En 2018, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) puso en marcha el  «Programa Vida». Es un proyecto diseñado para hacer transferencias de Q1,500 a las niñas menores de 14 años que hayan sufrido una violación y hayan quedado embarazadas como consecuencia. 

Este es el segundo año consecutivo que el Gobierno actual recorta el presupuesto destinado a este bono. En 2022 hubo una disminución presupuestaria con relación al año anterior, pero antes de cerrar el periodo fiscal, el Mides asignó una ampliación presupuestaria. De Q 1.3 millones, en noviembre de 2022 se amplió a Q 1.8 millones.

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De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), para 2023 fueron asignados Q1 millón 500 mil. Son Q275 mil menos de lo que se dispuso finalmente en 2022. 

En esta gráfica puede observarse cómo, después de un aumento presupuestario en 2022, el Ministerio de Desarrollo Social volvió a reducirlo.

Según los mismos reportes del Sicoin, en 2022 el porcentaje de ejecución del Programa Vida fue del 99%. Eso significa que fue desembolsado casi en su totalidad.

Pocas beneficiarias

El bono del Programa Vida solo ha beneficiado a 642 niñas desde que el programa empezó en 2018 y hasta diciembre de 2022. Una cifra que se queda corta en comparación con los casos de niñas embarazadas que ha reportado el Ministerio de Salud desde ese año. 

En ese periodo, la institución ha registrado 3,767 casos de niñas menores de 14 años embarazadas. 

Es decir, que el Programa Vida sólo ha beneficiado a 17 de cada 100 niñas víctimas de una violación sexual que quedaron embarazadas. 

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Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), critica que este programa no priorice a los municipios donde más casos se registran. 

Por ejemplo, desde 2018 hasta 2022, Chiquimula, Escuintla y Sayaxché registraron cada uno, entre 145 y 155 embarazos en niñas menores de 14 años. 

Pero el Programa Vida benefició a menos de seis niñas en estos municipios. Esto, según una base de datos del Mides y otra del Ministerio de Salud, a la que Ocote tuvo acceso a través de la Ley de Información Pública. 

Mirna Montenegro señala que la disminución del presupuesto es una muestra de la falta de interés del gobierno en garantizar los derechos de las niñas. «Eso evidencia que ellas son invisibles para el sistema», dice la especialista. 

Este programa ha sido criticado, no solo por la poca cobertura que tiene, sino también porque fue puesto en marcha con un acuerdo que no establece la periodicidad con la que debe entregarse el bono. Desde 2018 se ha dado entre tres y cuatro veces al año. Pero hay algunas niñas que únicamente lo recibieron una vez. 

Hasta diciembre de 2022, según una resolución de información pública entregada a Ocote, había 22 niñas a la espera de ser incluidas en el Programa Vida. La explicación del ministerio es que no habían entregado toda su papelería. 

Para Montenegro, el hecho de que no se haga entrega del bono a las niñas puede traducirse en un aumento de la probabilidad de padecer desnutrición, tanto para ellas como para sus bebés, pues el dinero comúnmente es utilizado para comprar alimentos básicos. 

En una publicación que Ocote realizó en 2022, Leonel Edibaldo López Ramírez, director ejecutivo de Asistencia Social del Mides, a cargo del Programa Vida, aseguró que para el 2023 habría un aumento en el presupuesto, pues esperaban incluir a más niñas víctimas. Pero esto no ocurrió.

López afirmó en esa ocasión que el presupuesto había disminuido a principios de 2022 porque tenían menos casos que en 2021. 

Ocote trató de comunicarse nuevamente con López para consultarle sobre la disminución en el presupuesto y por qué no se había aumentado como aseguró, pero no respondió.