Magdalena Morales es originaria de Chiquililá, una aldea dentro del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, en el departamento de Huehuetenango. Desde 1999, a la edad de 22 años empezó a …
Magdalena Morales es originaria de Chiquililá, una aldea dentro del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, en el departamento de Huehuetenango.
Desde 1999, a la edad de 22 años empezó a vivir en la Comunidad 29 de Diciembre, en Chimaltenango, donde personas repatriadas y excombatientes de grupos guerrilleros fueron ubicados luego de la firma de los Acuerdos de Paz.
Cuando era apenas una niña, con 12 años, perdió la audición en el oído derecho.
Hoy, con 49, recuerda cómo fue la consecuencia de un bombardeo militar en los años 80, durante el Conflicto Armado Interno. Su padre era colaborador de un grupo guerrillero, pero ella no lo sabía. Cuanto tenía 14, la obligaron a involucrarse en un conflicto que no comprendía.
Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, Morales fue titular de la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad Manuel Tot (AGPD), donde impartió cursos para formación de comadronas, actualmente este proyecto lleva suspendido dos años.
También ha luchado por la inclusión y reparación del Estado para las víctimas, de manera principal, mujeres indígenas con discapacidad a causa de la guerra.
Morales no recibió ningún apoyo estatal tras quedarse sorda, ni siquiera después de la firma de los Acuerdos de Paz. No pudo obtener atención médica especializada para tratar la herida adecuadamente en ese tiempo y ha sufrido discriminación e incredulidad por su discapacidad auditiva, al no ser una lesión visible.
En algunas temporadas, cuenta, recibió apoyo de la cooperación internacional, especialmente de Suiza. Pero eso se acabó tras quedar desempleada. Hoy se dedica a vender productos por cuenta propia, como pollo, helados caseros y verduras.
En Guatemala, no se sabe cuántas personas hay, como Magdalena Morales, que tuvieron secuelas físicas durante la guerra, que les dejaron alguna discapacidad.
A 30 años del cese oficial del conflicto, el presidente Bernardo Arévalo presentó un Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno sin mencionar a las personas con discapacidad sobrevivientes de la guerra.
El Consejo nacional para la atención de las personas con discapacidad (Conadi) sólo maneja datos generales que no han sido actualizados.
En general, el Estado solo cuenta con datos de la segunda Encuesta Nacional de Discapacidad de Guatemala (ENDIS), de 2016 y algunos recopilados por el Censo Nacional de Población de 2018, de personas con discapacidad en general.
Según el artículo: Soñar a colores: una historia de discapacidad y resistencia, la prevalencia de discapacidad en Guatemala es mayor en mujeres (11.8 %) que en hombres (8.3 %), y se estima que en una de cada tres familias vive al menos una persona con discapacidad.
En conversación con Agencia Ocote Magdalena Morales profundiza en los retos que cada día enfrenta.
En los años 80, Guatemala vivió una de las etapas más violentas de su historia. ¿Cómo fue para usted la época del Conflicto Armado Interno?
Mi papá estaba involucrado en un grupo guerrillero, pero yo no lo sabía. A él ya lo habían secuestrado dos veces. Cuando quedó libre, siento que se volvió más violento con todos. Parecía un loco. Yo le tenía miedo.
En 1986 yo tenía 12 años, cuando mi papá me dijo: «Prepárate, trae tu machete y ponte tus zapatos». Le pregunté a dónde íbamos y me respondió: «Eso no me preguntes, solo sígueme». Yo no podía cuestionarlo. Si preguntaba, me pegaba.
Me dio una sábana enrollada con cosas adentro, para que la cargara durante el viaje. Pensé que íbamos a caminar por la carretera de la aldea Chiquililá, pero nos fuimos por la montaña, algo que no era común.
De repente escuché unos bombazos en medio de la montaña entre la aldea de Chiquililá y la aldea Papal (en Huehuetenango).
Recuerdo que él dijo: «Hoy sí ya atacaron a los compañeros». No entendía qué significaba eso. Me empujó hacia una ladera para protegerme, pero no midió la profundidad y me fui rodando, golpeándome con todo a mi paso. Yo estaba llorando.
Cuando regresamos a casa, mi oído empezó a sangrar todos los días, pero nunca me llevaron al médico, no teníamos recursos. Mi papá pidió ayuda a la guerrilla, pero se la negaron. Desde entonces se enojó mucho más y dejó de apoyarlos. Mí mamá me curaba con «guaro» (alcohol etílico) y con una planta conocida como Santa Catarina. La verdad nunca me recuperé.
Dos años después usted entró en la guerrilla, cuando aún era una adolescente ¿Cómo fue eso?
A los 14 años terminé sexto primaria y fui abanderada. Además de mi idioma materno Mam, también aprendí español. Sabía leer y traducir. Entonces me pusieron como una especie de maestra de sexto primaria en la escuela de la aldea Chiquilá.
Poco después la iglesia me llamó para traducir al Mam y al español unas reuniones en el convento. Yo no quería ser monja, pero le pidieron permiso a mi papá para que yo recibiera unas clases que supuestamente eran sobre la biblia, pero eran de política. Y me dijeron que no se trataba de ser monja.
Estaba confundida y le pregunté a mi supervisor y me dijo: «¿No ves el sufrimiento de tu gente? Aquí vas a entender sobre los derechos de las personas».
Yo tenía miedo porque no debía decir nada acerca de esos cursos, pero mi papá cuando lo descubrió me explicó que ya no podía echarme para atrás, que estaba en la guerrilla. Yo no terminaba de entender qué hacía allí.
¿Qué actividades realizaba en ese contexto?
Mi trabajo era entregar cartas a parroquias de Quetzaltenango y Coatepeque, me explicaban qué camionetas abordar y microbuses. Las cartas las llevaba dentro de la biblia. A mí me gustaba porque me daban un plato de comida y así no tenía que trabajar con mi papá desde las tres de la mañana hasta las seis de la tarde.
Así trabajé durante cinco años. Hasta que el Ejército me descubrió y tuve que huir a un refugio en la montaña de Xela por un año.
Hasta que se firmó la paz en Guatemala, pude regresar a mi casa y ver a mi familia.
¿En algún momento, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, recibió apoyo o reconocimiento por parte del Estado?
No tenemos nada por parte del Estado. Lo único que nos dieron a los que fuimos víctimas del conflicto fue esta finca que ahora se conoce como Colonia 29 de diciembre.
Nosotros como comunidad tuvimos que aportar 15 mil quetzales para poder construir nuestras casas. Aquí dentro de la comunidad también viven otras mujeres que quedaron con algún tipo de discapacidad.
Quienes nos apoyaron mucho fue Suiza. Nos dieron atención médica, también donaron prótesis, muletas, zapatos ortopédicos para las personas que habían quedado discapacitadas. Son los principales donadores de la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad (AGPD) Manuel Manuel Tot, de donde yo he sido titular.
¿Cuáles cree que son los principales retos que enfrentan las personas víctimas de discapacidad durante el conflicto armado interno?
En comunidades rurales, las personas con discapacidad enfrentamos barreras estructurales como falta de servicios especializados, desconocimiento de derechos y ausencia de políticas efectivas. Existe la Ley de Personas con Discapacidad, pero no se cumple.
La exclusión comienza muchas veces en la familia. Aquí mismo nadie sabe que yo no tengo audición en un oído. Cuando lo digo, me han dicho que no se mira y no me creen.
En las escuelas los docentes no siempre saben cómo atender a un niño o niña con discapacidad. En los centros de salud tampoco hay formación adecuada.
El problema es la falta de voluntad, de seguimiento y de empatía para aplicar las normas en las comunidades donde más se necesitan. Las instituciones estatales son las encargadas de velar por estos derechos pero no actúan con firmeza ni promueven una participación real de las personas con discapacidad en los espacios de decisión. Muchas veces la inclusión se queda en el discurso.
¿Cuál cree que debe ser la ruta para que el Estado tome acciones concretas para las personas con discapacidad?
Es importante fortalecer el trabajo comunitario, como el de las comadronas. Ellas son fundamentales en las aldeas donde el sistema de salud no responde. El conocimiento ancestral y el acompañamiento territorial no deben ser desplazados, sino reconocidos y respaldados.
Cuando era titular activa de la organización estuvimos en mesas de salud, educación y derechos humanos. Porque la lucha no terminó con la firma de la paz, continúa en la exigencia cotidiana de derechos.
Se necesita un país donde las leyes se cumplan, donde haya verdadera inclusión y donde las personas con discapacidad no tengan que seguir demostrando que existen para ser tomadas en cuenta.
Créditos:
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Lourdes Álvarez Nájera y Carmen Quintela
Fotografías: Christian Gutiérrez
