El 25 de junio de 2023, la población de Alta Verapaz elegirá a 21 alcaldes y nueve diputados. Diputados que representan al 5.6% de todo el Congreso.

En la legislatura actual, las curules de Alta Verapaz están ocupadas por congresistas de tres partidos: de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) —Darwin Alberto Lucas Paz, Ernesto Omar Mazariegos Quej, Lilian Piedad García Contreras—; del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) —Keven Ivan Ligorría Galicia, Rudy Berner Pereira Delgado—; y de Valor —Leopoldo Salazar Samayoa y Sergio Leonid Chacón Tarot—. 

Además, hay dos diputados electos por el partido Victoria, que hoy son independientes: Héctor Manuel Choc Caal, Julia Izabel Anshelm-Moller Velásquez.

A tres meses de las Elecciones Generales de 2023, el departamento de Alta Verapaz cuenta con 640,565 personas empadronadas. 

Según el Censo Nacional de Población y de Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2018, Alta Verapaz tiene una población total de 1,215,038. Es complicado hacer un cálculo de cuántas personas mayores de 18 años censadas están empadronadas (y por lo tanto cuántas faltan por empadronarse).  

Esto sucede porque en la división por edades del censo hay un corte etario que deja un vacío: se recogen datos de personas de 15 a 19 años y de 20 a 29 años.

Carlos Mendoza, coordinador académico de Diálogos, explica que hay dos formas de calcular el número de personas que están pendientes de empadronar. Aunque advierte que ninguna es precisa.

Una es tomar el dato que el TSE calcula a partir del número de personas con DPI que no aparecen en el padrón electoral. La última cifra disponible, publicada por Diálogos, es del 30 de septiembre de 2022 e indicaba que entonces, en Alta Verapaz, faltaban más de 187 mil personas por empadronar. Era el segundo departamento con más personas pendientes.  

La otra opción es tomar las proyecciones del INE, que para junio de 2023 calcula que en Alta Verapaz habría un total de 1,606,688 personas (casi 400 mil más que las censadas). Según Mendoza, la diferencia radica en la pandemia de COVID-19 y en una migración con la que no se esperaba cuando se hicieron los cálculos. 

De estos 1.6 millones en Alta Verapaz, 814,706 serían mayores de edad. Esto implicaría que el 78.6% de las personas de más de 18 años del departamento están empadronadas. Es decir, que 21.4% no lo están. 

El porcentaje también sitúa al departamento como uno de los que más personas tiene pendiente de empadronar, junto con Chimaltenango y Jalapa.

Renzo Rosal, politólogo independiente, explica que, a pesar del porcentaje de población que aún no se había empadronado en Alta Verapaz, el departamento tiene un peso electoral importante.

Es el tercer departamento en el padrón electoral, solo superado por Huehuetenango y Guatemala.

Esto, explica Rosal, convierte a los alcaldes y diputados que serán electos en «plazas muy apetecibles y por lo tanto volátiles para el tema del clientelismo político».

Según el politólogo, las agrupaciones políticas están muy interesadas en impulsar candidaturas en ese departamento para tratar de aprovechar el caudal de votos. Es decir, que el éxito de la campaña en los departamentos con mayor cantidad de empadronados, les garantizaría mayor número de diputados (e incluso de personas electas en los demás puestos de elección) 

Un departamento vulnerable

Por otra parte, dice Renzo Rosal, la vulnerabilidad de las personas de este departamento, causada por los problemas estructurales, se ha vuelto en una carta de los partidos para conseguir votos en esta región.

Según los datos de instituciones públicas, Alta Verapaz es uno de los departamentos que llegará a la elección de cargos públicos el 25 de junio con mayores precariedades.

Los datos del último censo indican que los departamentos de Quiché y Alta Verapaz son los que mayor tasa de analfabetismo registran en Guatemala. Cerca de un tercio de sus poblaciones no sabe leer ni escribir.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano, presentado en 2022 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) detalla que en Guatemala persisten desigualdades significativas y elevados niveles de carencias multidimensionales. 

El departamento de Alta Verapaz es el que tiene el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo de toda Guatemala. 

El IDH de varios municipios, como Fray Bartolomé de las Casas, es muy inferior al de la media, que ya de por sí es el más bajo de Latinoamérica. Guatemala ocupa la posición 127 de 189 países. 

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) más reciente en el país data de 2014. El INE realizó una Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que corresponderá a los años 2021-2022. 

Hasta que se obtengan los resultados, los datos que están a la mano, los de la Encovi 2014, muestran cómo Alta Verapaz tiene un porcentaje de pobreza general del 83.1% y de pobreza extrema del 53.6%.

Además, según datos del Sistema de Información Gerencial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de 2012 a 2021 se contabilizaban 166,678 casos de desnutrición aguda a nivel nacional en niños y niñas de uno a cuatro años. 

En Alta Verapaz se reportaron 12,880. Es el tercer departamento con más casos de desnutrición crónica, sólo seguido de Huehuetenango y de Quiché.

Además, durante ese mismo periodo, se registraron a nivel nacional 968,252 casos de desnutrición crónica. Solo en Alta Verapaz se reportaron 147,320 casos: el 15.2% del total.

Karin Slowing, analista, extitular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), explica que estos índices de pobreza y desnutrición, sumados al analfabetismo y el poco acceso a la educación, implican que la población sea «extremadamente vulnerable». 

Y las carencias que enfrenta la gente en seguridad alimentaria, vivienda, desarrollo y otras necesidades básicas son aprovechadas para ofrecimientos políticos.

La población indígena y las mujeres se ven especialmente afectadas ante esta situación. 

En Alta Verapaz al menos un 93% un de la población es indígena. En ese departamento se concentra la mayor cantidad de personas de pueblos indígenas de Guatemala. Representan un 18.2% de los 6.2 millones registrados en el Censo.

Además, en el departamento han sido habituales los procesos de despojo y de expulsión de comunidades, que son desalojadas de sus tierras por parte de fuerzas de seguridad del Estado y de empresas, como ocurrió en el Valle del Polochic, en el departamento de Panzós.

Registros del último censo revelan que las mujeres que declararon no tener aprobado ningún nivel educativo tuvieron un promedio de 4.5 hijos o hijas en Alta Verapaz. Mientras que quienes accedieron a educación universitaria tuvieron un promedio de dos.

Otros datos recolectados en el censo detallan que, en ese departamento, el hombre es quien toma las decisiones en el hogar, solo un 12% de mujeres reconoció que toman algún tipo de decisión en la casa.

Las mujeres representan un 52.3% de las personas empadronadas en Alta Verapaz.

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«La necesidad es tan grande, que cualquier oferta que les hagan puede ser que busque un voto condicionado. Ese voto puede ser comprometido de alguna manera a cambio de algún tipo de prebenda», explica Slowing.

La analista explica que el analfabetismo, sumado a la falta de acceso a la educación, hace que la población de Alta Verapaz sea más vulnerable a la desinformación, al clientelismo político y a la coerción.

El clientelismo político, cambio de favores por algún tipo de ayuda; ha sido señalado como una de las principales armas  durante las campañas electorales, en donde los actores políticos utilizan esta práctica para buscar apoyo a candidaturas. Así, se promueve una población que vota por satisfacer una necesidad inmediata, y no un plan de gobierno o un partido cercano a las convicciones políticas del votante.

Es un modelo que se ha utilizado en diferentes países de América Latina. En Guatemala, los partidos con más recursos son los que suelen sumarse a esta práctica: se entregan lámina, bolsas de comida o transporte a las personas y a cambio les piden su voto. En otros casos, el clientelismo se traduce en puestos de trabajo o en la participación en las mismas organizaciones. 

Y en casos más extremos, llega en forma de coerción: se presiona a los electores con violencia o con intimidación para que ejerzan o no su voto, o para que revelen por quién votaron. 

La carnetización y la conflictividad

En el distrito electoral de Alta Verapaz, se ha popularizado un mecanismo denominado «carnetización». Es un sistema que fue puesto en práctica por el partido político Frente Republicano Guatemalteco (FRG), según el informe «El rol de la desinformación e información falsa y la falta de una discusión de los problemas más agobiantes para la sociedad».

Este mecanismo consiste en reclutar votantes para vincularlos a un partido político. Se les extiende un carnet o una identificación en donde las personas deben compartir sus datos personales como DPI, domicilio y número de teléfono. 

El día de las elecciones se les brinda transporte para llevarlos a votar. Esto garantiza que asistan a las urnas y que voten al partido en cuestión. 

Esta es una práctica que ha generado conflicto entre simpatizantes de diferentes organizaciones políticas. Además, en procesos anteriores se han denunciado movilizaciones de personas a los centros de votación. 

Rosal explica que la conflictividad electoral suele surgir porque las mismas agrupaciones políticas buscan tener control. Así, se generan las tensiones antes del día de las Elecciones.

«Se incrementa todavía más en la fase que viene ahora, a partir del 26 de marzo, en el proceso de campaña. Es ahí donde todas esas energías se hacen más evidentes y las tensiones incrementan. Ahí sí podremos hablar de posibles escenarios de conflictividad», afirma el politólogo.

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en Alta Verapaz se han identificado cuatro municipios con alto riesgo de conflicto: San Pedro Carchá, Cobán, Chisec y Chahal.

Esto se debe a que ha habido antecedentes de tensión social entre simpatizantes de distintos partidos políticos en comicios anteriores. 

Ante esto, Karin Slowing recuerda que es importante que el TSE garantice que se lleve a cabo el proceso electoral sin que sea necesaria la utilización de las fuerzas de seguridad como un método para prevención del conflicto.

Además, la analista recuerda que la principal labor de los representantes que sean electos es la de trabajar por la población en los problemas estructurales. 

Sin embargo, asegura que históricamente no ha habido avances en las grandes problemáticas que enfrenta un departamento como Alta Verapaz. 

«El compromiso debería ser realmente hacer algo respecto a la seguridad alimentaria y nutricional y no solo ir a repartir bolsitas de alimentos, ese es solo un paliativo a un problema», recuerda Slowing. 

Renzo Rosal lamenta que una parte de los recursos públicos, especialmente orientados a las municipalidades o Consejos de Desarrollo, en muchas ocasiones se utiliza para fines electorales y no para programas de desarrollo o atención de causas estructurales del departamento «creo que del 26 de marzo en adelante lo vamos a poder quizá constatar con mayor claridad».

Esta investigación forma parte del proyecto «Cuadrante electoral» –en el que participan Ocote, ConCriterio, Factor4, Quórum y Ojoconmipisto, bajo la coordinación de Laboratorio de Medios– centrado en las elecciones legislativas de Guatemala, 2023.