En agosto de 2024, tres alumnas del Colegio Continental Americano, ubicado en la zona 17 de la Ciudad Capital, descubrieron que sus fotografías manipuladas y alteradas con inteligencia artificial circulaban …
En agosto de 2024, tres alumnas del Colegio Continental Americano, ubicado en la zona 17 de la Ciudad Capital, descubrieron que sus fotografías manipuladas y alteradas con inteligencia artificial circulaban en internet.
El Ministerio Público detalló que cuatro estudiantes y compañeros de las alumnas fueron acusados y ligados a proceso penal por crear montajes sexuales con las imágenes, con el objetivo de venderlas entre otros alumnos de nivel básico y en sitios pornográficos.
Para la diputada e integrante de la Comisión de la Mujer, Andrea Reyes, este tipo de casos muestran la urgencia de legislar en esa materia y cuenta sobre otro episodio.
«Fuimos a fiscalizar el Instituto Enrique Gómez Carrillo, porque empezó a circular en redes la foto de una estudiante con el uniforme puesto, que originalmente salía chupando un bombón, pero que sus compañeros alteraron esa imagen. La policía intervino, pero mi impresión es que las autoridades sencillamente no saben qué hacer », dice la diputada a Agencia Ocote.
Con el fin de erradicar este tipo de violencias, congresistas de su bancada presentaron hace un par de años una iniciativa de ley. La aprobación de la Ley Contra la Violencia Sexual Digital, consideran, permitiría regular y sancionar casos como estos, que se vuelven cada vez más frecuentes y difíciles de atender bajo la legislación actual.
Según la Procuraduría General de la Nación (PGN), entre enero y septiembre de 2024 se generaron 738 expedientes por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en su mayoría relacionados con agresiones ocurridas en línea.
En septiembre de este año, en una actividad para respaldar la iniciativa de ley, la Comisión de la Mujer y la Fundación Oxlajuj No’j, detallaron que solo el 8 % de las víctimas de violencia sexual digital presentan una denuncia.
De Telegram al Congreso
La diputada Andrea Reyes asegura que el grupo de congresistas del Movimiento Semilla que presentó la iniciativa lo hizo después de la denuncia pública sobre un grupo de Telegram que se hacía llamar «Talento Chapín». En este grupo, los usuarios compartían fotografías íntimas de niñas y adolescentes.
«Revisamos la Ley Olimpia de México y la legislación nacional. La idea era regular la violencia sexual digital y darle herramientas al Estado para poder perseguir, investigar y sancionar estos delitos», explica Reyes.
En América Latina existen países como México, Panamá, Ecuador, Brasil y Chile que han creado leyes específicas para sancionar la violencia sexual digital.
En abril de 2024, la iniciativa llegó a la Comisión de la Mujer del Congreso, presidida por Sonia Gutiérrez Raguay, la única mujer indígena en ese espacio. La comisión conoció el documento y en julio de este año emitió un dictamen favorable, con modificaciones.
Entre los cambios más relevantes entre la primera y la última versión de la iniciativa, destacan los ajustes en su alcance, definiciones y enfoque institucional.
La propuesta inicial hablaba de «violencia digital» en general, con un énfasis particular en las mujeres, mientras que la versión final la acota a «violencia sexual digital», con una definición más precisa que incluye a cualquier persona víctima de manipulación o difusión de contenido sexual sin consentimiento.
¿Qué más propone la ley?
El proyecto se planteó para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual digital, entendida como cualquier acción ejercida mediante tecnologías de la información y la comunicación, que vulnere la intimidad, la dignidad o la libertad sexual de una persona.
Esto incluye alterar fotografías con inteligencia artificial (IA) o difundir contenido íntimo sin consentimiento.
Por ejemplo, el artículo 12 de la ley establece que «la pena se aumentará en dos terceras partes a quien cree, elabore o modifique imágenes de carácter sexual utilizando tecnologías de la información y comunicación de una persona sin su consentimiento».
De aprobarse, Guatemala sería uno de los pocos países del mundo en legislar específicamente sobre violencia sexual digital y manipulación de contenido mediante inteligencia artificial.
En la Unión Europea, se aprobó en agosto de 2024 la Ley de Inteligencia Artificial, que exige transparencia en los contenidos generados o alterados por IA.
En Argentina, la Cámara de Apelaciones y Garantías determinó que la creación de imágenes de abuso infantil con IA constituye delito, para castigar incluso las representaciones generadas artificialmente, aunque no existan víctimas reales identificadas
Educación para prevenir
La ley no se limita al castigo. Un eje central es la educación y la prevención.
El Ministerio de Gobernación (Mingob) deberá ejecutar acciones preventivas como campañas y capacitaciones, para sensibilizar sobre la violencia sexual digital.
Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) deberá crear protocolos especializados para la investigación de estos delitos, mientras que el Ministerio de Educación (Mineduc) tendrá que adaptar el Currículum Nacional Base para incluir contenidos sobre uso responsable de tecnología y prevención de violencia digital.
También se incorpora a la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (CONAPREVI) y a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), que deberán coordinar acciones de sensibilización y formación.
«La ley busca la prevención, pero también sensibilizar, así como sancionar y erradicar la violencia sexual ejercida por medios tecnológicos», explica a Agencia Ocote la diputada Sonia Gutiérrez.
Penas más altas y nuevos delitos
La iniciativa también reforma el Código Penal para actualizar los delitos sexuales a la era digital. Incluye modificaciones en los artículos sobre violación a la intimidad sexual y seducción a niños, niñas y adolescentes, e introduce una nueva figura delictiva: el ciberacoso sexual.
«Vimos que hay delitos que hasta ahora son muy leves, y eso hace que tampoco haya sanción ni erradicación», enfatiza la diputada Gutiérrez.
Al ser aprobada la ley, compartir imágenes, videos o conversaciones de contenido sexual sin consentimiento sería castigado con penas de seis a ocho años de prisión.
Si además se demuestra manipulación o creación de imágenes falsas con tecnologías digitales, la sanción aumentaría hasta en dos terceras partes.
Actualmente, se da seguimiento a algunos casos de violencia sexual digital a través de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
Los siguientes pasos
Después de que la Comisión de la Mujer dictaminara a favor de la iniciativa en julio de 2025, el pleno del Congreso conoció el proyecto. Ahí pasó una primera y segunda lectura, en septiembre.
Pero aún está pendiente la tercera lectura y la aprobación por artículos. En este último paso, el pleno de congresistas puede discutir, proponer enmiendas o devolver el proyecto a una comisión.
Si la aprueban, por mayoría simple (81 votos), la ley pasaría al Ejecutivo para su sanción (aprobación) o veto (rechazo).
Hasta ahora, la diputada Reyes señala que el principal desafío es político: lograr que el tema entre en la agenda de un Congreso dominado por fuerzas contrarias al partido de Gobierno.
Destaca que existen diputados y diputadas «que de verdad no entienden la importancia de poder promover esta clase de legislación. Es preocupante que haya diputados que meten ruido y que son muy influenciables». Una de esas bancadas, asegura Reyes, es la de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cercana a Sandra Torres, que tiene 19 diputados.
En este grupo, dice la congresista, es susceptible este nivel de indiferencia.
«No porque no quieran promover una ley, pero puede ser que voten en contra porque saben meterle ruido», puntualiza.
La diputada del oficialismo considera que «puede que haya diputados que no la aprueben por molestar al Gobierno… son capaces de destruir el país con tal de molestarnos a nosotros. Pueden ser desde Álvaro Arzú (Partido Unionista), Allan Rodríguez (Vamos), Nadia de León (Nosotros) o Felipe Alejos (Todos)», puntualiza Reyes.
Agencia Ocote consultó al diputado Álvaro Arzú para conocer su postura, a favor o en contra de la iniciativa sobre violencia sexual digital. Respondió que no había leído el texto, pero que, si se trata de regular la alteración de fotografías, sí la aprobaría.
«Sí, por supuesto, tendría que leerla, pero en principio, por supuesto», indica Arzú.
También se intentó obtener la postura del diputado Allan Rodríguez, jefe de bancada del partido Vamos, la fuerza más numerosa del Congreso, pero se negó a dar declaraciones.
Tapar huecos para corregir un problema
En 2001, se creó el Convenio de Budapest, a partir de la necesidad de combatir el cibercrimen. Hasta agosto de 2025, ochenta países se han adherido al convenio. Guatemala no es uno de ellos.
La razón por la que Guatemala no ha ratificado el convenio, es porque uno de los requisitos para la adhesión es contar con una legislación sobre ciberdelitos.
En febrero de 2024 se presentó al Congreso el proyecto de ley 6347, sobre la creación de una Ley de Ciberseguridad, la cual recibió dictamen favorable hasta agosto de este año.
Para Danissa Ramírez, secretaria ejecutiva de la SVET, la iniciativa de Ley Contra la Violencia Sexual Digital, contiene aspectos importantes relacionados con los avances tecnológicos.
«Sería importante la aplicación de una ley de ciberseguridad, porque podría fortalecer que la solicitud y manejo de la información se realice con mayor diligencia, que se establezcan tiempos de respuesta de las empresas vinculadas a servicios relacionados con las tecnologías de la información y comunicación», explica.
Con la aprobación de ambas iniciativas, la Ley de Ciberseguridad y la Ley contra la Violencia Sexual Digital, Guatemala podría ser uno de los primeros países en el mundo en regular el uso de Inteligencia Artificial en la alteración de contenidos íntimos.
