En 2009, el lago de Atitlán se tiñó de un color extraño. «Salió como negro y más arriba, como sangre. Tenía un olor muy feo», narra Ana González, una tejedora …
En 2009, el lago de Atitlán se tiñó de un color extraño. «Salió como negro y más arriba, como sangre. Tenía un olor muy feo», narra Ana González, una tejedora de 61 años de San Pedro La Laguna.
Es así como recuerda el mayor florecimiento de cyanobacteria en el Lago de Atitlán. No fue el primero ni el último, pero sí el que alertó a la población sobre el estado del lago.
El bienestar del lago se convirtió en la principal petición que los vecinos encomendaban en las iglesias. Algunos, como González, visitaron la playa con candelas e incienso y juntos, oraron por el lago.
Esta preocupación los llevó a organizarse. Más de 180 mujeres tz’utujil, como Ana González, se convirtieron en las «Guardianas del lago» y una vez al mes, limpian las playas del municipio, en jornadas en las que también participa el resto de la comunidad.
Pero para solucionar la contaminación de las playas y el lago, debían atacar las causas. En conjunto, organizaciones de sociedad civil construyeron un reglamento innovador. Un precedente en Guatemala. Era un reglamento que prohibía el uso, la venta y la distribución de plásticos de un solo uso. Bolsas plásticas, duroport, pajillas y este tipo de productos dejarían de circular en San Pedro La Laguna.
El reglamento se oficializó a través del acuerdo municipal 111-2016, durante la administración del exalcalde Edwin Mauricio Méndez Puac. Su contenido fue difundido y reforzado por actos públicos que involucraron a la municipalidad y la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE).
Según un estudio realizado por la Alianza Global para Alternativas a los Incineradores (GAIA, por sus siglas en inglés) en 2020, una de estas alternativas fue la entrega de bolsas de papel y la decomisación de las de plástico en los comercios del mercado municipal.
La municipalidad acompañó estas acciones con la divulgación de alternativas que sustituyen a las bolsas plásticas, como cestas de cañas, platos y utensilios reutilizables, bolsas de tela y hojas de maxán. También entregó bolsas de tela en 3 mil viviendas, según registró la GAIA.
El acuerdo municipal establecía una multa de 300 quetzales (39 dólares aproximadamente) para las personas que utilizaran los plásticos de único uso.
También una sanción de 15 mil quetzales (el equivalente a mil 936.75 dólares) a las empresas que comercializaran y distribuyeran estos productos.
De 2016 a 2020, solo se aplicaron multas simbólicas, «a manera de primera llamada de atención y solo a tiendas que expenden productos plásticos», indica el estudio de GAIA.
Garantizar el cumplimiento del reglamento era una tarea conjunta. Los estudiantes a punto de graduarse de diversificado, que debían realizar servicio comunitario, eran enviados a inspeccionar los comercios. También realizaban talleres de sensibilización entre la población.
El reglamento transformó el municipio y contaba con el respaldo popular. Las calles se veían más limpias y los vecinos llevaban sus propios recipientes al comprar en negocios como la panadería y carnicerías.
Parecía la solución ideal a un problema de contaminación crítico en el lago de Atitlán.
Pero, en 2020, la pandemia de COVID-19 provocó un revés en la implementación del reglamento. Los negocios volvieron a utilizar plástico de un solo uso (como bolsas y platos) para entregar sus productos, con la excusa de mantener la higiene y evitar la propagación del virus. Además, las medidas sanitarias generaron otro problema de contaminación: los tapabocas que se volvieron de uso obligatorio terminaban tirados en las carreteras y en la orilla del lago.
El uso de plásticos regresó e impactó en la comunidad. Según Wendy Navichoc, expresidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal Jabel Ya’, «con los años, vimos el cambio. Las calles se mantenían mucho más sucias. Era mucha más cantidad de basura que llegaba al lago en época de lluvia».
Desde entonces, la municipalidad también dejó de fiscalizar el cumplimiento del reglamento. «No es culpa de ella (la alcaldesa, Cándida González), fue la pandemia», asegura Josué Chavajay, investigador social e integrante del colectivo Tz’unun Ya’. «Pero tampoco estamos viendo la voluntad de ella en volverlo a implementar. La ley no es optativa, tiene un carácter coercitivo», recuerda.
Juan Tuch Cúmez, el jefe de la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento (DIMAS) de San Pedro dijo a Ocote que esperan volver a implementar el reglamento durante la administración de la nueva alcaldesa, aunque no dio mayor detalle sobre esto.
Pero, para la población del lugar, este acuerdo municipal ya no es suficiente. Su implementación evidenció la necesidad de ampliarlo, para que incluya a los productos fabricados con tereftalato de polietileno (mejor conocido como plástico PET). Este se utiliza, por ejemplo, en las botellas de agua pura.
«Hay que alcanzar el PET de las gaseosas y el del agua pura. Son un problema porque necesitas plástico virgen para reciclar. Es falso que hay reciclaje al 100%», indica Chavajay.
Según la iniciativa Greenpeace, no es posible reciclar el plástico al 100 %. Muchos envases, como los que miden menos de 10 centímetros o los que contienen PVC, no se recuperan. Los contenedores de reciclaje mixto también tienen contaminantes que hacen que el plástico no sea reciclable.
Según Chavajay, la responsabilidad de la contaminación en el lago por desechos sólidos no recae únicamente en los consumidores. «Es ínfima comparado con la responsabilidad de las empresas», señala.
El 24 de octubre de 2022, las mujeres del municipio viajaron a la ciudad capital. Llevaron los desechos plásticos en una procesión hacia la Cámara de Industria, como una forma de protesta por la generación de desechos de las empresas.
En 2016, la Cámara de Industria había presentado una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo municipal 111-2016, la cual fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad.
Previo al acuerdo municipal, la comunidad de San Pedro La Laguna ya separaba la basura, según el tipo de desechos. Fue una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil.
«Cuando empezó la campaña, hace unos 10 o 15 años, veías a los jóvenes y a las señoras detrás del camión de basura, revisando si habías clasificado tu basura», recuerda Chavajay. Los hogares contaban con calcomanías que explicaban la manera en la que la basura debía clasificarse.
Fue una iniciativa que, sin ley, se volvió cultura. Ahora, es responsabilidad de la municipalidad retomar estas acciones, según el investigador social.
Preservar las playas, el nuevo objetivo
La contaminación no es el único problema que enfrenta la población en San Pedro la Laguna.
Desde 2010, las mujeres que integran la organización Guardianas del lago han alertado a otras agrupaciones sobre una segunda situación.
Durante las jornadas de limpieza, comenzaron a darse cuenta de que algunas personas llegaban a extraer arena de las playas. «Les hemos dicho que no lo hagan, pero no nos obedecen», explica Ana González.
«Ellas, en lo empírico, decían: están extrayendo arena y donde lo hacen, se empantana o el espacio empieza a tener un hedor porque el agua pierde oxígeno», agrega Chavajay.
En 2008, la municipalidad de San Pedro La Laguna ya reconocía en su Plan de desarrollo municipal con enfoque territorial a la extracción de arena como una de las debilidades para preservar los recursos naturales.
Según Mónica Martínez, bióloga e investigadora en el Centro de Estudios Atitlán (CEA) de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), quienes extraen la arena del lago la utilizan para construcción.
La arena es una de las materias primas más demandadas en este sector. Es utilizada para aportar mayor resistencia a la mezcla final: el cemento.
Pero en el lago de Atitlán, explica Martínez, la arena cumple dos funciones principales: es un amortiguador que evita que los sólidos disueltos lleguen al lago y evita las inundaciones.
Por ejemplo, en el río San Francisco, ubicado en Panajachel, «la extracción de arena ha cambiado el cauce del río y ha provocado que hayan muchos más sólidos disueltos en el agua», explica la investigadora.
En vista de que algunas personas sacaban arena de la orilla, el colectivo Tz’unun Ya’ trabajó un reglamento enfocado en preservar los siete kilómetros de playa y, de esta manera, revitalizar el lago.
«Los bancos de arena cumplen una función biológica para los ecosistemas pequeños. En la arena hay pequeños microorganismos y esta interfaz entre la tierra y el agua es sumamente importante porque evita la erosión, pero también el agua que viene pasa por un proceso de filtración», explica Josué Chavajay.
La propuesta del reglamento fue construida junto a especialistas en cuencas (cuencólogos) y en lagos (limnólogos, quienes también se especializan en otros cuerpos de agua como ríos, lagunas y quebradas ). También participaron ingenieros ambientales y un geomorfo, que analizó la importancia de la arena en el área.
Según el colectivo colectivo Tz’unun Ya’, la gestión de las playas debe ser integrada y participativa. El reglamento concibe a la municipalidad como la entidad que lo implementará, quien establecerá las sanciones, cobrará las multas y concederá los permisos para extraer arena de una forma sostenible con el ecosistema.
Pero considera que la participación de los dueños de las propiedades de la playa, las Guardianas del lago y los consejos comunitarios de desarrollo (COCODE) en las mesas técnicas sobre el tema es fundamental, «porque conocen las necesidades de la población y pueden ser un contrapeso dentro de este espacio», según Chavajay.
Al llegar al muelle principal de San Pedro La Laguna, los visitantes son recibidos por restaurantes, bares y otros negocios. Estos se extienden a lo largo de las playas.
Algunos de estos negocios y casas son propiedad de personas extranjeras, según Tuch Cúmez. El jefe de la DIMAS asegura que los propietarios se han apropiado también de las playas frente a sus viviendas. «Incluso tuvimos uno que nos dijo: ”Esto me pertenece hasta llegar a Panajachel”», cuenta, entre risas.
El concejo municipal decidió garantizar que todos los negocios y propiedades privadas deben dejar 10 metros de la playa libre, para uso público. «En algunos lugares ya se está retomando. Aquí en (el cantón) Pacuchá ya se notificó a unos tres restauranteros que deben volar el muro porque es área pública», asegura Tuch.
El reglamento de Tz’unun Ya’ incluye también esta disposición. «Pero la zona de amortiguamiento debe ser un poco más. Le apostamos, como primer peldaño, a los diez metros, pero tiene que ser más», indica Josué Chivajay.
La construcción de casas y negocios en la orilla del mar, sin dejar espacio para la playa, impide que la arena funcione como amortiguador para inundaciones.
La propuesta de reglamento fue ya entregada al concejo municipal, quien puede realizar modificaciones. Pero, con la nueva administración municipal, ya no avanzó hacia su aprobación. Chivajay asegura que no han encontrado puntos de encuentro con las nuevas autoridades.
Por su parte, Tuch Cúmez aclara que la municipalidad «ya no está permitiendo la extracción de arena» y que el tema está a cargo de la oficina de jardinización.
Casi dos semanas después de la jornada de limpieza, el 9 de agosto, el colectivo Tz’unun Ya fue invitado a una reunión con el concejo municipal. En la carta, la municipalidad asegura que desean comenzar con un proceso participativo que permita la construcción del reglamento de playas.
El colectivo lo ve como una buena señal. Esperan que el reglamento sea aprobado pronto.
Mientras tanto, la población de San Pedro La Laguna continúa realizando jornadas de limpieza en las playas y procesos de sensibilización.
«Esta lucha surgió reivindicando el derecho humano al agua y saneamiento y reivindicando el derecho a la consulta», finaliza Josué Chivajay.
- Investigación y redacción: Kristhal Figueroa
- Edición: Carmen Quintela
- Diseño: Óscar Donado
- Fotografías: Christian Gutiérrez
