El legado de destrucción de Alejandro Giammattei Falla
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Terminó el gobierno de Alejandro Giammattei, y revisar su gestión desde el análisis de pueblos indígenas demuestra la creación de mecanismos de represión contra quienes marcaron la defensa de esta transición democrática.


¿Podían los pueblos diversos que viven en Guatemala esperar una gestión distinta de Alejandro Giammattei Falla que lideró acciones de limpieza social, dedicó más de 20 años de su vida a cuatro procesos electorales distintos, con cuatro partidos políticos diferentes, para llegar a la silla presidencial?  La respuesta es no.

A pesar de las dos décadas de campaña, Giammattei llegó a la presidencia el 14 de enero de 2020 sin experiencia ni agenda real respecto a las políticas públicas que el país necesitaba. Ahora que entrega el cargo demuestra lo peligroso que resultó elegir a un político experto en campañas, pero carente de una hoja de vida que evidenciara un trabajo desde los cimientos sociales, en donde se viven múltiples inequidades.

Por eso, hoy entrega un país en retroceso desde cualquier arista desde donde se le analice.  De hecho, la arrogancia finquera de Giammattei, a la que solo le faltó sostener un látigo, quedara grabada en la memoria de quienes vivieron su gestión. Después del 14 a las 14, su círculo cercano corrupto, que cada vez se vuelve más pequeño, será el único que le aplauda. 

Este texto hace un breve análisis de algunos puntos de la gestión de Giammattei, quien desde antes de ser presidente se centró en servir a las elites económicas, militares, políticas y al crimen organizado. Estos sectores que siempre han orbitado alrededor del Estado son responsables de diversos crímenes, incluidos actos de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad en la década de 1980, hasta el saqueo millonario y planificado de los bienes y presupuestos de la nación.  Por eso, a partir del 2016 conformaron el denominado “pacto de corruptos” para desmantelar los avances en el sistema de justicia, conservar a toda costa la presidencia y el congreso, desde donde, en contubernio con el crimen organizado, han criminalizado, encarcelado o exiliado, durante estos últimos cuatro años a jueces independientes, fiscales, funcionarios, defensores de derechos humanos, periodistas, lideres comunitarios, entre otros.

Desde el primer día de su presidencia, hasta enero 2024, Giamattei promovió el caos político y legal, manteniendo al país en una permanente crisis llegando al extremo de instrumentalizar ciertas instituciones, como el Ministerio Público, para evitar respetar los resultados electorales de las elecciones generales del 2023. 

Por lo anterior, Giammattei Falla pasa a la historia, como un engranaje más del “pacto de corruptos” que ayudó a socavar la poca democracia que quedaba en el país a cambio de privilegios para él y su círculo cercano.


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¿Cómo logró destruir la institucionalidad del país?

Giammattei empezó a destruir la institucionalidad desde el primer día en la presidencia en base a un sistema bien engrasado de corrupción en diversos niveles, corrupción que falsamente prometió combatir en su discurso de toma de posesión.  Una de sus grandes promesas incumplidas fue la no disolución de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), que en los cuatro años de gobierno costó casi Q400 millones. Pero el mejor ejemplo de corrupción fue la creación del Centro de Gobierno. Institución inexistente que Giammattei le construyó a su pareja Miguel Martínez, a quien le asignó un salario de Q42 mil mensuales. Esto provocó fisuras con el vicepresidente Guillermo Castillo y los pocos ministros honestos. Primero, porque les quitó responsabilidades para asignárselas a Martínez. Segundo, porque era una institución innecesaria y tercero porque Martínez no posee la preparación ni el currículo para dirigir una entidad estatal y menos una innecesaria que sirvió para traslapar funciones y sangrar al país. De hecho, la presión nacional e internacional fueron claves para cerrar esta institución.

En 2020, su primer año de gobierno, Giammattei demostró que sus únicas habilidades, aparte de favorecer a sus allegados y familia, eran imponer, gritar y ordenar tal capataz, evidenciando su incapacidad técnica, falta de inteligencia emocional y de conciencia social. Esta fue la misma actitud que mantuvo frente a la catástrofe que implicó la pandemia de la Covid-19.

En nombre de la pandemia, el 24 de marzo de 2020, Giammattei negoció, con las y los diputados que le apoyaban, la aprobación de un préstamo de “emergencia nacional” con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por $450 millones. El 3 de abril a través del Decreto 13-2020 logró la aprobación de una ampliación presupuestaria por $1,400 millones mediante bonos del tesoro a través del Banco de Guatemala; y el 10 de junio otro préstamo del Banco Mundial por $594 millones.

En total, de marzo a junio de 2020, Giammattei obtuvo 2,444 millones de dólares los cuales no se invirtieron en las urgencias para mantener a flote hospitales y servicios médicos, mucho menos para dar un pago digno a los equipos humanos que atendían diariamente a enfermos. 

El dinero tampoco fue para enfrentar la agudización de la pobreza o palear la hambruna ante la carencia de ingresos.  Por el contrario, mientras la mayoría de los sectores agonizaban en pandemia, la estructura creada por Giammattei-Martínez era utilizada para derrochar el dinero de los préstamos como si se tratara de sus cuentas privadas.

Un ejemplo es la compra de un millonario terreno y la construcción de una mansión para ambos, así como la compra de tres exclusivos apartamentos para cada uno de los hijos de Giammattei, procesos documentados por los periodistas Sonny Figueroa y Marvin Del Cid.

En noviembre del 2020, frente al hambre, desesperación, desempleo e incertidumbre debido al mal manejo de las finanzas públicas durante la pandemia, la población salió a las calles, exigiendo la renuncia de Giammattei. Para detener la ira de la población el presidente ordenó arremeter contra mujeres, encarcelar familias que protestaban, golpear a estudiantes y periodistas e infiltró las manifestaciones con grupos de choque para ejercer y justificar la violencia estatal. En estas marchas se viralizó el cuestionamiento que perseguirá a la estructura Giammattei-Martínez, a su gabinete y a las y los diputados aliados: ¿En dónde está el dinero de los préstamos? Pregunta válida luego de que en menos de seis meses del primer año de gobierno dejaran millonariamente endeudada a Guatemala, sin que las personas necesitadas recibieran apoyo.

Desmantelando el sistema de justicia a través de un sistema de terror

Para consolidar el sistema de poder de la estructura Giammattei-Martínez,  se impulsaron tres procesos claves.

El primero fue incrementar de manera exponencial los ataques y la persecución a periodistas, defensores de Derechos Humanos, activistas, investigadores sociales y estudiantes, especialmente de la Universidad de San Carlos de Guatemala quienes se han resistido frente a la imposición de Walter Mazariegos como rector a lo largo y ancho del país. El gobierno de Giammattei se centró en mapear las voces que se levantaron en los diferentes espacios nacionales mediante una estrategia de control que diseñaron, aprobaron y ejecutaron a través de instituciones públicas, privadas y mixtas, como fundaciones, que se dedicaron a realizar un trabajo de análisis e identificación de quienes escribían en la prensa, hablaban en la radio o denunciaban a través de las redes sociales en espacios comunitarios o nacionales.  Las acciones de vigilancia se ejecutaron en áreas urbanas y rurales de manera simultánea para luego crear un ambiente de terror y persecución que envió al exilio o a la cárcel a defensores y periodistas. 

El caso que mejor retrata este proceso es la encarcelación del periodista José Rubén Zamora, una codiciada presa por los diferentes gobiernos de turno, por la investigaciones que publicó durante 26 años, que han documentado la historia de robos, saqueos, impunidad, abusos, muerte y represión publica y/o privada. 

Zamora acusado de lavado de dinero por el Ministerio Público, fue aprendido en su residencia, en un clima de terror, el 29 de julio de 2022.  La aprensión de Zamora fue un caso ejemplar de como acallar a los actores incómodos. No obstante, el mensaje no se limitó a la prensa, sino que fue dirigido a toda persona individual o jurídica que levantara la voz en contra de las acciones que realizaban de forma pública o encubierta el “pacto de corruptos” con los bienes nacionales, comunitarios y del Estado. 

Como un legado de la estructura Giammattei-Martínez, Zamora fue condenado a 6 años de prisión, juicio que posteriormente fue anulado, aunque él continúa guardando prisión, a espera de un nuevo proceso.

El segundo proceso fue desmantelar el sistema de justicia. Entre muchos hechos que retratan este mecanismo, el más evidente podrís ser la destitución diversos fiscales, comenzando por Juan Francisco Sandoval, cabeza de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI. Sandoval fue destituido por la fiscal general Consuelo Porras luego de realizar investigaciones en contra de Giammattei por recibir dinero de una compañía rusa a cambio de continuar con la extracción de recursos naturales en el país. 

Otro caso fue la detención el 23 de febrero de 2022 de la jefa de la FECI de Quetzaltenango, Lilian Virginia Laparra Rivas acusada de tres delitos: falso testimonio en contra del Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Laparra mantuvo prisión hasta enero de 2024.

También la detención de Leily Indira Santizo Rodas exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de Eva Siomara Sosa exfiscal de la FECI. 

En la misma línea la renuncia del auxiliar fiscal de la FECI, Darwin Zepeda, responsable del caso La Línea. Así como la renuncia de las auxiliares fiscales Masell Pérez y Gilma Guerra, Antonio Videz Navas, Kevin Montes, Lorenzo Bolaños, Rudy Herrera entre otros y otras fiscales, abogados o jueces que se vieron obligados a dejar sus cargos y marcharse de Guatemala para continuar viviendo.

En este proceso, el Ministerio Público, a través del nuevo fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, fue clave porque legalizó y facilitó la expulsión de las y los jueces probos del sistema de justicia, quienes con su trabajo y desempeño fortalecieron el sistema judicial.  Por eso, para la estructura Giammattei-Martínez elegir y mantener en el MP a Porras fue determinante, a pesar de las acusaciones que van desde plagiar su tesis, estar en la Lista Engel por “actora corrupta”, hasta destruir las condiciones para que “la justicia sea eficaz para todas y todos”. En este marco debe leerse la persecución contra las y los jueces probos como solicitar el retiro de inmunidad contra varios jueces, como Erika Aifán, jueza del tribunal de Mayor Riesgo D, por “supuesta comisión de delitos” en el caso de Comisiones Paralelas que involucran a 10 magistrados de la CSJ, TSE y de la CC por actividades ilícitas cuando eran comisionados de postulación para las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelación.

La tercera etapa fue allanar el camino para las elecciones generales de 2023 y facilitar que los ungidos de las elites tradicionales y emergentes, que incluye al crimen organizado, pudieran mantener por medios legales e ilegales la presidencia.

En este plan, la intervención de los tres poderes del estado fue indispensable.  No bastaba con controlar el ejecutivo y el legislativo, para operar con impunidad, también se necesitaba el sistema judicial.  Y ese proceso ha sido el más desgastante y visible para la estructura Giammattei-Martínez, en parte porque en el poder judicial fue donde se lograron las principales transformaciones institucionales dentro del Estado a partir de la firma del Acuerdo de Paz de 1996. 

Si transformar el sistema de justicia fue lento, el proceso de desmantelarlo ha sido una lucha entre sectores que buscan retornar al pasado y sectores que dieron la batalla a pesar del terror y la represión.   

El arte de ignorar a los Pueblos Indígenas

El gobierno de Giammattei también será recordado porque desde el poder ejecutivo ignoró a los pueblos indígenas y desde el judicial demandó que se les criminalizara.  Desde la firma del Acuerdo de Paz (29.12.1996) la invisibilización de los pueblos originarios no había sido tan explicita, ni habían sido eliminados de la escena pública en base a una permanente persecución, encarcelamiento y represión desde la fuerza pública.

De hecho, desde su discurso de toma de posesión Giammattei marginalizó, minimizó y ubicó a los Pueblos Indígenas, que son la mitad de la nación en simples “grupos”, cuando los marcos internacionales reconocen su categoría de pueblos y les garantiza derechos.  Su actuar fue similar al de un encomendero colonial quien siempre buscó recibir tributo, comer y ejercer su poder, más no servir a los pueblos.  Esto quedó claro en la visita que realizó al municipio de Comalapa, Chimaltenango, en los inicios de su gobierno y al escuchar a un miembro de la autoridad indígena cuestionar los efectos del colonialismo en sus pueblos, Giammattei lo interrumpió visceralmente acusándolos indirectamente de ser indios ignorantes.

Durante su gobierno los pueblos indígenas vivieron un retroceso de derechos, comparable a antes de que se firmara el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en 1995. De hecho, el “Informe sobre sobre la Situación de las Mujeres Indígenas en Guatemala”, de 2022, documentó la falta de avances en derechos de las mujeres indígenas, que fue denunciado por el Movimiento de Mujeres Indígenas T’zununija’, luego que registró que el 79.2% de los hogares indígenas, ubicados en áreas rurales viven en condiciones de pobreza.  En ese informe T’zununija’ señaló que Guatemala posee una población indígena que supera los 7 millones de personas, pero donde no hay avances en materia de derechos de las mujeres de los pueblos originarios, los cuales fueron pactados en los Acuerdos de Paz de 1996.

El gobierno ignoró a propósito que parte de sus funciones era trabajar por la materialización de los derechos de los indígenas y esa tarea la asumieron las propias organizaciones de base. Un ejemplo fue cuando la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán se presentó el 17 de agosto del 2022 al Congreso, para exigir que se archivara la iniciativa 6076 “Ley para Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército de Guatemala”, que había pasado en primera lectura, porque “Atenta contra la vida directamente en el derecho a la libre manifestación constitucional, que es ilegal”, declaró, el entonces vicepresidente de los 48 Cantones, Miguel Gutiérrez. Logrando al final con habilidad política que la iniciativa fuera engavetada. 

En lo que respecta a los desalojos, como ejemplo, están las 58 familias q’eqchi’ de la comunidad de Nuevo Chicoyuo donde más de mil agentes de la Policía Nacional Civil, a petición del ejército y a orden del juez Ricardo Caal, desalojaron a los miembros de la comunidad. Según el gobierno de Giammattei esas tierras pertenecen a la finca San Luis, propiedad del Ministerio de la Defensa.

Por su lado, el municipio de El Estor, Izabal, una de las regiones más afectadas por el genocidio y la inequidad extrema; durante el gobierno de Giammattei vivió intentos de desalojos contra 36 familias q´eqchi´ en julio de 2022, acusadas de “usurpar la finca Tz´inte´”.

En lo que se refiere a los asesinatos de lideres indígenas, estos continuaron en diferentes territorios.  El Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, denunció la pérdida de dirigentes comunitarios por hechos violentos que el Estado jamás investigó.

La exclusión y violencia sistémica contra poblaciones indígenas se vivió también a través de las respuestas a la pandemia de la Covid-19. Diferentes organizaciones y observatorios encontraron que los esfuerzos de vacunación se concentraron en la población ladina urbana y las campañas de comunicación en los idiomas mayas fue deficiente. Sofía Montenegro, de Diálogos, denunció que el Ministerio de Salud no hizo un esfuerzo adecuado para registrar la identificación étnica de las personas.  Así, ante la falta de datos desde las poblaciones indígenas podría deducirse que a nivel nacional el acceso a la vacunación fue menor al 25 por ciento.

Lo importante en este tema es que no existió sensibilidad desde el Estado para atender a los pueblos indígenas.  Esto a pesar de que en su discurso de toma de posesión el presidente dijo que uno de los objetivos de su gobierno sería el tema de salud, atendiendo a “las niñas y niños malnutridos [porque] son el gran fracaso de nuestro país” y “ellos [serían] el faro” de su gestión. Sin embargo, su gobierno no se enfocó en atender a la niñez indígena y los programas que impulsó terminaron accionando al revés, enriqueciendo a funcionarios y generando burocracias corruptas.

Lo que sí hizo Giammattei fue denunciar que “la administración Biden ha estado tratando de desestabilizar a su gobierno” y para lograrlo usó a los indígenas a través del apoyo de USAID, y dijo que, esa institución estaba dedicada a promocionar el “indigenismo” en Guatemala.  Aseveraciones publicadas en abril de 2022, por Mike González y Mateo Haydar, de la Fundación Heritage de los Estados Unidos.

Y aunque los pueblos indígenas fueron ignorados, violentados, acusados sin pruebas, encarcelados, reprimidos y rechazados pública y privadamente, mostraron hasta el último minuto de la presidencia de Giammattei que una nueva Guatemala ya no puede surgir sin ellas y ellos.  

El sujeto indígena y el fracaso del Estado criollo

La resistencia que han mantenido los pueblos indígenas en la crisis en la que ha estado sumergido el Estado guatemalteco por las acciones impulsadas por la estructura Giammattei-Martínez ha sido clave. Sin ellos el pacto de corruptos estaría hoy asumiendo el poder, por eso, no se debe ignorar que son los actores que, en este momento histórico con profunda dignidad, están liderando a nivel nacional una efectiva organización de las protestas en contra de las decisiones arbitrarias y corruptas del presidente, de la fiscal general, Consuelo Porras y de Rafael Curruchiche como cabeza de la FECI.

Pareciera contradictorio que sea el sujeto indígena, quien menos servicios ha obtenido del Estado criollo y criminal, el que este movilizándose por una patria ajena que lo ha racializado, excluido y expoliado permanentemente.  Sin embargo, su actoría tiene raíces en esa permanente inequidad que impacta y erosiona su vida individual, familiar, comunitaria y rural.  

Quienes resisten y levantan la voz son en su mayoría mujeres y hombres comunitarios que enfrentan diversos grados de pobreza, pero que, al mismo tiempo, poseen una envidiable riqueza materializada en red de apoyos y vínculos comunitarios que les permiten respaldarse, cuidarse, intercambiar, formarse políticamente y actuar organizadamente en momentos como los actuales.  Sin embargo, las comunidades indígenas que han sido obligadas a migrar a la urbanidad han ido perdiendo algunos de estos elementos comunales porque se han debilitado sus vínculos sociales y culturales, además, porque han enfrentado la intervención ideológica y material de las elites y el Estado para controlarlos.  Esto evidencia cómo el sistema económico al obligarlos a migrar logra despolitizar a la mayoría al insertarlos en una lógica de sobrevivencia diaria que es individualista.

En este análisis es importante tener en cuenta un rasgo importante de la resistencia indígena, se trata de comunidades para quienes sus lógicas económicas se han mantenido gracias a las remesas que envían sus familiares principalmente de EE.UU. Esto indica, que, por primera vez en la historia de Guatemala, los pueblos indígenas ya no dependen del precario trabajo que genera la oligarquía, las fincas agroexportadoras o la minería, evidenciando cómo los pueblos, a pesar del alto costo familiar que están pagando por la separación, han sido capaces de maniobrar algunos de los espacios de la globalización económica a su favor. Por eso, están enviando un mensaje en medio de la crisis política que han sabido enfrentar sabiamente estos cuatro años y es, para que el Estado funcione no puede construirse al margen de las aspiraciones de los pueblos que lo conforman.

Concluyendo

Al finalizar hay que decir que Alejandro Giammattei Falla, el 51 presidente de la república de Guatemala, no fue el presidente del país, sino que frente a sus debilidades y dependencias terminó cogobernando con Miguel Martínez, y ambos estuvieron al servicio del pacto de corruptos.  Frente a esto planteamos que Guatemala, bajo el esquema Giammattei-Martínez enfrentó uno de los retrocesos más rápidos y efectivos de desgobernabilidad que se haya documentado desde el inicio de la época democrática que inicia en 1985. 

Primero porque convirtieron al Estado en un aparato que desde adentro se dedicó a la autodestrucción de su propia institucionalidad, porque un Estado débil y desorganizado es un Estado que es fácil que este al servicio de unos pocos y del crimen organizado. Derivado de esto, lo poco que hoy entregan en términos de instituciones es incapaz de garantizar los derechos de los pueblos que habitan la nación. Segundo, porque no gobernaron, sino que se dedicaron a rediseñar el sistema de justicia para que les garantizara impunidad. Ambos asaltaron y desmantelaron el sistema de justicia, convirtiéndolo en una mercancía que en sus manos les fue clave para negociar con los sectores de poder la destitución por vías legales o ilegales de funcionarios de alto nivel y de las voces incomodas, quienes desde sus diferentes espacios les cuestionaban. A raíz de esto, desde el conflicto armado (1960-1996) Guatemala no había presenciado un masivo éxodo de sus mejores cuadros en diferentes áreas y disciplinas. Y tercero, el objetivo más importante de su gestión y conectado a los dos anteriores, fue concentrarse en materializar un golpe de estado técnico para perpetuar, a cualquier costo, a los mismos sectores en el poder.

Como buenos pillos el esquema Giammattei-Martínez se carcajeó en la cara de la justicia, demostrando durante su mandato que, a las o los jueces, fiscales, diputados o funcionarios, que no son independientes, no se les respeta sino se les compra. Y para lograrlo pactaron con la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta de Porres, la mujer más servil, cómplice y corrupta que la historia nacional haya registrado.

La gestión Giammattei-Martínez no solo cometió ilegalidades, sino que termina en un fracaso de arrogancia machista y misógina, de un racismo finquero e incapacidad técnica, que instigó a la violencia hacia todos los pueblos.  La estructura Giammattei-Martínez hereda un Estado, en donde sus instituciones se encuentran cooptadas y enfermas.  Es decir, entregan hoy a la población no un cuerpo político sino un cadáver político, corroído por la corrupción, la violencia y el autoritarismo. 


* Irmalicia Velásquez Nimatuj es antropóloga social y periodista maya-k’iche; María Aguilar es historiadora, profesora y postdoctorante en la Universidad de Yale. 


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