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«No tenemos suficiente personal especializado: niñeras, educadores, monitores…»

Marvin Rabanales García es doctor en Derecho y magíster en derechos humanos. Dejó su cargo como Gerente de asuntos migratorios y de justicia en World Vision Guatemala para integrar el …

Marvin Rabanales García es doctor en Derecho y magíster en derechos humanos. Dejó su cargo como Gerente de asuntos migratorios y de justicia en World Vision Guatemala para integrar el equipo del Gobierno de Bernardo Arévalo. El 16 de enero de 2024 asumió el cargo de responsable de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la presidencia de Guatemala. 

Marvin Rabanales, secretario de la Secretaría de Bienestar Social, en su oficina. Fotografía: Christian Gutiérrez 

La institución es la encargada de atender a niñez y adolescencia que necesita apoyo estatal por diferentes motivos. 

Así, la secetaría es responsable de los 19 hogares de protección para menores de edad que fueron víctimas de maltrato, violencia sexual, explotación o trata y que están a cargo del Estado por orden judicial. 

También debe velar por los jóvenes con discapacidad y las personas menores de edad migrantes, que regresaron a Guatemala.

Además, se ocupa de los Centros de Atención Integral que proveen el cuidado de las niñas y niños mientras los padres trabajan y el Programa Casa Joven, para brindar atención a jóvenes en comunidades vulnerables con altos índices de violencia. 

Y en paralelo, la secretaría tiene a su cargo el cuidado de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal que deben pasar un proceso de reinserción en reformatorios tras haber cometido algún delito

Desde el 8 de marzo de 2017, la Secretaría de Bienestar Social lleva una carga que ensombrece su gestión. Esa mañana,41 niñas y adolescentes que habían sido encerradas con llave en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción murieron quemadas en un incendio. Otras 15 sobrevivieron con lesiones y cicatrices que aún las acompañan. El juicio para depurar responsabilidades se realiza este año. 

El incendio del Hogar Seguro fue el culmen de años de señalamientos de maltratos, abusos y hasta acusaciones de trata de personas. Denuncias de decenas de niñas y adolescentes que no fueron escuchadas por las instituciones del Estado. 

Después del suceso de marzo de 2017, el Hogar Seguro se desintegró y la SBS repartió a los jóvenes en 19 residencias. Se arrendaron inmuebles para evitar el modelo de macrohogar, pero a pesar de estos cambios, hay cosas que siguieron igual. Los hogares de protección siguen abarrotados y las instalaciones de los albergues están en muy mal estado.

Rabanales García evalúa que durante estos siete años desde el incendio, en la secretaría no se hizo un trabajo para dotar de insumos y de personal a las residencias

Sentado en su oficina, Rabanales tiene a su espalda dos estatuas a escala que representan la justicia: una balanza y una imagen de la diosa Temis, la personificación de la justicia con los ojos vendados.Rodeado de seis personas (asesores y personal de la SBS) con un folder de documentos para tener datos a la mano el secretario que Arévalo nombró para encargarse de la niñez y adolescencia más vulnerable dice: «Lo que estamos haciendo es ordenar la casa».

Marvin Rabanales, secretario de la Secretaría de Bienestar Social, en su oficina. Fotografía: Christian Gutiérrez 

¿Cómo encontró la Secretaría de Bienestar Social cuando asumió el cargo el 16 de enero?

A partir de que tomamos posesión, se iniciaron una serie de visitas a todos los hogares para poder tener un diagnóstico real de la situación. En algunos casos encontramos peores condiciones de las que ya se consideraba que se podían encontrar.

Es una secretaria con el mismo presupuesto de 2022 (Q305 millones anuales). Eso trae serias complicaciones porque hay plazas desfinanciadas yuno de los hallazgos más importantes es la falta de recurso humano. No tenemos suficiente personal especializado: niñeras, educadores, cuidadores, monitores…

Para cumplir con los estándares mínimos de atención, por cada cinco recién nacidos, debería haber una niñera; por cada diez que tienen más de tres años, debería haber una niñera. Encontramos que había solo una niñera para atender a 20 niños en la primera infancia (de cero a seis años).  

Quienes están, realizan una labor encomiable, con las condiciones materiales, sin el presupuesto o manejando el mismo presupuesto de dos ejercicios fiscales anteriores. Han hecho milagros con lo que tienen.

Encontramos serias deficiencias en cuanto a infraestructura en las condiciones materiales de muchos de los hogares. Claro, hacinamiento y por supuesto mezcla de perfiles. 

Personal especializado —psicólogos, pedagogos, psiquiatras y trabajadores sociales— no tenemos en abundancia. Es constante la renuncia del personal porque la escala salarial de la secretaria es muy baja. Tenemos un gran número de trabajadores presupuestados en un renglón que se le denomina “jornaleros”. Más de 500 que ganan el salario mínimo, pero se ocupan como niñeras, educadores o monitores. Se está empezando a modificar, pero eso fue lo que encontramos. 

Marvin Rabanales, secretario de la SBS conversa sobre la situación en la que encontró los hogares de protección para niños a cargo del Gobierno de Guatemala. Fotografía: Christian Gutiérrez.  

Cuándo nos habla de plazas desfinanciadas, ¿a qué se refiere?

Renuncia alguien, se jubila o se desvincula y no se incluye dentro del presupuesto para el siguiente año. Ahora tenemos, por decirle un número, 100 plazas para niñeras, pero no están financiadas. 

Tenemos que buscar dentro del presupuesto, quitar de un lado para poder cubrir el rubro de personal. Eso es complicado porque todo el presupuesto está comprometido para el pago de personal, para el pago de alquileres, para el pago de alimentación… Nos queda un margen muy pequeño para buscar algún fondo que pueda pedirse autorización a Finanzas para que podamos cubrir la necesidad de plazas. 

En algunos ministerios, los nuevos cargos que tomaron posesión este año han encontrado indicios de corrupción y posibles delitos por la forma en que se usaron los recursos públicos en el gobierno anterior, ¿ha pasado algo así en la secretaría que dirige? ¿Han puesto alguna denuncia?

Todavía se están documentando algunos procedimientos que auditoría ha determinado que puedan ser sujetos de análisis. De momento no hay alguna denuncia específica planteada en el Ministerio Público. 

Se está siendo sumamente cuidadoso en documentar todos los procedimientos a efecto de no incurrir en irresponsabilidades en cuanto a señalar cosas que no están documentadas. Cuando sea el momento, la directriz presidencial es que se presenten las denuncias que correspondan. 

¿Cuáles de los hallazgos que encontró en estos tres meses le preocupan más y cómo los están resolviendo?

La falta de recurso humano y las condiciones materiales que no permiten cumplir con los estándares de atención digna a la población: vidrios rotos, puertas en mal estado, paredes que están cayéndose, sistemas eléctricos vetustos, problemas de drenaje, falta de sanitarios…

Estamos preparando una serie de reuniones con organismos de cooperación para que con base a las prioridades temáticas ellos puedan identificar puntos de cooperación. Obviamente ya estamos trabajando en el nuevo presupuesto que se presentará para el ejercicio fiscal 2025. 

Este es uno de los techos de la residencia del Departamento de Protección Especial de Primera Infancia en Zacapa, donde hay 149 niñas y niños a cargo del Gobierno de Guatemala. Fotografía: cortesía SBS

¿Cómo ha sido el proceso de transición con el anterior secretario? 

En la transición su servidor no participó. Fue un equipo de transición del partido que hizo ese ejercicio. Asesoré la documentación para poder hacer el plan de trabajo para la secretaría y ahí el presidente Arévalo decidió ofrecerme asumir este reto. En el proceso y en el equipo de transición no estuve involucrado. 

¿Cómo evalúa la anterior gestión?

No me compete como profesional y éticamente no sería adecuado hacer una evaluación, tomando en consideración que ahora estoy asumiendo una responsabilidad y el cargo se asume con la historia. Es el pueblo y la ciudadanía la que tiene que juzgar, con base a lo que encontramos, si la administración fue positiva o negativa. 

¿Sigue trabajando con el mismo personal o ha hecho cambios?

Las direcciones se han modificado. Han sido pocas las desvinculaciones, hemos procurado darle la oportunidad al personal que demuestre sus competencias, su experiencia, su mística. 

¿Han identificado que en la anterior administración hubiera algún mal uso de gasto, despilfarro, compras innecesarias…?

Quizá haya procedimientos que no están suficientemente documentados en el caso de donaciones, que se está trabajando para poder documentarlas, pero esto es algo que viene de mucho tiempo atrás. 

¿En qué porcentaje la SBS tiene rebasada su capacidad en los hogares de protección y abrigo para niñez institucionalizada y en los centros de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal?

Hay muchos que están sobrepoblados, como le dije fue uno de los primeros hallazgos. Me preocupa hablar sobre el tema de sobrepoblación, porque el problema es que si nosotros rentamos más viviendas para hogares, los vamos a llenar. Si construimos más centros para adolescentes, los vamos a poblar, cuando la estrategia y el estándar es desinstitucionalizar y no privar de libertad. 

Son políticas que estamos trabajando, que van a requerir de mucha coordinación institucional, de un cambio de visión y un cambio de filosofía de parte del sistema de protección de niñez y adolescencia. 

Las residencias que en el 2017 estaban destinadas para 20, hoy hay 40. Durante ese tiempo no hubo una política de desinstitucionalización y el sistema privilegió la institucionalización, lejos de buscar alternativas en hogares de familia de acogimiento temporal, familias substitutas, hogares de acogimiento nuclear comunitario… Eso es lo que ahora queremos implementar. 

En adolescentes en conflicto, es relativo, depende. En algunos tenemos todavía espacio, pero no queremos llenarlo. No queremos poblar los centros. Queremos privilegiar las medidas no privativas, queremos privilegiar las salidas alternas. Queremos trasladar, quizá a finales de año o principios del próximo, la población de Gaviotas a San José Pinula, a los nuevos modelos que han sido construidos de alta seguridad, mediana y baja seguridad. Ahí habrá suficiente espacio. 

¿Qué acciones está implementando para mitigar el hacinamiento en estos hogares y centros?

Queremos implementar un modelo piloto de 72 horas para que Procuraduría General y la Secretaría de Bienestar Social puedan trabajar intensamente en la búsqueda de una familia. Que si es su familia biológica y se considera que es idónea, pues sea reinsertado con ella y que se trabaje para que las condiciones que provocaron que esa familia le haya agredido se modifique, o buscar familias sustitutas o de acogimiento temporal. 

Si se da la institucionalización, trabajar con las familias nucleares, con las familias comunitarias, con las familias ampliadas o con familias sustitutas, quizá a través de un subsidio, para procurar desinstitucionalizar y volverlos a su comunidad y con su familia. Eso es lo que se quiere trabajar.  

Marvin Rabanales explica que le apostará a reducir la institucionalización de la niñez. Fotografía: Christian Gutiérrez. 

¿Es adecuada la infraestructura en la que funcionan los hogares de protección? 

Volvemos al tema del presupuesto. Para poder modificar las condiciones materiales debo tener recursos. Los insumos para remozamiento son escasos.

Se han hecho trenes de mantenimiento en Zacapa, Quetzaltenango y Guatemala. Nuestros 14 trabajadores de mantenimiento no se dan abasto. Se puede imaginar: atender 19 residencias, cinco centros de internamiento, tres Centros Quédate, cuatro o cinco Casas Jóvenes, más las oficinas administrativas, con ese recurso humano. 

Estamos preparando un presupuesto en el cual sí podamos tener la capacidad de poder hacer reparaciones profundas, que ameritan. Pero 16 hogares son rentados. Se les ha requerido a los propietarios que hagan las mejoras que correspondan. Muchos de ellos, quizá con razón, dicen: «Yo lo compongo, pero al mes está otra vez rota la puerta, quebrado el vidrio, dañado el artefacto sanitario». Porque la población que atendemos son jóvenes, son niños, están en movimiento, están en un proceso constante de crecimiento y las viviendas necesitan un mantenimiento.

Estamos buscando residencias grandes que no tengan esas condiciones de deterioro, pero no es fácil encontrar propietarios que quieran rentarle a la Secretaría, por la población que atiende. 

Hay hogares de protección en Guatemala, Zacapa y Quetzaltenango, ¿ve necesario que haya más hogares en otros territorios?

Esa pregunta es propia del sistema que privilegia la institucionalización. Si abro más hogares, el sistema los va a llenar y lo que queremos es que no haya más hogares, queremos que se desinstitucionalice a los niños, que no vivan en una institución. Que vivan en su casa, con sus familias, en su comunidad, en su aldea, en su pueblo, en su cuadra, en su barrio. 

En lo que se da ese proceso de desinstitucionalización tendremos que buscar residencias para poder deshacinar a la población. 

Por un brote de influenza, el ocho de abril murieron dos adolescentes a cargo del Hogar de Niñez y Adolescencia con Discapacidades Diferentes, Severa y Profunda, ABI. La Secretaría anunció que había reforzado los protocolos de salud a partir de esto. ¿Cómo lo está haciendo? 

En el tema de los virus es complejo hablar de evitar. ABI es un hogar que atiende a población con discapacidad severa y profunda, con condiciones de salud preestablecidas que les compromete y los hace susceptibles. A partir de que se identificó el brote se coordinó con el Ministerio de Salud. 

El Ministerio de Salud envió un equipo epidemiológico, hicieron sus controles, se está en coordinación con el ministerio, se ha recibido el apoyo de Cruz Roja. Se atendieron los requerimientos de compra de medicina. Afortunadamente después de la trágica muerte de dos niños el brote está aparentemente controlado. 

¿Están vacunadas todas las personas a cargo de la Secretaría?

Está el ofrecimiento de que se vacune a toda la población abrigada por parte del Ministerio de Salud. 

¿Qué se necesita fortalecer en la ruta de atención de niñas, niños y adolescentes en condición de discapacidad?

Recurso humano e insumos especializados. Por ejemplo, en ABI, que atiende a población con discapacidad severa y profunda (hacen falta) camas médicas. Tenemos una población de 75 abrigados. Muchos necesitan camas y sillas especializadas para su condición, muchos de ellos no pueden moverse, tienen que ser alimentados manualmente. Se necesitan muchos insumos cualificados para la población.  

Conmemoración de los siete años del incendio en el que murieron 41 niñas a cargo del Estado. Fotografía: Christian Gutiérrez. 

A partir del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 2017, se crearon cinco protocolos (Atención a vida independiente para la ejecución de un proyecto de vida a la transición de la niñez a la adultez, Atención a adolescentes que consumen sustancias psicoactivas, Prevención e intervención ante emergencias conductuales de agitación psicomotora, Atención enfocada en derechos ante agitaciones biopsicosociales y el Protocolo de quejas y denuncias para la ruta de seguimiento ante posibles denuncias) ¿hizo una revisión de estos protocolos?

A partir de la tragedia del Hogar Seguro hubo un lamentable despertar del interés institucional en la niñez y adolescencia más vulnerable. Se cerró el Hogar Seguro, se abrieron 19 residencias, se elaboraron protocolos, se hizo una serie de modificaciones encaminadas a atender la gravedad de un evento tan lamentable. 

Sin embargo, el protocolo que puede estar muy bien elaborado y puede estar listo para ser utilizado, dejó de tener actualidad cuando encontramos que la capacidad instalada está superada. Es necesario revisar todos los protocolos porque ya están totalmente desactualizados al contexto en el que hoy se encuentran viviendo en las residencias los niños y las niñas. Estamos ya trabajando en eso.  

¿Qué acciones tomarán para garantizar que en su gestión no se repita la tragedia del 8 de marzo de 2017? 

Tenemos política de gestión de riesgo, tenemos una política de mantenimiento de condiciones básicas. Por ejemplo: extintores, salidas de emergencia… Los protocolos que se deben de seguir a la hora de una situación que pueda comprometer la integridad de las víctimas. 

Estamos capacitando al personal, revisando todos los protocolos y la política de gestión de riesgo, actualizando lo que corresponda, estableciendo las rutas de formación que amerite. Ese fue un siniestro, pero también Guatemala es un país susceptible a temblores, entonces también tenemos que estar atentos al tema de los desastres naturales. 

En los hogares de protección y centros de internamiento se reportan constantemente protestas e intentos de fuga como las que sucedían en el Hogar Seguro. ¿Cuáles son las acciones de la secretaría para solucionar este problema?

Nadie de los patojos que está privado de libertad o muchos de los que están abrigados se siente muy cómodo. No están en su casa. 

Los que están abrigados, que fueron víctimas, están en un lugar que no es el espacio donde están acostumbrados a crecer. El intento de abandonar los procesos es constante. Hay un protocolo de contención y las barreras lógicas que pueda tener una residencia, pero no olvidemos que en abrigo no están privados de libertad. Entonces, si bien la secretaría tiene un mandato de restituirles sus derechos, también tenemos que ser cuidadosos de respetar las garantías que ellos tienen como seres humanos. 

En el caso de adolescentes en conflicto, la privación de libertad no es el lugar ideal para poder desarrollarse, menos un adolescente. Este año no tengo registrado un intento de evasión, en el pasado seguramente los hubo, pero de nuevo hay protocolos para evitar laceraciones, hay seguridad perimetral interna y los mecanismos de videovigilancia para evitarlo. 

Sin embargo, la integridad de las personas es el valor supremo. 

Desde el 10 de enero de 2024 inició en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal el juicio en contra de ocho de los 12 acusados por el caso Hogar Seguro. 

En el juicio por el caso Hogar Seguro que se está desarrollando ahora, una de las sobrevivientes relató que un monitor la había agredido sexualmente cuando estaba en el Hogar Seguro. Ha habido señalamientos de abusos e incluso de trata de personas. ¿Cómo están trabajando esto? 

Yo no he recibido ningún reporte o denuncia sobre dichos extremos a partir de la toma de posesión. 

¿Qué medidas están tomando para que la niñez y adolescencia en los hogares de protección y centros de internamiento tengan una menstruación digna? 

Lo que se hace primero es educar, que es algo natural, que es algo biológico. Hoy día afortunadamente tenemos suficientes insumos para atender los requerimientos higiénicos necesarios. Eso es lo que le puedo comentar. 

En los primeros días de abril, la SBS adquirió en el Crédito Hipotecario Nacional (el Banco del Estado) una póliza anual de seguro de vida para 1,958 trabajadores por Q2.4 millones en total, ¿Por qué es importante este seguro? ¿No se tenía hasta ahora?

Fue suscrito en enero, tenemos el acuerdo. Fue suscrito por las anteriores autoridades. 

[El secretario hace una pausa para dirigirse a uno de sus asesores y pedirle el documento. Con el documento en mano confirma que fue una decisión de la administración anterior]. 

Desde el 2009 hay un contrato de seguro de vida. En principio era solo para los trabajadores de reinserción, no me consta documentalmente, pero se especula que es porque hubo unos acontecimientos en donde fallecieron unos monitores. A raíz de eso se contrató un servicio,. 

Luego se amplió al personal y año con año ratificándose, podría estimarse que ya es un derecho adquirido de los trabajadores. Sin embargo, las razones por las que la anterior administración ordenó la suscripción de una nueva póliza…. eso habrá que consultarles a ellos. 

Está vigente para todo este año.

¿Qué planes hay para el 2025 en relación al seguro? 

Si es un derecho adquirido, sería contraproducente y violatorio a derechos laborales no volverlo a suscribir, pero esa es una decisión que habrá que tomar con el equipo de asesores. Si fuera el caso que no es un derecho adquirido y puede ya no ser prorrogado, analizar el estímulo al personal de quitar un derecho como este. 

Si es contrario al erario, si es contrario a la política de austeridad, se tendría que dejar de suscribir, pero se tiene que hacer ese análisis de la pertinencia jurídica y de probidad. 

¿Qué debilidades tiene la SBS para cumplir con la reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley penal?

El seguimiento. Hay un compromiso de Estado que va más allá de la Secretaría de Bienestar Social. Yo lo puedo tener ya listo para volver. Ya terminó su educación media, se formó como barista, ahora es chef, pero ¿a dónde va a volver? A las mismas condiciones o quizá más deterioradas de donde fue reclutado, donde inició su vida delictiva, esa es la tarea pendiente. 

¿A qué le apostarán en la Subsecretaría de Reinserción para garantizarla?

Primero a la certificación de otro centro que está en zona 13, a trasladar a la población de Gaviotas a San José Pinula a los nuevos centros de atención que ya tienen el nuevo modelo y a fortalecer el seguimiento post privación de libertad. 

Estamos trabajando una mesa de alto nivel en donde está el Instituto de  Defensa Pública Penal, Ministerio Público, Organismo Judicial, la secretaría, para garantizar otras alternativas que no sean la privación de libertad y poder reducir el tiempo de las medidas analizándolo con los jueces de ejecución. Buscar que no estén tanto tiempo privados y que pueda haber una reinserción laboral. 

¿Consideran que hay necesidad de descentralizar los Centros de Atención Integral y los Centros Casa joven y llevarlos a más municipios y comunidades? 

Por supuesto, quisiéramos que los 340 municipios tuvieran centros de atención integral. Solo hay 44, de los cuales hay tres cerrados por problemas de infraestructura. Necesitaríamos un presupuesto del doble o triple de lo que hoy tenemos para poder llegar a ese sueño. 

Casa Joven hay cinco, están funcionando. Tuvimos un problema hace poco en ciudad Peronia donde se robaron el equipo de cómputo, son parte de los gajes que estos centros ubicados en áreas más vulnerables. Tenemos que buscar cómo reponerlo para continuar el trabajo con los jóvenes. 

Marvin Rabanales en entrevista con Ocote. Fotografía: Christian Gutierréz. 


Puedes conocer más sobre el programa de Familias Sustitutas para un acogimiento temporal. También te animamos a informarte sobre cómo adoptar en Guatemala.


Créditos:

·        Redacción: María José Longo Bautista

·        Edición: Carmen Quintela

·        Diseño: Oscar Donado

·        Fotografías: Christian Gutiérrez

María José Longo Bautista

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