«Ella no se encuentra, lamentablemente falleció», «Ella tampoco se encuentra, señora jueza, ya falleció», «También falleció», «Ya falleció», «Falleció», «Falleció», «Falleció». El pasado 28 de enero, esta frase se repitió …
En resumen
- Este juicio busca demostrar la violencia sexual que tres exPatrulleros de Autodefensa Civil utilizaron contra mujeres de Rabinal, Baja Verapaz.
- Un primer juicio en 2022 logró la condena de cinco exparamilitares. En esa ocasión la sentencia determinó el uso de la violencia sexual como arma de guerra.
- Este caso se inició con denuncias de 36 víctimas en 2011. Entre el primer juicio y el actual siete de las víctimas han fallecido.
«Ella no se encuentra, lamentablemente falleció», «Ella tampoco se encuentra, señora jueza, ya falleció», «También falleció», «Ya falleció», «Falleció», «Falleció», «Falleció».
El pasado 28 de enero, esta frase se repitió siete veces para informar al Tribunal de Mayor Riesgo B que ese número de mujeres maya Achi de Rabinal, Baja Verapaz, murieron sin alcanzar la justicia.
La violencia sexual que ellas sufrieron durante el Conflicto Armado Interno (CAI) fue denunciada penalmente en 2011.
Este 28 de enero se inició el segundo juicio del caso que se conoce como mujeres Achi, donde un grupo de 36 víctimas de ese pueblo indígena denunciaron que exparamilitares y militares las sometieron a violencia sexual en los años 80.
Narraron las torturas sufridas y que fueron obligadas a cocinar y realizar servicios domésticos para las fuerzas armadas que masacraban a sus familiares durante el conflicto.
En un primer juicio por este caso, en 2022, un grupo de cinco mujeres Achi -que forman parte del grupo amplio de 36-, lograron una sentencia en contra de cinco exPatrulleros de Autodefensa Civil (exPAC).
Los exPAC Damián Cuxum Alvarado, los hermanos Benbenuto y Bernardo Ruiz Aquino, así como los hermanos Francisco y Gabriel Cuxum Alvarado, fueron condenados por el Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo A.
Este año, otro grupo de mujeres -también del grupo amplio de 36- busca que sean condenados otros tres expatrulleros: Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Felix Tum Ramírez.
Ellos quedaron en libertad en 2019 por una orden de la jueza Claudette Domínguez que los benefició, pero luego de una serie de apelaciones de las abogadas de las víctimas, nuevamente se reencauzó el proceso penal.
A partir del proceso en 2019, las mujeres Achi presentaron una denuncia contra la jueza Domínguez por discriminación y racismo. Ellas argumentan que no creyó en sus testimonios y las trató de forma discriminatoria.
Un informe elaborado por la antropóloga Aura Cumes sustentó la denuncia.
El mismo detalla que se condujo el proceso desde una doctrina de superioridad racial y étnica y desde paradigmas sexistas patriarcales.
No hubo ninguna sanción contra la jueza.
El segundo juicio
En la primera audiencia del segundo debate del caso mujeres Achi se escucharon los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público.
Ese 28 de enero también de las abogadas Lucía Xiloj y Haydée Valey, representantes de las mujeres sobrevivientes.
Se escuchó además a los expatrulleros Sánchez Cortez y Tum Ramírez, que luego de que el tribunal les explicara por qué se encontraban ante ese tribunal, decidieron no declarar.
El tercer acusado, Simeón Enríquez Gómez escuchó los cargos en su contra hasta el 30 de enero, debido a que no estuvo presente en la primera audiencia. En su declaración dijo ser inocente.
Han escuchado también dos peritajes propuestos por el Ministerio Público.
Uno del médico Cristian Ruiz Murillo, realizado en 2018 y otro psicosocial de la psicóloga clínica Mónica Pinzón González, realizado en 2016.
🗣️ Esta mañana también se escucha el peritaje médico de Cristian Ruiz Murillo realizado a las mujeres víctimas maya Achi que denunciaron violencia sexual por patrulleros y militares.
— Ocote (@AgenciaOcote) January 30, 2025
✍️ @desasosegar pic.twitter.com/GpqlbsTBtE
En ambos peritajes se evaluó a las mujeres Achi que relataron los abusos sufridos.
Ambos coinciden en el impacto que prevalece en lo individual y afecta los proyectos de vida, así como en lo colectivo en la comunidad de las víctimas.
Esa ha sido la primera etapa de este nuevo juicio que ha programado la siguiente etapa de audiencias a partir del 12 de febrero.
Durante las diversas etapas del juicio se espera conocer nuevos testimonios, testigos presenciales, así como diversos peritajes y documentos que respaldan el sufrimiento de las víctimas civiles.
«La vergüenza es para los que lo hicieron»
Paulina Ixpatá Alvarado, una de las mujeres Achi sobrevivientes reiteró la importancia de alzar su voz, porque «La vergüenza es para los que lo hicieron».
Aunque la fuerza de las mujeres Achi sirvió para que en 2022 lograran la primer sentencia a su favor y el cumplimiento de una serie de 12 medidas de reparación, al momento ninguna se ha realizado.
Esas medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, fueron designadas como responsabilidad a diversas instituciones del Estado.
Ixpatá señaló, en una conferencia ofrecida previo al inicio del juicio, que esto forma parte de la indiferencia que pesa sobre el caso.
Por esa razón, Ixpatá solicitó a la población en general que brinden acompañamiento moral y espiritual para no sentirse solas.
🔴#Cobertura
— Ocote (@AgenciaOcote) January 24, 2025
🗣️#CasoMujeresAchí "Queremos que nos acompañen moral y espiritual para no sentirnos solas".
En conferencia de prensa un grupo de mujeres achíes pidieron acompañamiento para el inicio de un nuevo juicio en contra de tres ex patrulleros de autodefensa civil (PAC),… pic.twitter.com/j7PmLi4hom
Un caso emblemático
El caso de las mujeres Achi retrata lo que sucedió a nivel comunitario y nacional durante el Conflicto Armado Interno.
Testigos, pruebas e informes documentan masacres, violencia sexual y otros crímenes de lesa humanidad.
Además, demuestra el uso que hizo el Ejército de Guatemala de miembros de la misma comunidad.
Los entrenó y entregó armas para controlar y someter a las comunidades.
La sentencia de 2022 demostró que la violencia sexual fue utilizada como arma de guerra por el Ejército y grupos paramilitares.
Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, entre 1962 y 1996 el 89.39% de violaciones sexuales fueron cometidas contra mujeres indígenas.
Lucía Xiloj, abogada que acompaña a las mujeres Achi desde 2012, comenta que el primer juicio fue importante.
Este ratificó que la violencia sexual se usó como un mecanismo de la política contrainsurgente, según la sentencia dictada.
Indica que se logró demostrar la vinculación del Estado con la creación de las PAC, por lo que debe asumir esa responsabilidad.
¿Por qué buscar justicia?
«La búsqueda de justicia tiene dos fines, uno es la sentencia, pero también debe servir para reparar el proyecto de vida de las mujeres y de sus comunidades», añade Xiloj.
También lamenta que en la búsqueda de justicia, por la tardanza del sistema, entre el primer juicio y el segundo, siete mujeres han fallecido.
Ellas no pudieron presenciar una condena contra las personas a las que señalaron de violentarlas.
«El sistema de justicia tuvo la oportunidad de darles una respuesta, si hubiera actuado como lo establecen los estándares en materia de derechos humanos».
Xiloj indica que las sobrevivientes se han enfrentado a amenazas, generación de rumores y difamación por parte de familiares de los acusados.
Para Haydée Valey, de Impunity Watch y también abogada de las sobrevivientes, es importante que se reconozca los daños profundos y no solo físicos causados.
«Son daños profundos, más allá de lo físico. Son emocionales y a nivel psicológico. Las sobrevivientes también tienen un daño espiritual que debe ser reparado».
Reitera que el Estado debe jugar un papel importante en las medidas de reparación para las mujeres.
«Este y todos los casos de violencia contra mujeres, debe ser conocido a nivel nacional e internacional. Representa una vergüenza para el Estado», puntualiza Valey.
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Puedes seguir las transmisiones en vivo de este emblemático caso en las redes sociales de Memoria Verdad y Justicia.
