La Corte IDH conoce un caso sobre la posible responsabilidad del Estado salvadoreño en criminalizar a mujeres por abortos espontáneos. Publicaciones en redes y páginas web aseguran que a través …
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó el miércoles 10 y jueves 11 de marzo la primera audiencia del caso de Manuela, una mujer salvadoreña que fue acusada de homicidio y condenada a 30 años de prisión en 2008, después de sufrir una complicación en su embarazo que terminó en un aborto espontáneo. Manuela (un pseudónimo para proteger la identidad de la mujer) murió en la cárcel dos años después.
Según información del Centro de Derechos Reproductivos, organización litigante en el caso, Manuela vivía en una zona rural de El Salvador y no sabía leer ni escribir. Un día empezó a sentir dolor en la pelvis y el abdomen y fue a una letrina a unos metros de su casa. Sabía que estaba embarazada, pero no que tenía una emergencia obstétrica, dice la organización. Expulsó el feto y se desmayó. En el hospital la denunciaron por haber tenido un aborto, que en El Salvador puede estar penalizado hasta por 50 años de prisión, si un juez lo considera homicidio agravado.
El caso se conoció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2019 lo presentó en la Corte IDH, al considerar que el Estado había violado el derecho a la vida, a la salud, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la mujer.
La Comisión determinó que el Estado salvadoreño había violado una serie de derechos al criminalizar el aborto de Manuela y condenarla por el delito de homicidio agravado. Entre estos derechos está la presunción de inocencia, la libertad personal por su detención ilegal mientras recibía asistencia médica en un hospital, la protección judicial al imponer la prisión preventiva, el derecho a la vida privada y a la salud. En la presentación del caso se enfatizó que Manuela no recibió un tratamiento ni un diagnóstico médico integral cuando fue llevada a prisión.
La Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa), un medio de contenido católico con oficinas en México, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Italia y Perú, donde está su sede central, ha publicado varias notas relacionadas a este caso. En los textos se asegura que la Corte IDH busca permitir el aborto en El Salvador, uno de los países de América Latina con una de las legislaciones más punitivas contra las mujeres que abortan.
“Una manipulación de los promotores del aborto para buscar su legalización en El Salvador (…) podría resultar en un fallo a favor del asesinato de bebés en el vientre en el país centroamericano”, asegura el medio en una nota firmada por David Ramos, jefe de oficina de ACI Prensa en México.
El medio publicó al menos cinco artículos sobre el tema. En las notas hicieron afirmaciones como que la “Corte Interamericana daría luz verde al aborto en El Salvador”, que existe una “campaña internacional para que Corte IDH exija legalizar aborto” o que hay una “manipulación de los promotores del aborto para buscar su legalización”.
Hasta la publicación de esta nota, el 16 de marzo de 2021, las publicaciones del medio en Twitter alcanzaban los 100 likes y los 50 retuits. Fáctica envió mensajes por Facebook y correo electrónico a ACI Prensa para conocer el fundamento de sus declaraciones, pero no se obtuvo respuesta. David Ramos comentó por mensaje directo en Twitter que prefería no dar declaraciones.
ACI Prensa no fue la única organización que hizo este tipo de publicaciones —aunque sí una de las que más interacciones tuvo en sus redes sociales—. En los últimos meses, perfiles y agrupaciones señalaron que el caso de Manuela en la Corte IDH busca que se apruebe el aborto en El Salvador.
La Fundación SV, una organización autodenominada provida de El Salvador, publicó en su cuenta de Twitter que “los grupos abortistas han manipulado el caso para intentar imponer el aborto”. Además, utilizó la etiqueta “#FueInfanticidio” para asegurar que el de Manuela no se trató de un aborto espontáneo, sino del asesinato de un niño recién nacido. Al hacer clic en la etiqueta, es posible leer al menos 500 tuits de decenas de usuarios, que comparten esta idea.
Sara Larín presidenta de la Fundación Vida, afirmó en su perfil de Twitter que “la Corte es política y han admitido este caso como bandera del aborto”. Larín ha sido entrevistada por ACI Prensa, donde aseguró que organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto han utilizado este caso para promocionar la despenalización del aborto.
Fáctica consultó a Fundación SV por correo electrónico y a Larín a través de su perfil de Twitter acerca de cuál fue el fundamento de sus declaraciones. Al cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta de ninguno de los dos.
Las organizaciones litigantes en el caso aseguran que el objetivo del proceso no es promocionar la despenalización del aborto, como señalan las publicaciones.
Morena Herrera es integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una de las organizaciones que presentó el caso ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en 2012. Recuerda que decidieron llevar el caso a la CIDH porque en 2010, Manuela murió en prisión. En 2019, la Comisión determinó que la muerte de Manuela “estuvo bajo custodia del Estado salvadoreño y no fue esclarecida mediante una investigación adecuada”.
El principal objetivo del caso de Manuela, dice Sara García Gross, también integrante de la agrupación, es buscar reparación para la familia de Manuela. “Para sus hijos que viven en orfandad y sus papás. Además de instaurar medidas de no repetición”, dice.
Según García Gross, con el caso se busca reparar las violaciones de derechos humanos cometidas contra Manuela, implementadas en favor de su núcleo familiar e investigar las responsabilidades administrativas.
Carmen Martínez, gerente regional del Centro de Derechos Reproductivos y abogada litigante en el caso, asegura que la Corte IDH tiene potestad de emitir fallos sobre los derechos humanos en países de la OEA. En este caso podría “solicitar medidas de reparación para las víctimas u ordenar la capacitación de funcionarios, aumentar el acceso a salud reproductiva o solicitar emisión de protocolos”, indica.
Las sentencias de la Corte son vinculantes, aunque José González, coordinador del Programa Justicia de Impunity Watch en Guatemala y especializado en derecho internacional, asegura que siempre están sujetas a la voluntad de los Estados. “La Corte podría solicitar reformas en las leyes salvadoreñas y, aun así, queda sujeta a que el Congreso tenga voluntad de hacerlas”, dice y añade que los Estados miembros se comprometen a acatar los cambios “de buena fe”.
El Estado de Guatemala ya ha sido señalado de desacato por la Corte, por no cumplir sentencias relacionadas a violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
“La Corte estudia la convencionalidad de las leyes y si no están ajustadas a la defensa de las poblaciones, puede solicitar cambios en la legislación”, explica Martínez. Sin embargo, agrega que la Corte IDH no busca “permitir el aborto”, sino estudiar el caso para sentenciar si hubo o no violación a los derechos de Manuela por parte del Estado salvadoreño.
Martínez añade que se espera que la corte emita un fallo durante el año 2021. Por ahora se ha llevado a cabo la fase de audiencias y, según González, la Corte IDH no emite posturas antes de dictar una sentencia.
