¿Ya clasificas  tus desechos? Si tu respuesta es no, deberías haber empezado con orgánicos e inorgánicos desde hace dos años. Esto según el Reglamento 164-2021. Este documento establecía que a partir del próximo 11 de agosto esa separación cambiaría de dos a siete tipos de desechos; sin embargo, el 9 de agosto el Gobierno amplió el plazo hasta febrero de 2025.

Fue el 9 de agosto de 2021, cuando Guatemala aún era  golpeada por la pandemia del coronavirus y las primeras vacunas apenas llegaban a la población, que en Consejo de Ministros, el Ejecutivo creó el acuerdo gubernativo denominado “Reglamento para la gestión integral de los residuos y los desechos sólidos comunes”.

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— Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marngt) August 9, 2023

Un día después fue publicado en el Diario Oficial y quedó establecido que a partir de 11 de agosto de 2021, en todo el territorio nacional, los guatemaltecos estábamos obligados a separar la basura en orgánica (todo residuo biológico que alguna vez estuvo vivo y se degrada) e inorgánica (todo material procesado de difícil o nula degradación).

El artículo 12 del Reglamento ordenaba que a partir del segundo año de su vigencia, o sea este 11 de agosto, la clasificación aumentaba a siete tipos de desechos; pero el Acuerdo Gubernativo 184-2023 amplió el plazo hasta el 10 de febrero de 2025.

«La obligatoriedad de la clasificación primaria sigue vigente, o sea que actualmente debemos seguir clasificando en dos líneas: orgánico e inorgánico. (A partir de ahora) son 18 meses de adaptación para todos los involucrados», ha dicho Jorge Grande, director para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

Grande asegura que «el proceso de aprendizaje para la clasificación secundaria ha iniciado y se continuará para que quienes tengan la posibilidad de irla integrando lo puedan hacer para que a partir de febrero de 2025 todos los guatemaltecos estemos clasificando como lo establece este reglamento».

Municipalidades y recolectores pidieron retrasar la vigencia

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y la Gremial de Recolectores de Desechos Sólidos de Guatemala (Grecodesgua) expresaron inconformidad desde hace un par de meses y pidieron reunirse para exponer por qué no tienen las capacidades técnicas ni administrativas para implementar la clasificación obligatoria.

Gerson López, director ejecutivo de la Anam, comenta que hicieron la petición formal al presidente Alejandro Giammattei porque los alcaldes expresaron en asamblea que no cuentan con infraestructura para clasificar los desechos ni tienen plantas de tratamiento.

«Ante la inconformidad de los alcaldes, se pidió la intervención del Presidente porque los municipios no están preparados para asumir ese reto. Se necesita mucha logística con la que no cuentan y como es un acuerdo ministerial sabíamos que podían hacerlo», explica López.

«De acuerdo con el Código Municipal es competencia de las municipalidades la recolección, el tratamiento y disposición final de los desechos en su jurisdicción, pero no se cuenta con estudios ni recursos para implementar dicha clasificación. De nada sirve que lo hagan los vecinos si en los camiones o los vertederos todo se vuelve a mezclar», finaliza López.

Por su parte, el ingeniero Jorge Montenegro, vocero de Grecodesgua comenta que ellos tampoco están preparados para iniciar con los cambios.

«La iniciativa es buena, pero los países avanzados se han llevado de 10 a 15 años en implementarlo. A nosotros nos están pidiendo licencias ambientales, acondicionamiento de los camiones para clasificar dentro y que sean herméticos. Todo podría hacerse, pero tiene costo y no lo podemos absorber. Eso irá al usuario», explica.

También asegura que en los departamentos «las municipalidades no reacondicionan los vertederos y la basura sigue dañando el subsuelo, eso requiere una gran inversión y con el reglamento no se creó un fondo para apoyarlas». 

Además, comenta que «no existen planes de concientización en escuelas y lugares de trabajo para que esto se vuelva cultura». Aclara que «las empresas no son las llamadas a hacer ese trabajo, eso es tarea de las municipalidades y del Gobierno».

La municipalidad de Guatemala crea su propia guía

Al respecto, la arquitecta María José Avendaño, directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guatemala, asegura que no existe una guía de cómo hacer cumplir a los recolectores, como tampoco el reglamento define quién multará a quienes incumplan. Por eso la comuna decidió que no emitirá sanciones.

Además, dicha municipalidad creó su propia Guía de Clasificación Secundaria que consiste en dividir la basura en tres categorías: orgánica (verde), reciclable (blanco) y no reciclable (negro). Esta guía fue la base que el MARN tomó en las pláticas con las municipalidades y recolectores para implementarla a nivel nacional a partir de febrero de 2025.

Según  esta guía, la basura debe separarse en: orgánica (toda la que se degrada); la reciclable (papel y cartón, plásticos, vidrios, metales y multicapas), y la no reciclable (material degradable que contenga químicos o aceites, y el que no se degrada, pero tampoco puede reciclarse).

Avendaño confirma que los recolectores de la ciudad ya hacen clasificación dentro de sus camiones.En el sitio de disposición final, ubicado en la zona 3, están obligados a depositar los materiales según un ordenamiento ya establecido.

 «La municipalidad solo es reguladora, el Reglamento establece que las personas deben entregar todo ya clasificado. También somos un ente capacitador y tenemos desde hace años proyectos de educación y de capacitación», asegura.

«El personal realiza clasificaciones y el sitio ha cambiado mucho, tiene orden. Actualmente se cuenta con celdas donde se puede recuperar el material reciclable, hay celdas de compostaje y los patios de desechos que son ordenados por personal municipal. Los camiones no pueden tirar sus desechos donde sea».

Pero Avendaño también reconoce que hay dificultades en el sitio de disposición final en la zona 3. 

«Hay dificultades que no se han tomado en cuenta, (al basurero) llegan materiales de 14 municipios, además de la capital. Es necesario que la autoridad central ponga de acuerdo a todos sobre un buen uso del sitio. Además, en este momento solo Guatemala se hace cargo de su manejo y operación». 

Considera que la obligación de supervisar la clasificación debe ser para todas las municipalidades que llevan sus desperdicios a la zona 3 capitalina. «¿Quién controlará que esos 14 municipios cumplan?», se cuestiona.

La experiencia en el municipio de Quetzaltenango

Una municipalidad que ya realiza la clasificación como el MARN requiere es Quetzaltenango. El ingeniero Juan Carlos Díaz, director de Servicios Ambientales, asegura que ellos clasifican desde 2018, aunque en la actualidad sólo alcanzan al 25% de vecinos.

«Lograrlo es un reto. La separación secundaria requiere muchos recursos, una planta de separación, el vertedero de desechos orgánicos, el personal, los insumos, repuestos, readecuación de rutas, camiones y todo necesita financiamiento».

«Nosotros en aquel tiempo aprovechamos que en los centros educativos los graduandos utilizaron el tema del ambiente para su graduación y creamos una campaña municipal para educar a la población. Hicimos volantes, capacitamos a los alumnos y ellos iban de casa en casa anunciando y explicando a los vecinos. Establecimos una fecha de inicio y ellos debían informar a todos», recuerda.

El programa inició en algunos condominios y colonias cerradas para poder tener control, pero llegada la pandemia todo se les vino abajo y tuvieron que reiniciar. Esta vez lo hicieron con las grandes empresas y negocios, luego regresaron a las colonias, pero «no ha sido fácil».

Para que el programa funcionara, el ingeniero Díaz asegura que en 2018 contaban con 6 millones de quetzales anuales en cuota de extracción de basura, pero los costos municipales llegaban a 14 millones. En la actualidad, con una cuarta parte de la población clasificando sus residuos sus costos son de 22 millones de quetzales y los ingresos son de  21 millones. 

«El programa aún no es autosostenible y es necesario que lo sea. Para 2025 queremos tener cubierto el 50% de la población, pero sin recursos es difícil avanzar», asegura. La municipalidad de Quetzaltenango cuenta con un vertedero de desechos, una planta de clasificación de los reciclados y camiones especiales para orgánicos y reciclables.

Pero la mayoría de municipalidades no cuentan con un sistema de recolección, clasificación ni sitios de disposición final. Para 2018, el Ministerio de Ambiente tenía registrados más de 2,000 basureros clandestinos en todo el país. Según la entidad, 316 de los 340 municipios del país cuentan con basureros de los cuales el 86% son ilegales, el 13% son controlados por las municipalidades y el 1% son de la iniciativa privada.

«No estamos preparados, pero es necesario empezar»

El ingeniero Gamaliel Zambrano, director del Centro de Procesos Industriales del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), considera que resolver el problema de los desechos que día a día producimos a nivel nacional es complejo, pero necesario.

«¿Están las municipalidades preparadas para ordenar, regular y sancionar a quien no cumpla con la clasificación?, ¿a dónde van a llevar todo el producto clasificado?», se pregunta Zambrano quien tiene la teoría de que si no se acciona como debe ser, los basureros clandestinos pueden aumentar debido al miedo de muchas personas a que las sancionen si no saben cómo realizar el proceso.

Hacer la clasificación secundaria el 11 de agosto, según Zambrano no era el mejor momento. «No ha habido simulacros, la educación en clasificación no es igual a todo nivel, no estamos preparados con la terminología. En 2021, cuando inició este proceso, estábamos en pandemia y no fue el mejor momento para empezar porque estábamos enfocados en otra cosa», dice.

Considera que «en los departamentos mucha gente no cuenta con una educación primaria y menos una específica sobre separación de desechos. Además, qué costos tendrá esta clasificación porque muchas familias no tienen siquiera el dinero necesario para comer, menos para clasificar basura».

Aun así, Zambrano está seguro de que «no podemos decir que no se puede empezar. Uno no está preparado cuando de iniciar un proceso se trata, pero es necesario que las personas empiecen a clasificar».

Ante el desconocimiento y la falta de infraestructura, mejor aplazar

El ente rector de todo este proceso es el MARN. Sin embargo, su papel se limita, según ellos, a informar de la obligatoriedad, establecer los procedimientos y coordinar a las entidades involucradas.

Es por ello que, en atención a las necesidades, principalmente de las municipalidades, en cuanto a no tener infraestructura, personal específico, sitios de disposición final de desechos y que no ha habido capacitaciones o campañas de concientización en los municipios, el gobierno accedió a retrasar la entrada en vigencia de la clasificación secundaria.

En cambio, la primaria, ya está vigente y debe ser atendida por todos los involucrados. «Hay que tomar en cuenta que esta reforma se hizo con un plan consensuado con todos los involucrados en el cumplimiento del Reglamento», finaliza el director de Manejo de Residuos del MARN.

Gerson López, director de la Anam, recuerda que «tenemos un reto para adaptarnos, sobre todo porque a partir del 15 de enero del próximo año un 70% de los alcaldes van a iniciar por primera vez su gestión municipal. Con ellos necesitamos empezar una campaña de sensibilización, educativa y de capacitación para ellos y sus equipos de trabajo».