El domingo 17 de noviembre, a dos días de su renuncia como ministro de Comunicaciones, el Ministerio Público (MP) allanó la residencia de Félix Alvarado. Ahí le habría incautado documentos …
El domingo 17 de noviembre, a dos días de su renuncia como ministro de Comunicaciones, el Ministerio Público (MP) allanó la residencia de Félix Alvarado. Ahí le habría incautado documentos personales, incluido el pasaporte.
El diputado Samuel Pérez denunció en redes sociales que el MP «quiere quitarle el pasaporte», a Alvarado. Por la noche el presidente Bernardo Arévalo lo confirmaba en conferencia de prensa.
El caso está asignado a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, según el MP, que no mencionó al exministro Alvarado.
Solo explicó en su cuenta de X que era «en seguimiento a una denuncia recibida por la posible comisión del delito de lavado de dinero».
También consignó el MP que el caso «se encuentra bajo reserva».
Ocote intentó conocer si efectivamente el pasaporte o cualquier documento de identidad de Alvarado había sido incautado y bajo qué argumentos.
El director de Comunicación del MP, José Luis Pantaleón indicó que «en un momento» sería enviada la información, y refirió a Moisés Ortiz, vocero de la entidad.
La mañana del 19 de noviembre, un día después de publicado este explicativo, respondió el vocero del MP.
«De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, las diligencias en la fase en la cual nos encontramos son de naturaleza reservada».
«Ninguna de las autoridades o las partes involucradas en el proceso tienen la facultad de brindar detalles de lo realizado durante la diligencia o lo incautado».
ALLANAMIENTOS 🚨
— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 17, 2024
En desarrollo.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos desarrolla diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en zona 14 y 15 de la ciudad capital, en seguimiento a una denuncia recibida por… pic.twitter.com/8rrTiHjmz6
Qué dice la ley
Ante la incertidumbre, tres abogados consultados confirman que el MP puede incautar documentos sólo si lo especifica una orden de juez.
Estos abogados, con experiencia en el área penal, también dijeron que si un juez lo autoriza, debe existir una justificación lógica en el caso que se investiga.
Alejandro Barillas, coordinador de litigio estratégico del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, menciona que un requisito para solicitar un allanamiento es demostrar que va a ser útil para una investigación.
Por eso aquellos documentos que se van a pedir o incautar «deben servir para demostrar algún acto relacionado con la investigación».
Sobre el pasaporte indica que «no es un documento adecuado para hacer una investigación. Si se necesita investigar los desplazamientos o salidas del país, lo adecuado es un informe de migración».
Barillas recuerda que no puede suceder una «incautación indiscriminada de documentos», sino que deben especificarse en la orden firmada por el juez, para autorizar la diligencia.
«Eso constituye una violación del deber garantizar la protección del derecho a la privacidad».
«Por eso el juez debe tener elementos para determinar qué documentos van a incautar y que sea racional y proporcional con la investigación».
«No hay relación con el hecho»
Patricia Gámez, exjueza de Primera Instancia Penal, y abogada litigante, indica que cuando se realiza una diligencia de allanamiento, hay un objeto para la misma.
«La diligencia se autoriza bajo el contexto de que la fiscalía señala cuál es el interés de la investigación», confirma la exjueza.
«No se autoriza con el ánimo de incautar cualquier tipo de elementos dentro de una residencia, más aún cuando se trata de documentos de identificación».
en este caso, Gámez recuerda que el pasaporte es la identidad de viaje «que garantiza el derecho a emigrar. A menos que haya justificación para la incautación, relacionado con el hecho».
«Según la información pública se indagaba sobre un presunto delito de lavado de dinero. No encuentro relación entre el documento de viaje y el objeto de la diligencia».
Gámez asegura que la fiscalía debe justificar la incautación del documento, cuál fue la razón y si tenía autorización, por ser un documento relacionado con los derechos de la persona».
Flor Gálvez, exmandataria de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ratifica que la incautación es ilegal. «Es un documento de identidad», resalta.
«Sólo si la investigación se tratase de que se dude que el documento incautado haya sido falsificado podría incautarse. Por ser elemento del delito», asegura.
«Pero en el caso concreto no es así», y recuerda que el MP ratificó que se trataba de un supuesto caso de lavado de dinero y no de falsificación.
«Pareciera que hay otra intención»
Alejandro Barillas asegura que pareciera que «existe otra intención» en la incautación del pasaporte del exministro.
«Pareciera tener una finalidad ilegítima, porque parece que el MP busca evitar que (el exfuncionario) pueda salir del país, y esto no se hace a través de una incautación».
Recordó que para eso existe la figura del arraigo, «pero este tiene una finalidad distinta a la investigación», indica.
Barillas asegura que el arraigo «debería ser emitido a través de una orden judicial en el marco de peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad».
Por ello refiere que «los presupuestos para ordenar el arraigo son distintos a los que se autorizan en una diligencia de investigación».
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