El 22 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) conocerá el caso Beatriz versus El Salvador. Beatriz fue una joven salvadoreña que pasó por un embarazo de riesgo y necesitaba abortar para salvar su vida. Pero en un país con una penalización absoluta para las mujeres que abortan, este se le negó. Beatriz denunció al Estado salvadoreño y el caso está hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta entrevista, Gisela De León, directora jurídica de CEJIL, explica lo que se pretende con la sentencia.
Es febrero de 2013. Beatriz, una mujer joven de 22 años se entera de que está embarazada.
Beatriz vive en una casa de adobe con madera, piso de tierra y techo de lámina, en el Cantón La Noria Tierra Blanca, en el municipio de Jiquilisco, a 89 kilómetros de la capital de El Salvador.
El médico le dice que si sigue con el embarazo, su vida estará en riesgo: tiene lupus, nefropatía (daño en el riñón) y artritis.
Además, el feto viene con una malformación congénita, llamada anencefalia. Un bebé con anencefalia nace sin partes del encéfalo y cráneo y la expectativa de vida es de apenas unas horas. Si mucho, algunos días.
Este es el segundo embarazo de Beatriz. Tiene un hijo de un año.
Los médicos le recomiendan interrumpir el embarazo, pero ninguno se anima a practicarlo por temor a ser penalizado. En El Salvador está prohibido el aborto en todas las causales; incluso el aborto espontáneo y el terapéutico.
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Beatriz, en realidad, no se llama así. Se usa ese nombre para proteger su identidad.
Con el fin de interrumpir el embarazo, Beatriz presentó un amparo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En su resolución, la sala ignoró la petición y recordó la prohibición del aborto.
Tras agotar las instancias nacionales, los abogados de Beatriz decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) primero y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) después. Ahí, solicitaron medidas preventivas y la CorteIDH ordenó la suspensión del embarazo cuando Beatriz estaba de 26 semanas.
La suspensión se dio por medio de una cesárea. El feto murió cinco horas después; no tenía cerebro. Beatriz se salvó.
En 2017, Beatriz tuvo un accidente de tránsito cuando viajaba en una motocicleta. Murió mientras se recuperaba.
Tras su muerte, su familia siguió con el litigio internacional.
La CIDH recomendó al Estado de El Salvador reparar el daño con una compensación económica a la familia de Beatriz. También que se estableciera en las leyes la interrupción del embarazo cuando el feto no tenga posibilidades de vivir y cuando el embarazo sea un riesgo a la vida y a la salud de la mujer.
El Salvador las ignoró. Así que el caso continuó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La familia ha recibido el respaldo de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, Ipas Centroamérica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Este 22 de marzo se realizará una audiencia en la que la Corte internacional conocerá el caso y escuchará a las partes, para establecer si efectivamente hubo una violación de sus derechos. .
Después, tanto las organizaciones como el Estado de El Salvador tendrán 30 días para presentar alegatos por escrito. La CorteIDH se tomará luego un tiempo para resolver. CEJIL estima que la sentencia se conocerá en los últimos meses del 2023.
La llegada del caso de Beatriz a la CorteIDH representa una posibilidad de que El Salvador despenalice el aborto terapéutico. Como El Salvador es parte de la Organización de los Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se sometió a la jurisdicción de la CorteIDH y está obligado a cumplir la sentencia que se emita.
En esta entrevista, Gisela De León, directora jurídica de CEJIL, explica el caso y lo que se puede lograr con una sentencia a este nivel.
¿Qué acciones y omisiones del Estado de El Salvador provocaron que el caso de Beatriz llegara hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
El hecho de que se hubiese demorado tanto la aplicación del tratamiento médico, que era la interrupción del embarazo, causó secuelas en la salud de Beatriz.
El caso se refiere a la violación de los derechos a la vida y a la integridad de Beatriz. Su vida estuvo en grave riesgo frente a la imposibilidad que tuvieron los médicos de llevar a cabo esta interrupción que ellos mismos recomendaban.
También tiene que ver con el sufrimiento al que se sometió a Beatriz durante ese tiempo. Nosotros alegamos que ese sufrimiento fue al nivel de una tortura. Ella tenía una incertidumbre, no sabía si iba a poder seguir viviendo.
Los mecanismos de protección de derechos a nivel interno, el recurso de amparo, no fue un recurso efectivo. Este caso también se pudo haber resuelto ante la CIDH. Antes de llegar a la Corte, la Comisión decide si considera que hubo o no hubo violación y hace una serie de recomendaciones al Estado.
Si el Estado no cumple, entonces la comisión tiene la posibilidad de mandar el caso a la Corte. Este caso se pudo haber resuelto ante la comisión si el Estado de El Salvador hubiera cumplido lo que le recomendó la comisión. Sin embargo, como no hubo avances, en enero de 2022 la comisión mandó el caso a la Corte.
El caso de Beatriz no es un hecho aislado de lo que les sucede a otras mujeres en El Salvador por la prohibición absoluta del aborto, aun cuando hay vidas en peligro. ¿Qué se pretende transformar en El Salvador al llevar el caso de Beatriz hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Desde CEJIL y las organizaciones que compartimos representación decidimos apoyar el caso de Beatriz porque el proceso ante el Sistema Interamericano nos permite abordar la situación más estructural y evitar que hechos como lo que le ocurrió a Beatriz sigan pasando en el futuro. Que ninguna otra mujer sufra lo que sufrió Beatriz.
También pretendemos que se despenalice el aborto cuando la vida, la salud o la integridad de las mujeres está en peligro, o cuando ocurren hechos como el que le ocurrió a Beatriz, que no había posibilidad de vida extrauterina.
Es necesario que se adopten medidas para asegurar la atención adecuada de las mujeres. Para eso, el Estado de El Salvador tendría que aprobar políticas públicas para la atención de los derechos sexuales y reproductivos y protocolos acertados de atención, entre otras cosas.
¿Una sentencia de la Corte IDH podría cambiar la legislación de El Salvador sobre el aborto?
Sí, podría. La Corte tiene la facultad de ordenar reformas de la legislación. La CorteIDH ha ordenado reformas de la constitución de Chile, en el caso La Última Tentación de Cristo, que era un caso sobre libertad de expresión.
Sí puede ordenarle a El Salvador. Ya lo ha hecho. Tenemos el caso de la masacre de El Mozote. En este caso nosotros también acompañamos. Gracias a una sentencia de la Corte se logró la derogatoria de la Ley de Amnistía.
¿Y podría ayudar a cambiar la opinión pública sobre el aborto?
Creo que lo que ocurrirá ahora es que por primera vez el tribunal más alto de las Américas se pronunciará con respecto a este tema. Puede que tenga un mayor peso en la opinión pública.
¿Qué motiva a CEJIL a seguir apoyando el caso de Beatriz?
Básicamente los derechos de las mujeres. En el caso de Beatriz se puso en grave riesgo su vida y su integridad y nos parece que este tipo de hechos no deberían seguir ocurriendo en el futuro.
Cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando su salud o su integridad están en riesgo, ella debería tener la atención médica adecuada, la atención que sus médicos recomienden aun cuando ese tipo de atención sea la realización de un aborto.
Beatriz murió en 2017, mientras se recuperaba de un accidente, ¿su muerte afectó el avance del proceso en la corte internacional?
El caso siguió por la voluntad de la familia de Beatriz. Beatriz había manifestado su voluntad expresa de que no quería que otras mujeres pasaran por lo mismo. En atención a eso, su familia decidió que el caso siguiera.
La primera audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos será el próximo 22 de marzo. ¿Cuál es la importancia de esta diligencia?
Las víctimas pueden expresar su verdad frente a los jueces de la Corte. Ese es uno de los puntos más importantes. La Corte escuchará la prueba oral directamente y podrá hacer sus correlaciones sobre la información que le van a presentar las distintas personas que declararán.
Las partes, los representantes de las víctimas y el Estado presentamos nuestras posiciones y los jueces pueden hacer todas las preguntas que quieran para tener claridad sobre los distintos argumentos.
El primer día se recibirán la declaración de una familiar de Beatriz, el testimonio de su médico tratante, la declaración de representantes del Estado, así como una perita experta, ofrecida por la Comisión.
En el segundo día, que es el 23 de marzo, se presentarán los alegatos finales, que son los argumentos de las partes (y donde explicarán sus solicitudes).
¿Han identificado desinformación en el caso de Beatriz vs. El Salvador?
Sí, hemos identificado ese tipo de situaciones. Ya comenzamos a ver algunos artículos publicados en periódicos de El Salvador donde plantean información del caso que no es cierta. Lo que estamos tratando de hacer es difundir la verdad sobre el caso, para contrarrestar esa información falsa.
Hay de todo. Desde información falsa sobre las organizaciones que litigamos los casos hasta tergiversación de los hechos. Como por ejemplo, decir que las organizaciones que llevamos el caso presionamos a Beatriz para que llevara adelante el caso; no es cierto.
El litigio que hacemos en el Sistema Interamericano está centrado en las víctimas. Todo se hace a partir de la voluntad de las víctimas, nunca presionaríamos a una persona para que avance en su caso si esa no fuera su voluntad.
Esta es la segunda vez en que el Gobierno de Nayib Bukele enfrenta un juicio en la CorteIDH relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres. En noviembre de 2021 el Estado fue condenado por el caso Manuela. ¿Cómo se relacionan ambos casos?
Desde nuestro punto de vista, el caso de Beatriz y el caso de Manuela son dos caras de una moneda.
En el caso de Manuela, se refiere a la criminalización de las mujeres, también como consecuencia de la penalización absoluta del aborto. En El Salvador, las mujeres como Manuela son condenadas por el delito de homicidio agravado cuando en realidad lo que enfrentan son emergencias obstétricas.
El caso de Beatriz también aborda de alguna manera la penalización, pero cómo la penalización absoluta afecta la salud y la vida de las mujeres.
[Lee aquí: Es engañoso decir que la CorteIDH busca permitir el aborto en El Salvador]
¿El caso Manuela logró cambiar algo en la justicia de El Salvador?
Creo que la sentencia por el caso de Manuela tiene un importante avance en materia de desarrollo de jurisprudencia sobre el secreto médico, que es una obligación de todos los médicos y que en El Salvador no se respeta.
Además la Corte estableció una serie de reparaciones. Nosotros no representamos el caso directamente, así que no tengo el detalle de cómo se ha avanzado en el cumplimiento de las reparaciones. Entiendo que ha habido algunos diálogos entre las representantes y el Estado en relación a esto.
En estos 10 años del caso, ¿hubo alguna amenaza u hostigamiento contra Beatriz, su familia o las organizaciones que apoyan el caso?
Durante el proceso inicial, cuando estaba en discusión el procedimiento que tenían que realizar a Beatriz, ella recibió algunas presiones de organizaciones y personas para que siguiera adelante con el embarazo, aun cuando su vida y su salud estaban en riesgo.
Después, ha habido ataques en redes sociales y campañas en contra de las organizaciones que apoyan y que están en El Salvador.
Después de que el caso se llevara ante el Sistema Interamericano, ¿cuál ha sido la postura del Estado de El Salvador?
Públicamente no se ha pronunciado, pero participa en el proceso, y ha dado a conocer su posición frente a la Comisión y a la Corte.
El Estado considera que no ha violado los derechos de Beatriz, que ella recibió el tratamiento médico adecuado y que la Corte Suprema de Justicia actuó de manera adecuada. No reconoce ninguno de los problemas que nosotros identificamos en relación al trato que recibió Beatriz.
