En la sala del Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez, una joven de 21 años habla frente a la jueza Kimberly Monroy Ardón. Su discurso es breve: —Quiero justicia, ellos me …
En la sala del Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez, una joven de 21 años habla frente a la jueza Kimberly Monroy Ardón. Su discurso es breve:
—Quiero justicia, ellos me destruyeron mi vida.
La joven fue víctima de violencia sexual. Sucedió hace seis años, en el instituto donde estudiaba secundaria. Ella y otra compañera fueron violadas por sus maestros.
Es 25 de marzo de 2024 y hoy, al fin, va a sentir que se hace un poco de justicia. La jueza Monroy va a emitir una sentencia condenatoria.
Una sentencia que tres meses después todavía no se ha hecho efectiva.
La condena
La jueza Monroy Ardón condenó a los dos maestros.
A Edwin René Zúñiga García por dos hechos de violación con agravación de la pena. Por cada uno le dio 13 años y 4 meses. La pena total es de 26 años y 8 meses de prisión.
Para Allan Rodrigo Oseida Córdova la sanción fue de 18 años y cuatro meses, por violación con agravación de la pena y violencia sexual contra la mujer.
#MPfuerteYfirme
— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 27, 2024
Con base en los medios de investigación presentados por la Fiscalía de Distrito de Sacatepéquez, el Tribunal de Femicidio de ese departamento emitió sentencia condenatoria contra Edwin René Zúñiga y Allan Rodrigo Oseida. pic.twitter.com/Otrsu3dieN
En 2018, la joven que habló frente al tribunal tenía 15 años. Estudiaba tercero básico en el Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Vespertina del municipio de San Lucas Sacatepéquez.
El año anterior había perdido varias materias y no superó el curso. Tuvo que insistirle a su madre para que la dejara volver a estudiar ese año.
Pero en el instituto las clases dejaron de ser agradables. Tres maestros empezaron a acosarla. Le decían que iba mal en los cursos y después vinieron las amenazas: que, si no tenía relaciones sexuales con ellos, no pasaría de curso.
En abril de 2018, los maestros Rubén Reyes Martínez, quien daba clases de educación física y ciencias naturales y Allan Rodrigo Oseida Córdova, su maestro guía, la obligaron a ir a una bodega del instituto de la que solo ellos tenían la llave. Allí la esperaba Edwin René Zúñiga García, su maestro de contabilidad y subdirector del instituto.
Oseida Córdova le dijo que, si no accedía a tener relaciones sexuales con Zúñiga, la expulsarían y le harían perder clases. También la obligó a mostrarle sus senos, como castigo por una tarea que ella no había entregado.
Ese mismo año, los tres maestros le hicieron lo mismo a otra de las alumnas. Tenía 13 años. La engañaron y la amenazaron para que fuera a la misma bodega, en donde también la violaron.
Ambos relatos fueron confirmados por la fiscalía.

El peritaje psicológico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), señaló que la adolescente de 15 años estuvo expuesta a «acciones de índole sexual que dañaron su integridad personal».
En el dictamen queda registrado que los tres maestros eran cómplices. Que se aprovecharon de su adultez y de las ventajas que tenían frente a sus estudiantes adolescentes, de la autoridad que tenían en el instituto. Que manipularon a las víctimas, las coaccionaron y las presionaron.
Después de la violación en la bodega, la adolescente siguió estudiando. Cuando no soportó más las amenazas y el acoso, habló. Fue junto al supervisor educativo y le contó lo que había pasado. Él la cuestionó. Dudó de su relato. Pero finalmente presentó una denuncia en la Procuraduría General de la Nación (PGN). Así, el caso llegó al Ministerio Público (MP).
Tras la denuncia, la joven sufrió mucho bullying. Le decían mentirosa, que se había inventado lo que denunció y que era una prostituta. Pero ella no quería dejar el instituto ni perder otro año más. Siguió los estudios.
Los maestros fueron trasladados a otro centro educativo al año siguiente, en 2019.
A pesar de los señalamientos de la adolescente, los tres continuaron trabajando en el Ministerio de Educación cuatro años más, hasta diciembre de 2022. Entonces, el ministerio les rescindió su contrato a dos de ellos: Zúñiga García y Oseida Córdova
Según David de León, director de Comunicación Social del Ministerio de Educación, el departamento de Recursos Humanos finalizó ambos contratos «por faltas al servicio».
El de Zúñiga García terminó con el acuerdo ministerial 5523-2022 y el de Oseida Córdova con el número 5524-2022.
Lo difícil del proceso penal
Tras recibir la denuncia, la Fiscalía comenzó la investigación tres meses después.
Entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 cuando las víctimas aún eran adolescentes, a petición del Ministerio Público, llegaron varias veces al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que un médico y una psicóloga las evaluaran. Buscaron señales de la agresión que habían sufrido. Señales que después sirvieron en el juicio para condenar a los maestros.
El 16 de agosto de 2019, cuando las estudiantes tenían 14 y 17 años, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez grabó en dos discos sus testimonios. Acompañadas de una psicóloga contaron lo que vivieron en el instituto. Los discos guardaron los relatos hasta 2024 cuando se reprodujeron en el juicio, como parte de la prueba.
Seis años pasaron desde la violación hasta que la jovén logró ganar a la impunidad. Cuando cumplió 18 años, se unió al caso como querellante, una figura que contempla la legislación guatemalteca para poder ser parte del proceso. Antes de la mayoría de edad era su madre quien la representaba en el caso.
Su otra compañera, la que tenía 13 años, desistió. Poco después de la violación intentó suicidarse tomando unas pastillas y su familia la llevó a un hospital. A los 17 años se vio obligada a migrar.
Para ella, la que se quedó a luchar por justicia, lo más difícil del proceso judicial, además de las suspensiones de audiencias, fue tener que ver a sus agresores. Estar frente a frente en las audiencias. El biombo para separarlos no siempre se usó. Fue hasta que el Instituto de la Víctima le proporcionó asesoría legal que su abogada lo exigió para evitar el encuentro.
Además, tuvo que superar una reunión de conciliación a la que la citó el Ministerio Público.
Cuenta que fue en la fiscalía de Antigua Guatemala, en donde Claudia Elizabeth Paniagua, hoy magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, y el fiscal Osman Asael García, trataron de convencerla para que a cambio de dinero que le entrarían los maestros abandonara el proceso. Ella se negó.
Ocote se comunicó a la fiscalía y a la Corte de Constitucionalidad para localizar a la magistrada y al fiscal, pero no tuvo respuesta.
Cuando terminó el instituto y tras unirse como querellante, la joven empezó a estudiar Derecho, está en el tercer año.
«Me gusta esta carrera, pero me inspiró el pasar injusticias y tantas humillaciones. Si está en mí aportar un poquito para que no les hagan daño a otras niñas o otras mujeres con gusto lo haré», dice hoy.
En su cartera, lleva leyes, los códigos que ahora estudia. «A futuro me miro luchando por los derechos de las mujeres, ayudar para que no pasen injusticias. Si puedo alzar la voz por alguien más lo haré», asegura, convencida.

¿Por qué siguen libres?
Aunque están condenados, Zúñiga y Oseida no están en prisión. Nunca lo han estado. Desde que quedaron ligados al proceso penal fueron beneficiados con una medida sustitutiva. Un arresto domiciliario para no estar en prisión.
El 25 de marzo de 2024, cuando la jueza emitió la sentencia condenatoria, estableció que ambos deberán cumplir la pena cuando la sentencia esté firme. Eso sucede si no hay recursos pendientes de resolver. Hasta el 26 de junio de 2024 la sentencia no estaba firme. Los abogados de los dos maestros condenados apelaron la decisión de la jueza.
Con la condena, la joven siente que venció uno de sus mayores miedos, que los maestros fueran declarados inocentes. Pero, a pesar de la sentencia, mientras ellos estén libres, para ella la justicia está a medias.
Además, le preocupa que uno de los maestros denunciados, Carlos Reyes, está prófugo. «Saber dónde estará, mientras yo con el miedo de que hagan algo contra mí o contra mi familia», dice.
La audiencia para decidir si los maestros eran enviados o no a juicio se suspendió 22 veces. Una de esas suspensiones facilitó que Carlos Rubén Reyes Martínez se fugara. No lo volvieron a localizar
Ocote se comunicó por teléfono con los maestros Zúñiga y Oseida para solicitarles una entrevista. Respondieron que no hablarían con la prensa. Durante el juicio, ante la jueza, también prefirieron callar.
La reparación insuficiente
La sentencia condenatoria incluye una reparación digna. Su abogada solicitó Q50 mil, como una compensación económica para que la ayudará a reparar el daño y seguir con su proyecto de vida. A causa de las audiencias, por ejemplo, no pudo asistir a entrevistas de empleo y conseguir un trabajo.
La jueza accedió sólo a Q15 mil. Mandó a que Zúñiga pagara Q10 mil y Oseida Q5 mil.
Además, deben reintegrar Q1,300 que ella tuvo que pagar en pasajes para asistir a las audiencias.
La abogada de la víctima apeló. Ella y la jovén están convencidas que la víctima de una violación merece una reparación mayor.
Para prevenir que sucedan hechos similares, en la sentencia la jueza ordenó que los maestros reciban terapias psicológicas.
Además, que la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) dé charlas sobre delitos sexuales y los protocolos a seguir a los estudiantes y maestros del instituto donde ocurrieron los hechos.
El coordinador del Instituto Obdulio Leonel López Martínez, también debe asistir a las charlas.
Cuando la joven estudió en el instituto nadie le habló de la violencia sexual. Tampoco sobre cómo denunciarla. Mucho menos recibió educación integral en sexualidad.
Hoy, carga heridas que todavía siguen abiertas.
«Me da miedo confiar en las personas, tengo miedo de que me vuelvan a hacer el daño que me hicieron. Nunca se me va a olvidar lo que ellos me hicieron, cada vez que lo recuerdo me duele como que me hubiera pasado ayer», dice.
Del 2015 al 2023, Recursos Humanos del Ministerio de Educación (Mineduc) ha registrado 198 casos en contra de maestros por violencia sexual. Los dos departamentos con más casos son Guatemala (39) y Alta Verapaz (31).
Para denunciar algún caso de violencia sexual puedes llamar al 1510.
Para informarte más sobre este tema puedes leer el Protocolo de Identificación, Atención y Referencia de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional de Guatemala del 2023.
Si trabajas en un colegio, escuela o instituto puedes impulsar que el alumnado y el cuerpo docente conozca el protocolo para que se utilice si es necesario.
Investigación y redacción: María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
Diseño: Oscar Donado
