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Pocas sanciones a empresas de palma mientras productores ilegales entran a la Amazonía

San Carlos de Guaroa es el municipio colombiano con mayor superficie sembrada en palma y se ubica en la Orinoquía. En esta región de Colombia, los cultivos de palma aumentaron, mientras que disminuyeron las hectáreas de bosques de galería y ripario, herbazal abierto y pastos. Dos de las empresas con las multas más altas por delitos ambientales operan en la Orinoquía colombiana. A los expertos les preocupa que en la Amazonía, la palma está entrando con fuerza y de manera ilegal.

Oleaginosas del Ocoa, también llamada Oleocoa, y Aceites Manuelita son dos palmicultoras colombianas certificadas por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) que fueron sancionadas años antes de …

Oleaginosas del Ocoa, también llamada Oleocoa, y Aceites Manuelita son dos palmicultoras colombianas certificadas por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) que fueron sancionadas años antes de obtener el máximo estándar de producción sostenible que existe en el mundo para esta industria. Así lo revela la base de datos elaborada por la alianza periodística Tras las huellas de la palma luego de sistematizar los casos (2010-2021) aportados de manera oficial, a través de pedidos de información, por las autoridades ambientales que hacen seguimiento a la industria palmicultora.

La primera tuvo dos sanciones diferentes por parte de la corporación autónoma regional Cormacarena, autoridad en temas ambientales en el departamento colombiano del Meta, donde opera Oleocoa. Aceites Manuelita, también en el departamento del Meta, inicialmente fue multada por más de 1125 millones de pesos (aproximadamente 250.000 dólares) y aunque la sanción fue reducida en dos tercios, Cormacarena reiteró que sí era responsable por daños ambientales.

Industrias Manuelita exporta biodiésel de aceite de palma a Europa desde junio de 2020. Foto: Tomada del Twitter de Manuelita.

Ambos procesos hacen parte de la gran base de datos de 298 casos sobre investigaciones ambientales a productores y procesadores de aceite de palma en seis países de la región (Colombia, Ecuador, Brasil, Costa Rica, Honduras y Guatemala) entre el 2010 y el 2021 que realizó la alianza periodística Tras las huellas de la palma. Los dos procesos recibieron las sanciones económicas más altas presentes en los 176 casos que aportó Colombia.

Durante esta investigación se evidenció la falta de acceso a información pública, pues ninguna de las resoluciones s son de acceso público. Esta alianza periodística tuvo que recurrir al derecho de petición —mecanismo legal en Colombia para solicitar información—  y aún así Cormacarena solo respondió con un documento en el que resumía ambos procesos sin profundizar en los detalles. Tampoco se conoce a profundidad qué ocurrió luego de la sanción. Además, la última de las empresas mencionadas opera en la Orinoquía, región en donde diversos estudios apuntan a que el aumento de cultivos de palma —no es claro si legales o ilegales— podría estar relacionado con la disminución de ecosistemas como los bosques de galería.

Oleocoa y la falta de precisión en las sanciones

Oleaginosas del Ocoa estuvo dentro de las 10 empresas palmicultoras de Colombia con más sanciones entre 2010 y 2020, según datos que recopiló la alianza periodística Tras las huellas de la palma el año pasado. A excepción de Indupalma y Oro Rojo, las demás compañías dedicadas a la palma no tenían más de una o dos sanciones por parte de las autoridades ambientales competentes. En gran medida, esto se debe a que en algunos casos los inspectores tardan tanto en acudir al lugar que ya no hay prueba del daño ambiental, como lo demostró la investigación que esta alianza periodística publicó en 2021 sobre el caso Oro Rojo

Otra prueba de las pocas investigaciones que se hacen contra empresas y personas dedicadas a la palmicultura en Colombia es que, para actualizar hasta el 2021 la base de datos, esta alianza envió 33 derechos de petición a las corporaciones autónomas regionales de todo el país y a Asocars, la asociación que las reúne. Todas respondieron que, durante el año pasado, no tuvieron procesos abiertos contra empresas de palma. 

Los datos entregados en la primera fase de esta investigación muestran que Cormacarena abrió dos investigaciones contra Oleocoa. La primera fue en 2011 y, sobre la segunda, la entidad ambiental omitió muchos detalles, incluso la fecha.

El primer proceso, que comenzó el 22 de marzo de 2011, le imputó tres cargos por disposición inadecuada de residuos a Oleocoa por arrojar cenizas, envases con aceite de palma y otros desechos a fuentes de agua y a alcantarillados. Además, según la información de la autoridad ambiental, la compañía no contrató a ninguna empresa externa para recoger las basuras que se producen en su planta de procesamiento, ubicada en Villavicencio, la capital del departamento del Meta, en la Orinoquía colombiana. 

Cuatro años después de que iniciara el proceso, Cormacarena multó a Oleocoa con 94.522.688 pesos colombianos (poco más de 20.000 dólares). Una sanción de alto valor si se tiene en cuenta que, para 2020, los activos de la compañía no superaban los 3.700 dólares

Sin embargo, Oleocoa apeló el proceso y el 11 de febrero de 2016, Cormacarena le bajó la sanción a 70.892.016 pesos (cerca de 15.000 dólares). Aunque la resolución advertía que la empresa debía pagar en los 10 días siguientes, Oleocoa pagó en 2017, según dijo en entrevista Lina Carolina Díaz, subdirectora de la autoridad ambiental Cormacarena. 

Cuando se le preguntó a Díaz por el segundo proceso de Oleocoa, no respondió. En la respuesta al derecho de petición enviado el año pasado, Cormacarena solo señaló que la compañía fue investigada por verter sustancias contaminadas al caño Los Monos, que terminaron en el río Ocoa, y mataron a peces y a sus crías recién nacidas. Sin embargo, la corporación no precisó ni el año en el que se abrió el proceso ni cómo terminó. 

Esa alianza periodística también contactó varias veces a la empresa Oleocoa, pero no obtuvimos respuesta hasta la publicación de este reportaje. 

El caso es que, en 2019, dos años después de pagar la sanción que le impuso Cormacarena, Oleocoa obtuvo la certificación de RSPO para su línea de suministro. Y de acuerdo con el reporte que está en la organización internacional, el aceite de la palmicultora es utilizado en productos que se venden en América Latina. 

La empresa se dedica a un subproducto particular de la palma: el aceite de palmiste que, a diferencia del aceite de palma, no sale de la pulpa del fruto sino de la semilla. 

El aceite de palmiste sirve para los productos de aseo y como sustituto de la manteca de cacao. Además, la torta de palmiste es uno de los complementos alimenticios más apetecidos para el ganado y las aves. De hecho, Oleocoa tiene en Villavicencio una de las tres plantas maquiladoras de almendra de palma que hay en Colombia, según el anuario estadístico de Fedepalma 2021, la organización que agremia a cientos de cultivadores de palma en el país. 

Una investigación contra un gigante agroindustrial

Aceites Manuelita hace parte de uno de los conglomerados más ricos y poderosos de la agroindustria colombiana. En 2021, el grupo Inversiones Manuelita fue el que más dinero ganó en este sector, con 1,9 billones de pesos (casi 420 millones de dólares), de acuerdo con el ránking publicado por el medio económico La República.

Los datos solicitados por esta alianza periodística muestran que esta empresa también ha incurrido en infracciones ambientales en la Orinoquía colombiana. Cormacarena abrió una investigación el 27 de enero de 2011 contra Aceites Manuelita. La acusó de nueve cargos relacionados con el mal manejo final que tenían de los aceites, los lodos residuales y los residuos peligrosos como lámparas de mercurio o baterías de plomo en el municipio de San Carlos de Guaroa, Meta. La autoridad ambiental encontró que tampoco estaba cumpliendo con la regulación de emisiones atmosféricas de su caldera ni estaba manejando adecuadamente las cenizas que se producían dentro de la planta. 

El 28 febrero de 2012, Cormacarena consideró que Aceites Manuelita era responsable de ocho de los nueve cargos que inicialmente le imputó. Por esta razón, obligó a la compañía a pagar 1125 millones de pesos (aproximadamente 250.000 dólares). 

Un año después, la entidad redujo en un tercio la sanción económica al señalar que el lodo, el raquis —subproducto de la extracción primaria de aceite de palma— y las cenizas no eran peligrosas para el medio ambiente; como lo indicó en su resolución inicial. Al final, la multa contra la empresa quedó en  361.549.282 pesos (cerca de 80.000 dólares). 

Aceites Manuelita debía darle 241 millones de pesos (53.000 dólares) a Cormacarena e invertir 120,5 millones (cerca de 27.000 dólares) en recuperar la ronda del río Acacías, la zona donde se comprobaron las infracciones ambientales. Además, Cormacarena le dio seis meses de plazo para ejecutar esas actividades.

Según reportaron medios locales, la palmicultora arrojó hasta 2.000 toneladas de desperdicios a este río. Lina Carolina Díaz, subdirectora de Cormacarena, afirmó que la compañía pagó las sanciones en 2013. Por su parte, el área de Comunicaciones de Manuelita le dijo a esta alianza periodística que la compañía prefiere no entregar información al respecto. 

En San Carlos de Guaroa, la palma crece y los bosques disminuyen

El río Acacías es uno de los cuatro más importantes que atraviesan el municipio de San Carlos de Guaroa, en el departamento del Meta, y es el que más superficie tiene sembrada en palma, no solo en la Orinoquía, sino en Colombia, de acuerdo con la tesis que hicieron Wendy Julieth Acosta y Érika Casallas, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,  para obtener el título como especialistas en Gerencia de Recursos Naturales. 

En ese municipio no solo está Aceites Manuelita, también compañías como Palmar del Llano, Palmeras Margarita, Alianza Oriental y Oleaginosas Santana. Todas ellas comparten una característica: están ubicadas sobre el río Acacías o alguno de sus afluentes, como lo evidenció Cormacarena en 2008

La actividad palmera en San Carlos de Guaroa ha impactado no solo al río. Acosta y Casallas hicieron un estudio de campo, acompañado de imágenes satelitales, donde mostraron cómo había cambiado el suelo en casi tres décadas en este municipio palmicultor. Encontraron que a medida que la palma crecía, se reducían los bosques de galería y ripario, el herbazal abierto y el mosaico de pastos y cultivos. Mientras los cultivos de palma de aceite se duplicaron, al pasar de 18.533 hectáreas en 1990 a 40.735 en 2019, los bosques se redujeron en más de 7.000 hectáreas. El herbazal perdió una cantidad igual mientras que las hectáreas perdidas por los pastos llegaron a 12.000. 

Esos ecosistemas también son los que señala Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), como unos de los más vulnerables frente a los cultivos de palma. “Los bosques de galería que hay en la sabana, generalmente, no se detectan en los monitoreos satelitales del Gobierno. Pero cuando hacemos investigación en detalle, encontramos que hay reincidencia o alta frecuencia de impactos sobre dichos bosques en las zonas que estudiamos, que son de sabana, de piedemonte y grandes valles aluviales de la Orinoquía y la Amazonía colombiana”. 

¿Qué tanto deforesta la palma?

En la base de datos 2010-2021 que contiene 298 casos por infracciones ambientales cometidas por empresas y personas dedicadas a la actividad palmera, 176 de ellos (59 %) corresponden a Colombia. De esos, el 20 % (36 casos) hacen referencia a tala de árboles. 

Incendios dentro de la Reserva Nacional Natural Nukak para ir creando lotes para monocultivos y ganadería. El resguardo indígena se superpone a parte de esta área protegida. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

La mayoría de casos encontrados en el país se relacionan con acaparamiento de agua o algún tipo de contaminación (41 %). Y es que, en Colombia, a diferencia de lo que ocurre en otros países de Latinoamérica, la deforestación no suele ser la principal infracción de la industria palmicultora. Sin embargo, ya hay indicios de que la pérdida de cobertura forestal, para cultivos como la palma, se está empezando a ver en los límites nororientales de la Amazonía. 

La FCDS firmó un convenio en 2021 con Fedepalma —el gremio palmero más grande de Colombia— para identificar el cambio de uso de suelo y seguir los procesos de deforestación que presuntamente estén relacionados con la siembra de cultivos de palma de aceite en cinco municipios del Meta (Puerto Concordia, San Juan de Arama, Vista Hermosa, Puerto Rico y Mapiripán) y en las Sabanas de la Fuga en el municipio de San José del Guaviare, ubicado en el departamento de Guaviare, que es la entrada a la Amazonía colombiana.

Aunque la fundación —que es un centro científico independiente— todavía no publica los resultados de la investigación, Botero señala que la postura de Fedepalma es no apoyar la siembra de palma en zonas prohibidas como los bosques amazónicos, pues eso afectaría su venta en el mercado internacional, donde la sostenibilidad es uno de los requisitos indispensables. En otras palabras, a un gremio como Fedepalma no le conviene respaldar cultivos asociados a la deforestación. 

De hecho, la FCDS ha indagado sobre la tala de bosques para cultivar palma cerca al resguardo indígena Nukak, en los bosques amazónicos de Guaviare. Aunque la información que hay al respecto es que estas plantaciones no pertenecen a agremiados de Fedepalma. Incluso, esta federación ha denunciado varios casos de deforestación en el pasado.

Tomas Walschburger, asesor senior de ciencias en The Nature Conservancy Colombia, señala que la palma es un factor “incipiente” de la deforestación en Colombia; la cual está más ligada a la ganadería extensiva y los cultivos de uso ilícito como la coca. 

Así lo evidencia también la línea base de deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), estudio que se concentró en analizar cuánto de la tala, entre 2011 y 2017, estuvo relacionada con el cultivo de palma en toda Colombia. El principal hallazgo fue que la palmicultura era responsable del 0,4 % de las zonas deforestadas en esos años, lo que corresponde a 4.455 hectáreas que se talaron para sembrar palma en el país. 

Cifras como esta hacen de Colombia un caso particular. A pesar de ser el primer productor de palma de aceite en América, la gran mayoría de sus cultivos no fueron sembrados en lugares que se deforestaron para abrirle paso a esta agroindustria, como sí sucedió en Ecuador y Perú, donde el 60,8 % y el 53,1% del crecimiento en los cultivos ocurrió en bosques naturales que fueron talados, según indica un artículo científico de 2016 publicado en la revista Plos One.

Otra de las razones por las que dichos cultivos no se expanden a gran escala por la Amazonía colombiana es la falta de procesadoras. Y es que en ninguna de las zonas que hacen parte del bioma amazónico colombiano hay plantas legales de beneficio, como se evidencia al comparar el mapa de la Amazonía con los datos de Fedepalma. “Eso implica que los productores tendrían que transportar la fruta durante muchos kilómetros para llegar a la procesadora, lo cual hace menos rentable el negocio”, precisó Walschburger. 

A pesar de que son pocos los cultivos de palma detectados en la Amazonía, Fedepalma ha denunciado algunos casos de siembra ligados con la deforestación, aclarando que dichos productores no son sus asociados. En 2018, por ejemplo, el entonces presidente de la federación, Jens Mesa Dishington, advirtió que encontraron evidencias de que productores de palma estaban deforestando en Meta y Guaviare; específicamente dentro de reservas naturales, forestales e indígenas. Y aunque señaló que hicieron la denuncia ante las autoridades pertinentes, en los requerimientos que la alianza periodística Tras las huellas de la palma hizo a las autoridades ambientales de la región, no informaron sobre investigaciones que se hayan abierto en la última década en Guaviare.

Aun así, durante 2020 la FCDS también registró un “incipiente, pero rápido” crecimiento de cultivos como la palma en la reserva forestal de la sabana de La Fuga, en Guaviare; que además está en los límites con el resguardo indígena Nukak. 

Posteriormente, el informe de la FCDS sobre la pérdida de bosques y cambio de cobertura en el arco de deforestación en la Amazonía, entre abril de 2021 y marzo de 2022, menciona que en esa zona, “la presencia de cultivos agroindustriales como la palma africana, el eucalipto y el plátano han acelerado el proceso de transformación de los ecosistemas naturales herbáceos y arbóreos en 4.178 hectáreas”. En otras palabras, el territorio de los indígenas está poco a poco siendo cercado no solo por la ganadería sino por cultivos como la palma. 

Botero añadió que desde la fundación han evidenciado que la palmicultura aumenta progresivamente en municipios cercanos al borde amazónico, como los cinco que estudian en asocio con Fedepalma. “Vemos cada vez más un comportamiento burdo y que frecuentemente puede tener procesos de deforestación, degradación y disrupción sobre bosques muy sensibles”, precisó. Y es que además del caso del resguardo Nukak, la FCDS ha registrado afectaciones de bosques de galería en las áreas boscosas del río Ariari que sirven como zona de amortiguamiento del Parque Natural Nacional Sierra de la Macarena, entre los departamentos de Meta y Guaviare. 

Palmicultores no agremiados a la sombra

Ante los casos puntuales de palma en la Amazonía, Fedepalma se defiende enfatizando que no son sus agremiados los que talan. “Todo aquel que realice siembras ilegales no hace parte de nuestra cadena de valor, ni de los valores que se promueven en el sector palmero colombiano”, dijo Mesa Dishington en 2021.

Y allí radica una de las dificultades para sancionar a los palmicultores que están deforestando. Por lo general son productores de los que poco se sabe. Botero precisa que, en esos casos, los procesos de ingobernabilidad son muy altos pues son personas sin registro y difíciles de rastrear. 

Aún así, estos productores logran vender la palma que siembran, sin importar si talaron o no bosques protegidos. Botero agregó previamente en el medio Semana Sostenible que aún hoy se desconoce quién le compra el aceite a los no asociados a Fedepalma. Y por eso, uno de los objetivos es evitar que el producto de dichos cultivadores entre a los canales formales de comercialización, como lo señaló en una entrevista Javier Ortiz, coordinador para Colombia de la Alianza por los Bosques Tropicales (TFA, por sus siglas en inglés).

Por ahora, no hay mucha información sobre qué cultivadores de palma son los que deforestan, ni cómo logran vender sus productos y entrar en la cadena de valor. A esto se suma otro problema y es que grandes compañías como Aceites Manuelita dependen en gran medida de cultivadores que no están certificados, como lo muestra el reporte que la misma compañía presentó ante la RSPO. Según dicho informe, Aceites Manuelita tiene certificada la producción de 202.758 toneladas de racimos de fruta fresca de palma, que cultiva directamente. Sin embargo, compra 418.676 toneladas que son sembradas por cultivadores subcontratados y cuyas actividades no tienen el sello internacional. 

Aunque esto no implica necesariamente que se trate de productores ilegales que deforestan para sembrar palma, sí muestra la dependencia que tienen las grandes palmicultoras de productores locales que no necesariamente cumplen con los mismos estándares ambientales que ellos.

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*Tras las huellas de la palma es una investigación transfronteriza coordinada por Mongabay Latam en alianza con Agencia Ocote de Guatemala, La Barra Espaciadora de Ecuador France 24 en español por Colombia y Contracorriente y Colectivo Linea 84 de Honduras.
Edición general: Alexa Vélez, Antonio Paz, Thelma Gómez, María Isabel Torres. Coordinación periodística: Antonio Paz. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Yuli Santana, Karla Mendes, Carmen Quintela, José David López, Jennifer Ávila, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel, Alexis Serrano Carmona y Diego Cazar. Reporteros: Antonio Paz, Karla Mendes, José David López, Carlos Alonzo, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel y Alexis Serrano Carmona. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias y Daniel Gómez. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.

Alianza Periodística Tras las huellas de la palma

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