Avemilgua es una asociación creada en 1995, cuando el gobierno de Ramiro de León Carpio estaba en negociaciones para la firma de los Acuerdos de Paz. El grupo de fundadores …
Avemilgua es una asociación creada en 1995, cuando el gobierno de Ramiro de León Carpio estaba en negociaciones para la firma de los Acuerdos de Paz. El grupo de fundadores se conforma por 13 generales y siete coroneles con el objetivo de engrandecer y defender el honor del Ejército. La mayoría desempeñó altos cargos en los gobiernos de facto durante el conflicto armado interno en Guatemala. Algunos de ellos han sido condenados o señalados por cometer crímenes de guerra.
Esta asociación recibió dos asignaciones de Q5 millones, aprobadas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de 2008 y 2011.
Ronaldo Leiva, quien era ministro de la Defensa en 2007 y actualmente es analista de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opina que ninguna asociación de veteranos militares debería recibir fondos públicos. «Ellos (Avemilgua) lo pidieron, pero (en el Ministerio) nunca se les autorizó», dice Leiva y plantea que «las asociaciones de jubilados militares no son parte del Ministerio de la Defensa, son voluntarios, no tienen que recibir nada del Estado».
El exministro asegura que el Ministerio de la Defensa, durante su mandato, no incluyó ninguna partida presupuestaria para la Avemilgua, y que el dinero se les otorgó por medio de modificaciones en el Congreso.
En el diario de sesiones del Congreso consta que los entonces diputados Arístides Crespo, Edgar Rodríguez y Manuel Baldizón fueron los ponentes de unas enmiendas al presupuesto de 2008, que incluían la asignación a los veteranos militares. En 2019, Manuel Baldizón fue condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, luego recuperó su libertad, y en 2023 intentó ser candidato a diputado.
Para el presupuesto de 2011, también se aprobaron los fondos para Avemilgua a través de enmiendas, que propuso el diputado Jaime Antonio Martínez Lohayza. Hace cuatro años este exdiputado fue condenado por traficar influencias a favor de Francisco Morales Guerra, alias Chico dólar, implicado y condenado también por tráfico de influencias en 2019, por el caso Lavado y Política revelado por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). En las elecciones de 2023, procuró, sin éxito, inscribirse como candidato a la alcaldía de Jutiapa por el partido Valor.
Las compras con fondos públicos
Los reportes del Ministerio de Finanzas (Minfin) consignan que, en efecto,Avemilgua gastó los Q10 millones asignados. Sin embargo, en el portal de Guatecompras se encuentra sólo un contrato adjudicado por la compra de un microbús valorado en Q241 mil en 2011, y cinco concursos públicos anulados en 2008.
En los dos convenios de aporte suscritos entre el Ministerio de la Defensa y Avemilgua se detalla que los fondos debían destinarse a programas sociales y programas de desarrollo institucional. El reporte de los gastos indica que los directivos dieron prioridad al enfoque institucional sobre los programas sociales para beneficiar a todos sus asociados.
Por los hallazgos en las auditorías de los fondos asignados a Avemilgua, la Contraloría General de Cuentas (CGC) impuso sanciones económicas que sumaron Q64 mil, en 2008, y Q32 mil, en 2011.
La CGC documentó un deficiente registro de la contabilidad de Avemilgua, atraso en rendición de cuentas, falta de controles en la administración de personal, modificaciones presupuestarias internas sin respaldo de aprobación, carencia de garantía de conservación de la construcción del hotel y oficinas, falta de publicación en Guatecompras de las convocatorias a cotizar y licitar.
Ocote solicitó a la CGC todos los comprobantes contables recopilados en las auditorías a Avemilgua de 2008 y 2011. La CGC entregó el libro contable de Avemilgua de 2011, algunas facturas de 2008, los contratos de construcción y ampliación del hotel y oficinas.
Los gastos reportados en 2008 incluyeron la construcción de un salón de sesiones para la Junta Directiva, una cafetería, un hotel y oficinas, pavimento del parqueo y muro perimetral. En ese mismo año, se hicieron unas ampliaciones de las obras. Ambos contratos sumaron Q1.1 millones y fueron otorgados a la empresa CONFUDE, propiedad de Job Moisés Arriola Lemus.
Las oficinas y el hotel se encuentran en un terreno propiedad del Estado, ubicado en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. Durante el gobierno de Jimmy Morales, el Minfin les renovó el usufructo gratuito por 25 años más de la finca valorada en un Q1 millón.
Edie Cux, abogado y director de Acción Ciudadana –organización que promueve la transparencia en la gestión pública–, indica que en el caso de Avemilgua existía un vínculo político que podría interpretarse como tráfico de influencias. «Ese usufructo llama mucho la atención porque en el gobierno de Jimmy Morales se conocía que esta asociación impulsó su campaña electoral, podría existir un pago de favores», refiere.
Morales aseguraba que el partido que lo llevó a la presidencia, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), no tenía vínculos con Avemilgua, pero algunos de sus miembros financiaron su campaña electoral. Uno de los financistas era el integrante de la asociación, Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien se convirtió en diputado de FCN-Nación en 2016. Ahora se encuentra prófugo por delitos de deberes contra la humanidad y desaparición forzada.
En las facturas recopiladas por la CGC están las correspondientes a la compra de tres pickups de la marca Toyota, modelo Hilux del año 2008, por un valor total de Q487,597.20. También figuran dos facturas por mobiliario y equipo comprado a la empresa Cuarta Dimensión, S.A, por Q40,336.64 yQ100,841.60 cada una.
En la auditoría, la CGC especifica que las compras superiores a Q30 mil de todas las asociaciones, fundaciones y organizaciones debían publicarse en portal de Guatecompras, según se estableció en la Ley del Presupuesto de 2007. No se cumplió con este requisito, por lo que la CGC les sancionó con una multa.
En 2011, Avemilgua gastó Q378,575 en pago de dietas para integrantes de la Junta Directiva que asistieron a sesiones semanales y algunas extraordinarias. Luis Felipe Miranda Trejo, quien era el presidente de la Junta Directiva, recibió Q60 mil adicionales por gastos de representación. Desde 2016, Miranda Trejo se encuentra prófugo, tiene orden de captura internacional por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en el caso Creompaz
La asociación registró compras de alimentos por Q377 mil, gastos en diésel y gasolina por Q77,486 en 2011.
En su libro contable, Avemilgua reportó 167 compras de útiles de oficina y de limpieza, que sumaron un gasto de Q1.4 millones, en 2011. En sus registros contables no se detallan los insumos adquiridos. Una de las empresas adjudicadas fue JA Comercial, de José Alfonso Bosarreyes Mockson. Bosarreyes es financista del partido Vamos, y compitió en las elecciones de 2019 por la alcaldía de Sansare, El Progreso. No quedó electo, pero en 2020 cuadriplicó sus ventas[1] al Estado, según una publicación de elPeriódico.
Las contrataciones por servicios de personal sumaron Q723 mil. La empresa Q & H Asesoría Profesional, de Luis Eduardo Pellecer Faena, recibió Q33 mil por servicios prestados[2] [3] a Avemilgua, en 2011. Pellecer Faena era un sacerdote[4] [5] jesuita, desde junio de 1980 se convirtió en colaborador del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).[6] [7] Fue capturado y torturado. En 1981 dio una conferencia de prensa para manifestar su arrepentimiento y denunciar a sus compañeros jesuitas. Otra contratación incluye el pago de Q346 mil por servicios de capacitación a Víctor Alfonso Rosales Martínez. No se indica el tipo de capacitación recibida.
También hay reportes en el libro contable de 2011 por contrataciones de espacio en Prensa Libre, que sumaron Q82,150. En julio y octubre de ese año, Avemilgua pagó con fondos públicos por publicaciones de una convocatoria y comunicados que rechazaba todo tipo de actuaciones judiciales en contra de militares retirados, tras la orden de captura a Héctor López Fuentes, exjefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Efraín Ríos Montt.
Falta de transparencia
Ocote pidió a Avemilgua la información de los gastos realizados con fondos públicos. La asociación no respondió a la solicitud. A pesar de que la Ley de Información Pública establece que las fundaciones y asociaciones que reciban, administren o ejecuten fondos públicos están obligadas a brindar información.
Se solicitó entrevista con el actual presidente de Avemilgua, José Horacio Salán Soto, pero no accedió a brindar declaraciones.
También se requirió la información al Minfin y al Ministerio de Defensa. El Minfin solamente reportó la ejecución total de los fondos. El Ministerio de Defensa respondió que no tenían el detalle de los gastos, debido a que sólo hicieron la transferencia y la asociación estaba a cargo de ejecutar los fondos.
Fernando Girón, analista de seguridad y política, afirma que Avemilgua no cumplió con principios de transparencia, porque no hizo pública la información en el portal de compras y contrataciones del Estado. «Es el reino de la opacidad», refiere.[8] [9]
Girón indica que una muestra de tráfico de influencia es que recibieron esos fondos del Estado. «Su influencia se ve en el financiamiento público que obtuvieron, cuando no había ninguna razón lógica ni política para tenerlo. Son militares retirados, no tendrían por qué haber recibido financiamiento público porque ya tenían su pensión de retiro».
El abogado Edie Cux considera que deben mejorar los controles de transparencia para instituciones no gubernamentales que reciben fondos públicos. «Lamentablemente es un mecanismo que resulta opaco porque (asociaciones, fundaciones y organizaciones) asumen que no son sujetos obligados que deben cumplir con los principios de transparencia. Es complejo identificar cómo se ejecutan los fondos, qué tipo de actividades realizan y que rindan cuentas», explica.
¿Para qué nació Avemilgua?
En 1995, los 20 militares que se reunieron en el Club de Oficiales «La Aurora» para fundar y constituir legalmente Avemilgua definieron la asociación como: «Una entidad privada, cívica, organizada para fortalecer y defender el honor, el prestigio y la dignidad del Ejército de Guatemala», se detalla en el acta de constitución.
Entre los fundadores estaban: Óscar Humberto Mejía Víctores, quien fue presidente de facto entre 1983 y 1986. El exjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Manuel Antonio Callejas y Callejas (1986-1989); el exministro de Gobernación, Ricardo Méndez Rohsmoser (1982-1983); tres exministros de la Defensa, Fausto David Rubio Coronado (1974-1975), Otto Guillermo Spiegeler Noriega (1977-1980) y José Domingo Antonio García Samayoa (1991-1993); dos exjefes del Estado Mayor Presidencial, Pablo Nuila Hub (1984-1985) y Edgar Augusto Godoy Gaitán (1988-1991).
Uno de los deberes de los asociados consignado fue: «Velar porque las actividades de la asociación se mantengan siempre alejadas de cualquier orientación político-partidaria».
En 2017, un año después de que Jimmy Morales asumiera la presidencia con el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Avemilgua modificó sus estatutos y eliminó este deber.
El partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) fue inscrito en el Tribunal Supremo Electoral en 2007, estaba liderado por militares retirados. El secretario general del partido era José Luis Quilo Ayuso –uno de los fundadores de Avemilgua–, Miranda Trejo y Ovalle Maldonado –miembros de la asociación– ocupaban los puestos de secretario general adjunto I y II respectivamente. [10] [11] Morales unió su comité cívico «Nación», con el FCN para competir en las elecciones de 2015.
Fernando Girón explica que Avemilgua nació para ser un instrumento de organización de militares retirados, que les permita incidir entre grupos de poder que influyen en el Ejército. «Se posicionó como una bisagra entre las decisiones económicas y políticas. También tiene un objetivo vital de impunidad para los militares, tanto por los crímenes de guerra como la corrupción dentro del Ejército», opina.
Girón dice que la asociación tuvo un rol importante en los gobiernos del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y del FCN-Nación porque miembros de ‘La Cofradía’ del Ejército regresaron a la administración pública.
En un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), se detalla que «La Cofradía» es una fraternidad interna del Ejército, con miembros de inteligencia militar asociados con la delincuencia común y la corrupción administrativa en el gobierno de facto de Fernando Romeo Lucas García, y estaba dirigida por los generales retirados, Manuel Antonio Callejas y Luis Francisco Ortega Menaldo.
Cuando Manuel Callejas y otros militares retirados fueron detenidos por el caso Creompaz, Avemilgua convocó a organizar manifestaciones en su apoyo. En 2018, la asociación hizo una invitación para acompañar a los veteranos militares en el juicio por el caso Molina Theissen.
También han apoyado iniciativas que buscan impunidad para los militares. En 2019, el entonces vicepresidente de Avemilgua, Marco Antonio González Taracena, acudió al Congreso para alentar a los diputados a votar por el dictamen favorable de la propuesta de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional (1996).
La asociación llamó a sus miembros a manifestar su apoyo a la iniciativa. Con las reformas se buscaba amnistía para crímenes internacionales como genocidio, tortura y crímenes contra la humanidad. El Congreso aprobó la propuesta, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto las reformas. El analista Fernando Girón opina que Avemilgua sigue teniendo un papel político importante, porque la jerarquía tiene relevancia dentro de la vida militar. «Los veteranos son los antecesores de quienes ahora son altos mandos del Ejército y eso tiene peso. Pero en este momento deben estar muy golpeados porque está preso Manuel Callejas y Callejas, un importante mando estratégico. Avemilgua va de capa caída, poco a poco va a quedar neutralizada».
