Después de un comunicado de la UVG en el que asegura que la universidad investiga al decano de Ciencias Sociales, Andrés Álvarez Castañeda, por acusaciones de abusos sexuales y en el que afirman que rechazarán denuncias anónimas, las alumnas y exalumnas de la universidad vuelven a responder al centro de estudios. Piden que se acepten señalamientos anónimos y ponen en duda la investigación que realiza la universidad y las vías de denuncia.
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Las alumnas y egresadas de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) volvieron a pronunciarse ante las autoridades del centro de estudios acerca de los señalamientos en contra de Andrés Álvarez Castañeda, decano de la facultad de Ciencias Sociales.
Varias mujeres señalaron hace semanas a Álvarez Castañeda por abusos sexuales, agresiones y violación cometidos en los últimos 19 años, cuando el ahora decano era estudiante y auxiliar de clase en la facultad.
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Dos días después de la publicación de Agencia Ocote, alumnas y exalumnas de la Universidad del Valle enviaron una carta a las autoridades de la UVG en la que solicitaron la destitución del decano. Además, pidieron que se socializaran los protocolos contra acoso y agresiones en el campus y que estos se reformaran.
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La UVG respondió al día siguiente con un comunicado en el que explicaron que un comité imparcial realiza una investigación sobre los señalamientos contra Álvarez Castañeda.
Además, animaron a cualquier persona a hacer llegar datos que aporten a la investigación, aunque advirtieron que desestimarían denuncias e información presentadas de forma anónima.
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A través del perfil en redes sociales de la Asociación Alternativa de Estudiantes —desde el que se hizo pública la primera carta—las alumnas y egresadas de la universidad publicaron una segunda carta que enviaron a las autoridades de la UVG el 28 de abril.
En la misma aseguran que encontraron inconsistencias y vacíos en el comunicado de la universidad.
Para empezar, ven con preocupación que el centro de estudios haya categorizado los mecanismos institucionales como “la forma adecuada” de señalar este tipo de hechos. Esto, dicen, hace de menos a las mujeres que tomen otras alternativas de denuncia, y añaden que el camino para presentar una denuncia formal dentro de la UVG “es desconocido y confuso”.
“Hacemos notar que aquellas que han utilizado previamente los canales institucionales han visto cómo se demerita su causa, como en el caso de Ana Lorena Ruano, quien fue juzgada por las autoridades en función durante su primer intento de alertar sobre el acoso de Andrés Álvarez Castañeda”, aseguran.
Ruano, exalumna de la universidad, presentó en 2007 una primera carta formal a la UVG en la que señaló un intento de agresión de Álvarez Castañeda dos años antes.
Ella asegura que Cristina Zilbermann de Luján, entonces decana interina de la facultad de Ciencias Sociales, le dijo que el abuso se había dado “porque no tenía dignidad y era una cualquiera, que eso le pasaba a las putas, no a las mujeres que se respetaban”. La universidad nunca investigó su denuncia.
La necesidad del anonimato
En el comunicado de la UVG, la universidad señaló que se rechazarían denuncias e información presentadas de forma anónima. Las alumnas y exalumnas recuerdan ahora que “desestimar denuncias anónimas equivale a no reconocer la estructura de poder que influye en las decisiones de las sobrevivientes de violencia para actuar en contra de su agresor”.
“Nos preocupa que la universidad haga ojos ciegos al hecho de que la persona que denuncia se encuentra vulnerable a coacciones y amenazas. En especial cuando el proceso dentro de la universidad ha sido poco claro y carente de estrategias de acompañamiento y medidas urgentes de protección”, señalan.
Las mujeres con las que hablamos en Agencia Ocote para la realización del primer reportaje sobre los señalamientos contra Álvarez Castañeda aseguraron entonces que el decano tiene mucho poder dentro de la universidad. Por eso, la mayoría prefirió que su nombre no saliera publicado, por temor a posibles represalias en su contra.
Las estudiantes y egresadas citan en su carta el Protocolo para la atención de casos de violencia de género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para demostrar por qué es funcional el anonimato para abordar estos casos. También sugieren a la UVG revisar protocolos como el de las universidades de Harvard y Oxford.
Recuerdan además, que la decisión de rechazar denuncias anónimas va en contra del Código de Ética del Grupo Educativo del Valle, que indica que “si se trata de asuntos relacionadas con la ética y su cumplimiento, lo informamos a través de los buzones, dirección de correo o número de teléfono habilitados para el efecto, pudiendo ser de forma anónima”.
“Nos cuestionamos las razones que tenga la institución para no aceptar denuncias anónimas. Mientras no existan rutas de denuncia eficaces y ampliamente conocidas que garanticen la atención y respeto a todas las partes involucradas, el anonimato continuará siendo la única vía segura para levantar la voz”, aseguran las estudiantes y exestudiantes.
Dudas sobre el comité imparcial
El 29 de marzo pasado, Ana Lorena Ruano, la exalumna que presentó una denuncia formal en 2007, volvió a enviar una carta al Comité de ética de la UVG en la que, de nuevo, expuso su caso.
Según la universidad, después de recibir esta segunda denuncia, se integró un comité imparcial que se encarga de la investigación de los hechos. En su carta, las alumnas y egresadas ponen en duda este comité.
“Exigimos conocer cómo fue formado y los perfiles de sus integrantes. ¿Cuáles fueron los criterios para la selección de sus miembros? ¿Cuáles son los estándares para su funcionamiento? ¿Cómo sabemos que el comité que recibe la denuncia es imparcial y objetivo?”, preguntan.
“También exigimos saber si está conformado por integrantes que tengan experiencia y capacitación profesional que los certifique en el manejo de casos de violencia y/o que tengan experiencia en programas de género”, demandan.
Y añaden a sus peticiones “una actualización de los avances del proceso de investigación” de la denuncia de Ruano. “No se conocen los márgenes de tiempo ni existe claridad respecto a cuáles son los siguientes pasos. Nos molesta que, aun usando las vías formales y denunciando sin anonimato, el resultado sea el mismo: silencio”.
Las estudiantes y egresadas también exigen a la universidad que compartan el diagrama de flujo de los protocolos vigentes y que se hagan reformas estructurales en los códigos internos.
Además, aseguran que hasta la fecha desconocían los canales de denuncia que presentó la UVG en el comunicado del 21 de abril: dos direcciones de correo electrónico, una de Gmail y otra de la universidad que, dicen ellas, no se habían socializado previamente.
Explican que en 2018 se colocaron calcomanías y afiches sobre el acoso universitario dentro del campus central. Como respuesta, indican, la universidad socializó volantes con el slogan de “no tolerancia al acoso”.
“Dichos volantes no contenían información sobre los canales anteriores”, dicen, en referencia a las direcciones de correo electrónico. “Únicamente se motivaba a dirigirse a la Unidad de Bienestar Estudiantil (UBE). Sin embargo, la información que se proporciona ahora es contraria, estableciendo que la UBE no es una vía oficial para la recepción de denuncias. Esta ambigüedad desmotiva y frena a las mujeres de la comunidad a denunciar sus experiencias”, recalcan.
“Este caso es demasiado importante para la Facultad de Ciencias Sociales, por los cargos que el denunciado ejerce. Si no existen rutas de denuncia pertinentes ni un comité preparado e imparcial, la resolución no será legítima”, concluyen.
Los pasos de la UVG
Contactamos con Roberto Moreno Godoy, rector de la Universidad del Valle de Guatemala, para consultarle acerca de los comentarios de las alumnas y exalumnas del centro de estudios. A través de correo electrónico, -a pocas horas de publicada esta nota- Moreno Godoy respondió, para ponernos en contacto con Albertina Navas, directora de la Dirección General de Comunicación de la UVG, a quien trasladamos las preguntas. Cuando obtengamos las respuestas, las incluiremos en este texto.*(ver nota de modificación).
El 29 de abril, Victoria Eugenia Rosales Chavarría, secretaria general de la universidad, se comunicó con Ruano para coordinar la realización de una entrevista y darle seguimiento a la carta que envió la exalumna al Comité de Ética.
El 9 de marzo, Ana Lorena Ruano ya había publicado en sus redes sociales la siguiente frase: “Aprovechando el 8 de marzo para denunciar al acosador Andrés Álvarez Castañeda. Porque es una vergüenza que la UVG tenga en su facultad a personas que manosean estudiantes y se las llevan de progres. El violador también es él”.
Según Roberto Moreno Godoy, el 16 de marzo, una semana después de la publicación de Ruano en sus redes sociales, Andrés Álvarez Castañeda solicitó una licencia y se apartó de su cargo.
En su última carta, las alumnas y egresadas se plantean una serie de dudas ante estas circunstancias: qué protocolos específicos se activaron, qué pasó en el tiempo entre que Ruano presentó su denuncia en redes sociales —el 9 de marzo— hasta que se tomaron medidas —el 16 de marzo— y qué implicaciones tiene para Andrés Álvarez Castañeda el hecho de estar de licencia, “tomando en cuenta que él es investigador, además de ser catedrático, director de carrera y decano”. Por ahora, no tienen respuesta.
*Modificación 1: 30/4/2020. 7:17a.m. El texto original indicaba que el rector Moreno Godoy no había dado respuesta a los cuestionamientos de Agencia Ocote, sin embargo, unas horas despúes de publicada esta nota se comunicó. Por lo que el texto fue sustuido con esta información.
