En febrero de 2024, el presidente Bernardo Arévalo creó la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). Una nueva versión de la Comisión Presidencial contra la Corrupción que existió en el …
- En 2024, la Comisión Nacional Contra la Corrupción denunció al Ministerio Público 236 casos de corrupción, la mayoría no avanzó, en esta entrevista el comisionado habla sobre los casos desestimados, archivados y los que lograron abrir de nuevo.
- Julio Flores, director ejecutivo de la CNC, cuenta que encontraron incluso gente que estaba contratada para destruir documentación y evitar que esta sirviera de prueba en casos de corrupción.
- La CNC advierte que el MP no tiene una disposición para investigar casos de corrupción y expone la gran necesidad de que desde las instituciones del Estado se controle a las empresas que reciben dinero del gobierno, sus acciones, los beneficiarios finales de esos recursos que se pagan.
En febrero de 2024, el presidente Bernardo Arévalo creó la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). Una nueva versión de la Comisión Presidencial contra la Corrupción que existió en el Gobierno de Alejandro Giammattei y cuyos resultados fueron cuestionados.
Con la creación de la comisión, Arévalo dejó claro el vínculo directo entre esta y la presidencia.
Julio Enrique Flores Reyes, el actual director ejecutivo de la CNC reconoce esta relación. Como comisionado, cuando habla de la lucha contra la corrupción, suele mencionar que es una directriz clara del presidente Arévalo y de la vicepresidenta Karin Herrera.
Flores Reyes es un abogado y economista de 35 años, con una maestría en derecho constitucional y un diplomado en derecho electoral, todos títulos de la Universidad de San Carlos (USAC).
No es la primera vez que trabaja en el Estado ni la primera que lo hace en una comisión anticorrupción. En mayo de 2020 comenzó como jefe de análisis legal en la extinta comisión anticorrupción del gobierno de Giammattei. Llegó a ser director de rendición de cuentas e información pública y se mantuvo en el cargo con la nueva comisión.
«La Comisión Presidencial contra la Corrupción tenía un enfoque distinto, relacionado principalmente con la averiguación administrativa. Sin embargo, un enfoque preventivo e integral es más efectivo y sostenible», dice hoy Flores sobre su experiencia con la comisión de Giammattei.
En junio de 2024, Flores pasó a ser subdirector ejecutivo de la comisión y luego director ejecutivo. Llegó tras la salida de Santiago Palomo, que asumió el puesto de secretario de comunicación social de la presidencia en lugar de Haroldo Sánchez.
En 2024 uno de los cambios que implementó la comisión fueron los consejeros delegados. Se trata de representantes de sectores de la ciudadanía como la academia, pueblos indígenas y el sector privado. Su trabajo es ad honorem, asesoran a la comisión y aportan propuestas sobre acciones administrativas y legislativas anticorrupción.
Aunque Flores deja claro que la comisión tiene la función principal de prevenir la corrupción por medio de medidas administrativas, disposiciones que implementen controles y prevengan la corrupción, también reconoce que un punto importante ha sido las denuncias de la comisión ante el MP sobre casos de corrupción.
En su primer año de gestión, la extinta comisión del gobierno de Giammattei presentó 12 denuncias penales al Ministerio Público y dos administrativas a la Contraloría General de Cuentas. En el mismo periodo de tiempo, la CNC planteó 236 por posibles hechos de corrupción.
Muchas de estas salpican al gobierno anterior, de Alejandro Giammattei. En el listado hay denuncias por robo de medicamentos, falso avance físico de las obras, destrucción de documentación e incumplimiento de empresas que proveen servicios al Estado.
Sentado en uno de los sillones de la Casa Presidencial, en un salón con la réplica de una estela y un quetzal disecado, Flores habla en entrevista con Ocote sobre estas denuncias y sobre cómo la corrupción ha afectado a la ciudadanía.
¿Cuáles son los propósitos de la Comisión Nacional contra la Corrupción para este 2025? ¿Qué espera lograr?
La consolidación de los sistemas de integridad. Estos sistemas tienen diversos elementos: capacitaciones, liderazgos, identificación de riesgos, canales de denuncia… Elementos que las oficinas de asuntos de probidad deben implementar.
En 2024 se crearon 67 oficinas de asuntos de probidad en diferentes instituciones del Ejecutivo. Ahora buscamos fortalecerlas.
También promover que las iniciativas de ley de beneficiario final y la de protección de denunciantes lleguen a los consensos necesarios dentro del Congreso.
Y el aspecto territorial: atender a nivel de los departamentos las necesidades.
En 2024 plantearon ante el Ministerio Público 236 denuncias por casos de corrupción. Vemos en el portal de información que hay 162 en investigación ¿cómo está trabajando la comisión con la Fiscalía?
Las denuncias en el MP las coloca y les da seguimiento cada entidad del Ejecutivo. Esta presentación de denuncias se hace con fundamento en las averiguaciones administrativas que desarrollan los órganos de control interno, como las auditorías internas o las Oficinas de Asuntos de Probidad.
Son ellos (las entidades del Ejecutivo y las Oficinas de Asuntos de Probidad) los que presentan las denuncias y dan el seguimiento correspondiente.
Lastimosamente han avanzado hacia una desestimación o un archivo.
Tenemos la total apertura de tener relaciones interinstitucionales, pero no hemos advertido en el Ministerio Público una conducta que abone a la lucha contra la corrupción.
¿La fiscal general está obviando el trabajo que realiza la Comisión Nacional contra la Corrupción?
Claro. Un expediente no avanza dentro del Ministerio Público o avanza hacia la desestimación o bien avanza hacia la criminalización que incluso es un parámetro aún más peligroso.
Entonces, sí, efectivamente no se advierte un compromiso del Ministerio Público en respaldar bajo criterios técnicos y objetivos.
De las denuncias del año pasado hay tres casos que fueron desestimados en los que se logró una reapertura de la investigación. ¿En qué consiste está reapertura y cómo se logró?
El Ejecutivo presentó una denuncia; una denuncia seria, con fundamento. Sin embargo, el Ministerio Público la desestimó. Se plantea una oposición; decirle a un juez no estoy de acuerdo, el juez puede ordenar que la investigación se abra de nuevo y continúe. En ese momento también se le puede indicar al Ministerio Público algunas acciones específicas a realizar.
No solo es presentar la denuncia, sino dar un seguimiento con la finalidad de procurar que el caso se mantenga vigente y que tenga los avances que correspondan según la ley.
¿Qué pasó en los 33 casos de corrupción denunciados por la comisión y desestimados el año pasado por el MP?
Se ha visto si hay alguna deficiencia de parte del Ejecutivo para corregirla y presentarlo de nuevo. No es el caso.
Denuncias debidamente fundamentadas con videos que acreditan una conducta ilícita. A pesar de estos medios de convicción, se han desestimado. Se debe más a criterios del Ministerio Público. Para ellos no hay indicios suficientes.
La labor no se termina con la denuncia. Cada uno de los casos nos permite identificar patrones de corrupción.
Un patrón muy recurrente: el falso avance físico. Se reporta que una obra ha transcurrido en su construcción en un 90%. Sin embargo, se hacen las visitas y es un 30% de avance real, pero ya se pagó el 90 %.
Se hace la denuncia como tal, pero además se promueven medidas de prevención para que no pueda repetirse. Se hacen correcciones en sistemas para que no puedan acreditar avances físicos sin una constancia que lo acredite, se implementan programas de supervisión más robustos.
¿Han buscado que se reabra la investigación de estos casos?
Sí, la postura del Ejecutivo es plantear las oposiciones.
Tenemos claridad que en algún momento el Ministerio Público debe empezarlos a trabajar y seguimos creyendo que existen jueces comprometidos con la lucha contra la corrupción.
En cuáles de los casos desestimados considera que era más importante que siguiera la investigación y que es un problema que el MP los haya desestimado?
Hay varios en tema de infraestructura, obra pública.
Otros son administrativos, pero que han impedido una lucha más completa en cuanto a casos de corrupción.
Cuando se asume el gobierno a partir del año anterior (2024) encontramos incluso gente que estaba contratada para destruir documentación, para que esta no sirviera de prueba.
Tenemos casos en donde hay videos de personas sustrayendo documentos que no fueron suficientes para el Ministerio Público para continuar con la investigación correspondiente.
¿Por qué seguir denunciando casos de corrupción a pesar de las debilidades que señala en el Ministerio Público?
La actitud del Ministerio Público no debe entenderse como una excusa para el cumplimiento de su deber.
Voy a hacer referencia al índice de percepción de la corrupción.
El índice es una evaluación que hace Transparencia Internacional de 0 a 100 puntos, donde 0 es muy corrupto y 100 es transparente.
Al Estado le interesa obtener más puntos dentro del índice de percepción. Sin embargo, desde el 2014 se ha ido deteriorando, derivado de la cooptación institucional. Este año, después de una década de deterioro en ese índice, obtuvimos dos puntos favorables que nos llevan a una nota de 25.
No es a lo que aspiramos. 25 puntos de 100 siguen estando bajo la media mundial, hay mucho trabajo por hacer. Pero cambiar la tendencia, pasar de un deterioro a una mejoría de dos puntos o de ocho puestos dentro del ranking mundial, debe valorarse como un indicativo de una orientación correcta.
Hace unas semanas Ocote publicó una investigación sobre la empresa Banquetes de Guatemala por haber servido comida contaminada a niñas, niños y adolescentes en Hogares de Protección de la SBS. ¿Ha abierto la comisión alguna investigación o ha comenzado a indagar sobre el tema?
Se ha detectado en estos casos o en otros como el de las escuelas bicentenario, un patrón de corrupción. Crear bases para orientarlas a un solo proveedor.
Cuando usted ve el expediente, todo pareciera en orden, se hace una convocatoria pública, se invita a ofertar… Sin embargo, solo un oferente participa.
Había un patrón donde las condiciones bajo las cuales se lanzaba esa licitación o cotización obedecían a limitar la participación de otros. Se hacían requerimientos de capacidad instalada o alcance territorial que solo un proveedor podía cumplir, solo ellos resultaron adjudicados.
¿Qué se ha hecho? La Secretaría de Bienestar Social ha sectorizado el evento de licitación. Ya no es a nivel nacional, sino por regiones. Se permite democratizar, diversificar la oferta. Así es como se está abordando este patrón de corrupción donde obligaban prácticamente a contratar a una sola empresa.
Y en casos de incumplimiento, no se pagan las raciones alimenticias que se acredita que no tiene los estándares necesarios.
(Luego de lanzar los eventos por regiones, la SBS adjudicó la alimentación de los hogares de protección del departamento de Guatemala a Sistemas Nutricionales Sociedad Anónima y en Quetzaltenango de nuevo a Banquetes de Guatemala SA).
En la investigación que hicimos sobre la empresa Banquetes de Guatemala uno de los retos fue y sigue siendo saber quiénes son los accionistas de esta empresa. ¿Qué están haciendo para transparentar la información de las empresas que reciben dinero del Estado?
Es necesario conocer quién recibe en última instancia el dinero del Estado.
Hay obligaciones internacionales tanto en materia de lavado de dinero y aspectos tributarios o de aspectos de lucha contra la corrupción que requieren que Guatemala tenga una ley de beneficiario final. El Ejecutivo ya presentó esa (iniciativa de) ley y emitió un acuerdo gubernativo de proveedores transparentes.
Menciona el acuerdo gubernativo 208-2024, que obliga a las empresas a decir quiénes son sus accionistas. Pero el acuerdo no incluye que la información sea pública. Será hasta con la Ley de Beneficiario Final que presentaron al Congreso. ¿Por qué no velar por la publicidad de la información de una vez en el acuerdo?
Muchas cosas solo se pueden lograr a través de la ley. Fue un tema de discusión, se planteó el tema de la publicidad, sin embargo, es un tema técnico jurídico. Se llegó a la conclusión de que a través de un acuerdo gubernativo no podíamos regular con carácter público. Para lograr esa publicidad se necesita una norma de rango ordinario, una ley.
¿Qué es lo más difícil de fiscalizar en las empresas que reciben dinero del Estado?, ¿qué prácticas se niegan a cambiar?
Creemos que hay empresarios en Guatemala dispuestos a cumplir con todas las normas de transparencia.
Ha habido unos pocos empresarios que han trasladado esa imagen de que el empresariado y el gobierno no pueden coincidir en la lucha contra la corrupción. Eso es totalmente falso.
Un Estado transparente nos favorece a todos. Nos favorece como gobierno porque es más eficiente, nos favorece como pueblos indígenas porque es más inclusivo, nos favorece como empresarios porque es un país más competitivo.
Hay acercamientos, hay trabajo con el sector privado, estamos emprendiendo programas de capacitación en conjunto.
Cuando menciona al sector privado, ¿se refiere a empresarios individuales o las cámaras y gremiales como el Cacif o la Cámara de Industria?
Una línea de trabajo es la apertura total con las cámaras y personas individuales que busquen y quieran acercarse con nosotros. Si hablamos de conglomerados empresariales hemos tenido pláticas con la presidencia del Cacif, hemos tenido pláticas con el Consejo Nacional Empresarial.
El acercamiento va desde la información sobre presuntos casos de corrupción, pero también la mayoría para brindar apoyo al Estado.
Recientemente se declaró luto nacional por 54 personas que murieron en el accidente de la calzada La Paz, luego que un bus extraurbano de los Transportes Tineca cayera a un barranco. Esta situación ha generado una conversación entre la población en relación a la corrupción que rodea el transporte público. ¿Qué ha hecho la comisión en este tiempo para investigar y erradicar esta corrupción?
Hay denuncias presentadas por casos de corrupción. Emitían permisos sobre formularios falsos y se cobraba por esos permisos que se extendían.
Se implementó una plataforma para gestionar estos permisos sin ningún costo. Promovemos jornadas y campañas de concientización y se habilitó un canal de denuncias.
Hay muchos otros casos que están por ser públicos, que la directora de la Dirección General de Transporte ha compartido a nivel general de patrones en el otorgamiento de licencias, en la designación de rutas. El trabajo se está haciendo.
¿Harán públicos estos hallazgos a raíz del accidente?, ¿eso los motiva a hacerlo?
No, el sistema para la emisión de permisos se implementó desde el fin del año pasado y todas las auditorías que se han realizado empezaron desde que la directora tomó posesión del cargo. No responde a la tragedia, no estábamos esperando una tragedia para actuar.
Ya que estamos hablando de cómo la corrupción afecta a la población, De los casos detectados y denunciados en el 2024 ¿en cuáles perciben que la corrupción afectó a las mujeres, por su condición de mujer?
Un hospital en San Pedro Necta, Huehuetenango, uno de los departamentos con mayores índices de pobreza, con mayores índices de vulneración. Durante 15 años un hospital estuvo paralizado y durante 15 años se había dado este patrón donde se reportaba el 93 por ciento de avance, cuando en realidad era un 33 por ciento.
En el marco del caso Eureka que va vinculado con B410 (uno de los casos más grandes de defraudación tributaria) acabamos de denunciar como se sustrajo el dinero que estaba destinado a la construcción de un banco de leche. Ese dinero fue desviado, sustraído, pagado a proveedores que no correspondía porque incumplieron.
Se han desviado fondos del MAGA que iban dedicados a poblaciones más vulnerables y en realidad habían sido destinados a trabajadores del Estado que no cumplían con el perfil o eran personas ya fallecidas.
¿Ha recibido algún tipo de amenaza o represalia por liderar la comisión?
Por el momento no. Las denuncias que se presentan no tienen tinte político, es eminentemente técnico, está debidamente fundamentado.
¿Puede una comisión, en cuatro años, depurar un sistema de corrupción que lleva incrustado décadas en el Estado de Guatemala?
La respuesta es concreta: no. Erradicar la corrupción resulta complejo. En el índice de percepción de la corrupción incluso los países que van liderando tienen 90 puntos de 100.
Esa transparencia absoluta es muy compleja, es casi utópico alcanzarla.
Investigación y redacción: María Longo
Edición: Carmen Quintela
Diseño: Oscar Donado
Fotografía de portada: Christian Gutiérrez
