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Gobierno demora mesa de trabajo para apoyar a sobrevivientes del Hogar Seguro

Cuatro meses después de la reunión entre las sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y el Gobierno de Arévalo, el Estado de Guatemala aún no cumple la promesa de una mesa de trabajo para responder a las demandas de acceso a empleo, vivienda, educación, salud física y salud mental. El director de COPADEH reconoce el atraso y asegura que cumplirán.

En febrero de 2024, sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro y organizaciones se reunieron con representantes del gobierno de Bernardo Arévalo.  A la cita, además de cinco de las …

En febrero de 2024, sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro y organizaciones se reunieron con representantes del gobierno de Bernardo Arévalo. 

A la cita, además de cinco de las jóvenes, llegaron integrantes de los colectivos 8 Tijax, Plaza de las Niñas y Las Libélulas y Vianney Hernández, la madre de Ashley Hernández una de las víctimas que murió en el incendio

Se juntaron con Oswaldo Samayoa, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), con Marvin Rabanales, secretario de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y con integrantes de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem). 

Las sobrevivientes expusieron en este espacio sus demandas. Reclamaron la necesidad de tener un acceso a la salud sólido y constante. Idealmente, expusieron, a través de un seguro médico. Las jóvenes recordaron que tienen cicatrices a causa del incendio que necesitan reconstrucción. Además, precisan terapia para sus quemaduras, exámenes médicos, tratamiento y atención psicológica.

A la lista de demandas sumaron que haya una mejora en las condiciones de vida de los hogares a cargo del Gobierno de Guatemala, para evitar que algo como lo que pasó en marzo de 2017 vuelva a suceder. También pidieron que el Estado realice una campaña de dignificación para las 56 víctimas. 

Tras escucharlas, el gobierno asumió un compromiso: crear una mesa para dar seguimiento a sus demandas y cumplirlas. Se dieron un plazo: prometieron integrar esta mesa en un mes. Pero el tiempo pasó sin que se concretaran estas acciones.

El 8 de marzo de 2024 se cumplieron siete años del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Fotografía: Christian Gutiérrez. 

«Entendemos que hay un proceso de justicia. Eso va avanzando lento, pero va avanzando», dice a Ocote Ada Valenzuela, integrante de la colectiva Las Libélulas Guatemala, sobre el juicio que comenzó en enero de 2024.   

«Hay necesidades urgentes que se tienen que atender de las sobrevivientes. No podemos esperar una sentencia firme, no podemos esperar que estén plasmadas en medidas de reparación. Se tienen que hacer urgentemente por la salud y la vida digna», añade Valenzuela.

Las organizaciones que acompañan a sobrevivientes y familiares de víctimas han denunciado que de 2017 a 2024, los gobiernos de los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei ignoraron las necesidades de las jóvenes. 

Durante los primeros meses del Gobierno de Bernardo Arévalo, la institución dio algunas muestras de querer cambiar esto. 

La primera, la reunión de febrero. La segunda, el 8 de marzo de 2024, cuando se cumplieron siete años del incendio en el Hogar Seguro y el Ejecutivo organizó un acto conmemorativo. 

Las sobrevivientes y familiares de las niñas y adolescentes que fallecieron en el incendio recuerdan los hechos del 8 de marzo de 2017. Fotografía: Christian Gutiérrez. 

Durante su discurso, la primera dama Lucrecia Peinado se comprometió a prevenir que un hecho como el incendio suceda de nuevo y afirmó que el Estado buscaría un resarcimiento para las 15 niñas sobrevivientes y las familias de las 41 niñas que murieron quemadas.

Una de las sobrevivientes cantó una canción con el título «Justicia» y dos más leyeron poemas escritos por ellas: «Mi todo» y «Mujer fuerte y valiente».

Después de esto, las sobrevivientes, familiares de las niñas y las integrantes de las colectivas aseguran que no tuvieron más comunicación del Gobierno de Guatemala. 

Recuerdan la promesa 

«Estamos muy preocupadas, porque en febrero de este año fue la primera vez en siete años que las sobrevivientes fueron escuchadas por el Gobierno de Guatemala, pero cuatro meses después parece que se le volvió a olvidar su responsabilidad y el compromiso asumido», denuncia Ada Valenzuela, integrante del colectivo Las Libélulas Guatemala. 

Valenzuela hizo el recordatorio la noche del 17 de junio de 2024, rodeada de participantes de la Iniciativa de Mujeres Premios Nobel que visitaron el altar conmemorativo del incendio del Hogar Seguro. 

Entre las peticiones, el tema de salud es urgente, recuerda Valenzuela. Una de las sobrevivientes necesita una cirugía y tratamiento. Fue diagnosticada con rabdomiólisis, una descomposición de los músculos que fueron dañados en el incendio. 

En los últimos meses estuvo hospitalizada en el Hospital Betancourt de Antigua Guatemala y ahora está en terapia, pero esto implica un costo para trasladarse al lugar. 

Ada Valenzuela lee un comunicado en el espacio conmemorativo del incendio del Hogar Seguro. Fotografía: María Longo. 

«Anhelamos que puedan trasladar nuestras inquietudes al Estado de Guatemala. Porque, no es suficiente con la buena intención de hacer una reunión si no hay acción para cumplir los compromisos», solicitó Valenzuela a las integrantes de la comitiva de Mujeres Premios Nobel. 

Una ley incumplida

Aunque en agosto de 2018, el Congreso de la República aprobó una ley para las sobrevivientes, muchos de sus componentes no se han cumplido. El decreto obliga al Estado a garantizar una pensión vitalicia, facilitar oportunidades de educación y de capacitaciones, así como beneficios por distintos programas sociales. 

En una investigación realizada por Ocote en 2022, se reveló que, aunque todas ya eran mayores de 18 años, sólo una se había graduado de diversificado. La ley tampoco contempla becas o apoyo para que continúen sus estudios universitarios. 

La norma aprobó una pensión vitalicia de Q5 mil para cada una de las sobrevivientes durante los primeros tres años de vigencia de la ley. A partir del cuarto año, la cifra se redujo al equivalente a un salario mínimo mensual para trabajos no agrícolas. 

En 2022, este monto era de Q2,959.24, un monto insuficiente para costear el tratamiento médico y psicológico que necesitan. Cuando se llevó a cabo la investigación, no todas habían recibido este dinero.

Otro de los incumplimientos es el acceso a empleo que debería haber sido facilitado por el gobierno cuando cumplieron 18 años.  

«Las sobrevivientes están recuperando la voz. Ya no son esas niñas que fueron quemadas por el Estado. Son jóvenes que están asumiendo liderazgo para que se les cumpla con lo que el Estado debió haberles cumplido desde hace siete años», recuerda Valenzuela. 

Las sobrevivientes y las colectivas no esperaban que en un mes el gobierno atendiera las necesidades, pero sí que conformara una mesa para darle seguimiento hasta que se lograra la atención. 

Reconocen el atraso

Oswaldo Samayoa, director de Copadeh, reconoció a Ocote la demora y aseguró que la mesa se creará para responder y atender las peticiones de las sobrevivientes.   

«La mesa es una decisión que está tomada. Incluso es una directriz del presidente y de gabinete atender lo que sucedió el 8 de marzo. El proceso burocrático nos ha absorbido un poco. Admitiendo la responsabilidad que yo tengo de no haber convocado, me lleva a buscar que la primera quincena de julio tengamos esta reunión de seguimiento», se comprometió Samayoa. 

El funcionario explicó que pensaron que un mes sería suficiente para conformar la mesa, pero en la práctica descubrieron que no era algo sencillo. 

Justificó que primero tuvieron que coordinar con las instancias del Estado para identificar programas que ya existen en las instituciones del Ejecutivo y a las cuales las sobrevivientes pueden acceder como una medida de reparación sin esperar una resolución judicial. Ahora, dice, están en el proceso de concluir la sistematización de los datos para presentarlos a las sobrevivientes en la reunión que prevé realizar antes del 15 de julio.  

El altar conmemorativo del incendio en el Hogar Seguro ha sido reconstruido 18 veces, después de que grupos de personas atentaran en contra del espacio. Fotografía: María Longo.

Sobre lo establecido en la ley para las sobrevivientes, Samayoa confirma que constataron la falta de cumplimiento porque no hay presupuesto específico para hacerlo. Explicó que eso tendrá que esperar hasta 2025. 

«El gobierno anterior en ningún caso planificó ese tipo de atención. Lo que estamos promoviendo es que los ministerios lo incluyan en su planificación para poder asignarle algún tipo de recurso y poder cumplir. Básicamente es activarlos porque estaban desactivados», dijo Samayoa. 

Ocote consultó con el departamento de Comunicación Social de la SBS y la Seprem, las otras dos instituciones que participaron en la reunión. No brindaron una respuesta sobre la falta de atención a los compromisos asumidos. 

Karla Vicente, de Comunicación Social de la Seprem, dijo que están elaborando un informe para poder compartir la información. Mientras que al cierre de edición de esta nota, Fredy Portillo, de Comunicación Social de la SBS, informó que no tenía una respuesta. 

«Queremos pensar que es un exceso de trabajo. Entendemos las dificultades que el país tiene, pero también es importante que volteen a ver lo que pasó con las niñas del hogar; no es cualquier cosa. Es responsabilidad del Estado de Guatemala, el Estado tiene que asumir y cumplir», concluye Valenzuela.  


Créditos 

Reportería y redacción: María José Longo Bautista 

Edición: Carmen Quintela

Fotos: Christian Gutiérrez 

Diseño: Oscar Donado 


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María José Longo Bautista

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