Explora aquí la serie de «La promesa» completa En una región marcada por altos índices de pobreza y falta de empleo como Guatemala, la migración laboral se ha convertido en …
Explora aquí la serie de «La promesa» completa
En una región marcada por altos índices de pobreza y falta de empleo como Guatemala, la migración laboral se ha convertido en una de las principales razones para abandonar el país de origen.
Cynthia Loría, especialista en migración laboral y consultora de fundación Avina, lo resume así: «Más del 80% de los 280 millones de personas migrantes en el mundo se movilizan por motivos laborales».
Loría ha trabajado por más de una década en temas relacionados a la migración laboral. Como parte de Fundación Avina, coordina proyectos que promueven una migración segura y digna y que se enfocan en la articulación entre gobiernos, sociedad civil y sector privado.
Las visas de migración laboral regular
Para tratar de regularizar la migración laboral, en algunos países se han creado programas de visas de trabajo. Estas visas se crean a través de acuerdos bilaterales entre los países de origen, como Guatemala, Honduras y El Salvador, y los principales destinos: Estados Unidos, Canadá y, en menor medida, México.
Las conocidas como visas H2A y H2B en Estados Unidos o las PTAT en Canadá, ofrecen oportunidades para trabajadores agrícolas y del sector servicios. «Se establecen ciertas cuotas: un número de personas que pueden viajar de forma regular temporal y circular», explica Cynthia Loría.
«La migración laboral para nosotros es una apuesta. Involucra trabajar articuladamente con el sector privado, que es el que provee los trabajos y el que genera los trabajos; con la sociedad civil, con los trabajadores y sus representaciones y organizaciones que los representan; pero también con el gobierno, porque creemos que todo el tema tiene que funcionar bajo una articulación de estos tres actores».
Esta forma de migración tiene pros y contras, expresa Loría. «Por un lado, es muy bueno que existan las visas. Es una forma eficiente y congruente de gestionar los flujos migratorios».
A través de esta forma de visado, añade, los actores involucrados crean una alianza de lo que ella considera un ganar-ganar: «El migrante consigue el trabajo que necesita, el país de origen recibe beneficios y crecimiento económico gracias a las remesas y el país de destino también gana porque refuerza la falta de capital humano que tiene».
Aun así, la experta advierte: las visas no son suficientes para la demanda que existe. Además, estas suelen asignarse de forma arbitraria. «El año pasado se asignaron alrededor de 20 mil visas H2A y H2B. Obviamente esto no es significativo en el total de las personas que podrían necesitar o estarían interesadas en vincularse a una migración laboral temporal circular, pero regular», apunta.
Los riesgos y abusos en el proceso de reclutamiento
El proceso para obtener estas visas tiene varias fases. «Antes de irse, se hace todo este proceso de reclutamiento y de selección. Las pruebas, porque también son expuestos a pruebas médicas. También se exponen a presentar documentos que son necesarios para tramitar su visa».
En algunos casos se hacen cobros indebidos, alerta Loría. «Algunas personas cobran por hacer estos trámites ante el desconocimiento que se tienen de los procesos»
El proceso de reclutamiento y selección es altamente opaco y puede dar lugar a estafas. «Intervienen muchos intermediarios en el proceso y esto ha hecho que organizaciones como AGUND (Asociación de Guatemaltecos Unidos por Nuestros Derechos), que está en San Juan Sacatepéquez, trabaje por la defensa de estos derechos laborales que no son respetados», señala.
Otro de los problemas que existen a la hora de conceder estas visas es la discriminación por género y edad.
La mayoría de contratistas prefieren hombres para trabajos agrícolas pesados. «Como la mayoría son trabajos agrícolas, las mujeres normalmente son discriminadas para no participar en la actividad», explica Loría. Esto, a pesar de que las mujeres podrían integrarse en áreas de trabajo como la postcosecha o los viveros.
«El trabajo en las plantas donde se lavan los vegetales, donde se empacan… Ahí es donde normalmente contratan mujeres. Los viveros requieren también una motricidad fina, manitas pequeñas que permitan el trabajo de forma más efectiva», recuerda.
Las personas mayores de 40 años también suelen ser excluidas. «Esto deja por fuera a muchas personas que son población económicamente activa, que podrían integrarse laboralmente. Pero el contratista lo que quiere es garantizar que va a tener un trabajador con las fuerzas necesarias para hacer un trabajo pesado, que es lo que normalmente ellos realizan en el campo, especialmente cuando son áreas de cultivo», afirma.
«Para las visas H2B no existen cuotas y eso es interesante», explica Loría. Sin embargo, estas visas son para prestadores de servicios y muchas veces necesitan habilidades con las que muchos de los migrantes no cuentan, como hablar inglés.
La experta añade que, a la desventaja de contar con menos opciones laborales por no hablar otro idioma, se suma que los contratos en su mayoría están redactados en inglés o francés: «Cuando las personas firman esos documentos no saben qué están firmando y esto implica que en ocasiones tampoco conozcan cuáles son las condiciones laborales que deben prestarse. Y allí también viene una serie de incongruencias».
Las malas condiciones laborales durante la migración laboral
Ya en el país de destino, los migrantes enfrentan condiciones laborales precarias. Las jornadas, que deberían ser reguladas, a menudo exceden las horas legales, una situación que se complica por la falta de monitoreo.
«Esto, en ocasiones, no es sólo causado por el contratista o la empresa que contrata, sino también por el mismo trabajador migrante, porque ellos ganan por hora. Entonces, claro, si están allá y no están con su familia, pues quieren pasar y venirse con la mayor cantidad de dinero que puedan y esto hace que incluso tengan jornadas de 14 horas diarias o que también trabajen en el día de descanso», advierte.
Estas jornadas extensas también se permiten por la falta de fiscalización y monitoreo, según la especialista. Loría resalta que no hay mecanismos efectivos para verificar las condiciones de trabajo de los migrantes durante su estancia en los países de destino.
«No se sabe cuáles son las condiciones de los trabajadores mientras están allá. No hay manera de que Guatemala, Honduras o El Salvador puedan disponer de equipo y personas que vayan a las fincas y verifiquen en qué condiciones viven los trabajadores, si se les están cumpliendo los horarios, los pagos…».
Aunque en algunos casos cónsules o trabajadores consulares, especialmente en Canadá, visitan las fincas por iniciativa propia, «esto no es parte de un sistema estándar ni garantiza que se tomen medidas frente a las denuncias presentadas», señala Loría.
Por otro lado, las dificultades también se presentan al finalizar los contratos laborales. Las personas suelen trabajar de seis a nueve meses, aunque algunos extienden su estadía hasta once meses para maximizar los beneficios de su visa. Sin embargo, problemas externos, como el clima o fluctuaciones del mercado, a menudo interrumpen los contratos antes de lo planeado. Esto obliga a los trabajadores a regresar a su país sin cumplir sus objetivos económicos.
Loría destaca que quienes desean regresar a trabajar deben obtener una carta de recomendación de su empleador, un proceso que no siempre es sencillo. «La carta de recomendación es esencial para aplicar nuevamente, pero no siempre se otorga, especialmente si el trabajador presentó quejas o denuncias contra su empleador», lamenta. Es la forma en que los patronos limpian sus listas de trabajadores: si no tienen carta, entonces no les contratan.
«Esto hace que ellos no se quejen, que puede haber algunos que sí lo hacen, pero que debería existir un sistema de quejas y denuncias que sea incluso anónimo para que las personas puedan expresarse sobre lo que les está aconteciendo». Este sistema desalienta a los migrantes a reportar abusos, ya que hacerlo podría cerrarles las puertas para futuras oportunidades.
En este contexto, organizaciones como la Asociación de Guatemaltecos Unidos por Nuestros Derechos (AGUND) han surgido como actores clave en la defensa de los trabajadores migrantes. La experta explica que AGUND se formó hace más de 12 años, cuando un grupo de migrantes que trabajaron en Canadá se organizó tras enfrentar problemas como la falta de calefacción en invierno o accidentes laborales sin atención adecuada.
«Muchos de estos trabajadores no recibieron la carta de recomendación necesaria para volver a migrar porque denunciaron estas condiciones». Desde entonces, AGUND ha trabajado para visibilizar y atender estos casos, a pesar de las limitaciones para resolverlos todos. Su labor también incluye proyectos de desarrollo económico local que benefician a mujeres y jóvenes en comunidades donde la migración ha dejado un vacío en la producción agrícola.
Los desafíos de quienes se quedan
Los retos no terminan cuando los migrantes llegan a trabajar a Canadá, EE.UU o México sino que continúan cuando su visa expira y deben regresar a su país de origen. Muchos regresan sin un plan claro para reintegrarse, mientras que sus familias en el país de origen han tenido que reestructurarse durante su ausencia. «Los migrantes necesitan apoyo psicosocial y programas que aprovechen las competencias adquiridas en el extranjero para construir un proyecto de vida en sus comunidades de origen».
Además, las familias también sufren un proceso de readaptación. Según Cynthia Loría, cuando un integrante del hogar migra, se produce una reestructuración tanto social como productiva.
«Si el que viaja es el padre, la mujer asume además de las labores de cuidado, también el trabajo agrícola. En otros casos, son los abuelos o hermanos quienes asumen roles que no les correspondían inicialmente», señala.
Esta reorganización afecta la dinámica familiar y comunitaria y deja en evidencia la necesidad de garantizar mejores condiciones tanto para los migrantes como para quienes se quedan en el país. Loría resalta que «las condiciones en el retorno deberían estudiarse para que las familias puedan estar en mejores condiciones mientras el cabeza de familia está ausente».
Por otro lado, el uso de las remesas también presenta desafíos. Muchas familias entran en un ciclo de consumo que dificulta la planificación a largo plazo. «Si se recibe, se gasta; si se recibe, se gasta. Esto hace que las personas no puedan crear un plan de vida sostenible», explica. Ante esta realidad, propone que tanto el sector público como el privado fomenten proyectos de inversión, como ahorro para vivienda o terrenos, que permitan a los migrantes regresar con un propósito claro y un futuro más estable.
***
Aunque algunos avances recientes buscan mejorar las condiciones de los trabajadores, aún hay mucho por hacer. Guatemala, por ejemplo, ha creado una gremial de empresas reclutadoras para normalizar los procesos de contratación. Sin embargo, Cynthia Loría insiste en la importancia de garantizar la transparencia en estos sistemas. Sugiere una plataforma que publique información sobre las empresas contratantes, los reclutadores y las dificultades reportadas.
A pesar de estas iniciativas, otro gran reto es la irregularidad. «Muchas personas, aunque saben que pueden regresar el próximo año con otra visa, deciden quedarse de manera irregular en el país de destino», comenta la experta. Esto genera presión sobre los países de origen, que deben rendir cuentas a naciones como Canadá y Estados Unidos sobre cómo manejan la migración circular.
«El desafío está en encontrar un equilibrio que respete el derecho de las personas a migrar o no migrar, mientras se fomenta una gestión adecuada y respetuosa de la movilidad laboral», concluye.
