La memoria de los habitantes de la colonia 15 de octubre «La Trinidad», en Escuintla, está plasmada en un mural de la finca. A un lado de la ceiba, en una pared de la antigua iglesia, ilustraron su primer éxodo provocado por la violencia que vivieron durante el Conflicto Armado Interno y su búsqueda de refugio en México. También representaron la firma de la paz, el retorno tras el exilio forzado y su vida cotidiana en La Trinidad. Las imágenes muestran a personas cultivando la tierra y cortando café, detrás de los cultivos dibujaron al imponente volcán de Fuego expulsando una pequeña columna de humo.

«El retorno es lucha, no resignación», «El hombre de maíz regresa a su país», «Trabajo común para el bien común», son algunas de las frases que se leen en el mural.

Hoy, en diciembre de 2022, La Trinidad es una zona declarada inhabilitada tras la fuerte erupción del Volcán de Fuego, registrada el 3 de junio de 2018. Durante ese evento, de nuevo, fueron forzadas a huir. Las familias se refugiaron en una escuela. Un mes después se desplazaron a la finca «La Industria», ubicada a 19 kilómetros del lugar que habitaron por casi 20 años. En ese sitio se construyeron los Albergues de Transición Unifamiliares (ATUs), unos módulos de madera para albergar temporalmente a las personas afectadas por la erupción del volcán, pero que se han convertido en las viviendas de algunas familias durante los últimos cuatro años.

El Estado, a finales de 2022, todavía no ha reubicado a las 105 familias de esta comunidad en una nueva finca. El desempleo y la falta de tierras propias para cultivar ha empujado a unas 60 a retornar a La Trinidad, según indican autoridades locales. En la actualidad, son 105 familias las que buscan un subsidio estatal que les permita comprar tierras y alejarse del peligro que representa el volcán.

Las personas que conforman La Trinidad, en su mayoría, son originarios de la aldea Buena Vista, en el municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango. En 1982, esta comunidad huyó de Buena Vista hacia  México, buscando refugio de la guerra en Guatemala. A su retorno, en 1998, el Estado las ubicó en la finca La Trinidad, situada en las faldas del volcán de Fuego. Fue su hogar durante casi 20 años, hasta que la erupción las obligó a emprender otra huida.

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Es jueves, 3 de noviembre de 2022. Las tumbas del cementerio se encuentran adornadas, dos días antes fue el día de «Todos los Santos». Hay movimiento en la comunidad: algunos hombres caminan en dirección a las parcelas de café; niñas y niños juegan bajo la ceiba; una mujer alimenta a sus gallinas; dos jóvenes juegan en las máquinas tragamonedas de una tienda.

El volcán de Fuego no está visible, se esconde detrás de las nubes. Pero sus retumbos recuerdan que sigue allí. El sol tampoco se asoma, para este día se anunció una tormenta provocada por la depresión tropical Lisa. Alrededor del mediodía, comienza a llover. Los pobladores dudan si los sonidos que escuchan son leves retumbos o truenos por la tormenta. Cuando los retumbos del volcán son fuertes, un poblador dice que tiembla la tierra.

Así han sido los días durante los últimos dos años. Han evacuado en cuatro ocasiones. Tienen un camión y dos vehículos que utilizan para movilizarse, algunos residentes que cuentan con vehículos pick-ups ayudan a trasladar a sus vecinos hacia los albergues.

La población de La Trinidad se ha desplazado de manera forzosa dentro del país. Esto ocurre cuando las personas se ven obligadas a huir de su lugar de residencia habitual por diversas causas, en este caso por la erupción del volcán de Fuego.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Guatemala en 1978, en su artículo 22.1, protege el derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de un país. El Estado se comprometió a cumplir con los estándares internacionales, sin embargo, en Guatemala no se reconocen los movimientos forzados dentro del país. Esto tiene consecuencias en la falta de protección de las personas, poca capacidad de las instituciones, y ausencia de políticas públicas para identificar éxodos que necesitan atención específica.

Desplazamientos invisibles para el Estado

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), presidida por Jordán Rodas hasta agosto de 2022, explicó que no existe un reconocimiento oficial del Estado de Guatemala acerca del desplazamiento forzado interno. «Los fenómenos sociales y naturales que han forzado el desplazamiento necesitan una atención que se vea reflejada en visibilizar el problema. No se puede seguir pensando que no existe, es importante el reconocimiento. En Guatemala, Honduras y El Salvador no hay una apuesta seria de los gobiernos», dijo el exprocurador Rodas.

En agosto de 2022, la PDH cambió de titular, y para el cargo fue designado el abogado José Alejandro Córdova Herrera. Ocote solicitó una entrevista para abordar este tema. La PDH respondió vía telefónica a través del actual Defensor de las personas migrantes, Carlos Woltke Martínez, quien afirma que desde la PDH han buscado visibilizar el fenómeno y que el Estado garantice los derechos de las personas obligadas a movilizarse.

«El desplazamiento forzado interno requiere un abordaje normativo y también político para poder reconocer las necesidades de las personas. Lo que genera (el no reconocimiento) es que no haya una institucionalidad específica que atienda estas situaciones y deja en desprotección a las personas. Hemos participado con otras instancias y otras instituciones de la sociedad civil para que se pueda impulsar el reconocimiento de esta problemática», apunta Woltke. 

No hay estadísticas que registren las causas de la migración interna en Guatemala y permitan determinar si las personas se ven obligadas a movilizarse por motivos como violencia, cambio climático, violaciones a derechos humanos, entre otras. Esto impide conocer la evolución del fenómeno y sus consecuencias.

El “Diagnóstico sobre desplazamiento forzado interno desde el análisis de expedientes de la procuraduría de los derechos humanos periodo 2017-2018”, presentado por la PDH, y elaborado por Woltke Martínez y Adela Morales Orellana, de la Dirección de Investigación en Derechos Humanos, da algunos indicios de la problemática. A partir de las denuncias recibidas en esa institución entre 2017 y 2018, la PDH identificó 55 casos, un total de 110 personas en situación de desplazamiento forzado interno. La PDH no ha realizado otro diagnóstico con datos más recientes. 

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En el país no existe una política pública relacionada con este fenómeno. Astrid Escobedo, abogada especialista en derechos internacionales, explica que la ausencia de una política pública afecta a las personas porque no hay una voluntad para solucionar la problemática.

A pesar de esta ausencia en la normativa, la abogada refiere que existen estándares internacionales que el Estado debe aplicar. En 1998, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, para tratar las necesidades específicas de los desplazados internos de todo el mundo, determinando los derechos y garantías necesarios para su protección.

«El Estado está obligado a cumplir los estándares internacionales, desde el pacto de derechos internacionales y políticos ratificado por el Estado de Guatemala», afirma Escobedo.

Los orígenes de la comunidad

La Trinidad fue fundada por sobrevivientes de la guerra, que huyeron de la represión del Ejército en la aldea Buena Vista, Huehuetenango. Hay algunos hechos que marcaron la violencia que enfrentaba la comunidad en esos años. Uno de estos es el secuestro de los hermanos Félix, Sotero y Tiburcio Jerónimo, en 1981. Félix sobrevivió y su testimonio está consignado en el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi).

Otro caso es el de Santano Miguel Méndez, de 48 años, integrante del comité indígena, quien perdió a su padre y a su hermano el 5 de junio de 1982. Los cuerpos de ambos fueron localizados con signos de tortura. Méndez tenía ocho años cuando su madre le dijo que debían huir de la aldea Buena Vista.

«Mi papá era catequista. A él lo secuestraron el 5 de junio. Lo llevaron a la iglesia para torturarlo y matarlo. A mi hermano lo agarraron y mataron el mismo día. Ya no había mucha gente en la aldea, la mayoría se había ido a México», recuerda.

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996, la comunidad se organizó para retornar a Guatemala. No podían regresar a sus antiguas tierras en Huehuetenango, porque ya estaban ocupadas. «Si regresábamos al mismo lugar era pelear con los que estaban allí. Entendimos que esa no era la salida. Nos organizamos y dijimos “vamos a luchar por un pedazo de tierra”», dice Carlos Montejo, de 67 años, vicepresidente del comité indígena. Los pobladores gestionaron Q12.5 millones para la compra de tierras, a través del Fondo para la Reinserción Laboral y Productiva de la Población Repatriada (Forelap).

En 1998, retornaron al país y se asentaron en la finca La Trinidad, en Escuintla, ubicada a 71 kilómetros de la ciudad de Guatemala. El trayecto se encuentra asfaltado, a excepción de los últimos cuatro kilómetros que son de terracería. Esta zona agrícola es conocida como la Bocacosta, región de tierras fértiles de arena volcánica. Se sitúa a unos 800 metros sobre el nivel del mar, el clima es cálido y húmedo.

Dos barrancas y el río Achiguate rodean la comunidad. Antes de cruzar el río y continuar por el camino de terracería, un cartel advierte el riesgo «Zona de peligro: descenso de lahares». Los lahares son una mezcla de escombros de origen volcánico. En el río Achiguate se observan rocas enormes que han descendido del volcán. Sus habitantes se quedan incomunicados al crecer el afluente por las lluvias.

Cuando ocurrió la fuerte erupción de 2018, por el río y las barrancas descendieron lahares que destruyeron sus cultivos. La explosión del volcán no causó daños en las viviendas de La Trinidad. Mientras que otras comunidades vecinas quedaron soterradas.

Las tierras que deseaban y la finca que obtuvieron

Antes de comprar La Trinidad, el líder comunitario Carlos Montejo comenta que visitaron varias fincas: alrededor de 20. Montejo indica que la comunidad esperaba encontrar tierras en el departamento de San Marcos, fronterizo con Chiapas y cerca de Huehuetenango –su lugar de origen–. No lograron llegar a un acuerdo con dueños de las propiedades por los altos costos de las tierras en ese sector, las fincas tenían un precio entre Q16 y Q18 millones.

Urbano Lorenzo, de 56 años, representante del comité indígena, recuerda que pidieron al Estado que cancelara la diferencia (cerca de Q4 millones) y la población se comprometía a retribuir con su trabajo. Pero no obtuvieron respuesta favorable.

El tiempo establecido en los Acuerdos de Paz para otorgar financiamiento a la población retornada estaba por vencer, así que debían elegir una finca o se quedarían sin los fondos. Urbano señala que personal del Fondo Nacional de la Paz (Fonapaz) y la Comisión Nacional para la Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados (CEAR) les propuso visitar la finca en las faldas del volcán de Fuego. Fonapaz fue cerrado en 2013. 

«La finca La Trinidad fue propuesta por el gobierno. No fue al 100 % a satisfacción de la comunidad», recalca Lorenzo.

Unos meses antes, habían analizado comprar una finca cerca del volcán Santiaguito, en Quetzaltenango. Lorenzo recuerda que funcionarios, que les asesoraban, les explicaron que las condiciones no eran favorables por la cercanía con el volcán.

«Los funcionarios de gobierno nos tuvieron que haber dicho las problemáticas de esta finca (La Trinidad), porque en la ocasión que vimos una finca cercana al volcán Santiaguito nos dijeron: ‘aquí no se puede’», afirma Lorenzo.

Los pobladores se organizan en la Cooperativa Agrícola Unión Huista, creada a su retorno de los campamentos de refugiados en Chiapas, México. La cooperativa es propietaria de las tierras. En 1999, inscribieron La Trinidad en el Registro de la Propiedad. 

«El objetivo de crear la cooperativa es para que las familias no tengan que pagar impuestos. También para que no puedan vender y dejar a sus hijos sin un pedazo de tierra. No se puede quitarles su tierra a las familias», explica José Camposeco, presidente de la cooperativa.

Según el registro matricular, el valor de La Trinidad es de Q10 millones. Sin embargo, en la tesis de la antropóloga Rogelia Cruz se detalla que el anterior propietario de la finca, Nick Blockham –de nacionalidad belga–, recibió un cheque por Q12.7 millones, en 1998, durante una ceremonia presidida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), CEAR y la OIM. 

La Trinidad tiene una extensión de 21.5 caballerías (8.3 km2, aproximadamente). La población se organizó en cuatro barrios, eligieron los terrenos más llanos para construir las viviendas de las familias. La mayoría de las construcciones son de concreto con techos de lámina. Las parcelas de sus cultivos están en el territorio más quebrado de la finca y cercano al volcán.

Hay una escuela primaria, que por las tardes funcionaba como instituto de nivel básico por cooperativa. Tras la erupción del volcán, no se imparten clases en este lugar porque la zona fue declarada inhabilitada. Los docentes ahora enseñan a niñas y niños en los albergues.

El reasentamiento en una zona de riesgo

El Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, que fue parte de los compromisos para la firma de la Paz, define los criterios para la selección de tierras «las potencialidades agroecológicas del suelo, su precio, la sustentabilidad de los recursos naturales y los servicios existentes». Con este acuerdo, el gobierno de Guatemala se comprometió a realizar estudios para recopilar información de ubicación, régimen legal, adquisición, extensión, linderos y aptitud de todas las tierras estatales, municipales y privadas con opción de compra.

Fernando Vargas, ingeniero agrónomo y quien fue secretario de la comisión técnica para la ejecución del acuerdo sobre reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, señala que para la compra de fincas privadas debían realizarse estudios de factibilidad, que incluyeran análisis de riesgo.

«Yo discutí por qué se estaban aceptando las peores tierras del país para reasentar a algunos retornados. Se debieron haber realizado estudios, pero los criterios no eran técnicos. Hasta 2012, con la reestructura del Fondo de Tierras, se empiezan a hacer más estudios con criterios técnicos, aunque todavía hay deficiencias», refiere Vargas.

En 2018, el Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar (URL) publicó un diagnóstico del desplazamiento forzado interno en Guatemala en el periodo de 2010 – 2016.

En el documento se menciona que los rasgos topográficos, eventos naturales y climáticos provocan desplazamientos forzados en el país y se identifica un riesgo alto por erupciones volcánicas en el departamento de Escuintla. En el informe se hace referencia a un caso de desplazamiento registrado en 2010, tras la erupción del volcán de Pacaya, ubicado entre Villa Canales, San Vicente Pacaya y Palín, en Escuintla. Una persona murió y cerca de dos mil personas fueron forzadas a evacuar sus hogares.

Ana Paredes, investigadora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la URL, explica que las condiciones de acceso a la tierra y la pobreza orillan a las personas a vivir en zonas de riesgo, como se detalla en este documental. «Estar en zonas cercanas a volcanes es un riesgo. Pero mientras no exista legislación y programas de viviendas económicamente accesibles, las personas van a buscar espacios en zonas de riesgo porque es donde tienen acceso, aunque no sean las mejores condiciones», precisa.

La abogada Astrid Escobedo afirma que la reubicación no cumplió con estándares de derechos humanos porque la población deseaba permanecer cerca de su lugar de origen, pero tuvieron que reubicarse en otro territorio.

«El Estado no debió ubicarlos en un área peligrosa. El reasentamiento no cumple con los estándares de derechos humanos, los fueron a reasentar en una zona totalmente diferente a la de su comunidad original. Lejos de su identidad, su idioma, de todo», plantea Escobedo.

Antes de 2018, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) no había realizado algún análisis de riesgo o estudio en la finca La Trinidad. Tras la erupción del volcán de Fuego, la Conred realizó una evaluación de la situación en tres comunidades, entre ellas La Trinidad. En el documento se detalla que los efectos secundarios por los descensos de lahares, debido a la acumulación de materiales de origen volcánico y por la época lluviosa, son una amenaza constante para todos aquellos poblados localizados en las cercanías de las barrancas.

«Tememos por nuestra vida»

A pesar del peligro, varios pobladores empezaron a retornar a las faldas del volcán en 2020, huyendo del hacinamiento en los albergues durante la pandemia. Luego de cuatro años, la mayoría de las familias ha regresado. La falta de empleo los empuja a volver para trabajar en el cultivo de la tierra.

«Yo estuve dos años en los ATUs porque allí estaba estudiando mi niño. Mi esposo y yo no teníamos un trabajo en la ciudad de Escuintla por eso vinimos aquí (La Trinidad) a trabajar la tierra para tener nuestro sustento diario», comenta Magdalena Pascual, de 55 años, integrante del comité indígena.

Pascual explica que el comité indígena gestiona un subsidio para acceder a una nueva finca, a través del Fondo de Tierras (Fontierras). «Tememos por nuestra vida. Entonces, empezamos a organizarnos para buscar un lugar digno para nuestras familias. Las autoridades no nos han dado una respuesta y no hay un avance».

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En 2021, Ingrid Osorio, gerente general del Fontierras, declaró que se estaban analizando dos fincas para reubicar a familias de La Trinidad. Sin embargo, el trámite se ha estancado. Ixmucané Bajchac, coordinadora de comunicación del Fontierras, indica que la institución estuvo a cargo de la caracterización económica de las personas de la comunidad que aplicaron al programa de acceso a la tierra vía créditos subsidiados. Hasta noviembre de 2022, el Fontierras reporta que 54 personas son elegibles para ingresar al programa y 51 tienen pendiente la entrega de documentación. 

Unas 30 familias permanecen en los albergues. Glendy Jiménez y su familia viven en este lugar desde 2018, una solución temporal que ha sido su hogar por cuatro años. Los ATUs son unos módulos de madera de 72 metros cuadrados, sostenidos por palos o bloques de concreto. Cada uno alberga a cuatro núcleos familiares, son 18 metros cuadrados por familia.

Las construcciones lucen en mal estado, la humedad y el moho han podrido la madera en estos cuatro años. «Las casas se están deteriorando, se están cayendo. Hay casitas que están hasta abajo en la tierra y otras se hundieron. Es un problema para nosotros porque ya no es para que estemos mucho tiempo aquí», dice Jiménez. Su familia es la única que continúa habitando en el módulo que compartía con otras tres familias. Algunas pertenencias de las personas siguen en los albergues, pero regresan solamente cuando hay una evacuación o alerta por fuerte actividad volcánica.

En el pequeño espacio que habita la familia de Jiménez, acomodaron dos catres, una mesa, cuatro sillas y algunas cajas con sus pertenencias. Afuera del módulo, han improvisado una cocina de leña, que cubren con una lámina.

Sus hijos tienen 10 y 7 años, asisten a clases en los albergues. Ella los cuida y se encarga de las actividades domésticas. Mientras su esposo viaja todos los días a La Trinidad para trabajar en el cultivo de la tierra. En ocasiones, labora en servicios de albañilería para las viviendas colindantes.

Las coloridas casas aledañas a los ATUs son del proyecto La Dignidad, conformada por mil viviendas que se entregaron a personas damnificadas por la erupción del volcán de Fuego. Unas 60 familias de La Trinidad aceptaron una casa. El Estado les dio a escoger entre vivienda o tierras: 105 decidieron optar por un terreno, pues se dedican a la agricultura. Pero siguen esperando sus nuevas tierras.

Glendy Jiménez y su esposo han conversado acerca de retornar a la Trinidad el próximo año, debido a que no creen que los módulos resistan otro invierno más porque la madera se ve podrida: «Nos veremos obligados a irnos, aunque no queramos estar allá, yo tengo miedo cuando estoy allá y el volcán empieza a tronar. Uno puede salir, pero ya con nuestros hijos es más difícil salir corriendo».