Explora aquí el especial completo «El trabajo invisible» El sueño de Gladys Espinoza es tener una floristería. En su cuarto, en un rótulo se lee «Floristería Espinoza», pero se ha …
En resumen:
- En Honduras y Guatemala no existe un sistema público integral de cuidados: las familias —principalmente mujeres— cubren solas la atención de dependientes y adultos mayores.
- Los programas oficiales, como el Gabinete de Cuidados en Honduras o la Mesa de Cuidados en Guatemala, son incipientes y sin respaldo legal, mientras que los hogares comunitarios funcionan con recursos limitados y requisitos restrictivos.
- Ni Honduras, Guatemala o El Salvador han ratificado el Convenio 189 de la OIT, dejando a las trabajadoras domésticas -que realizan una de las formas de trabajo de cuidados— fuera de un marco legal que garantice salario mínimo y derechos laborales básicos.
Explora aquí el especial completo «El trabajo invisible»
El sueño de Gladys Espinoza es tener una floristería. En su cuarto, en un rótulo se lee «Floristería Espinoza», pero se ha quedado enterrado entre la ropa, los papeles y el polvo. Su día se divide entre su jornada laboral, el cuidado de sus hijos y de su exesposo enfermo. No hay tiempo ni dinero para soñar.
Vive en la zona del Trifinio, en Copán, Honduras, un punto geográfico donde confluyen las fronteras de Honduras, El Salvador y Guatemala. Esta zona también muestra una marcada brecha de género en el mercado laboral y en las actividades productivas.
De acuerdo con una investigación de We Effect, en esa región, las mujeres representan más del 50 % de la población. El 70 % de los habitantes vive en áreas rurales.
Este es relevante si se toma en cuenta que en esta zona las mujeres constituyen el porcentaje más alto de personas sin ingresos propios. Enfrentan barreras para que se reconozca su trabajo. Este incluye las tareas de agricultura para el autoconsumo, según datos del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina.
Gladys forma parte de ese grupo de mujeres que trabajan en labores agrícolas. Supervisa huertos familiares y escolares en varios centros educativos de la zona.
Su pasión es el trabajo manual. Se le nota en la sonrisa de orgullo que se dibuja en su rostro cuando habla sobre cómo, dentro de unas horas, irá a enseñar a estudiantes de quinto grado en una escuela de la comunidad de Santa Rita, Copán, a preparar la tierra, hacer surcos, sembrar y regar. Le emociona el cambio que puede generar con su trabajo.
A pesar de que su salario es de 17,500 lempiras (unos USD 667.00) y casi duplica el salario mínimo en Honduras, Gladys tiene que estirar este dinero. Lo reparte entre sus propios gastos, los de la casa y los cuidados que requiere Mario López, su exesposo.
El abandono de las personas dependientes
Gladys se casó con Mario cuando ella tenía 17 años y él 32. No fue una historia de amor. Después de cinco hijos y años aguantando actitudes violentas, Gladys se divorció en 2006. Mario se había ido a vivir a Estados Unidos y ella descubrió que tenía otra pareja.
Su sorpresa llegó 18 años después, el 16 de julio de 2024. Uno de sus hijos le pidió ayuda para cuidar a Mario, que había tenido un accidente y sufrido varios derrames cerebrales. Gladys aceptó, a regañadientes, con la promesa de que sus hijos la apoyarían, lo que no sucedió.
En estos últimos meses, su rutina ha sido similar: se levanta a las cinco de la mañana. Prepara el desayuno para su hijo de 29 años, alimenta a las gallinas que ponen los huevos que consumen. Luego ayuda a Mario a levantarse para ir al baño y comer. A las ocho de la mañana llega a supervisar los huertos, donde trabaja por nueve horas diarias.
«Los fines de semana me la paso aquí en la casa, sobre todo el domingo, que lo dedico por completo a cuidar a Mario».
Aunque en Honduras existen disposiciones legales que mencionan programas geronto-geriátricos o visitas médicas domiciliarias a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en la práctica no hay un sistema público integral que garantice cuidados a personas dependientes. Los pocos servicios disponibles funcionan por caridad, iglesias o iniciativas locales, y se ofrecen de manera limitada y con baja cobertura.
En Guatemala, el programa Mis Años Dorados, de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), administra centros de atención diurna y permanentes. Ofrecen actividades recreativas, salud preventiva y acompañamiento básico a adultos mayores. En 2023 se habilitó un Centro de Atención Permanente (CAP) con servicios de enfermería, terapias y apoyo social. Pero este modelo no cubre la demanda de quienes requieren asistencia permanente o cuidados especializados.
El acceso a estos centros diurnos implica una serie de requisitos: carecer de recursos económicos, presentar DPI, recibos de servicios básicos o constancia de residencia, y someterse a un estudio socioeconómico y de salud que incluye la condición de no consumir sustancias adictivas. Aún cumpliendo estos requisitos, el ingreso no está garantizado; este depende del cupo y los resultados de las evaluaciones.
Además, la SOSEP gestiona la Dirección de Hogares Comunitarios y CADI para niños menores de siete años en pobreza y extrema pobreza. Estos centros proveen alimentación, control nutricional, vacunación, estimulación temprana y educación inicial, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.
Aunque estos programas existen, sus condiciones de acceso implican barreras burocráticas y de documentación, y su cobertura es limitada. Agencia Ocote buscó ampliar información con la Secretaría de Bienestar Social y las oficinas de SOSEP, pero no obtuvo respuesta oficial.
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Ante este vacío del Estado, Gladys paga 3,500 lempiras (US$133.00) a Carmen Ramos. Es una joven de la comunidad que cuida a Mario y realiza los trabajos del hogar, mientras ella trabaja en los huertos.
Su caso es el de cientos de personas de Honduras y de Guatemala. Deben buscar la manera de que familiares dependientes reciban los cuidados que necesitan. Esto suele recaer en mujeres de la propia familia —como Gladys—, en mujeres que son contratadas para ello —como Carmen—, en instituciones privadas o en la caridad.
Adultos mayores sin cuidado
En el departamento de Ocotepeque, al extremo occidental de Honduras, funciona el Hogar de Ancianos Casa de María. Un grupo de mujeres de la Legión de María lo construyó hace 55 años. Hoy brinda hogar y cuidados a personas adultas mayores en situación de abandono. El asilo se sostiene principalmente con el aporte de la comunidad.
«Todo lo que llega a esta puerta, ya sea 100 o 3 mil lempiras, repollo, tomates… todo viene de la gente», explica Sor Gloria González, quien dirige el hogar desde hace un año.
Es un complejo amplio de pasillos limpios, comedores y dormitorios que alberga hasta 25 adultos mayores. En el hogar acompañan física y emocionalmente a estas personas.
El trabajo de cuidados también abarca el esfuerzo y las implicaciones de garantizar una muerte digna. En Honduras, un ataúd puede costar entre 12 mil y 16 mil lempiras (entre 500 y 600 dólares). Al sumar los gastos de entierro y traslado de cuerpos, el monto puede alcanzar hasta 2 mil dólares. El hogar ha logrado cubrir este gasto con reservas de 18 nichos que le ha donado la alcaldía de Ocotepeque.
Cumplen un rol que históricamente ha sido ignorado por el Estado hondureño: dar protección a adultos mayores en situación de calle o abandono.
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De acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina y el Caribe la mayoría de las personas mayores carecen de protección pública debido al limitado acceso a salud, pensiones y empleo formal, por lo que dependen principalmente de sus familias. Menos de un 1% de los mayores de 60 años viven en un hogar de ancianos.
Según la Dirección General del Adulto Mayor (DIGAM), el 92,5% de toda la población de adultos mayores en Honduras no cuenta con una pensión o jubilación ni con protección social.
En Guatemala, más de 1 millón de adultos mayores viven en situación de abandono. En el occidente de este país, funciona desde hace 21 años el Hogar de Ancianas Santa Luisa de Marillac, en Quetzaltenango. El espacio, una iniciativa que se mantiene a partir de donaciones, atiende exclusivamente a adultas mayores en situación de abandono.
Flor María del Socorro es su directora. «Nosotros atendemos a señoras que han dedicado su vida al servicio de otros trabajando en casas. Han envejecido sirviendo a otras personas, pero lamentablemente ya no hay espacio para ellas cuando dejan de ser productivas».
De acuerdo con este informe, una parte importante de esta población vive en pobreza o pobreza extrema, lo que la expone al abandono familiar y a situaciones de calle o marginalidad.
En Guatemala, los adultos mayores están amparados por la Constitución y por la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, pero no existe una normativa que regule de forma integral los trabajos de cuidados.
Los lentos avances en promover sistemas de cuidados
En septiembre de 2024, el gobierno de Honduras instaló el Gabinete de los Cuidados, con el objetivo de coordinar políticas públicas que promuevan el bienestar de las personas cuidadoras y el acceso equitativo a servicios de cuidado. Entre sus primeras acciones, se presentó un anteproyecto de ley del Sistema Integral de Cuidados que reconoce que cuidar es un derecho y un trabajo que merece garantías.
«Esta es una ley que no solo involucra al Estado, sino también al sector privado y a la sociedad en su conjunto, porque el tema del cuidado es un asunto de corresponsabilidad», afirmó la ministra Mirtha Gutiérrez al presentar la iniciativa ante la Comisión de Género del Congreso Nacional.
Sin embargo, como explica Catherine Calderón, quien ha acompañado desde su trabajo en la agencia creativa Salmón Digital a espacios como Coopcuidados, una cooperativa de trabajo doméstico, en Honduras, «no ha avanzado nada. Más bien sucedió lo contrario: se reconoció el salario mínimo de conserjes y otros trabajadores de cuidados en empresas, pero no el de las trabajadoras domésticas». Esto refleja la falta de voluntad política para incluir a este sector históricamente excluido, a pesar de tener el apoyo de otras instituciones como la OIT e incluso de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.
Por su parte, El Salvador creó en 2022 la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados, cuyo objetivo es reconocer y atender las necesidades de quienes realizan labores de cuidado, así como promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado. Sin embargo, aún no existe una ley que regule o garantice de manera legal los derechos específicos de las personas cuidadoras.
Monserrat Arévalo, directora de la organización salvadoreña Mujeres Transformando, explica que esta política «tiene muy pocos recursos para su implementación, y los énfasis están puestos en ciertos aspectos del cuidado que tienen que ver con el tema de profesionalizar a las personas que se dedican a este trabajo». Y añade:«Hay muchas mujeres que están trabajando productivamente». ¿Qué opciones tienen ella para poder aliviarse de esa carga?».
El 18 de julio de 2025, en Guatemala se creó la Mesa de Cuidados, liderada por la primera dama Lucrecia Peinado, con la participación de instituciones como Mintrab, SOSEP, SBS, Seprem y el INE. La iniciativa busca avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados y reconocer esta labor como un derecho, pero hasta ahora se trata de un esfuerzo incipiente, sin una ley que lo respalde.
«Hay que tomar en cuenta que la Corte Interamericana ya estableció que el trabajo de cuidados debe ser considerado como un derecho humano. Entonces, la ley más adecuada que se podría establecer en Guatemala es una Ley Nacional de Cuidados, la cual debería ser promovida por el Ministerio de Trabajo, por el tema de la seguridad social, y el Ministerio de Salud», explica Zulma Rivera, coordinadora de proyectos de la organización CENTRACAP (Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular).
Estados que se desentienden de las cuidadoras
Según las investigadoras Joan Tronto y Marilyn Fisher, el trabajo de cuidados se define como todo lo que se hace para mantener, continuar y reparar el entorno inmediato, de manera que se pueda vivir en él de la mejor forma posible.
Una de las características de este trabajo es que no suele ser remunerado ni se reciben prestaciones por él, a pesar de que en muchos casos equivale a más de una jornada laboral. La otra es que son las mujeres quienes realizan la mayor parte de estas labores.
Esto se explica en gran parte por la situación de desigualdad que viven las mujeres y también las niñas. De acuerdo con un estudio de UNICEF en Latinoamérica, en promedio, el 22.3 % de las niñas de 5 a 17 años participan en tareas de cuidado, frente al 17.2 % de los niños. Las tareas van desde preparar alimentos, limpiar, lavar y planchar ropa, hasta cuidar a niños, personas mayores o enfermas, apoyar en tareas escolares y encargarse del cuidado del hogar.
De acuerdo con datos de la OEA, El Salvador, Guatemala y Honduras no han realizado cambios en la legislación para proteger a quienes realizan trabajos remunerados del hogar.
En Guatemala, el empleo en el hogar está regulado dentro del apartado de «trabajo sujeto a regímenes especiales» del Código de Trabajo. Sin embargo, solo el 0.2 % de las trabajadoras del hogar cuentan con algún tipo de protección social y aún no existe una ley específica que reconozca y regule los trabajos de cuidado.
«Es importante una Ley Nacional de Cuidados con un enfoque en derechos humanos y de igualdad de género. Esta ley debería reconocer el derecho al cuidado y a que quienes realizan este trabajo, remunerado o no, reciban condiciones dignas, justas y tiempos de autocuidado», explica Rivera.
En Honduras, el trabajo doméstico está regulado desde 1959 en el Código de Trabajo, que lo define como el servicio remunerado para realizar labores propias de un hogar, como limpieza, cocina, lavado o cuidado de niños. Reconoce algunos derechos mínimos: diez horas de descanso diario (ocho nocturnas y dos para comidas), un día de descanso remunerado por cada seis de trabajo, vacaciones pagadas, permisos para estudiar, preaviso o indemnización en caso de despido, costo de atención médica y contempla el pago en especie, como alimentación.
En 2024, la Red de Trabajadoras Domésticas Remuneradas de Honduras presentó dos recursos de amparo de pronta resolución ante la Corte Suprema de Justicia para exigir que las trabajadoras domésticas sean incluidas en el salario mínimo y en otros derechos laborales fundamentales. Pero hasta ahora no se han dado sentencias definitivas.
Los salarios que documentan van de 2 mil a 4 mil lempiras mensuales para quienes viven en el lugar de trabajo, o pagos por día tan bajos como 40 lempiras, lo que describen como una situación de «calamidad doméstica» ante la imposibilidad de sostener a sus familias con esos ingresos.
Monserrat Arévalo, de Mujeres Transformando, describe como crítica la situación en la que viven las mujeres que se dedican al trabajo de cuidados en estos tres países, debido a los pocos esfuerzos en la creación de políticas públicas para reconocer la carga de los cuidados.
Ni Guatemala ni El Salvador ni Honduras han ratificado el Convenio 189, que establece los derechos y principios fundamentales para las trabajadoras y trabajadores domésticos y que exige a los Estados implementar medidas que aseguren la consecución de condiciones laborales dignas.
«En Centroamérica hay una gran deuda con las mujeres que realizan este trabajo», lamenta Monserrat Arévalo.
¿Quién cuida a las que cuidan?
En las noches en Ocotepeque, el insomnio ataca a Gladys. La persigue la rutina diaria, las responsabilidades económicas y la acompaña con dolor en el cuerpo, hormigueos en los brazos, falta de oxígeno y presión en el pecho.
La falta de dinero y tiempo no le ha permitido ir al médico. Sus hijos hacen bromas al respecto: «Esos son síntomas de muerte», le dicen.
A Gladys, la muerte de su hermano hace más de 20 años le detonó una depresión que ha ido aumentando con el tiempo y que culminó en un intento de suicidio en 2022, luego de la muerte de su abuela y una artritis que dejó a su abuelo postrado en cama.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina y el Caribe, que encuestó a 27 mil mujeres encargadas del trabajo de cuidado, reveló que este se asocia con altos niveles de estrés y depresión, especialmente entre las cuidadoras no remuneradas.
Para Arévalo, existe una relación muy clara entre el trabajo de cuidados, la salud mental y el aumento de enfermedades en mujeres vinculadas a las condiciones de estrés, discriminación, soledad y el no reconocimiento de este tipo de labor.
Ahora la mayor compañía ha sido Carmen, la persona con quien cuenta para hablar y desahogarse y quien ahora le ayuda a cuidar a su exesposo Mario.
Para Gladys, ser escuchada es un regalo. Todos los días, en la mañana, lo primero que Carmen le pregunta es: «¿Cómo amaneció hoy?». Es la única que lo hace.
Mientras la vida de Gladys y Carmen transcurre, Mario sigue ahí, sentado en su sillón, viendo televisión, esperando que lo lleven al baño y que le den de comer.
