Enrique Degenhart, candidato a diputado por el Distrito Central de la coalición Valor-Unionista, publicó el 17 de febrero un video en el que asegura que uno de los objetivos del acuerdo de tercer país seguro que firmaron los gobiernos guatemalteco y estadounidense en 2019 era lograr «empleo para 100 mil familias guatemaltecas». Esto es falso. El acuerdo se firmó para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos y que Guatemala recibiera a personas de otras nacionalidades. Nunca tuvo la finalidad de generar puestos de trabajo.
«El documento que yo firmé en Estados Unidos con el presidente Trump, lo que perseguía era como uno de los beneficios la generación de 100 mil puestos de trabajo para 100 mil familias de agricultores», dijo Degenhart, en un video que publicó en sus cuentas de TikTok y Twitter. Los medios T13 Noticias y TN23 lo replicaron, dando por cierta la información.
El candidato a diputado de Valor-Unionista agregó que «esas cien mil familias ya no tenían que pagarle a los coyotes y no tenían que poner en riesgo sus vidas, agregando que podían trabajar y luego podían regresar a su casa a disfrutar el trabajo que ellos hicieron en ese país».
El documento al que Degenhart se refiere es el acuerdo de tercer país seguro —o Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA)—, que él firmó cuando era ministro de Gobernación del Gobierno de Jimmy Morales.
El 26 de julio de 2019, la misma Casa Blanca hizo pública la firma del acuerdo. El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se trataba de «un acuerdo histórico de asilo de tercer país seguro entre nuestros países».
Today, President Trump announced a safe third country agreement with Guatemala that will put human smugglers out of business and provide safety for legitimate asylum seekers. pic.twitter.com/ENAifXfvRz
— The White House 45 Archived (@WhiteHouse45) July 26, 2019
Junto a Trump estaban los firmantes: Degenhart y Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de EE.UU.
Medios nacionales e internacionales se hicieron eco de la noticia, que días antes había sonado en México, país que fue obligado por la administración Trump a implementar el plan antiinmigrantes al que denominó «Quedate en México». Semanas después ocurrió lo mismo con Honduras y El Salvador, que también firmaron sus propios Acuerdos de Cooperación de Asilo.
El mismo Donald Trump amenazó al Gobierno de Guatemala de que, si no firmaba el documento, EE.UU. impondría sanciones, aumentaría aranceles a productos y crearía un impuesto a las remesas del país que no cediera.
Un mes después, en agosto de 2019, la embajada acreditada en Guatemala lanzaba una campaña antiinmigrantes en la cual indicaba que «Las leyes migratorias de EEUU aplican igual para hombres, mujeres, familias y niños no acompañados».
¿Qué implica ser un tercer país seguro?
Ser un tercer país seguro solo buscaba frenar la migración de centroamericanos que en 2019, cuando se firmó el acuerdo, alcanzó su mayor expresión. Ese año se realizaron caravanas de miles de personas, incluidas familias enteras, que recorrieron miles de kilómetros en un éxodo sin precedentes, huyendo de la violencia y la pobreza en sus países.
El Acuerdo de Cooperación de Asilo únicamente hace referencia al envío a Guatemala de personas que llegaron a territorio estadounidense y hayan solicitado asilo.
La responsabilidad norteamericana sobre esas personas es solo para el traslado y luego Guatemala debe atenderlas según su legislación.
En ningún artículo se mencionan los «100 mil puestos de trabajo» que según Degenhart se darían a agricultores guatemaltecos. Por lo tanto, su declaración es falsa.
[Escucha aquí el episodio de podcast: Varados en Guatemala]
Sin rastro de los supuestos empleos en Minex y Mintrab
En su memoria de labores del cuatrimestre mayo-agosto de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) no menciona explícitamente el acuerdo de tercer país seguro. Sí detalla la presencia de autoridades del Ministerio de Gobernación en Estados Unidos, pero solo para actividades de seguridad.
En su apartado de «Gestiones político diplomáticas de apoyo a los esfuerzos nacionales por la seguridad» mencionan que del 23 al 25 de julio se acompañó a la Delegación de Guatemala para participar en la Reunión Ministerial de Seguridad DHS (Departamento de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) con el Ministerio de Gobernación.
En el apartado de «Gestiones político diplomáticas para el fortalecimiento de las relaciones internacionales en el ámbito bilateral, multilateral y regional». El documento menciona una visita de funcionarios del Gobierno estadounidense y que del 23 al 26 de julio el embajador acompañó al Presidente de Guatemala y a la ministra de Relaciones Exteriores —Sandra Jove, hoy candidata a diputada junto con Degenhart— «para discutir la relación bilateral entre Guatemala y Estados Unidos en el tema migratorio».
La sección de «Gestiones político diplomáticas de promoción del comercio y la inversión» del mismo documento detalla que el Minex promovió «reuniones privadas y a representantes del Gobierno y del Sector Privado de los EE.UU. para contrarrestar las potenciales consecuencias para el sector exportador guatemalteco».
También «acciones frente a la amenaza de preferencia arancelaria otorgada a países competencia de Guatemala en el Sistema Generalizado de Preferencias de EE.UU.», acciones que encuadran en la amenaza de Trump a Guatemala si no accedía a firmar el acuerdo. Ni esa memoria de labores ni la del cuatrimestre septiembre-diciembre, dan cuenta sobre algún acuerdo o plática para otorgar 100 mil empleos a agricultores nacionales.
Consultados los departamentos de Comunicación Social de los ministerios de Relaciones Exteriores y el de Trabajo, el primero indicó que no tiene en sus memorias de labores un convenio en el que Estados Unidos haya otorgado tal cantidad de empleos o una petición formal de Guatemala al respecto.
Trabajo dijo que haría la consulta respectiva. También envió las cifras de personas guatemaltecas que obtuvieron un empleo formal temporal en el área de la agricultura en Estados Unidos posterior a la firma del acuerdo.
Para 2020 fueron 39 los que viajaron; en 2021, 697; y en 2022 fueron 2,386. Se hizo la salvedad de que el número total es mayor porque hay reclutadoras privadas de las cuales la entidad estatal no tiene registros.
Estas cifras son más realistas en opinión de Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar, quien considera que, aunque Estados Unidos necesita mucha mano de obra en tareas específicas, dicha cifra de ofertas de empleos no está disponible para un país en específico.
«Ni Centroamérica junta obtiene esa (oferta) de empleos formales en Estados Unidos, menos solo para Guatemala. En este tiempo hay que tener cuidado con ese tipo de declaraciones, principalmente cuando las personas son candidatas a un puesto público», indica la profesional en temas migratorios.
El 14 de enero de 2020 entregó el cargo el presidente Jimmy Morales y con él su gabinete, incluido el ministro Degenhart, sin que quedara registro sobre el otorgamiento de las plazas de trabajo que indica en el video de sus redes sociales ahora que busca una diputación.
Se trató de tener la versión del candidato a diputado, Enrique Degenhart, sobre el origen de sus declaraciones, pero no se obtuvo respuesta. Se le escribió a su cuenta de Twitter y por mensaje privado a su Facebook.
También se llamó al teléfono de la sede del partido Unionista, donde una persona tomó nota de la petición de declaraciones e informó que lo informaría y luego nos devolverían la llamada, lo cual no ocurrió.
En febrero de 2021, el Gobierno de Estados Unidos, suspendió los acuerdos de cooperación de asilo firmados con Guatemala, El Salvador y Honduras.
En un comunicado, Antony Blinken, secretario de comunicación del presidente estadounidense Joe Biden, aseguró que notificaron a los gobiernos de los tres países que Estado Unidos había tomado esta medida en paralelo con «esfuerzos para establecer un enfoque cooperativo y de respeto mutuo para gestionar la migración en toda la región».
Según Blinken, las «transferencias» con Guatemala se habían detenido a mediados de marzo de 2020, por la pandemia de COVID-19.
También aclaró que estas acciones no significan que la frontera norte esté abierta. «Estados Unidos es un país con fronteras y leyes que se deben hacer cumplir», remarcó.
