Una niña fue violada a los 12 años por un hombre de 53. Él tenía 41 años más que ella. Era funcionario público y maestro universitario. Él sigue libre. Con …
Una niña fue violada a los 12 años por un hombre de 53. Él tenía 41 años más que ella. Era funcionario público y maestro universitario. Él sigue libre.
Con esta historia inicia el documento del estudio que registra los datos de las denuncias en contra de hombres mayores de 18 años por la violación a bebés y niñas menores de 14 años en Guatemala.
El estudio ¡Cuando la edad cuenta! hace ver que de 2017 a 2023, en promedio cada día se registraron tres violaciones a niñas en Guatemala. Fueron, en total, 8,331 denuncias. Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén y San Marcos tienen los registros más altos.
La investigación la hizo Ana Lucía Ramazzini Morales. Le llevó al menos seis meses documentar esto, entre solicitudes de información pública, limpieza y análisis de los datos y discusiones para poder ver la problemática con un enfoque de género y una perspectiva jurídica.
Las diferencias de edad
El estudio recoge el caso de un anciano de 94 años que violó a una niña de 8 y de otro de 72 que violó a una niña de meses.
Hay en total 19 casos de hombres muy mayores, de más de 70 años, que violaron a niñas. La mitad de estas agresiones fueron en contra de la primera infancia, niñas menores de siete años.
Ramazzini es socióloga feminista y profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Para ella, la diferencia de edad entre los agresores y las víctimas es un dato clave de este estudio. Implica relaciones desiguales de poder, que se traducen en violencia contra los cuerpos de bebés, niñas y adolescentes porque no hay un consentimiento de su parte.
«Irrumpe en sus proyectos de vida. Derivado de la violación hemos visto en otros estudios que hay maternidades forzadas. Hemos visto cómo se instala la idea suicida, especialmente en adolescentes. Cuando están embarazadas, esa idea suicida es tres veces más», dice Ramazzini.
El estudio hace referencia a la diferencia de edad, pero también a la condición que provee esa edad. «Cuando hay hombres muy adultos frente a bebés y niñas la condición de indefensión está impuesta, hay condiciones distintas. Esa brecha de edad, esa diferencia de edad, genera condiciones distintas de poder», añade la socióloga.
Cientos de violaciones grupales
Del total de los casos, de los 8,331 que registra el estudio, hay un grupo que está relacionado con violaciones múltiples. Casos que involucran una víctima y varios agresores o varias víctimas y varios agresores. Son 1,772. Uno de cada cinco.
La falta de un registro más preciso y claro por parte de las instituciones impide contemplar toda la magnitud de la problemática. Aun así, es uno de los hallazgos más impactantes del estudio.
«Cuando vemos los datos, hacemos la limpieza y los analizamos, nos damos cuenta de la existencia de violaciones múltiples. Nos impacta. Pero la falta de ese registro más preciso no nos permite tener la magnitud de la problemática», explica Ramazzini.
La investigadora resaltó que incluirlo en el estudio es una forma de poner el tema sobre la mesa y evidenciarlo.
La idea equivocada de lo que significa ser hombre
Las cifras y los casos recopilados en el estudio también son evidencia de una idea equivocada de lo que significa ser hombre. La idea errónea que la escuela, la iglesia, la familia o la sociedad les han inculcado.
Ramazzini explica que está idea equivocada incluye naturalizar la violencia contra las mujeres y que los hombres se apropien de los cuerpos de ellas. Otro elemento es el control sobre la autonomía de las mujeres. Se cree que es más hombre quien controla a una mujer.
“No estamos hablando de hombres enfermos. Es una idea que prevalece en la sociedad desde la noción patriarcal, es la idea en la que se está educando a los hombres. Esa idea se refleja en las violaciones que resultan siendo actos de poder sobre las mujeres a partir de naturalizar la violencia y el apropiarse de sus cuerpos”, dice Ramazzini.
El camino a la justicia
A los miles casos de violencia sexual, se suma la falta de justicia. El 49.75% denunciados en el Ministerio Público (MP) en los últimos siete años están archivados o fueron desestimados.
Las víctimas denunciaron, pero no encontraron respuesta en el sistema de justicia. Sólo un 15% obtuvieron una sentencia. Los datos escuetos proporcionados por el MP impidieron que el estudio pueda precisar si al acusado se le declaró culpable o inocente.
Para Ramazzini estos porcentajes se traducen en que las víctimas duden antes de denunciar, por lo que implica hacerlo, sobre todo cuando se trata de niñas o adolescentes que necesitan una justicia especializada. La investigadora reiteró la necesidad de reducir la impunidad en estos casos.
Además de los casos desestimados y archivados, el estudio identificó siete conciliaciones que no deberían haberse producido.
«La normativa internacional y nacional plantea que la conciliación no se puede dar en el marco de las violencias contra las mujeres. La conciliación es poner en igualdad jurídica y en este caso no puede existir esa igualdad. Nos muestran la tergiversación de la normativa», dice Ramazzini.
Ramazzini asegura que, por medio de entrevistas a informantes clave, descubrió que cuando los agresores son mayores de 60 años se les protege para no ir a prisión.
«Hay sentencia, los ligan a proceso, pero tienen medida sustitutiva y no van a prisión. Queríamos sacar a debate este tema. Por un lado, está la condición del adulto mayor y por otro la violencia ejercida contra bebés, niñas y adolescentes, dos categorías protegidas. La pregunta es, ¿a quien está defendiendo el sistema de justicia?», cuestiona Ramazzini.
Los vacíos en los datos
Uno de los obstáculos para la investigadora fueron los vacíos en los datos, una situación frecuente en las instituciones públicas de Guatemala. Ramazzini lo analiza desde la historia: la opacidad en los datos como una consecuencia del conflicto armado interno, la cooptación del Estado y la corrupción. Por otro lado, desde la falta de una cultura de registro.
«Era muy importante la escolaridad de quien se había denunciado. Muchas veces el agresor tiene una escolaridad mucho más alta que la víctima. A mayor escolaridad, buscan también que la víctima tenga mucho menos escolaridad, que esté en una posición socioeconómica menos privilegiada. El dato de escolaridad era fundamental, pero casi el 65 % de los datos que nos dieron no la contemplaba”, cuenta Ramazzini.
¿Qué puedo hacer?
Ramazzini recuerda que la sociedad puede contribuir a cambiar la realidad desde varios niveles. En el comunitario, a través de un trabajo de difusión en radios comunitarias, a través del diálogo y acercamiento con autoridades locales.
A nivel nacional, recordando que hay iniciativas de ley que pueden ayudar a contrarrestar, como la Ley de Educación Integral en Sexualidad —que aún no fue aprobada— y la Ley Angelina.
«Algo que nos ayuda a prevenir es la educación integral en sexualidad, que es más allá de lo que se piensa. Nos permite a través del desarrollo de conocimientos, habilidades y aptitudes que las niñas y los niños puedan identificar la violencia, las relaciones que no están siendo sanas para ellas y ellos y para cambiar la forma tradicional de ver la masculinidad», concluye Ramazzini.
Redacción: María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
