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Es un día soleado a inicios de octubre de 2025 en el lago Atitlán, en el municipio de Santiago Atitlán, en el altiplano de Guatemala. El azul turquesa de sus aguas contrasta con los tres volcanes que le rodean.
La sensación cálida del momento pronto se acabará. Nubes de lluvia se asoman y el viento sopla con fuerza. El dueño de un cayuco que se mece en la ribera cuenta que, hace 20 años, por la misma fecha «ya presentía» que algo iba a pasar.
Habla sobre las toneladas de lodo que devastaron a una comunidad y afectaron gravemente a otras en octubre de 2005.
A principios de octubre de ese año no paraba de llover en Santiago Atitlán. Esa premonición que el dueño del cayuco sintió antes de que pasara, puede ser difícil de entender, pero es algo muy común en Mesoamérica.
Es así desde hace siglos, desde épocas prehispánicas. Eran los graniceros, los tiemperos, quienes predecían el clima alrededor de los volcanes nevados cercanos a la Ciudad de México. Había quien decía que incluso controlaban el tiempo.
Pero lo que pasó en octubre de 2005 en la comunidad de Panabaj no hubo manera de detenerlo.
El lodo que bajó del volcán y destruyó Panabaj
Según los registros del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), entre el 2 y el 4 de octubre la tormenta tropical Stan entró en Guatemala.
Para el 5 de octubre, Santiago Atitlán era uno de los tres lugares con mayores acumulados de lluvia en 24 horas: 230.7mm (casi un pie de altura).
A las cuatro de la mañana del 6 de octubre llegó la tragedia. Por lo menos cuatro lahares cayeron sobre dos comunidades de Santiago Atitlán. El cantón Panabaj quedó soterrado. En menor medida, el cantón Tzanchaj, también fue afectado.
Este tipo de aludes son especialmente peligrosos. Están formados principalmente por material lodoso, arena y ceniza volcánica. Son muy densos y esto hace que alcancen una gran velocidad y puedan ser destructivos.
Ese día, los lahares se originaron en varias quebradas entre los volcanes Tolimán y Atitlán.
Sobre el recuento final de víctimas y personas damnificadas, a la fecha no existe consenso. Tampoco hay expedientes disponibles en instituciones estatales para revisar estos datos.
Durante la emergencia, según reportes oficiales, se documentaron entre 500 y 600 personas afectadas. La prensa nacional e internacional habló de cerca del millar.
La Fundación de Antropología Forense (FAFG), que colaboró en la identificación de víctimas, documentó entre 150 y 187 personas fallecidas.
Organizaciones sociales locales como Asociación Nuevo Amanecer de Santiago Atitlán (Anadesa) afirman en su sitio web que fueron 250 fallecidos.
Foto: Christian Gutiérrez
La información oficial «ya no existe»
Agencia Ocote realizó solicitudes de información en instituciones y vía Ley de Acceso a Información Pública, para conocer datos de personas damnificadas, los proyectos de apoyo y las personas beneficiadas con ayuda estatal.
En octubre de 2025, la municipalidad de Santiago Atitlán, bajo la gestión de Francisco Coché Pablo, informó que «no se localizó ningún expediente».
Días después, por diversas acusaciones de corrupción, más de 10 mil personas desconocieron a Coché Pablo en un proceso de Asamblea Comunitaria que fue acompañado por las autoridades indígenas locales.
En la Gobernación Departamental de Sololá, a través del Consejo Departamental de Desarrollo, tampoco existe información física o digital.
Se buscó conocer las medidas institucionales tomadas antes, durante y después del deslave, para lo cual se solicitó el expediente del caso a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
«Se informa que las bases de datos del sistema Conred cuentan con historial del 1 de enero 2008 a la fecha, por lo que no se cuenta con el detalle solicitado», respondieron.
Además, entre noviembre y diciembre, se solicitaron entrevistas a Conred pero no se brindaron.
En el Fondo Guatemalteco Para la Vivienda (Fopavi), unidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, respondieron que «debido a la antigüedad del acontecimiento dentro de los archivos físicos del Departamento Técnico, no se tiene información del año 2005». Tampoco existe en el sistema digital.
Similar respuesta sobre la «inexistencia de la información de esa fecha» se obtuvo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
Segeplan sí envió un listado de acciones de 2020 a 2025, sobre mejoramiento de caminos, drenajes y sistema de agua potable en Chuk Muk, un proyecto habitacional donde los damnificados fueron reubicados, a un par de kilómetros de Santiago.
Deslizamientos y memoria comunitaria sobre Panabaj
En la sede de la asociación Anadesa, pintado sobre una pared con letras blancas se puede leer, en español y en Tz’utujil, lo que significa el nombre de la comunidad: «Panabaj: lugar entre piedras; Pnab’aj: K’ulb’al Rxiin K’aslimaal».
Como su nombre y el mismo paisaje evidencia, es un área propensa al descenso de material volcánico. Grandes rocas encalladas en las laderas, acumuladas a lo largo de los siglos, son un recordatorio visual que se recoge en la memoria oral y comunitaria sobre el peligro de vivir allí.
Por entrevistas a personas adultas mayores de la localidad, análisis de suelos, mapas y simulaciones, el Insivumeh detalla en sus informes que han ocurrido varios eventos similares en los últimos cien años.
Uno pasó entre 1910 y 1920. Otro en los llamados «temporales de 1949». Incluso, por el origen volcánico del lago Atitlán se logra rastrear un megadeslizamiento registrado hace miles de años.
Aunque la historia, la geología y las propias comunidades han confirmado el peligro, el Estado de Guatemala ha avanzado muy poco en una gestión de riesgo integral como parte de políticas.
En 2024, el presidente Bernardo Arévalo, junto con la Organización de Naciones Unidas, lanzó la iniciativa Alerta Temprana para Todas las Personas (EW4LL, por sus siglas en inglés) para la protección de la población ante desastres.
Esa iniciativa plantea «la cobertura por sistemas de alerta temprana multi amenaza al planeta entero para el año 2027». Sin embargo no entra en detalles sobre coordinaciones y presupuestos.
Una gestión de riesgo insuficiente
Más de un año después del deslave en Panabaj, en noviembre de 2006, la Conred publicó una convocatoria para una consultoría de seis meses sobre el tema.
La coordinadora solicitó servicios de planificación y ejecución de actividades de reducción de riesgos en los departamentos afectados por la tormenta Stan. La consultoría, pagada con fondos de la Unión Europea, se adjudicó a la entidad Cordillera S.A. por 432 mil quetzales.
La empresa presentó el tomo I de la Evaluación de riesgos por deslizamientos y flujo de detritos en Santiago Atitlán.
En la introducción, se describe como «el primer estudio de riesgo desarrollado en un área de interés nacional». Además, se menciona la falta de legislación robusta para una gestión de riesgo integral.
A la fecha, este tema sigue siendo una asignatura pendiente, que se suma a otras iniciativas relevantes como la Ley de Aguas o las reformas al Código Municipal en el Congreso.
También normativas específicas como reglamentos de construcción, planes de ordenamiento territorial y acciones de ministerios y secretarías que intervienen durante y después de las catástrofes.
Rüdiger Escobar Wolf, es profesor asistente de investigación de la Michigan Technological University en Estados Unidos. Trabajó en Conred entre 2000 y 2005. Según Escobar, con la consultoría se delinearon dos polígonos de riesgo en el área de Santiago Atitlán.
Estas referencias territoriales fueron la clave para la declaratoria de riesgo que hizo Conred en Panabaj, Tzanchaj, Pachichaj, Chuul, y Panul, en 2006. Esta incluía recomendaciones de sitios inhabitables.
Aunque Escobar indica que la consultoría sí aportó criterios técnicos y se apegó a los términos de referencia «no son suficientes para basar las decisiones de un Gobierno».
El caso de Panabaj se volvió emblemático, «pero lamentablemente se repite cada cierto tiempo y no sólo en ese lugar», dice.
Sin un sistema de alerta temprana integral, «a menos que cambien radicalmente algunas cosas, van a volver a suceder -en ese lugar o en otros sitios-», concluye.
Sin datos ni pertinencia: la gente está regresando
En Panabaj hubo avances puntuales. Algunos talleres, señalización de áreas de peligro, un monumento a las víctimas… pero en el lugar echan en falta otras acciones, desde el inicio.
Juanita Chiviliu, psicóloga y directora de la Asociación Puerta Abierta, dice que durante el traslado de la población en Chuk Muk, apenas se abordó la salud mental o el estrés postraumático.
Ana Eugenia Paredes, del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), recuerda que las personas afectadas vivieron un «desplazamiento forzado interno» no reconocido.
«El problema de no reconocerlo y que las autoridades tampoco lo atiendan, es que genera condiciones que exponen a más riesgos a la población, en un país con alta vulnerabilidad», lamenta Paredes.
El proceso de desplazamiento —criticado por la falta de criterios técnicos y mal manejo de fondos— no se realizó con pertinencia ni tomó en cuenta la perspectiva comunitaria.
Tanto Chiviliu como Micaela González, vecina de Santiago Atitlán, aseguran que aún hoy, esta pertinencia sigue ausente: no hay ni sensibilizaciones ni recuerdo de lo que pasó en idioma Tz’utujil. «¿La gente sabe cuáles son las rutas y medidas de evacuación? ¿Hay tierra para darles en otro lado?» se pregunta González.
Y esto último tiene un riesgo: «Aunque Panabaj sea una zona catalogada como roja -porque así se reconoce de manera popular a la declaratoria-, la gente está regresando», anota la psicóloga.
Pablo Mendoza, taxista de Santiago Atitlán que vive en Panabaj y cuya casa no quedó soterrada en 2005, cuenta que varias familias que fueron reubicadas en Chuk Muk nunca se fueron del todo, porque «las casas que les dieron eran muy pequeñas y sin terreno para cultivar».
La falta de regulación sobre construcción en esa zona y la falta de opciones con enfoque integral y comunitario a dónde trasladar a la población, activaron nuevamente la vulnerabilidad.
Respuesta comunitaria ante el desastre
Para Diego Sapalú, investigador comunitario de Santiago Atitlán, la mala gestión tras el deslave dejó de lado problemas que hoy resurgen con la repoblación de Panabaj.
«Chuk Muk no tiene acceso directo al lago, pero Panabaj sí, por eso la relación con ese entorno era diferente», señala.
Las personas de Panabaj utilizaban el lago para pescar, regar sus cultivos, lavar la ropa. Esa relación desde la cultura Tz’utujil también implica bienestar y cuidado, como poder salir a jugar o divertirse a las orillas.
Sapalú recuerda que, si no se planifica con las comunidades, «solo estamos haciendo proyectos de paso que resuelven el momento pero no la vida entera de una comunidad».
Las personas de Panabaj se refieren al área afectada como «K’asliimal»: territorio donde hay vida, bosques, sitios sagrados.
Mayalitza Sosof, también investigadora comunitaria de Santiago Atitlán, cree que suele haber un menosprecio al conocimiento local.
«Cuando vienen personas externas a nuestra comunidad, a veces vienen con aires de grandeza y no se toma en cuenta los conocimientos locales», reclama.
Sosof es ingeniera ambiental e intérprete al español, inglés y Tz’utujil. Su trabajo se ha enfocado en vincular la labor de las comunidades sobre su historia y el traslado a las nuevas generaciones, incluido lo sucedido durante Stan.
Iniciativas comunitarias para mantener viva la memoria
«En los procesos de recuperación después de un desastre es importante la inclusión de la cultura local para construir y reconstruir la resiliencia entre las comunidades reasentadas».
La frase no está en un mural, en un informe o en un libro de historia. Está incluida en un recetario en el que se resguardan tradiciones agroalimentarias de Chuck Muk.
Es una de las iniciativas que organizaciones —apoyadas la mayoría con cooperación internacional— han creado para preservar y mantener la memoria de Panabaj y la cultura Tz’utujil durante el reasentamiento en Chuk Muk.
Muchas están lideradas por mujeres. No es casual.
Paredes, investigadora de la URL, recuerda que las mujeres tienen un papel fundamental en los desplazamientos forzados.
Organizaciones como Anadesa también han realizado proyectos de tejidos y murales donde cuentan su historia y cómo fue marcada por el deslave del 2005.
De igual forma, un grupo de leñadores sistematizó su historia, relatos y prácticas de trabajo que muestran una relación recíproca profunda con su entorno.
Los procesos para mantener viva la memoria colectiva no son nuevos para las comunidades Tz’utujil. Mientras desde la oralidad se recuerdan eventos como el deslave de 2005; por otra parte, también se preservan documentos como el título de propiedad comunal, bajo resguardo de las autoridades indígenas y Cabecera del Pueblo.
Redacción: Lourdes Álvarez Nájera
Edición: Alex Maldonado y Carmen Quintela
Fotografías: Christian Gutiérrez y Lourdes Álvarez Nájera
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