría de Reinserción y Rehabilitación de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en la administración de Jimmy Morales.

Molina era subsecretario de Reinserción, Gómez director de Prevención Terciaria (se encargaba de buscar oportunidades laborales y educativas para los adolescentes en conflicto con la ley penal) y González estaba en la Dirección de Operaciones y Logística: era encargado de seguridad y formulación de protocolos y manuales.

Omar González explica que hace cuatro meses asumió “el reto” de la dirección de los hogares por la experiencia que obtuvo durante cuatro años en reinserción, con jóvenes en conflicto con la ley penal. Tiene el grado académico de administrador de empresas y una maestría en administración de negocios, con especialidad en desarrollo de proyectos.

Según el subsecretario Carlos Gómez, están en busca de un nuevo director que tenga “mejores experiencias en el abordaje de temas de niñez”. En la Secretaría General analizan para el puesto el perfil de un psicólogo que trabajó con la cooperación internacional. Todavía no confirman de quién se trata.

González admite que hay personas en Guatemala que pueden asumir el cargo que él desempeñó. Considera que tenía las capacidades para asumir la dirección de los hogares, pero comprende que las autoridades pueden escoger al profesional que llene sus expectativas.

Asegura que el 16 y 17 de febrero se presentó a Zafiro I. Siguió los protocolos de actuación, dice, que indican que el personal que está al cuidado de las adolescentes debe abordar la situación en primera instancia. Primero deben actuar las educadoras, las trabajadoras sociales, la psicóloga y el equipo técnico. Después la administración, la jefa del departamento y, si la situación no se resuelve, el director.

Las supervisiones y los hallazgos

Del 1 de enero de 2020 al 20 de febrero de este año, el Consejo Nacional de Adopciones ha realizado 119 supervisiones a los hogares públicos de la Secretaría de Bienestar Social. Las residencias están ubicadas en casas alquiladas, que no fueron diseñadas para trabajar como hogares de protección.

En estas inspecciones miembros del CNA comprobaron cómo la sobrepoblación en las residencias había provocado hacinamiento y cómo en una misma casa habían mezclado perfiles de adolescentes. Por ejemplo, juntaron a niños con tratamiento especial psicológico o médico con otros que tienen discapacidad intelectual.

Trabajadores de la Secretaría recuerdan el caso de un joven que olía diluyente e ingresó por “callejización” a un hogar donde había jóvenes víctimas de abuso sexual y violencia, y afiliados de la delincuencia organizada. Cuando ingresó, el chico empezó a reclutar a otros adolescentes.

En el CNA, encontraron también que las personas tenían inestabilidad emocional por el confinamiento como consecuencia de la pandemia por COVID-19 y varias residencias no habían cumplido lo que se les había pedido en anteriores supervisiones.

La Secretaría tiene capacidad para albergar a 620 personas, pero en febrero de 2021 tenía a 736 en protección especial. En supervisiones que se hicieron este año, el Consejo concluyó que en los hogares de niñas (Zafiro I, II y III) había más hacinamiento: en casas con capacidad para 18 niñas pueden tener hasta 30.

Carlos Gómez asegura que después de los hallazgos han buscado cómo reducir la sobrepoblación, pero recalca que esto no depende solo de la Secretaría. Dice que es consecuencia del mismo sistema: los juzgados envían a adolescentes a los hogares, aunque ya no tengan espacio.

Gómez añade que crearán una unidad de perfilación para ubicar a las personas que ingresen según el perfil que tienen y que nombraron a una persona para que revise los documentos y así puedan responder a las observaciones que les hace el CNA y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Cuatro años a la espera de justicia

El 8 de marzo de 2021, se cumplen cuatro años del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde 41 niñas murieron y 15 resultaron heridas. El caso, que está dividido en dos fases, todavía no ha sido resuelto.

A la fecha, hay ocho personas sindicadas. Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, Anahí Keller, exsubsecretaria de Protección y Acogimiento y Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro están pendientes de que empiece el debate de su caso en el Tribunal Séptimo. Todavía no hay fecha. Están acusados de homicidio culposo, lesiones culposas, abuso de autoridad, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.

Harold Flores, procurador de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación; Gloria Castro, exdefensora de la Niñez de la PDH; Brenda Chamán, extrabajadora de la SBS, y los miembros de la PNC Luis Armando Pérez y Lucinda Marroquín están en la otra fase del caso. Todavía está pendiente el ofrecimiento de prueba del Ministerio Público. Fueron señalados por homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad.

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Vianney Hernández es la madre de Ashley Angely Hernández, una de las niñas que murió en el incendio. Ha ido a la mayoría de las audiencias por el caso y ha participado en las manifestaciones para exigir justicia. Hoy, 3 de marzo de 2021, explica que estos cuatro años han sido difíciles para ella.

“Trato la manera de seguir luchando… para mí es una tragedia porque tanto que hemos luchado para que se haga justicia. Ahora por lo que está pasando con la pandemia, ni hemos podido entrar a las audiencias”, dice.

Cuestiona que después de todo lo que se conoció del Hogar Seguro, todavía no se haya responsabilizado a quienes torturaron, golpearon y dejaron morir a las niñas.

Como cada 8 de marzo, este año Vianney llegará al Hogar Seguro, que hoy se conoce como la Casa Intermedia y que alberga a jóvenes en proceso de reinserción.

Hernández dice que no se detendrá hasta que exista una sentencia condenatoria por el incendio donde murió su hija. Mientras, seguirá yendo a las audiencias, a las caminatas y al cementerio para adornar la tumba de su hija, que fue enterrada en Moyuta, Jutiapa.