Las reformas al Código Penal de Honduras planean penas más duras contra periodistas y ciudadanos, que incluyen multas por compartir información en redes sociales. El Presidente del Congreso se comprometió a eliminar estos artículos, pero todavía no ha presentado ninguna iniciativa para hacerlo efectivo. Estaba previsto que el 10 de noviembre las reformas entraran en vigencia, pero el Congreso Nacional de Honduras aprobó una ampliación de seis meses para terminar de afinar algunos de los artículos.
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En el nuevo Código Penal de Honduras, publicado en mayo de este año, se incluyeron varios delitos que afectan a la libertad de expresión. Delitos de injuria y calumnias, con agravantes para quienes compartan la información en redes sociales pusieron en alerta a periodistas y organizaciones sociales.
El 26 de agosto pasado, Mauricio Oliva, presidente del Congreso, dio un paso atrás. Se comprometió a retirar los delitos contra el honor del Código Penal.
Estaba planeado que la nueva norma entrara en vigor el 10 de noviembre. Sin embargo, el Legislativo aprobó una prórroga para que la vigencia del Código Penal comience el 10 de mayo de 2020. Seis meses para evitar que los artículos de una ley mordaza comiencen a tener efecto en Honduras, uno de los países donde ser periodista es todo un acto de valentía, según la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras ocupa el puesto 146 de 180 –con una puntuación de 48.5-.
Dos periodistas hondureños: Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas Hondureños y Jennifer Ávila, directora del medio Contracorriente, para tener algunas luces acerca de la situación del periodismo y de la libertad de expresión en el país.
Los siete artículos
Las reformas al Código Penal publicadas en mayo de este año en el diario oficial La Gaceta incluyeron al menos siete artículos que, a ojos de organizaciones que defienden la libertad de expresión, atentaban en contra de la misma.
Los artículos que van del 229 al 234 hablan de los delitos de injuria —acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona menoscabando su fama—; y de calumnia —la falsa atribución de un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad—. Las penas por el primero van de multas de 100 a 500 días. Las penas por la calumnia pueden llevar hasta a un año de cárcel.
La periodista Jennifer Ávila explica que antes de estas reformas, las figuras de difamación, calumnia e injuria ya existían en el anterior Código Penal (que actualmente sigue vigente), pero en lugar de eliminarlas, las dejaron en el nuevo. “Aunque redujo las penas, son conmutables, pero siempre es un proceso penal”. Son delitos por los que periodistas ya fueron sancionados. David Romero Ellner, director de Radio Globo, cumple una pena diez años de prisión por difamación.
Algo nuevo: hay un agravante del 50% si las injurias o calumnias se hacen sobre una institución sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o sus funcionarios, “y como consecuencia de los referidos actos, se atente contra la reputación de la institución, prestigio financiero o que la misma sea objeto de retiro masivo de depósitos o inversiones”.
Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas y jefe de redacción del diario La Prensa, lo explica: “ahora se establece la figura del honor en favor de las instituciones financieras. Si un periodista denuncia que alguna institución financiera está atravesando una crisis, ese periodista puede ser penalizado”.
Además, el artículo 28 contempla la cadena de responsabilidad en delitos que se cometen utilizando medios de comunicación. Los que sean autores, dice el artículo responden de forma escalonada: primero los redactores y editores, después los directores del programa, luego los directores de la empresa editora, emisora o difusora, y por último los directores de la empresa de grabación, reproducción o impresión.
“El nuevo Código establece algunas disposiciones que afectan la cadena de mando de los medios de comunicación —continúa Rodríguez—. Un periodista publica una noticia que alguien considera que es una calumnia. Si el denunciante o un operador de justicia considera acusar a este periodista por esta información, pero si por alguna razón el periodista sale (del país), a quien le va a tocar rendir cuentas es al jefe de información. Si no es con él, con el jefe de redacción, si no con el director y por último con el propietario. Es una forma escalonada de aplicar la sanción penal”.
Un punto clave de la reforma: también hay un agravante si estas injurias o calumnias se realizan a través de “sitios web de divulgación colectiva o redes sociales”. Las penas aumentan de un sexto a un medio.
“Se criminaliza el discurso público a través de las redes sociales y se establece un aumento de la pena en caso de que alguien publique una información a través de Whatsapp, Twitter o Facebook, que alguien considere que es una injuria o calumnia. Se le penaliza a esa persona, pero también a la que viene y replica, le da retuit o comparte esa información, también se le aplica esa pena”, dice el presidente del Colegio de Periodistas.
—¿Y cómo surgieron estas reformas al Código Penal?— preguntamos a Rodríguez.
—Es la pregunta que nos hemos hecho. No hubo una socialización con el gremio periodístico sobre el tipo de sanciones por delito contra el honor. De la noche a la mañana surgió este texto, que creemos que se da en el contexto de crisis, los señalamientos contra altos funcionarios del Estado desde redes sociales y medios de comunicación. Las redes sociales se han vuelto una válvula de escape para la gente, que expresan todo su malestar contra los funcionarios y ellos han querido atajar esa situación. Creemos que en alguna medida, para poder atajar esa avalancha de críticas que se dan a través de los medios y redes, se establecieron estos siete artículos.
Esta no fue la primera vez que los congresistas tratan de pasar una iniciativa similar. El año pasado se debatió en el Legislativo la Ley Nacional de Ciberseguridad. Esta ley propuso crear un Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, con una Comisión Ejecutiva de Ciberseguridad, encargada de supervisar lo publicado en sitios Web, para asegurarse de que “los contenidos ilícitos” sean suprimidos. Algo que Rodríguez considera un mecanismo censor. Además, establece sanciones de 50 mil a 1 millón de lempiras (de US$2,030 a US$40,600).
“Contemplaba que los medios digitales y algunas páginas de Facebook que tenían audiencias grandes, tendríamos que mandar un informe de nuestros usuarios al gobierno, algo terrible en tema de privacidad de datos”, añade Jennifer Ávila.
Por ahora, la iniciativa ya fue aprobada en segundo debate, y aunque permanece congelada en el Congreso, sigue en agenda.
El primero en alzar la voz con las reformas del Código Penal fue el Colegio de Periodistas Hondureños. “Esta ha sido una lucha del Colegio de Periodistas desde hace casi 30 años —cuenta Rodríguez—. Hemos venido insistiendo en la despenalización de los delitos contra el honor. Se hizo una lucha para eliminar la figura de desacato. Logramos eliminarla, pero siguieron los delitos contra la difamación, la calumnia y la injuria, que son restrictivas a la libertad de expresión”.
Rodríguez añade que en 2017 se presentó un proyecto para criminalizar el ejercicio periodístico y el discurso en redes sociales, a través de la figura de apología al terrorismo. “Si alguien a través de redes sociales decía: ‘Vamos a una marcha y quememos Burger King’, eso podía considerarse apología del terrorismo y enfrentaba una pena de cuatro a ocho años de cárcel. Eso se aprobó en el Congreso, pero el Colegio de Periodistas y otras organizaciones hicimos una lucha muy fuerte y se logró la eliminación de esa figura”.
Este año, volvieron a pelear en el Legislativo. “Iniciamos un proceso de diálogo, sostuvimos al menos tres reuniones con la Comisión de dictamen —creada para revisar las reformas— y el Presidente del Congreso. En la última solicitamos formalmente eliminar esos siete artículos del Código Penal y crear una redacción en el Código Civil”. El 29 de agosto pasado, después de varias reuniones con el Colegio de Periodistas Hondureños, el presidente del Congreso decidió que se eliminarán los artículos que regulaban los delitos contra el honor.
Según publicó del Congreso Nacional en su página web, el diputado Mario Pérez —quien presidió la Comisión de dictamen de las reformas— dijo que “el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, ha tomado la decisión de eliminar los delitos contra el honor del Código Penal y pasarlos al ámbito civil”. Además, Pérez indicó que los artículos que determinaban algún tipo de responsabilidad para los medios de comunicación también serán eliminados.
Todas las afirmaciones se pronuncian en futuro, porque son eso, una promesa. Dagoberto Rodríguez lo explica: “Tiene que haber una discusión en el pleno. El presidente (del Congreso) puede presentar una iniciativa pidiendo la despenalización”. Sin embargo, considera que el ambiente en el pleno es propicio para que se apruebe. “Las pláticas que hemos tenido con una de las bancadas más difíciles de tratar, Libre, es que ellos estarían votando a favor de que se despenalicen los delitos contra el honor. Igualmente con la bancada del partido Liberal y la bancada del partido Nacional, que es la oficialista. Yo creo que no habría problema, si se introduce una iniciativa. Por lo menos tendríamos mayoría”.
Por ahora, los congresistas tienen tiempo para discutir. Seis meses, concretamente. El derecho civil contempla un concepto denominado vacatio legis. Es el período que transcurre desde que se aprueba y se publica una norma (en este caso las reformas al Código Penal) hasta que entra en vigor. En este tiempo, explica Rodríguez, las instituciones del poder judicial pueden familiarizarse con la nueva regla.
Las reformas fueron publicadas el 10 mayo de 2019 y se estableció un vacatio legis que terminaría el 10 de noviembre, seis meses después. Durante este tiempo, organizaciones como el Colegio de Periodistas se acercaron al Organismo Legislativo para buscar revertir algunas de las reformas aprobadas.
Sin embargo, el 4 de noviembre, el pleno de diputados decidió ampliar el vacatio legis otros seis meses, hasta el 10 de mayo de 2020, para continuar con la revisión de los artículos.
Jennifer Ávila cuestiona y se mantiene escéptica sobre la retirada de los artículos: “El activismo con respecto a la libertad de expresión se ha enfocado mucho a despenalizar la injuria, calumnia y difamación y creo que los debates deben ser más allá de eso. Cualquier diría que por quitarlo del Código Penal ya estuvo, pero hay que analizarlo más allá”.
¿El distractor?
La reforma al Código Penal aprobada en Honduras también modifica algunos artículos relacionados muy estrechamente con la corrupción, como el enriquecimiento ilícito o la defraudación fiscal.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) publicó en agosto de este año un análisis jurídico de la reforma, en el que señala algunas debilidades.
En el documento se explica cómo las personas podrán quedar exentas de responsabilidad penal en algunos delitos como la defraudación fiscal o el fraude de subvenciones y ayudas, si se reconoce y se paga la deuda o se reintegra lo recibido en subvenciones y ayudas, con sus recargos e intereses, antes de que el Ministerio Público presente el requerimiento ante el Órgano Jurisdiccional.
La reforma reduce penas para delitos como testaferrato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, se abre la posibilidad a que prescriban delitos como el fraude, enriquecimiento ilícito, cohecho o tráfico de influencias.
Y, por ejemplo, no sería posible perseguir penalmente los delitos de Malversación de Caudales Públicos cometidos antes del año 2010.
Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas, no descarta que el hecho de incluir artículos que atentan contra la libertad de expresión en la reforma del Código Penal haya sido un intento de apartar la atención de la prensa de las modificaciones que buscan reducir las penas de delitos relacionados con la corrupción.
“Es posible que haya ocurrido para desviar temas torales del Código como el combate a la corrupción y el combate al crimen organizado. Posiblemente haya sido una intención de crear este conflicto porque, de hecho, cuando se publicó el código los primeros en pronunciarnos fuimos los periodistas”.
Rodríguez añade que “algunas organizaciones piden la abrogación total del Código, porque fomenta la impunidad. Nosotros igualmente creemos que hay artículos que promueven la impunidad y deben de reformarse. Debe haber una discusión amplia con varios sectores, particularmente los temas de corrupción pública”. Hay seis meses para hacerlo.
La situación de la prensa en Honduras
Honduras es un país complicado para ejercer el periodismo. Y desde el golpe de estado de 2009, la situación ha ido en caída libre. En 2017, la reelección de Juan Orlando Hernández y las denuncias de fraude electoral, la empeoraron todavía más.
La gente perdió la credibilidad en los medios. “Los medios se han encargado de generar esta desconfianza”, cuenta Jennifer Ávila. “Hay una falta de credibilidad de la gente por haber sido muy expuesta, ha sido llamada terrorista, vándala… Y también la policía ha sido llamada asesina. Eso mismo lo han creado los medios de comunicación. Lo que nos toca es un trabajo de hormiga que llevará años”.
Además los periodistas se sienten cada vez más inseguros. Las amenazas están a la orden del día. “A raíz de esta situación política y social las amenazas contra periodistas han aumentado. De 2001 a 2019, alrededor de 79 periodistas y comunicadores y trabajadores de medios han sido asesinados. El 93% está en la impunidad. Se ha detenido a autores materiales pero no intelectuales”, explica Dagoberto Rodríguez.
En Honduras existe un Mecanismo de Protección que ampara a los periodistas. Sin embargo, es muy mejorable. Jennifer Ávila cuenta que “cuando tenés medidas de protección, las ejecuta la Policía o las fuerzas armadas, que son muy cuestionadas —y en ocasiones las mismas que agreden a los periodistas—. Entonces es bien difícil, es como chocarse con la pared”.
“Hay un cuestionamiento muy serio ahí porque el Estado es el principal violador de los Derechos Humanos y muchas de las organizaciones que estamos en el Mecanismo de Protección cuestionamos que sea el Estado el que dé protección a defensores de Derechos Humanos y periodistas”, continúa Rodríguez. El mismo presidente del Colegio de Periodistas recibe medidas de protección del mecanismo desde hace tres años.
“A mí me ofrecieron seguridad por parte de la Policía pero yo no tengo confianza en la Policía. Les dije que definitivamente no quería. Me dijeron que qué otra opción quería. Les dije que el Ejército, si era posible, aunque igualmente en el Ejército no hay confianza. Me dieron de la Policía Militar un contacto para poder informarles a ellos cada vez que sufro una amenaza o veo una situación de peligro”.
—¿Y ha recibido amenazas?
—Definitivamente. Una, por motivos de mi trabajo. En algún tiempo estuve trabajando en temas de corrupción policial, y a raíz de eso hubo seguimientos, personas que estuvieron en vigilancia particular. Luego de eso, algunas amenazas a través de redes sociales contra mí y contra mi familia. Definitivamente uno vive una situación de inseguridad. Uno no confía en el Gobierno y todo eso genera un temor en los periodistas.
Además de la inseguridad, ejercer el periodismo es complicado por las trabas a recibir información por parte del Estado. En Contracorriente conocen bien esta situación.
“Tenemos una Ley de transparencia y un instituto de información pública, pero también una Ley de secretos”, lamenta Jennifer Ávila. “Es muy difícil. Ya múltiples organismos de DDHH internacionales han solicitado o han recomendado al Estado de Honduras derogar la Ley de secreto, pero eso no va a suceder. Mientras la institucionalidad esté cooptada por una red del crimen, no vamos a tener seguridad ni al momento de solicitar información por la vía oficial, ni cuando vamos a reportear un barrio controlado por pandillas. Al final todo está cooptado”.
