Patricia Orantes volvió al Congreso de la República, después de más de dos años al frente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Regresó a su puesto como diputada …
Patricia Orantes volvió al Congreso de la República, después de más de dos años al frente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Regresó a su puesto como diputada electa por el listado nacional por el partido político Movimiento Semilla en las elecciones de 2023. Dice que uno de sus objetivos es «responder al mandato que el pueblo de Guatemala» le dio «siendo una voz a favor de la naturaleza».
Su regreso coincide con la llegada de la iniciativa de Ley de Aguas 6816 al Congreso, impulsada por el oficialismo. Esta fue presentada por un grupo de diputados independientes y de las bancadas Semilla/Raíces y Victoria. Fue construida por medio de un proceso liderado por el MARN, para el cual se realizaron rondas de diálogos con sectores de la sociedad alrededor del país.
El regreso de Orantes al Congreso también sucedió días antes de que Raíces, la agrupación política creada por una facción de Semilla, fuera avalada como partido político por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), después de alcanzar los 28 mil afiliados necesarios.
«Vengo a unirme al equipo del grupo político Raíces, a levantar ese partido como una manera de darle continuidad y evolución al proceso de transformación de la temática que empezamos en el 2023», indica en entrevista con Agencia Ocote, donde además analiza el contexto político para la posible aprobación de la iniciativa de ley de aguas.
¿Cómo fue su salida del Organismo Ejecutivo, enfrentó algún tipo de oposición interna?
No, ninguna. Tenemos una relación de absoluta confianza con el presidente (Bernardo Arévalo), de mucha empatía a nivel de política pública. Todo lo que debimos hacer en el ministerio y que era duro políticamente, el presidente lo «apuntaló» y cuando nos reunimos a hablar sobre mi regreso al congreso, él lo entendió perfectamente bien.
Todavía tenemos una excelente comunicación y la mantendremos así.
Ante su regreso al Congreso ¿asume este escaño como una legisladora con agenda propia o su misión principal es ser la operadora del oficialismo para asegurar los votos a las iniciativas del gobierno?
Creo que todos operamos en Semilla y en Raíces a favor de la transformación de Guatemala. Tenemos criterio propio, no seguimos órdenes de nadie. Dentro del marco de principios y de compromisos político electorales asumidos por las fuerzas que nos que nos lanzaron y por las cuales fuimos electos, pero tenemos criterio propio.
Se lo dije al presidente y también en una tarjetita de agradecimiento que le di a todos los miembros del gabinete, en lo que haya que operar a favor de las buenas causas, ahí voy a estar yo.
¿Competirá usted por un cargo de elección popular en las próximas elecciones con la plataforma de Raíces?
No estamos hablando todavía de cargos. Estamos realmente terminando de estructurar el partido, todavía nos falta la asamblea para elegir el Comité Ejecutivo Nacional y ahí después empieza el proceso de las tablas de nominación municipal, departamental, municipal.
Por el momento no estamos hablando de denominaciones.
¿Qué impacto espera que tenga su presencia física y experiencia previa al frente del MARN en la discusión de la iniciativa de Ley de Aguas dentro del Congreso?
Creo que puedo ser una vocera que puede trasladar los dos años de proceso de construcción de la iniciativa de ley a los colegas en el congreso para compartirles de viva voz y directamente de diputada a diputado, cómo se construyó, escuchando a quiénes —que es básicamente a los grupos sociales— y capturando también lo bueno que vimos en muchísimas iniciativas de ley.
¿Y qué expectativa tiene para la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales?
Es una coyuntura un poco difícil porque la parte preelectoral está muy adelantada. Creo que los que estamos aquí, estamos muy conscientes de la situación drástica de sequía, pero cuando no es eso son inundaciones y cuando no son inundaciones, es que a la gente no le está llegando el agua o le está llegando contaminada.
En todos los distritos hay conflictos (por el agua), hay mucha conciencia de esto y ha habido, hasta ahora, mucha receptividad para conocer la ley y para entenderla y cuando el presidente (de la comisión) ya esté listo para empezar la discusión en la comisión, ahí vamos a estar.
Justo usted mencionaba que la campaña preelectoral está ya encima. ¿Cree que existe el riesgo de que las decisiones que se tomen en torno a la Ley de Aguas estén influenciadas por ella?
Sí, yo creo que la sociedad guatemalteca en cada uno de los departamentos le tiene que pedir a su diputado distrital que, para votar por cada uno de los que se quieren reelegir, tenemos que darle al pueblo de Guatemala la ley de aguas.
Nos tenemos que poner las pilas, ordenar la casa y generar reglas claras que nos permitan empezar a darle seguridad hídrica a todos los guatemaltecos.
Y justo ahora que usted mencionaba los distritos, me gustaría también hablar de las municipalidades. ¿Cuál es el papel estratégico que tienen para el respaldo político directo a la iniciativa?
Las municipalidades por ley tienen que hacer dos cosas que no están pudiendo hacer. La primera, vital, es que el código municipal les dice que tienen que brindarle el servicio público municipal de agua a todos los vecinos en el municipio. Y la segunda, que lo están haciendo todavía menos, es tratar las aguas negras que todos usamos antes de devolverlas a la naturaleza.
La iniciativa (6816) es una ley municipalista, porque lo que hace es asegurarle a los gobiernos municipales que va a haber información de dónde está el agua. Ellos tienen que llevarla a la gente, pero no saben ni dónde están los nacimientos, no saben de cuántos son los caudales de los ríos, no saben en qué mes pueden derivar agua, no tienen mandato para generar infraestructura para derivar agua.
Vamos a resolver un montón de conflictos, que ahorita nadie tiene la competencia. La Autoridad Nacional del Agua va a quitarles la responsabilidad de invertir en el tratamiento de agua, porque no vamos a descontaminar las aguas si la dejamos como competencia municipal.
Entonces, sí es una ley municipalista, no es una ley de servicios públicos municipales. Es una ley de aguas que va a dar un respaldo tremendo a los gobiernos municipales.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) declaró a Prensa Libre que el MARN les envió la propuesta en una «etapa muy avanzada» y que no se incluyeron sus observaciones. ¿Cuál es su postura frente a esta crítica?
Cuando el presidente Arévalo leyó esa noticia, me pidió que le entregara un informe sobre la participación del CACIF. Y para nuestra sorpresa, celebramos como 21 reuniones bilaterales con el CACIF y los gremios que representan alrededor del tema de la ley de aguas.
En enero les entregamos el borrador que teníamos a esas alturas y una tabla que sistematizaba lo que ellos nos habían pedido incorporar, diciéndoles, «en este artículo se incorporó esto, en este artículo no se incorporó esto y por qué no incorporamos lo que ustedes nos dijeron». Hubo una devolución muy transparente. En esa reunión no respondieron ellos nada.
Parecería que no hay mucha comunicación entre el nivel político en el CACIF y el nivel técnico, porque, además, ellos participaron en las dos vueltas al país (socializando la iniciativa). Creo que es un tema eminentemente de expectativas. En el pasado antes de este gobierno, el CACIF estaba mucho más metido en las decisiones de gobierno.
Hoy este gobierno dijo, «Bueno, nosotros somos gobierno, nos eligieron para gobernar. Vamos a consultarles las decisiones que queremos tomar, pero nosotros somos gobierno, ustedes son empresas, a ustedes les toca producir, a nosotros nos toca gobernar». Y creo que el hecho de solo consultar y no escribir la iniciativa de ley con ellos es lo que puede estar haciendo ruido.
Y considerando todo este contexto, ¿Cree necesario ahora ya dentro del Congreso abrir un espacio para incluir al CACIF y otras cámaras empresariales en las mesas de trabajo?
Claro, las mesas de trabajo o espacios con la comisión deben incluir no solo al CACIF, sino a todas las voces que quieran discutir.
Sobre ese proceso de devolución que menciona que sí se hizo con el CACIF ¿también sucedió con otras organizaciones sociales?
Sí. Algunos (procesos de devolución) se hicieron con las autoridades indígenas y ancestrales (que participan en las mesas de diálogo con el presidente). Con ellos nos mantuvimos seis meses en una mesa, cuando ya había más claridad de cómo incorporar sus demandas y preocupaciones.
Sí, les hicimos una devolución de los borradores concretos de la ley.
Y sin embargo, hay sectores sociales como la Comisión Plurinacional por el Agua que han manifestado rechazo a la propuesta del gobierno. ¿Cómo evalúa esta oposición y qué respuesta les da?
Le tengo un profundo respeto a la Cumbre Plurinacional (nombre con el que se conoció a esa plataforma en un inicio). A nivel organizacional, representan un capital, una voz muy legítima y muy poderosa porque tienen voces muy diversas cabalmente de los diferentes tipos de problemas que hay a nivel nacional.
Diría que parte de la oposición es esta «dinámica dual» histórica que existe en Guatemala de que «si una ley busca ser también solución para las empresas, automáticamente es una mala propuesta». Por ahí creo que está el asunto y no que todos necesitamos agua, las comunidades rurales, las empresas medianas, las grandes, las comunidades, los gobiernos municipales… Esta ley tiene que responder a todo el mundo. Lo importante es cómo responde.
La 6816 responde bajo principios de absoluta equidad, de priorizar el derecho humano al agua, de reconocer derechos hasta el momento en que el derecho de uno, o de esa empresa, lastime los derechos de otro. Ahí entra la autoridad. Ahorita cuando uno lastima los derechos de otro gana el más fuerte. Y eso es parte del problema.
La bancada UNE presentó de forma paralela la iniciativa 6834. ¿Cuáles considera que son los puntos de divergencia y coincidencia más importantes entre la propuesta del gobierno y la de la UNE?
La iniciativa de ley presentada por la UNE no tiene mucha coherencia interna. También incorpora actores que deben ser regulados como usuarios del agua en los espacios de toma de decisiones, lo cual es un gran conflicto de interés. Yo creo que hay un reconocimiento tácito de la fortaleza técnica y la fortaleza de respuesta responsable a las realidades y a la sociedad en la 6816.
Llama la atención por qué la presentan ahora. Uno no puede armar una iniciativa de ley de aguas de la noche a la mañana que funcione, que sea efectiva. No se puede. El agua es muy compleja para hacerla así.
La Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales llegó a su límite de integrantes. Algunos diputados dijeron a medios de comunicación que todo estaba pasando «bajo secretismo» y criticaron que quienes se lograron adherir, son de la bancada Cabal. ¿Cuál considera que es el interés particular de esta bancada?
Habría que preguntarle a su jefe de bancada. Sí he visto que se ha manifestado muy a favor de la ley.
Creo que muchos de ellos provienen del oriente (del país), que se está secando. El ganado se está muriendo. La productividad del ganado lechero está bajando. La productividad del ganado de carne está bajando. Veo que tienen una preocupación genuina con ese tema.
La iniciativa de ley no se ha empezado a discutir en la Comisión de Ambiente, yo ni siquiera me he podido integrar porque se llenó tan rápido, se movió, se volvió la Comisión más sexy. Entonces, ahora, muy probablemente, el diputado Samuel (Álvarez) va a dejar su lugar para que yo ingrese.
¿Por qué la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales se volvió, como usted dice, tan sexy ahora?
Yo creo que los diputados de alguna manera están oliendo que hay réditos electorales en la ley y déjeme decirles que eso me parece fabuloso, porque eso quiere decir que están dispuestos a responderle a la gente con la ley.
Entonces, ¿no considera que la comisión sea controlada ya por una bancada o por un interés en específico?
Pues hasta ahorita no he visto necesariamente ese tipo de comportamiento.
Presentar esta ley en el tramo final del gobierno de Bernardo Arévalo deja un margen de tiempo sumamente estrecho para su aprobación. ¿Es realmente factible lograr su aprobación en lo que resta de la administración?
Totalmente. Nuestro espíritu siempre ha sido dar batallas para lo que haya que darlas, construir el camino para las cosas que necesita Guatemala y eso es lo que estamos haciendo: construyendo el camino a la ley de aguas en el Congreso. Independientemente de las coyunturas, independientemente de todo. Nunca habrá condiciones favorables para una ley compleja, hay que construirla hoy.
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Texto: Kristhal Figueroa
Edición: Lourdes Álvarez
Fotografías: Christian Gutiérrez
