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- Carlos Pineda propone crear un impuesto de 10% al valor neto de las facturas de proveedores y contratistas del IGSS para pagar la cuota que el Estado debe a la institución.
- Según varios expertos, esta propuesta es inconstitucional y la ley respalda a proveedores y contratistas del IGSS para impugnarla.
- Además, la propuesta no sería viable de cumplir desde la Presidencia. Para llevarla a cabo, debe crearse una ley en el Congreso con dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad.
Carlos Pineda, presidenciable del partido Prosperidad Ciudadana, propone establecer un impuesto a proveedores y contratistas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Este impuesto iría destinado a pagar la deuda patronal que el Gobierno tiene con esa institución.
El Estado no ha asumido desde 1956 la responsabilidad a la que está obligado todo patrono por cuotas de afiliación de sus trabajadores y otras obligaciones directas para las diferentes especialidades de seguridad social.
A diciembre de 2022, la deuda llegaba a casi 63 mil millones, según cifras del IGSS. Entre 1956 y 2003 el total se mantuvo en 7,500 millones, luego empezó a sumar y sumar hasta que desde 2016 son casi 5 mil millones los que se suman cada año.
El Estado paga cada año casi el 50% de su responsabilidad y el resto se acumula en la deuda, según el informe El IGSS en cifras, año 2022, elaborado por el Departamento Actuarial y Estadístico.
Dentro del plan de gobierno de Pineda, una de las propuestas del área de salud consiste en comenzar a pagarla y para lograrlo propone establecer un impuesto del 10% al valor neto de cada factura que entregue un proveedor o contratista de la institución.
La propuesta de Pineda significa que serían los proveedores y contratistas del Seguro Social los que asuman la deuda y paguen la cuota que el Estado debe por la afiliación y otorgamiento de servicios médicos de todos sus trabajadores.
Lo que dicen los expertos
Se consultó a tres expertos en derecho constitucional, de seguridad social y derecho mercantil. Los tres plantean que un presidente no puede crear un impuesto. Esto se puede lograr únicamente mediante la creación de una ley en el Congreso.
Pero, en todo caso, los analistas indican que la sola idea presenta varias inconstitucionalidades:
Pablo Bonilla, abogado constitucionalista, argumenta que de llegar a crearse dicha ley podría ser impugnada en la Corte de Constitucionalidad, basándose en el artículo 100 de la Constitución.
Este artículo establece que son el Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por la seguridad social los que “tienen obligación de contribuir a financiar” dicho régimen.
“La obligación está a cargo del Estado, no es delegable en un tercero, y ahí (la propuesta) ni siquiera es legal”, asegura Bonilla.
Otra inconstitucionalidad estaría relacionada con cómo se utiliza el término de contratista del Estado. Según Jesús Arbizú, exasesor legal del IGSS, todas las personas que trabajan para la entidad y facturan por servicios también son contratistas.
Por ello, según la propuesta de Pineda, a estos trabajadores del IGSS se les estaría imponiendo este nuevo impuesto, que se sumaría al que ya están obligados a pagar. La múltiple tributación está prohibida en el artículo 243 constitucional.
“No solo la persona ya paga el 12% del IVA, paga el 5% del Impuesto Sobre la Renta, (las empresas) el Impuesto de Solidaridad, y todavía incrementar un 10% a todas estas personas, proveedores y contratistas… por ahí pueden presentar impugnación” explica Arbizú.
El especialista también resalta que la ley no es retroactiva, por lo que este impuesto no podría saldar la deuda que el Estado tiene con la institución.
Los proveedores también pueden impugnar
Óscar Chile Monroy, consultor en impuestos y defensa fiscal, explica que los proveedores y contratistas del IGSS también podrían impugnar el impuesto argumentando la capacidad de pago que puedan tener. Esto, porque el nuevo arancel podría perjudicar su ganancia.
Chile Monroy agrega que este impuesto sería discriminatorio, al estar destinado únicamente a proveedores de esa institución. Así lo explica:
“En primer lugar, violaría la disposición de que la ley es de aplicación general. Ahí habría una discriminación y eso lo prohíbe la Constitución”, dice. Esto quiere decir que estaría limitando únicamente a un sector de proveedores del Estado, dejando fuera a otros.
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Leonel Rodas, representante de la industria farmacéutica nacional, comenta que esta sería una medida injusta.
“A la larga que va a suceder, nos van a subir a nosotros el 10% por las ventas, y nosotros lo que vamos a hacer es subírselo al seguro social.”
Se intentó contactar al presidenciable Carlos Pineda y a su equipo dentro del partido Prosperidad Ciudadana a través de llamadas y mensajes para conocer su postura, pero no hubo respuesta antes del cierre de edición de esta publicación.
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