«Yo solo estaba haciendo mi trabajo», enfatiza a Agencia Ocote la periodista comunitaria maya Kaqchikel, Norma Sancir, al recordar lo que vivió en septiembre de 2014, cuando fue detenida mientras …
«Yo solo estaba haciendo mi trabajo», enfatiza a Agencia Ocote la periodista comunitaria maya Kaqchikel, Norma Sancir, al recordar lo que vivió en septiembre de 2014, cuando fue detenida mientras documentaba una manifestación en la región maya Ch’orti’, en el departamento de Chiquimula.
En ese momento, Sancir indica que la población expresaba su descontento en contra el Congreso de la República de Guatemala, por la aprobación de la llamada Ley Tigo y la Ley para la Circulación por Carreteras Libre de Cualquier Tipo de Obstáculos.
Como parte de su trabajo, la periodista documentaba el desalojo de manifestantes por la Policía Nacional Civil, a inmediaciones del puente Jupilingo, municipio de Camotán, Chiquimula, cuando varios agentes la rodearon, la esposaron y la acusaron de ser una de las manifestantes.
Pese a identificarse como periodista comunitaria de la Asociación Nuevo Día y del medio Prensa Comunitaria, Sancir pasó cinco días en una celda del centro preventivo Los Jocotes, en el departamento de Zacapa.
Por ese suceso, la periodista denunció a las agentes de la PNC que la capturaron: Marcelina López Pérez, Mirna Marleny Ortiz y Olga Leticia Segura, también al comisario Ceferino Salquil Solval.
Diez años para lograr una sentencia a favor
Diez años después de la denuncia de Sancir contra los elementos de la PNC, el 31 de enero de 2024, el juez Jorge Douglas Ochoa del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula dictó sentencia.
En esa resolución se reconoció que Sancir sufrió abuso de autoridad y se dictó una condena de tres años y nueve meses de prisión contra Salquil Solval y las agentes Ortíz y Segura.
La agente López Pérez fue declarada en rebeldía, porque ya no se presentó a las audiencias.
El juez también reconoció que durante su captura, Sancir realizaba el ejercicio de su profesión, como periodista comunitaria.
En la sentencia también se ordenaron medidas de reparación a su favor, entre ellas una disculpa pública por parte de la PNC; también colocar placas en las comisarías donde se reconozca la labor del periodismo.
Además, se debe divulgar en el diario oficial, Diario de Centroamérica, así como las páginas oficiales de la PNC, la nota que Sancir ya no pudo publicar por su detención ilegal.
Las acciones de reparación también incluyen la creación de un Programa Nacional de Protección a Periodistas, un tema que persiste en el debate del gremio desde hace varios años.
Sobre el tema, pero sin hacer mención específica del caso de Sancir, este jueves 13 de noviembre, el Gobierno de Bernardo Arévalo a través del Ministerio de Gobernación y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) presentaron la Política Pública de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Aunque es muy amplía en el tipo de perfiles que se incluyen como personas defensoras de derechos humanos, en la página 25 se cita lo que corresponde a «periodistas»
Un precedente con enfoque interseccional
La abogada Jovita Tzul del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, quien lideró la defensa de Sancir desde 2014, explica que la resolución representa una ruta inédita en Guatemala.
«Por primera vez, un tribunal reconoció que el Estado tiene la obligación de proteger a una periodista por ser mujer, por ser indígena y por ejercer la comunicación comunitaria», señala Tzul.
La abogada también menciona que durante el juicio, se presentaron peritajes, testimonios de periodistas, entre otros, para demostrar que la detención de Sancir fue parte de un patrón de agresiones contra quienes ejercen la comunicación desde los distintos territorios del país.
«El juez aplicó estándares internacionales de derechos humanos e hizo un análisis interseccional sobre la violencia que sufrió Norma, que no solo fue institucional, también estuvo atravesada por racismo y machismo», agrega Tzul.
El proceso evidenció además, las contradicciones internas del sistema de defensa policial donde se revelaron indicios de machismo.
«Tres de las agentes condenadas eran mujeres, pero la defensa del Ministerio de Gobernación se centró en proteger al comisario y responsabilizarlas a ellas. Esto refleja el profundo machismo dentro de las fuerzas de seguridad«, explica la abogada.
«Aun así, el juez reconoció que la orden -que siguieron las agentes al capturar a la periodista- provenía del mando superior y las condenó como cómplices. En segunda instancia la sala modificó el fallo y las declaró autoras», añade Tzul
Para el equipo legal que acompañó a Sancir, la sentencia representa un precedente histórico para la defensa de la libertad de expresión y el periodismo en Guatemala, donde se reportan altos niveles de impunidad en las agresiones contra la prensa y bajas denuncias.
En su informe de 2024, la Red Rompe el Miedo registró 77 agresiones contra periodistas a nivel nacional y destacó que existen bajos niveles de denuncias porque se desconfía en la labor de las instituciones encargadas de investigar y aplicar justicia.
La dignidad como reparación: caso Norma Sancir
Sancir enfatiza que nunca buscó venganza o un resarcimiento económico al presentar la denuncia.
«Yo quería que se reconociera la verdad. Que se dijera que fue abuso y que el Estado no puede seguir actuando así contra quienes informamos desde los pueblos», afirma.
Entre los casos de agresiones, persecución y criminalización contra periodistas en Guatemala también se encuentran Anastasia Mejía Tiriquiz, Robinson Ortega, Carlos Choc, Jerson Xitumul, entre otros.
Sancir también recuerda que durante su detención fue cuestionada sobre su presencia en el lugar y sobre «si realmente» era periodista.
«Querían hacerme sentir que no tenía derecho a estar ahí, como si por ser mujer indígena no pudiera cubrir una manifestación», resalta.
Pero Sancir reitera «Nosotras -las mujeres y mujeres indígenas- también somos periodistas y nuestra mirada es necesaria».
«Este fallo no solo es por mí, es por todas las mujeres indígenas que hacemos periodismo desde nuestros territorios y que hemos sido violentadas o desacreditadas por hablar», puntualiza.
Si quieres conocer mayores detalles de la situación del periodismo en Guatemala visita el Informe semestral 2025 de la Red Rompe el Miedo.
Créditos:
Texto: Andrea Godínez
Fotografías:
Edición: Lourdes Álvarez Nájera
