Francisco Rivas, exministro de Gobernación, reconoce la Ley Antimaras como un esfuerzo del Congreso, aunque aclara que esto no será suficiente para resolver el problema de la delincuencia juvenil, extorsiones …
Francisco Rivas, exministro de Gobernación, reconoce la Ley Antimaras como un esfuerzo del Congreso, aunque aclara que esto no será suficiente para resolver el problema de la delincuencia juvenil, extorsiones y homicidios.
«Es un mensaje de que el Estado va a combatir a las pandillas», menciona Rivas.
Resalta que es un ejercicio positivo y que hubo voluntad política para aprobar esta ley. «Hubo voluntad, hubo acuerdo, hubo consenso. Le cuesta tanto al Congreso aprobar una norma a favor del bien común y recibir la aprobación de una ley en contra del fenómeno de las pandillas me parece un ejercicio positivo».
La aprobación de esta ley se da tras una crisis de seguridad y fuga de reos que resultó con la salida de Francisco Jiménez, como ministro de Gobernación.
«Hay mucho por hacer. No solo desde el enfoque del Legislativo o del Ejecutivo, sino de otros sectores como el sector privado. La criminalidad que generan estos grupos surge desde las cárceles y los grandes consorcios que controlan la señal telefónica también tienen responsabilidad que esta ley no abarca», expresa Rivas.
¿Quién designa una pandilla?
Rodrigo Ortiz, analista de Diestra, organización de análisis y comunicación política, explica que la ley realmente es una respuesta ante la fuga de los 20 pandilleros, pero también es regional.
«Están incluidas la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y cualquier otra clica que se incorpore y cumpla con esas características.
Pero también ve como una tarea compleja cómo o quién va a designar a un grupo en el marco de esta nueva normativa. «Ese es otro tema que queda pendiente, ¿cómo se va a designar a las pandillas o esas maras en sí?», se cuestiona.
En las disposiciones generales del Decreto 11-2025, se definen como maras los «grupos de tres o más personas que existen con el objeto de cometer uno o más delitos».
También que «se organizan en una estructura jerárquica con liderazgo definido, en grupos y subgrupos comúnmente llamados clicas; se reconocen y manifiestan desde una identidad grupal con códigos y señales propias».
Oportunidad para un combate integral
Ortiz explica que podría haber un impulso del extranjero (principalmente desde EE.UU.) para trabajar en contra del lavado de dinero, el narcotráfico y las pandillas. Además de que es una oportunidad para el Gobierno de darle a las personas una respuesta ante el aumento de la violencia.
«Es una oportunidad para el presidente darle al pueblo lo que quiere. Esa famosa mano dura. Y es ahí donde entra la aprobación, ya sea que el presidente sancione o vete la norma», explica el analista.
Aunque la legislación es una herramienta que puede salvaguardar la seguridad, Ortiz menciona el enfoque de derechos humanos que ha tenido el Ejecutivo, lo que para él puede «frenar» acciones contundentes contra estos grupos.
Responsabilidad judicial
El politólogo Renzo Rosal explica que en la práctica estas leyes «resultan ser poco efectivas» por la deficiencia judicial existente.
Su creación «parte del supuesto de que Guatemala cuenta con un sistema de justicia medianamente funcional, cuando no es así».
«No es que sea improbable (que funcione la ley), pero lo veo difícil con la deteriorada institucionalidad. Particularmente del sistema de justicia», afirma Rosal.
Además, explica que a pesar de la problemática de seguridad, el Ministerio Público (MP) «tiene otra agenda».
Un día después de que se aprobara la ley, el MP anunció una investigación a la que denominó « Caso UNOPS: Corrupción presidencial».
Según el MP, trata sobre supuestas irregularidades en el convenio suscrito en abril de 2024 entre el Ministerio de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para comprar medicinas a precios bajos.
«Para que recobre la agenda que de verdad le toca pasará tiempo, porque reconstruir las condiciones que le asigna la ley orgánica al MP requiere años. No es un asunto que se solucionará en mayo de 2026 (con el cambio de fiscal general). Y los tribunales y juzgados están en condiciones similares», finaliza Rosal.
Penas agravadas
El 21 de octubre el Pleno del Congreso aprobó el Decreto 11-2025 Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras. La normativa, además de calificar como terroristas a los pandilleros, agrava las penas de delitos que cometen, como la extorsión y la usura.
Sancionará con penas de 14 a 18 años de prisión y multas de Q100 mil a Q300 mil a quienes recluten, organicen o intimiden a menores de 18 años para participar en estas actividades.
Además, se amplían delitos que son parte de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, como la violación, actividades sexualesremuneradas con personas menores de edad, femicidio y reclutamiento ilícito de menores de edad.
También la extorsión, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva del tránsito, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias.
Otras acciones
El Sistema Penitenciario tendrá la obligación de crear y mantener actualizada una base de datos de las personas en prisión con: edad, sexo, delito cometido, lugar de origen, comunidad lingüística, organización criminal a la que pertenece.
Se permite el congelamiento de cuentas bancarias, con orden judicial, a implicados en estas organizaciones. Todos los procesos penales contra pandilleros se tramitarán en juzgados de alto impacto.
Entre otras, se contempla la construcción de dos prisiones de máxima seguridad para miembros de maras o pandillas. Uno de prisión preventiva y otro para el cumplimiento de condenas.
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