El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional mide los niveles de corrupción percibidos en el sector público de 182 países. Utiliza una escala de cero —que …
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional mide los niveles de corrupción percibidos en el sector público de 182 países. Utiliza una escala de cero —que significa altamente corrupto— a 100 —que implica un territorio muy transparente—.
En los primeros puestos están países como Dinamarca, Finlandia o Singapur, que superan los 80 puntos. Y en los últimos, Sudán del Sur, Somalia o Venezuela, con apenas 9 o 10 puntos.
Guatemala está entre los países más reprobados. En 2025 se posicionó en el puesto 142 de 182, con una nota de 26 puntos. Aunque por segundo año consecutivo subió ligeramente su calificación, lo cual fue celebrado por el presidente Bernardo Arévalo, sigue con un puntaje bajo en comparación con otros países de Latinoamérica, como Uruguay (73), Chile (63) o Costa Rica (56)..
Lo que mide el índice: la percepción
El sociólogo y politólogo Luis Mack explica que es importante entender que este índice es un indicador, que tampoco es absoluto, porque mide la percepción de la gente.
«Eso quiere decir que es un fenómeno más cultural que real. Que la gente perciba algo no necesariamente significa que sea cierto. Eso implica que o la corrupción está más generalizada o que los medios de comunicación y las personas están más sensibles al tema y por lo tanto lo perciben con mayor propiedad», dice Mack.
Para la politóloga Celia Luna, los resultados del índice para Guatemala se traducen en que el camino para salir de la mala percepción de la corrupción en el país es lento.
¿Cómo se mide el índice de percepción de la corrupción?
La puntuación de cada país se calcula a partir de fuentes de datos tomadas de trece estudios y evaluaciones. Las fuentes de datos proceden de organizaciones como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
Transparencia Internacional reconoce que el IPC es una referencia global muy útil, pero se limita a registrar la percepción de expertos y empresarios sobre la corrupción existente en el sector público.
La politóloga Celia Luna apunta a este detalle. Subraya que es importante tomar en cuenta que son empresarios quienes aportan a la construcción del índice. «Muchas veces el empresariado es parte de ese sistema de corrupción. No digo todo el sector privado, pero algunos actores», dice Luna.
Y agrega que «siempre tenemos que cuestionar todo lo que vemos. Creo que la metodología del índice, por lo menos en países como Guatemala en los que el sector privado históricamente ha sido corruptor del gobierno, se vuelve un poco difícil en la medición».
Consultado acerca de esto, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de Acción Ciudadana, organización enlace con Transparencia Internacional en Guatemala, explica que el índice está hecho con base en resultados de diferentes estudios, por lo que no se profundiza en las personas concretas a las que se encuesta.
«Hacen encuestas a lo largo de un año y preguntan a los empresarios que son los que importan, exportan, usan las aduanas. Les preguntan, por ejemplo, si en las aduanas hay corrupción, no les preguntan si ellos creen que hay corrupción en el país. Les preguntan de clima de negocios, aduanas, impuestos y tramitología para hacer negocios», dice Marroquín.
El director de Acción Ciudadana aclara que no se pregunta solo a grandes empresarios. «Es la misma encuesta a nivel mundial. Al final el empresario si da mordidas va a decir que hay corrupción, no va a decir “soy parte”, pero va a decir que sí hay mordidas», agrega Marroquín.
El índice cubre manifestaciones de corrupción como:
- Soborno
- Malversación de fondos públicos
- Funcionarios que utilizan su cargo para obtener lucro personal sin consecuencias
- Capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público
- Excesiva burocracia que puede incrementar oportunidades de ejercer corrupción
- Nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos
- Legislación que no garantice la transparencia en las declaraciones de finanzas personales
- Posibles conflictos de interés en los cargos públicos
- Protección legal de denunciantes de casos de soborno y corrupción
- Captura del Estado por intereses privados
- Acceso a la información sobre asuntos públicos
¿Un punto de crecimiento es un gran logro?
El Gobierno de Guatemala difundió el punto que ganó el país como un logro. Además destacó que mejora por segundo año consecutivo en el Índice de Percepción de la Corrupción.
La posición de Guatemala en el rango también pasó de 154 en 2023 a 146 en 2024 y llegó a 142 en 2025.
Para Mack, celebrar este cambio en el índice como un logro es una lectura muy simplista.
«Avanzamos un punto, pero seguimos en la franja medio roja de los países con mayor índice de corrupción. Si hubiéramos mejorado significativamente en el puesto, uno lo podría celebrar. El punto es que la sociedad sigue siendo mal vista en cuanto a niveles de corrupción», dijo Mack.
Luna coincide: «No es que automáticamente se haya eliminado la corrupción dentro del sistema, no es que hayan desaparecido los corruptores, no es que todo el gobierno ya sea transparente. Hay que verlo como es, una pequeña mejora de algo que puede hacerse mucho mejor», dice Luna
En el análisis del resultado que hace la organización Acción Ciudadana, de acuerdo con la metodología del IPC, las variaciones menores a tres puntos en un solo año indican que no existe aún un consenso pleno entre las fuentes sobre la existencia de avances estructurales profundos.
«En este sentido, la mejora observada responde principalmente a un cambio en la percepción del rol del Ejecutivo», señala el análisis.
Justicia y espacio cívico
El informe recomienda garantizar instituciones judiciales independientes, transparentes y accesibles.
En 2025, recomendó específicamente para Guatemala fortalecer la independencia de su poder judicial y del Ministerio Público, que siguen bajo la influencia de redes corruptas.
Este año Guatemala se enfrenta a las elecciones de segundo grado que incluyen la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, así como de fiscal general del Ministerio Público.
Para Luna estas elecciones tienen una relación directa con la lucha contra la corrupción.
«Tiene todo que ver. Mientras yo siga teniendo actores que corrompen, voy a seguir teniendo corrupción, porque los incentivos están puestos para que esa corrupción continúe. Los incentivos están puestos también para que las personas que lleguen a ocupar esos cargos clave sigan siendo corrompidas», dice Luna.
Desde la mirada de Mack, las elecciones de segundo grado son importantes, pero también se debe ver a futuro, en el 2027 para las elecciones generales.
«Imagínese que rescatamos las elecciones del segundo grado, pero tenemos un gobierno nefasto para el 2028 en adelante. ¿Será que la sociedad cuando vuelva a tener que apoyar algún tipo de transformación o algún tipo de lucha como la del 2023 se va a volcar a las calles otra vez, luego de la criminalización de la protesta y persecución a quienes lideraron la lucha?», dice Mack.
La postura del politólogo coincide con uno de los enunciados del índice, que señala la reducción del espacio cívico y el acceso restringido a la información como elementos que afectan la transparencia y promueven la corrupción.
Lo que falta
Dentro del listado de pendientes para erradicar la corrupción, para Celia Luna una clave está en llegar a las municipalidades y aprobar y aplicar reformas legislativas.
«En las municipalidades sigue habiendo malos manejos de los fondos públicos, poca transparencia y mucha opacidad. Además, continúan pendientes reformas clave. Aunque no por reformar leyes automáticamente vamos a cambiar la corrupción, tiene que haber una correcta aplicación», dijo Luna.
Impunidad y consecuencias
La Fundación Libertad y Desarrollo, en conjunto con la empresa de análisis de datos CID-Gallup, publicó en enero una encuesta de percepción a la ciudadanía y analizó el tema de la corrupción. Según los resultados, un 41 % de las personas encuestadas reconoce que la corrupción ha afectado su vida o la de su familia en distintos grados.
El 62 % estaría dispuesto a denunciar actos de corrupción si supiera que habría consecuencias reales para la persona responsable. lEl 54 % considera que es poco o nada probable que quienes cometen actos de corrupción enfrenten consecuencias reales, lo que refleja una percepción generalizada de impunidad.
Redacción: María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
Fotografías: Transparencia Internacional
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