Dalia Carrera considera que la colonia donde vive, Santa Elena, ha cambiado mucho desde su fundación, en 1983. «Mucho», dice porque desde hace 20 años sus habitantes ya no caminan …
Dalia Carrera considera que la colonia donde vive, Santa Elena, ha cambiado mucho desde su fundación, en 1983.
«Mucho», dice porque desde hace 20 años sus habitantes ya no caminan el kilómetro que recorrían hace cuatro décadas para recoger agua. El kilómetro que ella misma andaba cuando era niña.
Dalia se despertaba a las cinco de la mañana y bajaba por una vereda, hacia la «quebradita». Un arroyo donde recogían el agua. Era parte de su rutina diaria; allí se bañaba, se vestía y regresaba a su hogar con tinajas y baldes sobre la cabeza, llenas de agua para cocinar y limpiar la casa. Luego salía a la escuela, como las otras niñas de la comunidad.
Por la tarde, a eso de las 16:30 o 17:00, repetía el viaje para buscar más agua. La hora de la cena se acercaba y con ella, la necesidad de cocinar de nuevo.
Cada tres o cuatro días, Dalia salía a la carretera, a medio kilómetro de su casa. Cruzaba junto a su mamá y hermanos la Ruta al Atlántico, que conecta Ciudad de Guatemala con el Norte del país. Del otro lado, caminaban otro kilómetro hasta llegar al río, del cual nunca supo el nombre. Dice que «es el mismo que pasa por el puente de Palencia y que baja para el río Plátanos y se junta con el río San Juan».
Caminaban a este río porque su corriente era mayor que la de la quebrada. La necesaria para allí lavar la ropa. Al terminar, la cargaban mojada, rumbo a su casa.
«No había muchas casas aquí, no estaba muy poblado, pero era maravilloso», cuenta Carrera.
Aunque el agua entubada ahora llega a todas las casas, y los vecinos ya no tienen que caminar al río para lavar la ropa y bañarse, lo cierto es que en Santa Elena hay cosas que no han cambiado.
Los caminos de la colonia, ubicada en la aldea Azacualpilla, a 25 kilómetros de la ciudad capital, aún no están asfaltados. Tampoco tienen desagües ni servicio de recolección de basura, lo que vecinas como Merari Caal, consideran debería ser prioridad para la municipalidad de Palencia, gobernada desde hace 20 años por Guadalupe Alberto (Beto) Reyes Aguilar.
A prueba y error
Cuando la colonia Santa Elena se creó, en 1983, se construyó un pozo de agua que abastecería los lotes y a las familias que en ellos vivirían. Se ubica aproximadamente a medio kilómetro de la comunidad y para llegar a él, hay que bajar un camino inclinado, parte de un barranco.
Pero el pozo no se utilizaba porque el motor no tenía la potencia necesaria para hacerlo funcionar. «El que usaban era de apenas tres caballos de fuerza. Lo dejaron porque tendrían que invertir», explica Edgar De León, el presidente de la asociación de vecinos de la colonia.
Así que, a falta de un pozo útil, acarrear agua de la quebradita y el río se convirtió en parte de la rutina de las familias de Santa Elena.
Las vecinas, que entonces eran niñas y ahora son adultas, recuerdan que, desde entonces, se hicieron propuestas que, más o menos, iban poniendo parches en el problema.
Por ejemplo, años más tarde, el lotificador decidió abastecer de agua entubada a la «casa modelo», donde nadie vivía, ubicada en el ingreso de la comunidad.
Allí el mismo lotificador vendía el agua a los vecinos quienes, debían caminar, con tinajas, baldes y otros recipientes, solo unos 200 metros para recogerla.
Pero el problema aún no estaba resuelto. Entonces, Daniel Solares, el dueño de la gasolinera ubicada sobre la carretera principal y en la entrada de la colonia, propuso otra solución. Permitió que la comunidad utilizara un chorro de su negocio.
De esa fuente abastecerían a cada una de las casas de la comunidad. Para ello, contaban con una tubería en mal estado, y que no había sido utilizada. La decidieron arreglar y permitió llevar el agua a las casas.
Cada familia pagó aproximadamente mil quetzales (unos 130 dólares) por reparar la tubería que llevaría el agua a sus hogares.
Pero el agua de la gasolinera no era suficiente para abastecer a toda la comunidad. Por ello, en 1998, con el liderazgo de la nueva junta directiva de la asociación de vecinos (que ha sido reelecta desde entonces), la comunidad decidió, en asamblea, transformar el sistema de aguas por completo: recuperar el pozo de la comunidad.
El pozo comunitario
Las calles con pavimento terminan justo antes de entrar a la colonia Santa Elena. En la entrada, se ubica la asociación de vecinos, frente a un área verde, donde los habitantes del lugar se reúnen en asamblea.
La colonia alberga a unas 300 familias, según la asociación de vecinos. Las construcciones son irregulares: hay casas de dos niveles que ocupan los lotes completos y otras, de un solo nivel, cuyos pequeños patios son resguardados por cercas de metal.
El centro de la comunidad es ocupado por la escuela y una tienda. Una cuadra después, las casas al lado derecho son reemplazadas por bancas que permiten admirar el panorama: la vegetación del barranco y el cerro que se ubica al fondo.
En la colonia Santa Elena, la vida transcurre con lentitud y en tranquilidad. Los vecinos se saludan entre sí y los niños juegan en los jardínes.
El pozo de Santa Elena se ubica al límite de la comunidad.
Al llegar al «área deportiva» de unos 30 metros cuadrados, el camino se complica: se debe descender el barranco, por un sendero empinado.
En el camino, hay siembras de milpa y árboles con frutos. «Son de personas de la comunidad», indica Marco Antonio Dámaso, vicepresidente de la junta directiva de la asociación.
Los vecinos, integrantes de la junta directiva, descienden sin ningún problema. Rondan entre los 50 y los 75 años y han hecho este recorrido todas las semanas, durante los últimos 20 años.
Con esas visitas semanales se aseguran de que el pozo funcione bien, identifican posibles problemas en su funcionamiento y toman decisiones para mejorarlo.
A la asociación de vecinos le tomó tres años lograr que el pozo funcionara. Tomaron la decisión en 2001. Realizaron un presupuesto y luego una colecta entre los vecinos. «Salió entre 130 y 140 mil quetzales», dice De León, mientras muestra un acta con los aportes de cada una de las familias que quisieron colaborar. Oscilaron entre 250 y 300 quetzales. (entre 32 y 39 dólares).
El pozo tiene una profundidad de 60 metros. Con la presión de un motor de 60 caballos de fuerza, extrae agua de los mantos acuíferos y la conduce a un tanque, ubicado metros más arriba.
Este tanque la distribuye, por medio del sistema de tuberías, a cada una de las casas de la colonia.
Según el estudio hidrogeológico de los acuíferos volcánicos de la República de Guatemala, conducido por el Instituto de Investigaciones Agronómicas y Ambientales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en 2016, los municipios de Palencia y San José Pinula y parte de Santa Catarina Pinula y la Ciudad de Guatemala son abastecidas por el agua del acuífero noereste de la Ciudad de Guatemala.
La asociación cobra 7 quetzales (poco menos de un dólar) por un metro cúbico de agua. En promedio, una familia consume entre 120 y 130 quetzales al mes. El consumo es medido por contadores de agua, ubicados en cada casa.
El dinero recaudado se utiliza para comprar la maquinaria necesaria para que el pozo funcione y para obras de la comunidad, como el área deportiva. Pagan también a un técnico que le da mantenimiento al sistema de abastecimiento cada cuatro meses.
La asociación de vecinos instaló una estructura de cemento que rodea el pozo y un techo de lámina que lo protege. También una cabina con los controles que ellos mismos se encargan de manejar.
Durante estos 20 años, el pozo no ha presentado mayores problemas, según la asociación. Si surge alguna falla, son los vecinos los que buscan cómo solucionarla. Por ejemplo, Édgar De León, desde su trabajo como herrero y soldador y Pedro Cruz, fontanero y plomero.
Dalia Carrera dice que utiliza el agua del pozo para todo. «Tenemos para bañarnos, lavar la ropa y los trastes, incluso para cocinar». Aunque compran garrafones de agua purificada para beber, cuando esta se les acaba, toman del chorro. Solo le agregan unas gotas de cloro.
«Esa agua nunca nos ha hecho daño. Nunca. De todos los años que la hemos consumido, estamos bien», asegura Carrera.
El agua que reciben es abundante y no tiene sabor, según Merari Caal. Las dos vecinas consideran que este servicio transformó sus vidas.
La pugna por el control del pozo
Pero no todo son buenas noticias. El sistema de abastecimiento autogestionado de Santa Elena enfrenta un problema legal: la incerteza jurídica.
Mientras la colonia se construía, sucedió el golpe de Estado de 1982, que generó una crisis política, también a nivel local, en los años posteriores.
El nuevo gobierno colocó nuevas autoridades municipales de manera repentina, según recuerdan los vecinos. Con este cambio, el terreno donde el pozo fue construido no fue inscrito correctamente.
«La comunidad aduce que el lotificador construyó el pozo dentro de la finca a título de comunidad y de hecho, tienen las escrituras. Pero la municipalidad lo ha utilizado, históricamente, para decir que se apropiaron ilegalmente del terreno y que no son los legítimos dueños», señala Wellington Osorio de la organización Chiviricuarta, que brinda acompañamiento legal y técnico a la comunidad.
Pero, este año, la municipalidad de Palencia ha manifestado que quiere manejar el sistema de agua de Santa Elena.
En febrero de 2024, invitaron a los vecinos a una reunión en el ayuntamiento. Aunque se equivocaron a la hora de nombrarlos. Primero lo hicieron como la «Aldea el Triunfo», en lugar de Santa Elena y luego, como un comité de agua, en lugar de una asociación de vecinos. La asociación decidió no asistir, hasta que se le reconociera por su nombre y título real.
Los vecinos temen que la municipalidad sea quien gestione el agua. Dicen que, en otras comunidades donde lo hace, el servicio no llega. En algunos lugares, aseguran, los habitantes son obligados a pagar por pipas de agua y no quieren que les pase lo mismo.
Según Erick Girón, jefe de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento, la municipalidad solo brinda servicio de agua a dos comunidades en la «parte baja» de Palencia, sobre la ruta al Atlántico. El resto, cuenta con comités de agua.
En Santa Elena, «solo se les ha apoyado con pipas municipales cuando tienen problemas con su pozo», dice Girón. Cuando Ocote le pregunta si esto ya ha sucedido, si realmente han necesitado de estas pipas, el representante de la municipalidad reconoce que no.: «Tampoco supe que pasara cuando estaban mis antecesores».
«El comercio de agua por medio de pipas se vuelve en un negocio bastante rentable. El llevar agua a las otras comunidades se convierte en una promesa en la época electoral», cuestiona Wellington Osorio.
Los esfuerzos de la aldea Santa Elena por gestionar su servicio de agua trascendieron también la comunidad. En febrero, la junta directiva de la asociación de vecinos participó en una asamblea autoconvocada con otros comités de agua de la región. Compartieron las iniciativas que poseen para autogestionar el agua y sus necesidades particulares.
Mientras su organización se fortalecía, también los esfuerzos externos por clausurar el pozo. El 2 de abril recibieron una notificación del Ministerio de Salud. Presentaba los resultados de un análisis bacteriológico de muestras tomadas del agua de uno de los hogares de la colonia, sin el conocimiento de la asociación.
El documento resuelve que el agua «no cumple con los requerimientos químicos necesarios para ser considerable potable» y decreta el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Édgar De León, como representante legal del pozo, por «omitir la purificación del agua destinada al abastecimiento de poblaciones».
Esto podría implicar desde una sanción económica, hasta el cierre definitivo de la llave del pozo, según De León.
La asociación de vecinos buscó acompañamiento de asociaciones no gubernamentales, que les ayudaran a entender lo que sucedía. Según Wellington Osorio, los resultados indican que el agua tiene presencia del 3.5% de sólidos disueltos y E-Coli.
Según Mónica Martínez, bióloga experta en agua, los niveles de E-Coli y sólidos disueltos son altos. Sin embargo, identifica también irregularidades en el informe que el MSPAS entregó a la asociación de vecinos.
Por ejemplo, «en el informe mencionan que el cloro residual libre no es suficiente, pero no lo miden», señala.
Los vecinos sospechan que fue la municipalidad quien presionó para que el MSPAS sancionara al pozo. Erick Girón lo niega: «No estamos optando por un sistema que no administramos. Nosotros solo damos seguimiento al proceso de cloración», dijo a Ocote.
La asociación comenzó a accionar. Presentó solicitudes de acceso a la información a la municipalidad y buscó a diputados del partido Movimiento Semilla, para entablar una mesa de diálogo.
También contactó al Viceministerio de Aguas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para realizar un segundo monitoreo de calidad de agua. Y lo logró. El delegado del MSPAS llegó a tomar muestras el 11 de junio y fue custodiado por integrantes de la asociación hasta el centro de análisis.
Ese día, el MSPAS dijo a la comunidad que recibirían los resultados 15 días después. Pero han pasado ya dos meses y no han recibido noticias.
La asociación de vecinos ha solicitado avances en múltiples ocasiones, pero no han obtenido respuesta.
Ocote también solicitó esa información al ministerio, pero a la fecha de cierre de edición de este texto, tampoco habían respondido.
En asamblea, la comunidad acordó invertir en un sistema de cloración y mejora de la calidad del agua. Iniciarán a ejecutarlo una vez tengan los resultados del nuevo monitoreo de calidad de agua.
Mientras tanto, en los hogares de Santa Elena, el agua sigue fluyendo.
En la casa de Dalia Carrera, una pileta de unos 2×3 metros cuadrados es el hogar de seis peces koi, un regalo de su nieta. Tienen unos seis años de edad, dice.
«No se han muerto. Quiere decir que el agua es buena», asegura Dalia, satisfecha.
