Cinco claves para recuperar la eficacia del Ministerio Público

A casi tres años de los plantones en el Ministerio Público por la defensa de la democracia —liderada por los pueblos indígenas y acompañada por el resto de la población—, el barrio Gerona (15 avenida 15-16, Zona 1) pasó de ser un símbolo de cuestionamientos y denuncia a convertirse en un lugar de esperanza. El 17 de mayo inició una nueva etapa. Se respiran aires nuevos en Guatemala porque la era de Consuelo Porras llegó a su fin.

Ocho años dejaron una institución moldeada para criminalizar arbitrariamente a pueblos indígenas, estudiantes, periodistas, operadores de justicia; perseguir opositores políticos y provocar numerosos exilios. Desmontar esa maquinaria no será una tarea sencilla, llevará tiempo, pero sobre todo decisión política.

Gabriel García Luna tiene innumerables desafíos. Sostener la autonomía del Ministerio Público ante las inevitables presiones políticas y económicas será, sin dudas, la primera dificultad que el actual Fiscal General deberá enfrentar. Pero la autonomía no debe convertirse en aislamiento ni implica desentenderse de una de sus responsabilidades principales: gestionar los intereses de la ciudadanía que exige justicia.

Y allí residirá su principal desafío. Reconstruir la capacidad del Ministerio Público para dar respuestas eficaces a las víctimas. Pese al aumento presupuestario y la expansión territorial de la institución, Consuelo Porras deja un Ministerio Público incapaz de impactar eficazmente en el control de la criminalidad. 

La experiencia comparada en distintos Ministerios Públicos de América Latina y el Caribe demuestra que la planificación estratégica de la persecución penal es una herramienta crucial para orientar los recursos institucionales para impactar en los fenómenos criminales que más afectan a la sociedad. 

Detrás de ello, existe una idea simple pero muy importante: los principales fenómenos criminales responden a regularidades sociales, es decir, que forman parte de estructuras y no son hechos aislados. La criminalidad económica, el narcotráfico o la violencia vinculada a las pandillas —solo a modo de ejemplo— responden a estructuras de mercado. Una política de persecución penal eficaz logra incidir en estas empresas criminales cuando aumenta sus costos, interrumpe sus procesos de trabajo y absorbe sus ganancias.

La experiencia comparada permite identificar al menos cinco claves para recuperar la eficacia: 

1. Priorizar fenómenos criminales para concentrar los limitados recursos de la institución en el impacto de aquellos más graves. 
2. Elaborar planes de persecución penal para cada uno de ellos con objetivos realistas y medibles.
3. Potenciar la utilización de salidas diversificadas tales como las mediaciones, conciliaciones, criterios de oportunidad y suspensión condicional de la persecución penal para ampliar la capacidad de respuesta.
4. Sistematizar información útil de los mercados criminales para identificar patrones e impulsar investigaciones proactivas, a partir del fortalecimiento de la Dirección de Análisis Criminal (DAC) y la creación una Dirección de análisis económico-financiero. 
5. Evitar la sobrecarga de trabajo de los fiscales a partir del control de los ingresos y un uso transparente de la herramienta de la desestimación.

El desafío que enfrenta García Luna no es para nada sencillo. De hecho, tal vez sea uno de los más complejos que haya enfrentado un Fiscal General latinoamericano en la historia reciente, ya que combina dos urgencias: desmontar una temible maquinaria de criminalización indebida y, al mismo tiempo, reconstruir una institución capaz de responder eficazmente a las demandas ciudadanas de justicia. Pero cuenta con un activo también inusual: una sociedad absolutamente consciente de la trascendencia de este desafío. En ese sentido, resultan muy auspiciosas sus primeras señales de apertura, ya que esen ese genuino interés ciudadano en donde García Luna debe buscar las fuerzas y los apoyos necesarios para emprender el desafío que le espera.

Texto: Hugo Mangione. Abogado con orientación en derecho penal por la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Programa Centroamérica y el Caribe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).