Su primera visita a Guatemala estuvo llena de sorpresas, me dijo la jurista internacional, Lyra Jakulevičienė. Una de ellas: que en un territorio donde existen operaciones mineras, como el Valle …
Su primera visita a Guatemala estuvo llena de sorpresas, me dijo la jurista internacional, Lyra Jakulevičienė. Una de ellas: que en un territorio donde existen operaciones mineras, como el Valle de Palajunoj, en Quezaltenango, la población no tenía agua potable en sus hogares.
Esta contradicción se repitió en varios de los territorios que visitó, como integrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Lo que para Jakulevičienė fue sorpresa, es lo cotidiano para las organizaciones sociales y los pueblos indígenas que llevan años denunciando.
Esta misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), visitó Guatemala por primera vez desde su creación en 2011. Escuchó a organizaciones sociales, indígenas y campesinas y contrastó con la versión de distintas instituciones del gobierno y cámaras empresariales.
Los resultados preliminares de la visita fueron presentados en una conferencia de prensa. Al terminar ésta, conversé con Fernanda Hopenhaym, la otra especialista que participó en la misión. Puedes leer la entrevista aquí.
Entre las vulneraciones a los derechos humanos que las expertas documentaron se encuentran jornadas laborales excesivas en sectores como la palma africana, el banano y la caña de azúcar. Lo que provoca que las personas trabajadoras recurran a bebidas energéticas y analgésicos para soportar el trabajo. Las expertas resaltan las vulneraciones en el sector agrícola y minero.
Todas las historias documentadas tienen un elemento común: el poder. En realidad, las desigualdades y desequilibrios del poder. La misión concluyó que, en Guatemala, una parte importante del capital y de las decisiones sigue concentrada en pocos grupos empresariales y familiares, con capacidad de influir en la política económica y pública.
Esto se refleja, por ejemplo, en la justicia. En la rapidez con que avanzan los casos contra los defensores del territorio, en contraste a las dificultades que las comunidades encuentran para denunciar a las industrias extractivas.
Es, en resumen, un círculo perverso en el que el sistema está diseñado para que se continúen cometiendo abusos sin consecuencias.
El grupo de trabajo de la ONU llamó a las empresas a no interferir o influir en el Estado, con especial preocupación en el sector justicia. No se trata solo de que las empresas actúen conforme a la ley, sino también de garantizar que su actividad productiva no ocurrirá a costa de los derechos de otras personas.
