Parto Nacional III: El tren

El edificio del Ministerio Público queda ubicado en el barrio Gerona, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Fue construido sobre los terrenos de unas antiguas bodegas de Fegua, la empresa de ferrocarriles de Guatemala. Este detalle no es menor. 

En Guatemala el tren es un recuerdo de infancia de una generación que ahora sobrepasa los 40 años, y de ahí para atrás muy poco que contar, en muchos sentidos. Los trenes en este país son una promesa de la modernidad que nunca terminó de llegar, y tardó muy poco en irse. 

Queda como una pieza arqueológica una línea de ferrocarril que pasa justo por la espalda del colosal edificio de la institución del Estado a cargo de la persecución penal. 

La famosa «línea del tren», se alarga como una especie de esqueleto metálico a flor del suelo que, si la imagináramos como un recorrido de turismo extremo, mostraría en el paso de sus durmientes una Guatemala de sobrevivencia, todo el tiempo, sacando el día, atravesando el tiempo de un hoy a otro hoy, sin presumir mucho del mañana.

Pinchazos, tiendas, canchas de fútbol «oficiales» e improvisadas, ventas de segunda mano, casas de habitación populares, trabajadoras sexuales, ropa colgada de lazos, mercados de pulgas, alimentan este sendero de acero y madera sobre el cual ya no circulan las grandes bestias mecánicas. 

En una publicación en el Facebook de Fegua se lee «El último viaje de la locomotora 204 fue en junio del 2006, de la Estación Central a la Estación Gualan, con el maquinista Jorge Díaz con un fogonero de Estados Unidos, en el recorrido iba a bordo la familia Paiz Andrade». 

En 2020 —cuando aún había más o menos información confiable sobre el trabajo de la justicia en Guatemala—, según el Instituto Comparado en Ciencias Penales, el 90% de los casos que se judicializan quedan en la impunidad. 

La justicia, como ese tren que debería de pasar por la espalda el Ministerio Público, es una promesa de la modernidad que parece nunca terminar de llegar y, como sensación, amenaza siempre con tardar muy poco en irse.

Como las estaciones de tren, la justicia tiene una arquitectura fácil de reconocer. Por alguna razón, a los mecanismos que nos hemos inventado en la idea de república y la separación de poderes —investigación, persecución y aplicación de la ley en materia punitiva—, la humanidad termina construyéndoles grandes edificios que apelan a la idea de contundencia, de poder, de fuerza —¿aplastante?—.

 Ha de ser porque, de muchas formas, lo es. 

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El Ministerio Público de Consuelo Porras ha copiado y pegado muchos de los comunicados de su segundo periodo como fiscal. Párrafos como este: «Que siendo la institución encargada de promover la persecución penal, dirigir e investigar los delitos de acción pública, tiene la obligación legal de garantizar una respuesta oportuna a las víctimas de delitos que presentan denuncias y buscan obtener justicia eficaz y oportuna». 

Y de la contradicción entre estas palabras y acciones como intentar suspender al partido electoral ganador de las elecciones presidenciales, abrir cajas de votos y recontarlos, secuestrar actas electorales por la fuerza en la sede del Tribunal Supremo Electoral o pedir antejuicio contra sus magistrados; es que la ciudadanía se movilizó para intentar de todas las formas —dialogadas, legales, a través de cartas y firmas, exhortaciones de la comunidad internacional, grupos de empresarios, de organizaciones de sociedad civil, y organismos internacionales— sin que las peticiones básicas se cumplieran. 

Claramente, tomar la última de las opciones, la manifestación pública para paralizar totalmente al país al menos durante diez días, se convirtió en algo así como la penúltima moneda de cambio para continuar con las manifestaciones quién sabe por cuánto tiempo más.

Diez días en que distintos puntos de calles y carreteras fueron bloqueados como medida de presión. Bloqueos que durante años fueron vistos con molestia y, en muchos casos, desprecio en redes sociales; lograron esta vez un tono distinto. 

No hace muchos meses un meme que circulaba en redes aludía a qué pasaba si tomabas erróneamente un cruce que lleva al Condado el Naranjo -otra zona residencial de clase media construída sobre un antiguo sitio maya del llamado periodo clásico-,  y terminas entrando a lo que un colorido rótulo llama “Península Bethania”, una colonia popular, obrera, en donde las condiciones socioeconómicas levantaron el prejuicio en ese meme en el que tu vida corría riesgo. 

El meme no tendrá más de dos años de existir en este 2023, y la colonia (oh, paradoja) se inauguró el 20 de Octubre de 1949, durante, nada más y nada menos, que el gobierno de Arévalo (ajá, el papá). 

Entre aquella colonia obrera del gobierno de la Revolución y el meme, hay un largo recorrido de desigualdades. 

Literalmente, un tren de lodo que va desde un abandono estructural del gobierno central y municipal, pasando por la precarización de la vida en una sensible falta de oportunidades. Por el clasismo entre pares de una ciudad diversa en orígenes y visiones, pero bastante homogénea en carencias. 

Y llegando a una escena en la que un grupo de antimotines pretendían desalojar el bloqueo que la colonia hizo en el Periférico frente a sus dominios. Y un grupo de motoristas, trabajadores, jóvenes, emputados e indignados rodeaban a los antimotines con sus motos de 125 cm3, acelerando como un grupo de Hell Angels obreros de la Bethania —advirtiendo que aquel histórico «’¡no pasarán!» de las luchas contra el fascismo—, seguía vigente en el par de miles de personas que mandaron de regreso a los antimotines, sin violencia pero sí con acelerones de moto.

«¡Qué viva la Bethania!», escribieron en el suelo con pintura blanca, dibujando unas flores. Y no creo que ningún ciudadano sensible ante las manifestaciones se haya tragado responder en su mente «¡qué viva!».

Eso, y  el baile. Un Lobo Vásquez existencial poyendo las calles de Guatemala para recordarnos que las victorias simbólicas siempre superan en memoria a las administrativas. 

Si en la pandemia la cuenta de Covidance nos devolvió la fe en aquello que no-sir-ve-pa-ra-na-da como bailar, este paro nacional expande el reclamo del derecho al gozo, a bailar el Meneito en un paro de seis carriles sobre la principal vía de salida al sur de la ciudad. 

Así las cosas, los pasos tradicionales de las bodas, pero con la ciudadanía ataviada de obrera, con «lo del día», o con un cuchumbo verde encima viralizando el gesto de la chingadera como una sublime expresión de ternura y resistencia.

Se escribe fácil; «ternura y resistencia». Palabras bellamente posicionadas por movimientos juveniles pero, hay que decirlo, estas manifestaciones tenían de todo, y sí, ternura y resistencia, ¡y humor!

Y bien, cosas básicas: la toma del espacio público, el empoderamiento de la clase trabajadora organizada, el derecho y celebración del goce, el intercambio público de la imaginación… Diría uno, esa es la básica, como el acceso al agua, a la educación y a la salud. 

La básica como que se respete la decisión popular, que la persecución penal no sea a dedo, que cese la criminalización de opositores y personas consideradas enemigas del poder en turno. Nadie está pidiendo reforma agraria, expropiación o asamblea constituyente.

El país se detuvo 10 días para exigir lo mínimo que debería de tener un país en democracia y saludable. Cosas básicas, como el correo o un tren.

Me pareció sorprendente que al visitar la metáfora del tren apareciera el dato de que fuera trascendental que en el último viaje estuviera a bordo la familia Paiz Andrade. 

Justamente uno de sus miembros más conocidos a nivel empresarial y político, Salvador Paiz, publicó en Twitter/X el 15 de octubre «Queda claro que no hay intención de modificar el resultado electoral. El mismo ya fue certificado. Si no hay riesgo de “fraude” o “que nos roben la democracia”, ¿por qué se están bloqueando las carreteras?». Y la publicación citaba una publicación oficial del Ministerio Público. 

Esta publicación, que borró muy poco tiempo después el reconocido empresario, —que tuvo que disculparse públicamente junto a otros de sus altos pares en una conferencia de prensa por haber financiado ilícitamente al partido de Jimmy Morales—, es una de las claves para  entender parte de la cartografía que trajo al país al extraño limbo en el que espera su destino. Las decisiones y declaraciones técnicas tomadas por el sistema actual del poder gobierno-empresarial, funcionan como un mecanismo que garantiza la existencia de la infraestructura pero no su funcionamiento.

Sí, exactamente como esas bodegas, locomotoras y rieles que pasaron de ser un servicio público, a un fantasma.