Sigue en el especial No fue el fuego la cobertura del juicio del caso Hogar Seguro Lucinda Marroquín parece nerviosa. Se sienta al final de una de las mesas ubicadas …
En resumen:
- El MP pidió 131 años de prisión para Carlos Rodas, el funcionario con el rango más alto implicado en el caso, y Santos Torres, el exdirector del hogar.
- MTM, organización que representa a las querellantes adhesivas, solicitó que se endurezca la pena.
- Según el MP, la responsabilidad de los implicados fue probada con los 600 42 peritajes y 45 testimonios presentados durante el juicio.
Sigue en el especial No fue el fuego la cobertura del juicio del caso Hogar Seguro
Lucinda Marroquín parece nerviosa. Se sienta al final de una de las mesas ubicadas en la sala de audiencias del Juzgado Séptimo de Sentencia Penal. Apoya la cabeza sobre una de sus manos, que le sirve también para cubrir su cara ante las cámaras Con la otra, toma notas. Bajo la mesa, sus pies se mueven de manera incesante.
El fiscal Édgar Gómez enlista los delitos por los que cada implicado es acusado. En la audiencia anterior, acusó a los primeros cuatro sindicados.
Ahora, es el turno de Brenda Chamán, la exjefa del departamento de protección contra el maltrato de la Secretaría de Bienestar Social (SBS). Está sindicada por los delitos de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones culposas.
Según la investigación del Ministerio Público (MP), ella sugirió ubicar a las adolescentes en la pequeña aula donde se produjo el incendio. También pidió que la llave con la que se abría fuese entregada a la PNC.
Gómez avanza con rapidez. Los acusados, psicólogos, abogados y policías de profesión, continúan tomando notas.
Luis Armando Pérez Borja, subcomisario y jefe de operaciones de la comisaría 13 de la PNC, es el siguiente. El PNC lo acusa por maltrato contra personas menores de edad y abuso de autoridad.
El acusado permitió que las niñas fueran maltratadas y sus derechos vulnerados por los agentes de la PNC, según la fiscalía. De esta manera, no protegió el interés superior de la niña, como su mandato lo establecía.
Pérez Borja no comunicó lo que sucedía (ni que la policía había ingresado a las instalaciones del hogar) a sus superiores. Esto fue corroborado por la declaración del exdirector de la PNC y actual presidente del Congreso de la República, Nery Ramos.
La acusación de Lucinda Marroquín quedó para el final. Durante el juicio, diversos testimonios la señalan por ignorar los gritos de auxilio de las niñas y no abrir la puerta del salón mientras el incendio ocurría.
Marroquín es acusada de maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo y lesiones culposas.
Al finalizar las acusaciones, Gómez solicita que las pruebas presentadas durante el juicio sean tomadas en cuenta. Especialmente, el peritaje sobre el incendio, las necropsias a las fallecidas y el peritaje sobre el impacto psicológico.
También pide que se brinde especial consideración a los 12 testimonios de sobrevivientes presentados durante el juicio. Más tarde, Gómez diría a Agencia Ocote que considera estos como la «prueba madre» del proceso, validados por la grabación de una cámara de seguridad.
De 4 a 131 años de prisión para los acusados del caso Hogar Seguro
La fiscalía solicitó que los siete acusados se «hagan responsables penalmente» por la muerte de 41 niñas y adolescentes y las heridas de otras 15. Su involucramiento ha sido comprobado con la evidencia presentada, dice.
Se trata de unos 600 documentos consolidados en 37 discos, 42 peritajes y 45 testimonios. A estos se suman las declaraciones de las 12 sobrevivientes y de 13 personas presentadas en anticipo de prueba por su seguridad.
El fiscal pidió 131 años de prisión para Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y Carlos Rodas, exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
La sentencia se distribuye así: dos años por maltrato de menores, que se multiplica por cada una de las 56 víctimas (112 años en total); cuatro años por incumplimiento de deberes; cinco por abuso de autoridad; ocho años de prisión inconmutables por homicidio culposo (con el agravante de menosprecio al ofendido y facilidad de preveer) y dos por lesiones culposas.
Gómez también pidió 126 años de prisión para Brenda Chamán y Harold Flores, exjefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Los acusa de maltrato de menores de edad (112 años en total), homicidio culposo y lesiones culposas.
Por su parte, Luis Armando Pérez Borja, el exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la PNC, fue acusado de incumplimiento de deberes y maltrato contra menores de edad. La sentencia por cada delito sería de 4 y 112 años, respectivamente.
Para Gloria Castro, exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) el MP pide cuatro años de prisión por el incumplimiento de deberes.
La última sentencia solicitada fue para Lucinda Marroquín. En total, la Fiscalía solicitó 122 años de prisión. Son 112 años por el maltrato de menores de edad, 8 años inconmutables por homicidio culposo y 2 años por lesiones culposas.
El fiscal Edgar Gómez pidió que todos los funcionarios sean inhabilitados para ejercer sus profesiones. Es decir, para trabajar como abogados y notarios y como psicólogas. También pidió que no puedan optar a cargos públicos y que no gocen de derechos políticos durante el tiempo que cumplen su sentencia.
En la esquina de la mesa de acusados y sus defensores, Marroquín deja de temblar. Coloca su bolso sobre la mesa, de una forma que dificulta que las demás personas vean cómo observa el celular durante las más de tres horas restantes de la audiencia.
Su celular fue también una evidencia clave presentada en su contra. Con su registro de llamadas, la fiscalía demostró que el 8 de marzo de 2017 Marroquín habló por teléfono mientras el incendio ocurría.
Luego del incendio, según la acusación del MP, envió fotografías de las niñas heridas por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp.
Querellantes se adhieren parcialmente
Son las once de la mañana y la audiencia avanza rápido. La jueza Ingrid Cifuentes parece decidida a emitir pronto la sentencia. Incluso increpó a los abogados defensores, liderados por Luis Fernando Ruíz por intentar, una vez más, «retardar la audiencia».
Esto después de que se opusieran a que un médico participara en la presentación de las conclusiones de la asociación Mujeres Transformando el Mundo (MTM), organización que representa a las querellantes adhesivas.
El médico Mario Nájera leyó, una por una, las causas de muerte de las 41 víctimas del incendio en el Hogar Seguro. Recordó que las niñas tenían quemaduras de segundo y tercer grado en el 60, 80 y 90 % de sus cuerpos.
«Hay distintos grados de quemadura por los diferentes niveles de exposición al fuego», dijo.
Luego, la abogada de MTM, Jenny López, presentó sus conclusiones. Señaló que, por medio de videos y testimonios, fue posible determinar que existió un uso desproporcionado de la fuerza policial.
«En este mismo video se puede observar cómo los adolescentes varones se encuentran de rodillas y en posición (del) pecho (directamente en la) tierra», señala la abogada.
La evidencia presentada, como el peritaje sociológico, también evidenció que existió una relación desigual de poder. «No solo por su condición (de los acusados) de personas adultas, sino que además por el poder que como autoridades les fue delegada en el ejercicio de la función particular de cada uno de ellos», dijo López.
La abogada agregó: «Se probó el trato desigual que recibieron las 56 niñas por sus condiciones de ser mujeres, especialmente por sus condiciones de niñas sometidas a procesos de protección por vulneración de derechos fundamentales y viviendo en una institución que mantuvo y perpetró la amenaza y vulneró».
MTM se adhirió parcialmente a la sentencia solicitada por el fiscal. Pidieron que se de la pena máxima por el delito de maltrato a menores, por lo que no serían dos años por víctima, sino cinco.
***
Son más de las tres de la tarde. La jueza decide suspender la audiencia y continuarla una semana después. Se retira. Los acusados y sus defensores se saludan y abrazan, como viejos amigos.
Por su parte, las organizaciones y abogados que representan a las querellantes adhesivas eligen quién será el próximo en presentar sus conclusiones. El fiscal se despide y se retira con una sonrisa.
En la sala se siente que la sentencia está cada día más cerca.
