En agosto de 2017, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) publicó un acuerdo con el que se creó el programa “Niñas y adolescentes embarazadas o madres víctimas de violencia sexual menores de 14 años cuyos casos han sido judicializados”.  

El programa, conocido en el Mides como “Programa Vida”, se creó para hacer “transferencias monetarias condicionadas” de Q1,500 a las niñas y adolescentes que hayan sufrido una violación y hayan quedado embarazadas como consecuencia.  

En este grupo se incluyeron a todas las niñas de menos de 14 años embarazadas porque en Guatemala, según la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, se considera violación si las víctimas están por debajo de esa edad. 

En el acuerdo no se establecen claramente las condiciones para recibir el bono, más allá de que los casos hayan sido judicializados. Aunque, según Leonel Edibaldo López Ramírez, director ejecutivo de Asistencia Social del Mides, las niñas y adolescentes deben asistir a controles de embarazo y llevar a sus hijos a chequeos en los centros del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

El documento tampoco aclara la periodicidad en la que debe entregarse este bono de Q1,500 (si debe ser mensual, trimestral o anual, por ejemplo). Únicamente establece que  debe ser “de manera bancarizada y de forma periódica”. 

Los datos entregados por el Mides a Ocote a través de acceso a la información pública muestran que, desde 2018, las entregas se han hecho en diferentes meses del año. En 2018, el bono se entregó en mayo, julio, noviembre y diciembre. Algunas personas lo recibieron en agosto. 

En 2019, se entregó en abril, agosto, septiembre y octubre; en 2020, en marzo, agosto y septiembre; y en 2021, en abril, julio y septiembre. Este año, hasta abril solo se había hecho una entrega. 

Las cantidades del bono también varían según la persona y el año. A la mayoría se les suelen hacer transferencias de Q3 mil, aunque en 2018, por ejemplo, se hicieron entregas de Q4,500 o Q6 mil, dependiendo del mes. 

Según Leonel López, del Mides, estas diferencias se deben a la fecha en la que las personas se incorporaron o abandonaron el programa. Por ejemplo, si una persona se incorporó en octubre de 2021, no pudo haber recibido las cuotas de los meses previos.

Es complicado verificar lo que dice López a partir de los datos que entregó el Mides a Ocote, ya que en el documento no se especifican los nombres de las personas que recibieron el bono, las fechas en las que ingresaron al programa, o algún identificador único que permita hacer un cruce de datos. La única información disponible es la edad de la niña o adolescente y la aldea o el municipio donde se encuentra. 

Con estos datos, únicamente se pueden hacer conjeturas. Por ejemplo, en la base de datos se registró que en agosto de 2019 dos niñas de una comunidad llamada Las Canoas, en el departamento de Guatemala, empezaron a recibir el bono. 

Ese año, una recibió Q6 mil y la otra Q9 mil. En 2020, vuelven a aparecer dos beneficiarias del mismo lugar y la misma edad. Esta vez, las dos recibieron la misma cantidad, Q9 mil. Pero en 2021, una recibió un único pago de Q1,500 en julio y la otra tres pagos por un total de Q7,500. 

Esto puede deberse a que una se incorporó más tarde que la otra, o a que una de ellas fue retirada del programa anticipadamente. Pero también puede tratarse de personas diferentes, que solo compartan edad y municipio de origen. 

López asegura que desde agosto de 2021, cuando según dice empezó a trabajar en el ministerio, ha procurado que la entrega del bono de Q1,500 sea bimensual. Sin embargo, según la base de datos la primera entrega del bono en 2022 no se realizó hasta abril. 

El presupuesto del programa 

El bono de este programa empezó a entregarse en 2018, durante el gobierno de Jimmy Morales. Entonces, el Ministerio de Desarrollo le asignó al Programa Vida un presupuesto de Q1,239,000, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). El Mides indica que ese año fueron beneficiadas 93 personas.

En 2019, el presupuesto aumentó a Q1,596,000. Fueron Q357 mil más y se benefició a 117 familias. Sin embargo, ese año solo se ejecutaron Q913,500.

Con la llegada del gobierno de Alejandro Giammattei el presupuesto del programa empezó a reducirse.  

En 2020, el Mides asignó al programa un presupuesto de Q1,140,000. En 2021, aumentó ligeramente, a Q1,314,100. Pero en 2022, los fondos del programa volvieron a recortarse: para este año, se asignaron Q1,275,000. 

Leonel López, el director de Asistencia Social del Mides, indica que el ministerio determina el presupuesto del programa cada año de acuerdo con el padrón de beneficiarias y las proyecciones que hagan de nuevos ingresos. 

Según dice, el presupuesto disminuyó en 2022 porque hay menos beneficiarias que en 2021. La información del ministerio lo confirma: en 2021 hubo 179 y este año hay 136.

Explica que esto puede deberse a que algunas personas se dieron de baja porque no cumplían con el requisito de asistir a los controles de embarazo y chequeos de sus hijos; porque no se las ubicó en sus residencias; o porque migraron.

Para López, no puede afirmarse que durante el Gobierno de Giammattei se haya dado una reducción en el presupuesto del bono. Según él, en promedio en los últimos tres años, el presupuesto asignado ha sido más alto que durante el gobierno de Jimmy Morales. 

Sin embargo, según los datos del Mides, entre 2018 y 2019 el presupuesto promedio del programa fue de Q1.4 millones; mientras que en los tres años del gobierno actual, ha sido de Q1.2 millones.   

López alega que la subida de fondos de 2019 se debe a que ese año el presupuesto del Programa Vida era menor, pero se amplió posteriormente, lo que aumentó las cifras finales. 

El Mides prevé que en 2023 se aumentará el presupuesto, ya que estima que unas 36 niñas y adolescentes ingresarán al programa. Según López, al 26 de julio había 30 personas en análisis para ser incluidas. 

Un programa insuficiente

Desde 2018 hasta abril de 2022, el número de personas beneficiadas anualmente con el Programa Vida no ha llegado a las 200. En 2021 se alcanzó la cifra máxima: 179. 

Esa cantidad contrasta con la realidad de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que se convierten en madres. Solo en 2021, se registraron 2,041 nacimientos en los que las madres eran niñas y adolescentes entre 10 y 14 años, según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar). La cifra aumenta a 72,077 si también se toman en cuenta adolescentes de entre 15 y 19 años.

Según el Ministerio Público, solo en 2018, el año en el que se implementó el programa, en Guatemala se registraron 5,680 denuncias por abusos sexuales a niñas y adolescentes.

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El acuerdo mediante el que se creó el programa establece que las transferencias monetarias se otorgan únicamente a familias de niñas y adolescentes cuyos casos hayan sido judicializados. 

Es decir, que no basta únicamente con que el hecho ocurriera y fuera registrado por el Ministerio de Salud, o con que se presentara una denuncia en la Fiscalía. Un juez debió haber conocido el expediente de abuso sexual. 

La abogada Stephanie Rodríguez explica que para que un caso sea considerado judicializado, un juez debió haber hecho alguna diligencia: autorizar una investigación, ordenar allanamientos o autorizar órdenes de captura, por ejemplo. 

Sin embargo, en Guatemala, donde las cifras de impunidad para los casos de abusos sexuales rondan el 92%, que un caso llegue a ser judicializado es complicado. Según datos del Organismo Judicial, entre el 2010 y 2019, se registraron 21,818 casos de violencia sexual. Aun así, el sistema no especifica la edad de la víctima, lo que dificulta establecer cuántos casos judicializados hay en realidad.

El 29 de junio de este año, Ligia Hernández, diputada de la bancada Semilla, se reunió con autoridades del Mides para discutir posibles reformas al acuerdo que creó el Programa Vida, pues considera que su presupuesto es limitado y únicamente beneficia a un número reducido de víctimas de violencia sexual.

De acuerdo con Hernández, deberían cambiarse los criterios para admitir a las beneficiarias y que no dependen únicamente de que los casos sean judicializados. 

La congresista considera que las niñas y adolescentes deberían formar parte del programa desde que el Ministerio de Salud registra que una menor de 14 años está embarazada o desde que se presenta la denuncia en el Ministerio Público (MP). “Las niñas pueden pasar esperando hasta dos años para que el MP presente el caso ante un juez”, dice la diputada. 

Si se tomaran en cuenta únicamente los 2,041 embarazos de niñas entre 10 y 14 años registrados por el Osar en 2021 y se les otorgara el bono del Q1,500 cada dos meses, el presupuesto anual del programa Vida debería rondar los Q18.4 millones. 

Leonel López y Hugo Carrillo, subcoordinador del programa Vida, admiten que el requisito de que los casos estén judicializados hace que el padrón de beneficiarias sea limitado. Aun así, para ellos, esta condición es necesaria. 

Su argumento es que generalmente, cuando un juez conoce un caso de violencia sexual contra adolescentes, suele dictar medidas de protección y apartarlas de los posibles agresores, que en muchos casos son algún familiar. Si no se da este paso previo y se entrega el bono a las jóvenes, los mismos agresores pueden ser quienes reciban el dinero, explican. 

Mirna Montenegro, directora del Osar, pone sobre la mesa otra deficiencia del programa del Mides: para que una niña o adolescente sea incluida en el programa puede pasar hasta un año. “Conocimos el caso de una niña que tuvo a su bebé en 2019, pero que fue incluida hasta 2020, y luego recibió su primera transferencia hasta 2022”, dice. 

Hugo Carrillo, del Mides, asegura que en promedio una sobreviviente de violencia tarda alrededor de dos meses en ingresar al programa, aunque confirma que este periodo puede alargarse. La principal causa, asegura el funcionario, es la demora en la entrega de la primera resolución judicial del caso, con la que se corrobora que está judicializado. 

La diputada Ligia Hernández recuerda otros problemas técnicos del programa: no establece la periodicidad ni la duración de las entregas. Además, considera que los criterios para dejar de entregar el bono son cuestionables. Hugo Carrillo confirma que son dos: que la adolescente cumpla 18 años o que conviva con una pareja, según el manual de procedimiento del programa. 

“El programa es para la salud del hijo y la madre, que es una niña o adolescente, no para mantener a la pareja”, se justifica Leonel López.  

Hernández cuestiona que “es una medida absolutamente machista. Pareciera ser que el Mides piensa que al tener la jovencita la intención de tener una vida con alguien, prácticamente su vida se resolvió”, dice.

Para la congresista, no ha existido voluntad política de parte de las autoridades del Mides para solucionar las falencias del programa. 

Leonel López niega este señalamiento. Según asegura, en el ministerio se discuten posibles reformas al acuerdo, junto con la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata, el Ministerio de Salud y la Procuraduría General de la Nación. 

López dice que en las mesas técnicas se ha comentado la posibilidad de incluir no sólo los casos judicializados, pero explica que, antes de aprobar los cambios, deben contar con el respaldo técnico de las instituciones involucradas en las reuniones. 

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Mirna Montenegro también recuerda que el Programa Vida debería priorizar a los departamentos en los que se registran más casos de violación. “En Alta Verapaz es donde hay más casos, pero en el programa hay pocas víctimas de ese departamento”, dice.

De acuerdo con los datos del Mides, en 2021 se incluyeron en el programa a 13 niñas y adolescentes de Alta Verapaz. Ese mismo año, el Osar registró a 287 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años que se convirtieron en madres. 

La mayor cantidad de usuarias del Programa Vida están en Chimaltenango y en Baja Verapaz, donde se registran 20 beneficiarias

Montenegro también afirma que deberían crearse protocolos para la atención de las niñas y adolescentes luego de que reciben las transferencias. En algunas ocasiones, explica, después de entregar la transferencia, el mismo personal del Mides acompaña a las familias para que compren alimentos, aunque en el Osar han observado que no siempre son nutritivos.

López dice que este ha sido un acompañamiento que se realiza de buena voluntad por parte del Mides, para que las familias prioricen su buena alimentación, aunque no está establecido en ningún documento oficial. El funcionario admite que es un tema que también debe discutirse en las mesas técnicas en las que participan las otras entidades, para que sea un proceso institucionalizado.